PROCESO LABORAL. INICIATIVA DE REFORMA. EJECUCION DE REMUNERACIONES

 

Honorable Congreso de la Nación.

 

De mi mayor consideración:

 

            Beltrán Jorge Laguyás (DNI. 05.323.733) por mi propio derecho a los Sres. Legisladores, como mejor proceda, digo:

 

            Pongo a vuestra consideración este aporte, que es fruto de veintiocho años de ejercicio de la profesión de abogado, luego de haberme dedicado en todo ese tiempo al Derecho Laboral, representando a trabajadores en  numerosos conflictos (individuales, plurindividuales y colectivos).

 

            La reflexión sobre las urgencias cotidianas de los más humildes, impulsa a buscar alternativas que haga menos pesada la carga de los mas necesitados en estos tiempos en que las soluciones no abundan.

 

            En efecto, ante la precarización del trabajo y la mengua de oportunidades laborales, con la consecuente y notoria escasez de dinero, todos aquellos que se consideraren acreedores por remuneraciones, deberían tener a su disposición medios idóneos para hacer valer sus derechos. Sin embargo, en la generalidad de los casos, no acceden a una vía que adecuadamente defienda sus intereses.

 

            El remedio que la ley pone a su alcance es un proceso ordinario (art. 65 Ley 18.345) el que en los hechos enfrenta al trabajador con una dura opción: a) Acallar el reclamo, llegando a transacciones altamente perjudiciales ó b) Enfrentar un largo y más o menos engorroso proceso. No perdamos de vista que todo ello lo genera un hecho tan simple como es la falta de cumplimiento de una de las partes a su débito más elemental (empleador que "debe" pagar el trabajo ajeno). A modo de ejemplo, digamos que entonces surge el atajo de la renuncia obtenida bajo presión ó la resignación de algunos rubros para obtener el pago de otros, entre otras alternativas bochornosas.

 

            Frente a tan desalentador panorama para el cobro de salarios, existen otros créditos que gozan de un más breve trámite judicial (ágil y beneficioso para el acreedor), tales como los múltiples procesos que contempla la legislación vigente en forma preferencial: Juicio Ejecutivo en general y Ejecuciones Especiales en particular (cheques, documentos pagare, alquileres, hipoteca, prenda, apremio fiscal, etc.), todo lo cual puede verse en detalle en los arts. 520, 597, 600, 602, 604 y ccds. C.P.C.C.N..

 

            Pero lo más curioso aún, es que está implementado un proceso abreviado para alimentos (arts. 638 y siguientes del C.P.C.C.N.) y paradojalmente no hay previsiones para el crédito alimentario emergente de la remuneración devengada en el trabajo subordinado. Así, el trabajador podrá ser perseguido rápidamente para el pago de alimentos, mientras que por un proceso lento (que le llevará años) intentará hacer efectivo su crédito alimentario (remuneración) con la cual deberá atender aquel. Hay incongruencia entre antecedente y consecuente.

 

            Por estas escuetas razones (otras se sumarán con el correr del trámite parlamentario), entiendo que se debería poner a consideración de los Señores Legisladores esta iniciativa.

 

            Se trata de mantener tanto la letra, como el espíritu de la actual legislación procesal (18.345), con el solo agregado de dos normas (arts. 138º bis y 138º ter) al articulado vigente. Mediante tal arbitrio se implementan la "preparación de la vía ejecutiva" y las sanciones por "malicia y temeridad" en que se pudiera incurrir en la tramitación de aquella.

 

            La iniciativa se ha desarrollado principalmente en solo un artículo (138 bis), previéndose dos etapas, a saber: a) La de las diligencias preliminares extrajudiciales y b) La judicial propiamente dicha.

 

            El primer tramo tiene un deliberado doble propósito que imaginamos provocará: Por un lado, se atiende el Orden Público Laboral, mediante la rápida solución dineraria (económico/financiera) para el trabajador privado de su remuneración (devengada e impaga). Concretado el pago, el dependiente obtendrá un cierto grado de libertad en la búsqueda de alternativas al tomar sus decisiones personales y familiares, no se viciará su voluntad. Este es el objetivo primordial: restablecer el equilibrio entre las partes mediante el cumplimiento de la prestación pendiente (crédito alimentario). Pero no todo termina allí, puesto que institucionalmente, el desaliento a los morosos traerá probable (o seguramente) como consecuencia, una mejora de la carga jurisdiccional actual por el pago voluntario. En efecto, el deudor que sepa de la exigüidad de plazo para el caso de mora (art. 138 bis incisos 1 y 2) y las sanciones para el supuesto de mala fe (art. 138 ter), lo impulsará a buscar una solución inmediata (antes que el trabajador inicie pleito).

 

            En el inciso 2º) del art. 138 bis se ha incorporado un principio de probada eficiencia en la justicia del fuero laboral bonaerense. En efecto, hemos transcripto en la última parte de la norma, la textualidad del art. 39 de la Ley 11.653 (de Procedimiento Laboral para la Provincia de Bs. As.); a cuyo respecto hay numerosa y pacífica jurisprudencia que muestra con elocuencia las bondades del principio allí contenido, de tan antigua data como el mismo fuero laboral (art. 41 Ley 5178).

 

            Alguien podrá argumentar que en estos tiempos de dificultades económicas, no es el mejor momento político para implementar un sistema de ejecución de créditos salariales contra los empleadores incumplientes; pero creo que ello no debería ser considerado a poco que veamos que el mismo sujeto pasivo de la mora remuneratoria (trabajador), está encadenado a "otras moras" de las que no puede escapar: alimentos (personales y familiares) y servicios esenciales (energía eléctrica, gas, etc.), todos los cuales de no mediar su puntual pago, desaparecen. En honor a la sensatez, frente al cúmulo de problemas denunciados, por las mismas razones de dificultades económicas a nadie se le ocurriría quitar el trámite ejecutivo a las hipotecas, prendas, créditos fiscales, cheques (sería un absurdo el solo pensarlo).

 

            Repito que por esas razones y otras que se incorporarán en el futuro, es conveniente y necesario impulsar esta modificación de la ley de procedimiento laboral (18.345), por el agregado de los siguientes dos artículos que instauran la preparación de la vía ejecutiva para el cobro de remuneraciones:

 

Preparación de vía ejecutiva

 

Art. 138 bis:

            Las remuneraciones provenientes de una relación individual de trabajo subordinado, hasta un máximo de tres (3) meses devengados, vencidos e impagos (arts. 103, 107, 126, 128 y ccds. LCT), podrán ser demandados judicialmente preparando la vía ejecutiva, como se dispone seguidamente:

            El trabajador que pretenda acogerse al procedimiento aquí establecido, como condición esencial para la viabilidad de la acción, deberá:

            1º) Bajo el juramento del inciso siguiente, por el plazo y con las modalidades del art. 57 L.C.T cursar a quien considere su deudor una intimación previa extrajudicial (carta documento ó telegrama Ley 23789) que contenga necesariamente: a) Fecha de ingreso ó antigüedad computable (art. 18 LCT) del reclamante; b) Categoría profesional y funciones cumplidas durante el período involucrado en el reclamo; c) Remuneraciones devengadas durante el último semestre ó desde el ingreso (cuando la antigüedad en el empleo sea menor), con precisa indicación del promedio mensual resultante y d) Suma total del crédito reclamado, con expresión clara y concreta de los períodos, rubros y montos que la componen. La intimación, so pena de nulidad, deberá incluir la transcripción del inciso siguiente

            2º) El intimado deberá pronunciarse puntualmente sobre la procedencia de cada una de las peticiones del reclamante, como así también sobre la veracidad de cada uno de los datos incluidos en la intimación e indicar (en su caso) lugar, día y hora en que hará efectivo el crédito del trabajador. En su réplica no le bastará con la negativa, deberá expedirse concretamente sobre la posición que asume respecto de cada uno de los tópicos involucrados, bajo apercibimiento de entender el silencio ó las evasivas como tácita admisión de los fundamentos del reclamo y negativa al pago. Cuando en virtud de una norma legal aplicable, exista obligación de llevar libros, registros ó planillas especiales de índole laboral, y a requerimiento judicial no se los exhiba ó resulte que no reunen las exigencias legales y reglamentarias, incumbirá al empleador la prueba contraria si el trabajador ó sus derecho-habientes presentaren declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en los mismos. En los casos en que se controvierta el monto ó el cobro de remuneraciones en dinero ó especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá al empleador.

            3º) La intimación del trabajador conforme lo indicado en el inciso 1º, seguida del silencio, las evasivas ó el reconocimiento por parte del empleador según el inciso anterior, abre la etapa judicial.

            4º) La preparación de vía ejecutiva persiguiendo el cobro de las remuneraciones tratadas en este artículo, no podrá ser acumulada a otra acción, por lo que su trámite será en actuación autónoma, que se iniciará tomando como base el intercambio de comunicaciones aludido precedentemente y ofreciendo el comparendo a primera audiencia de hasta tres (3) testigos, quienes deberán deponer sobre las circunstancias aludidas en el inciso 1º apartados a) y b) de este artículo.

            5º) Recibida la causa por el Juzgado y comprobado el cumplimiento de los requisitos citados, se dispondrá libramiento de oficio al correo para que con habilitación de días y horas (art. 153 C.P.C.C.N.) se expida sobre la autenticidad y registros de entrega de la ó las comunicaciones habidas y se fijará primera audiencia para que comparezcan tanto el ejecutante a ratificar su acción bajo juramento del inciso 2º) del presente artículo, como para el recibimiento de la testimonial.

            6º) El cumplimiento de los requisitos indicados en el inciso 1º por parte del trabajador; seguido del silencio, las evasivas ó el reconocimiento del empleador en concordancia con las pautas de los incisos 2º y 3º; en proceso judicial tramitado según el inciso 4º, abonado todo ello por los dichos ratificatorios de al menos dos (2) testigos y la respuesta positiva del correo, conforman "Título Ejecutivo".

            7º) Cumplidos los requisitos anteriores, el Juez en auto fundado analizará la concurrencia de los elementos sustantivos; y en su caso, mandará librar mandamiento de intimación de pago y embargo. La acción tramitará siguiendo el procedimiento indicado en el art. 140 C.P.C.C.N.

 

Malicia y temeridad pre-judicial:

 

Art. 138 ter:

            Sin perjuicio de las facultades contenidas en el art. 275 de la L.C.T. respecto de la conducta procesal; cuando por la negativa del empleador a reconocer los derechos e intereses del trabajador, éste se viera obligado a promover acción judicial conforme el art. 65º de esta ley; en caso de prosperar la demanda, el Juez al pronunciar sentencia (aún sin petición de parte), deberá expedirse respecto de la eventual conducta maliciosa y temeraria que hubiera expuesto el vencido en la etapa prejudicial. Se entenderá que son procedentes las sanciones aquí previstas, en especial, cuando se evidenciaren propósitos obstruccionistas ó dilatorios; ó, cuando sin fundamento y teniendo conciencia de la propia sinrazón, se cuestionase la existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad ó inexperiencia, ó se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles ó contradictorias de hecho ó de derecho. Cuando hallare mérito para aplicar sanciones, el Juez fijará una multa de entre el diez (10) y el veinte (20) por ciento, sobre el total del rubro remuneraciones, la que será a favor de la otra parte.  

 

            En la creencia de haber hecho un aporte concreto a la Justicia Social, quedo a vuestra disposición para cuando lo consideren oportuno, saludando a Uds. atte. 

 

 

Beltrán Jorge LAGUYAS

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Ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación

el 18/08/2000  (Mesa de Entradas Sec. D / 5035)