B R A S I L 

20 de setiembre de 1988

TITULO I

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1.- La República Federal del Brasil, formada por la

unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito

Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene

como fundamentos: 

I.- La Soberanía; 

II.- La Ciudadanía; 

III.- La dignidad de la persona humana; 

IV.- Los valores sociales del trabajo y de la libre iniciativa; 

V.- El pluralismo político.

Párrafo Unico. Todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por

medio de representantes electos o directamente, en los términos

de esta Constitución.

Artículo 2.- Son poderes de la Unión, independientes y armónicos

entre sí, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Artículo 3.- Constituyen objetivos fundamentales de la República

Federal del Brasil: 

I.- Construir una sociedad libre, justa y solidaria; 

II.- Garantizar el desenvolvimiento nacional; 

III.- Erradicar la pobreza y la marginación y reducir las

desigualdades sociales y regionales; 

IV.- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza,

sexo, color, edad y cualquiera otra forma de discriminación.

Artículo 4.- La República Federal del Brasil se rige en sus

relaciones internacionales por los siguientes principios: 

I.- Independencia nacional; 

II.- Supremacía de los derechos humanos; 

III.- Autodeterminación de los pueblos; 

IV.- No intervención; 

V.- Igualdad entre los Estados; 

VI.- Defensa de la paz; 

VII.- Solución pacífica de los conflictos; 

VIII.- Repudio al terrorismo y al racismo; 

IX.- Cooperación entre los pueblos para el progreso de la

humanidad. 

X.- Concesión de asilo político.

Párrafo Unico. La República Federal del Brasil buscará la

integración económica, política, social, y cultural de los

pueblos de América Latina, con miras a la formación de una

comunidad latinoamericana de naciones.

TITULO II

DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Artículo 5.- Todos son iguales ante la ley, sin distinción de

cualquier naturaleza garantizando a los brasileños y a los

extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a

la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la

propiedad en los términos siguientes:

I.- Hombres y mujeres son iguales en derechos y obligaciones, en

los términos de esta Constitución;

II.- Nadie estará obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa

sino (conj. adversativa) en virtud de ley;

III.- Nadie será sometido a tortura ni a tratamiento deshumano o

degradante;

IV.- Es libre la manifestación del pensamiento, estando prohibido

el anonimato;

V.- Es asegurado el derecho de respuesta, proporcional al

agravio, además de la indemnización por daño material, moral o a

la imagen.

VI.- Es inviolable la libertad de conciencia y de creencia,

siendo asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y

garantizada, en la forma de la ley, la protección a los locales

de culto y a sus liturgias;

VII.- Es asegurada en los términos de la ley, la prestación de

asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de

internación colectiva;

VIII.- Nadie será privado de derechos por motivo de creencia

religiosa o convicción filosófica o política, salvo si se

invocara para eximirse de obligación legal a todos impuesta y

recusarse a cumplir prestación alternativa, fijada en ley;

IX.- Es libre la expresión de la actividad intelectual,

artística, científica y de comunicación, independientemente de

censura o licencia;

X.- Son inviolables la intimidad, la vida privada la honra y la

imagen de las personas, asegurado el derecho a la indemnización

por el daño material o moral derivado de su violación;

XI.- La casa es el asilo inviolable del individuo, nadie podrá

entrar sin consentimiento del morador, salvo en caso de flagrante

delito o desastre, o para prestar socorro, o, durante el día, por

determinación judicial;

XII.- Es inviolable el sigilo de la correspondencia y de las

comunicaciones telegráficas, de datos y de la comunicaciones

telefónicas, salvo, en último caso, por orden judicial, y en las

hipótesis y en la forma que la ley establece para los fines de

investigación o instrucción procesal penal,

XIII.- Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o

profesión, atendidas las calificaciones profesionales que la ley

establece;

XIV.- Es asegurado a todos el acceso a la información y

resguardado el sigilo de la fuente, cuando es necesario para el

ejercicio profesional;

XV.- Es libre el tránsito en el territorio nacional en tiempo de

paz, pudiendo cualquier persona, en los términos de la ley, en él

entrar, permanecer o salir de él con sus bienes;

XVI.- Todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas en locales

abiertos al público, independientemente de autorización, sin que

frustren otra reunión anteriormente convocada para el mismo

local, siendo apenas exigido previo aviso a la autoridad

competente;

XVII.- Es plena la libertad de asociación para fines lícitos,

vedada la de carácter paramilitar;

XVIII.- La creación de asociaciones y, en la forma de la ley, la

de cooperativas independiente de autorización, siendo vedada la

interferencia estatal en su funcionamiento;

XIX.- Las asociaciones sólo podrán ser compulsoriamente disueltas

o tener sus actividades suspendidas sin autorización judicial,

exigiéndose, en el primer caso, el trámite en juzgado;

XX.- Nadie podrá ser obligado a asociarse o permanecer asociado;

XXI.- Las entidades asociativas, cuando son expresamente

autorizadas tienen legitimidad para representar a sus afiliados

judicial o extrajudicialmente;

XXII.- Es garantizado el derecho de la propiedad;

XXIII.- La propiedad atenderá a su función social;

XXIV.- La ley establecerá el procedimiento para expropiación por

necesidad o utilidad pública o por interés social, mediante justa

y previa indemnización en dinero, excepto los casos previstos en

esta Constitución;

XXV.- En el caso de inminente peligro público, la autoridad

competente podrá hacer uso de la propiedad particular, asegurada

al propietario indemnización ulterior, si hubiera daño;

XXVI.- La pequeña propiedad rural, así definida en ley, desde que

es trabajada por la familia no será objeto de embargo para el

pago de deudas resultantes de su actividad productiva disponiendo

la ley sobre los medios de financiar su desenvolvimiento;

XXVII.- A los autores pertenece el derecho exclusivo de

utilización, publicación o reproducción de sus obras, trasmisible

a los herederos por el tiempo que la ley fija;

XXVIII.- Son asegurados, en los términos de la ley:

a)   La protección a las participaciones individuales en obras

     colectivas y a la reproducción de la imagen y voz humanas,

     inclusive en las actividades deportivas.

b)   El derecho de fiscalización del aprovechamiento económico de

     las obras que crearen o de que participaren a los creadores

     a los intérpretes y a las respectivas representaciones

     sindicales y asociativas;

XXIX.- La ley asegurará a los autores de inventos industriales el

privilegio temporal para su utilización, bien como protección a

las creaciones industriales, a la propiedad de las marcas, a los

nombres de empresas y otros signos distintivos teniendo en vista

el interés social y al desenvolvimiento tecnológico y económico

del país;

XXX.- Es garantizado el derecho de herencia;

XXXI.- La sucesión de bienes de extranjeros situados en el país

será regulada por la ley brasileña en beneficio del cónyuge o de

los hijos brasileños, siempre que no le sean más favorable la ley

personal del "de cujus".

XXXII.- El Estado promoverá, en la forma de la ley la defensa del

consumidor;

XXXIII.- Todos tienen derecho de recibir de los órganos públicos

informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o

general que serán prestadas en el plazo de la ley, bajo pena de

responsabilidad, excepto aquellas cuyo sigilo sea imprescindible

para la seguridad de la sociedad y del Estado; 

XXXIV.- Son reconocidos a todos los asegurados,

independientemente del pago de tasas:

a)   El derecho de petición a los Poderes Públicos en defensa de

     derechos o contra ilegalidad o abuso de poder;

b)   La obtención de certificaciones en reparticiones públicas

     para la defensa de derechos y esclarecimiento de situaciones

     de interés personal;

XXXV.- La ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial,

lesión o amenaza al derecho. 

XXXVI.- La ley no perjudicará el derecho adquirido, el acto

jurídico perfecto y la cosa juzgada; 

XXXVII.- No habrá juicio o tribunal de excepción; 

XXXVIII.- Es reconocida la institución del Tribunal Judicial, con

la organización que le diera, la ley, asegurados: 

a)   La plenitud de defensa; 

b)   El sigilo de las votaciones; 

c)   La soberanía de los veredictos; 

d)   La competencia para el juzgamiento de los crímenes dolosos

     contra la vida; 

XXXIX.- No hay crimen sin ley anterior que lo defina, ni pena sin

previa conminación legal; 

XL.- La ley penal no volverá a ser tomada, salvo para beneficiar

al reo; 

XLI.- La ley punirá cualquier discriminación atentatoria de los

derechos y libertades fundamentales;

XLII.- La práctica del racismo constituye crimen inafianzable e

imprescriptible, sujeto a la pena de reclusión en los términos de

la ley;

XLIII.- La ley considerará crímenes inafianzables y no

susceptibles de gracia o amnistía, la práctica de tortura,

tráfico ilícito de adormecedores y drogas afines, el terrorismo y

los crímenes definidos como hediondos, por ellos respondiendo los

ejecutores y los que, pudiendo evitarlos se omitieran;

XLIV.- Constituye crimen inafianzable e imprescriptible la acción

de grupos armados civiles o militares, contra el orden

constitucional y el Estado Democrático;

XLV.- Ninguna pena pasará de la persona del condenado, pudiendo

la obligación de reparar el daño y la decretación de la pérdida

de bienes ser, en los términos de la ley, extendidas a los

sucesores y contra ellos ejecutadas, hasta el límite del valor

del patrimonio transferido; 

XLVI.- La ley regulará la individualización de la pena y adoptará

entre otras, las siguientes: 

a)   Privación o restricción de la libertad; 

b)   Pérdida de bienes;

c)   Multa; 

d)   Prestación social alternativa;

e)   Suspensión o interdicción de derechos;

XLVII.- No habrá penas:

a)   De muerte, salvo en caso de guerra declarada, en los

     términos del art. 84.XIX;

b)   De carácter perpetuo;

c)   De trabajos forzados;

d)   De exilio;

e)   Crueles;

XLVIII.- La pena será cumplida en distintos establecimientos, de

acuerdo con la naturaleza del delito, la edad y el sexo del

penado;

XLIX- Es asegurado a los presos el respeto a la integridad física

y moral;

L.- Las presidiarias tendrán aseguradas las condiciones para que

puedan permanecer con sus hijos durante el período de lactancia;

LI.- Ningún brasileño será extraditado, salvo o naturalizado, en

caso de crimen común, practicado antes de la naturalización, o de

comprobada participación en tráfico ilícito de estupefacientes o

drogas afines, en forma de la ley.

LII.- No será concedida la extradición del extranjero por crimen

político o de opinión;

LIII.- Nadie será procesado ni sentenciado sino por la autoridad

competente;

LIV.- Nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el

debido proceso legal;

LV.- A los litigantes, en proceso judicial o administrativo, y

los acusados en general son asegurados la réplica y amplia

defensa, con los medios y recursos a ella inherentes;

LVI.- Son inadmisibles, en el proceso, las pruebas obtenidas por

medios ilícitos;

LVII.- No será considerado culpable hasta el tránsito del juzgado

de sentencia penal condenatoria;

LVIII.- La identificación civil no será sometida a identificación

criminal, salvo a las hipótesis prevista por ley,

LIX.- Será admitida la acción privada en los crímenes de acción

pública, si está no fuera intentada en el plazo legal;

LX.- La ley sólo podrá restringir la publicidad de los actos

procesales cuando la defensa de la intimidad o el interés social

lo exigiera;

LXI.- Nadie será preso sino en flagrante delito o por orden

escrita y fundamentada de la autoridad jurídica competente, salvo

en los casos de transgresión militar o delito propiamente

militar, definidos en ley,

LXII.- La prisión de cualquier persona y el lugar donde se

encuentre serán comunicados inmediatamente al juez competente y a

la familia del preso o la persona por él indicada;

LXIII.- El preso será informado de sus derechos entre los cuales

el de permanecer callado, siéndole asegurada la asistencia de la

familia y del abogado;

LXIV.- El preso tiene derecho a la identificación de los

responsables por su prisión o por su interrogatorio policial;

LXV.- La prisión ilegal será inmediatamente suspendida por la

autoridad judicial;

LXVI.- Nadie será llevado a prisión o en ella retenido, cuando la

ley admite la libertad provisional con o sin fianza;

LXVII.- No habrá prisión civil por deudas, salvo la del

responsable, por el incumplimiento voluntario e inexcusable de

obligación alimenticia y del depositario infiel;

LXVIII.- Se concederá el "Habeas-Corpus" siempre que alguien

sufriera o se hallara amenazado de sufrir violencia o coacción en

su libertad de movimiento, por ilegalidad o abuso de poder;

LXIX.- Se concederá el mandato de seguridad para proteger el

derecho líquido y cierto, no amparado por "Habeas-Corpus" o

"Habeas-Data", cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de

poder fuera autoridad pública o agente de personas en el

ejercicio de atribuciones del Poder Público;

LXX.- El mandato de seguridad colectivo puede ser solicitado por:

a)   Partido político con representación en el Congreso Nacional;

b)   Organización sindical, entidad de clase o asociación

     legalmente constituida y en funcionamiento por lo menos de

     un año, en defensa de los intereses de sus miembros o

     asociados;

LXXI.- Se concederá el mandato de ofensa siempre que la falta de

norma reglamentadora se torne inviable al ejercicio de los

derechos y libertades constitucionales y de las prerrogativas

inherentes a la nacionalidad, a la soberanía y a la ciudadanía;

LXXII.- Se concederá el "Habeas-Data":

a)   Para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a

     las personas solicitantes, constantes en registros o bancos

     de datos de entidades gubernamentales o de carácter público;

b)   Para la rectificación de datos, cuando no se prefiera

     hacerlos por proceso secreto, judicial o administrativo;

LXXIII.- Cualquier ciudadano es parte legítima para proponer

acción popular que permita la anulación del acto lesivo al

patrimonio público o de la entidad de que el Estado participe, a

la moralidad administrativa, al medio ambiente y al patrimonio

histórico y cultural, quedando el autor, salvo comprobada mala

fe, exento de causas judiciales y del peso de sucumbencia;

LXXIV.- El Estado prestará asistencia jurídica integral y

gratuita a los que comprobaren insuficiencia de recursos;

LXXV.- El Estado indemnizará al condenado por error judicial, así

como al que queda preso además del tiempo fijado en la sentencia;

LXXVI.- Son gratuitos para los comprobadamente pobres en la forma

de la ley: 

a)   El registro civil de nacimiento;

b)   El certificado de defunción.

LXXVII.- Son gratuitas las acciones "Habeas-Corpus" y

"Habeas-Data", y, en la forma de la ley los actos necesarios al

ejercicio de la ciudadanía;

l)   Las normas definidoras de los derechos y garantías

     fundamentales tienen aplicación imnediata.

2)   Los derechos y garantías expresos en esta Constitución no

     excluyen otros resultantes del régimen y de los principios

     por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que

     la República Federal del Brasil sea parte.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS SOCIALES

Artículo 6.- Son derechos sociales la educación, la salud, el

trabajo, el descanso, la seguridad, la previsión social, la

protección a la maternidad y a la infancia, la asistencia a los

desamparados, en la forma de esta Constitución.

Artículo 7.- Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales

además de otros que permitan la mejoría de su condición social:

I.- Relación de empleo protegido contra la despedida arbitraria,

o sin causa justa, en los términos de ley complementario que

proveerá la indemnización compensatoria, entre otros derechos;

II.- Seguro de desempleo, en caso de desempleo involuntario;

III.- Fondo de garantía del tiempo de servicio;

IV.- Salario mínimo, fijado en ley, nacionalmente unificado,

capaz de atender a sus necesidades vitales básicas y a las de su

familia con vivienda, alimentación, educación, salud, descanso,

vestuario, higiene, transporte y previsión social, con reajustes

periódicos que le preserven el poder adquisitivo, no siendo

permitida su vinculación para cualquier fin;

V.- Nivel salarial proporcional a la extensión y a la complejidad

del trabajo;

VI.- Irreductibilidad del salario, salvo lo dispuesto en

convención o acuerdo colectivo;

VII.- Garantía de salario, nunca inferior al mínimo, para los que

perciben remuneración variable;

VIII.- Décimo tercer salario con base en la remuneración integral

o en el valor de la jubilación;

IX.- Remuneración del trabajo nocturno superior a la del diurno;

X.- Protección del salario en la forma de la ley, constituyendo

delito su retención dolosa;

XI.- Participación en los lucros, o resultados, desvinculada de

la remuneración, y, excepcionalmente, participación en la gestión

de la empresa, conforme definido en ley,

XII.- Salario de Familia para sus dependientes;

XIII.- Duración del trabajo normal no superior a ocho horas

diarias y cuarenta y cuatro semanales, facultada la compensación

de horarios y la reducción de la jornada, mediante acuerdo o

convención colectiva de trabajo;

XIV.- Jornada de seis horas para el trabajo realizado en turnos

ininterrumpidos de rotación, salvo negociación colectiva;

XV.- Reposo semanal remunerado, preferencialmente a los domingos;

XVI.- Remuneración del servicio extraordinario superior, en el

mínimo, en cincuenta por ciento a la del normal;

XVII.- Goce de vacaciones anuales remuneradas con, por lo menos,

un tercio o más del salario normal;

XVIII.- Licencia a la gestante, sin perjuicio del empleo y del

salario, con duración de ciento veinte días;

XIX.- Licencia de Paternidad, en los términos fijados en ley;

XX.- Protección del mercado de trabajo de la mujer, mediante

incentivos específicos, en los términos de la ley;

XXI.- Aviso previo proporcional al tiempo de servicio, siendo el

mínimo de treinta días, en los términos de la ley;

XXII.- Reducción de los riesgos inherentes al trabajo, por medio

de normas de salud, higiene y seguridad;

XXIII.- Adicional de remuneración para las actividades penosas,

insalubres o peligrosas, en la forma de la ley;

XXIV.- Jubilación;

XXV.- Asistencia gratuita a los hijos y dependientes desde el

nacimiento hasta los seis años de edad en guarderías infantiles y

pre-escuelas;

XXVI.- Reconocimiento de las convenciones y acuerdos colectivos

de trabajo;

XXVII.- Protección frente a automatización, en la forma de la

ley;

XXVIII.- Seguro contra accidentes de trabajo, a cargo del

empleador, sin excluir la indemnización a que éste está obligado,

cuando incurre en dolo o culpa;

XXIX.- Acción, en cuanto a créditos resultantes de las relaciones

de trabajo, con plazo prescripcional de:

a)   Cinco años para el trabajador urbano, hasta el límite de dos

     años después de la extinción del contrato;

b)   Hasta dos años después de la extinción del contrato para el

     trabajador rural.

XXX.- Prohibición de diferencia de salarios, de ejercicio de

funciones y de criterio de admisión por motivo de sexo, edad,

color o estado civil;

XXXI.- Prohibición de cualquier discriminación referente al

salario y criterios de admisión del trabajador portador de

deficiencia;

XXXII.- Prohibición de distinción entre trabajo manual, técnico e

intelectual o entre los profesionales respectivos;

XXXIII.- Prohibición de trabajo nocturno, peligroso o insaluble a

los menores de dieciocho y de cualquier trabajo a menores de

catorce años, salvo en la condición de aprendiz;

XXXIV.- Igualdad de derechos entre el trabajador con vínculo

aplicativo permanente y el trabajador aislado;

Párrafo único.- Son asegurados a la categoría de los trabajadores

domésticos, los derechos previstos en los incisos IV, VI, VIII,

XV, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXIV, bien como su integración a la

previsión social;

Artículo 8.- Es libre la asociación profesional o sindical,

observando lo siguiente:

I.- La ley no podrá exigir la autorización del Estado para la

fundación del sindicato, reservado el registro en el órgano

competente, vedadas al Poder Público la interferencia y la

intervención en la organización sindical;

II.- No es permitida la creación de más de una organización

sindical, en cualquier grado, representativa de la categoría

profesional o económica, en la misma base territorial, que será

definida por los trabajadores o empleadores interesados no

pudiendo ser inferior al área de un Municipio;

III.- Al sindicato cabe la defensa de los derechos e intereses

colectivos o individuales de la categoría, inclusive en

cuestiones judiciales o administrativas;

IV.- La asamblea general fijará la contribución que, tratándose

de categoría profesional, será descontada en hoja, para costeo

del sistema confederativo de la representación sindical

respectiva, independientemente de la contribución prevista en

ley;

V.- Nadie será obligado a afiliarse o mantenerse afiliado al

sindicato;

VI.- Es obligatoria la participación de los sindicatos en las

negociaciones colectivas de trabajo;

VII.- El jubilado afiliado tiene derecho a votar y ser electo en

las organizaciones sindicales;

VIII.- No es permitido el despido del empleado sindicalizado a

partir del registro de la candidatura a cargo de dirección o

representación sindical y, si electo, aunque suplente, hasta un

año después del final del mandato, salvo se cometiera falta grave

en los términos de la ley.

Párrafo único.- Las disposiciones de este artículo se aplican a

la organización de sindicatos rurales y de colonias de

pescadores, atendidas las condiciones que la ley establece.

Artículo 9.- Es asegurado el derecho de huelga, compitiendo a los

trabajadores decidir sobre la oportunidad de ejercerla y sobre

los intereses que deben por medio de ella defender.

I.- La ley definirá los servicios o actividades esenciales y

dispondrá sobre la atención de las necesidades improrrogables de

la comunidad.

II.- Los abusos cometidos sujetan a los responsables a las penas

de ley.

Artículo 10.- Es asegurada la participación de los trabajadores y

empleadores en los colegiados de los órganos públicos en que sus

intereses profesionales o previcionarios sean objeto de discusión

y deliberación.

Artículo 11.- En las empresas de más de doscientos empleados es

asegurada la elección de un representante de éstos con la

finalidad exclusiva de promover el entendimiento directo con los

empleadores.

CAPITULO III

DE LA NACIONALIDAD

Artículo 12.- Son Brasileños:

I.- Natos:

a)   Los nacidos en la República Federal del Brasil, aunque de

     padres extranjeros, desde que éstos no estén al servicio de

     su país;

b)   Los nacidos en el extranjero, de padre brasileño o madre

     brasileña; desde que cualquiera de ellos esté al servicio de

     la República Federal del Brasil;

c)   Los nacidos en el extranjero, de padre brasileño o madre

     brasileña competente, o vengan a residir a la República

     Federal del Brasil antes de la mayoría de edad y, alcanzada

     ésta, opten en cualquier ocasión por la nacionalidad

     brasileña;

II.- Naturalizados:

a)   Los que, en la forma de la ley, adquieran la nacionalidad

     brasileña, exigida a los originarios de países de lengua

     portuguesa solamente residencia por un año ininterrumpido e

     idoneidad moral;

b)   Los extranjeros de cualquier nacionalidad, residentes en la

     República Federal del Brasil hace más de 30 años

     ininterrumpidos y sin condenación penal, desde que requieran

     la nacionalidad brasileña.

lº   A los Portugueses con residencia permanente en el país. Si

     hubiera reciprocidad en favor de los brasileños, serán

     atribuidos los derechos inherentes al nacido brasileño,

     salvo en los casos previstos en esta Constitución.

2º   La ley no podrá establecer distinción entre brasileño

     nacidos y naturalizados, salvo en los casos previstos en

     esta Constitución.

3º   Son privativos del nacimiento brasileño, los cargos: 

     I.- De Presidente y Vicepresidente de la República; 

     II.- De Presidente de la Cámara de Diputados; 

     III.- De Presidente del Senado Federal; 

     IV.- De Ministro del Supremo Tribunal Federal; 

     V.- De la carrera Diplomática; 

     VI.- De Oficial de la Fuerzas Armadas.

4º   Será declarada la pérdida de la nacionalidad del brasileño

     que:

     I.- Tuviera cancelada su naturalización, por sentencia

     judicial, en virtud de actividades nocivas al interés

     nacional; 

     II.- Adquirir otra nacionalidad por naturalización

     voluntaria.  

Artículo 13.- La lengua portuguesa es el Idioma Oficial de la

República Federal del Brasil.

I.- Son símbolos de la República Federal del Brasil, la bandera,

el himno, las armas y el sello nacionales.

II.- Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios podrán

tener símbolos propios.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS POLITICOS

Artículo 14.- La soberanía popular será ejercida por el sufragio

universal y por el voto directo y secreto, con valor igual para

todos, y, en los términos de la ley, mediante: 

I.- Plebiscito. 

II.- Referéndum. 

III.- Iniciativa Popular.

1º   El registro electoral y el voto son: 

     I.- Obligatorios para los mayores de dieciocho años; 

     II.- Facultativos para: 

     a) Los analfabetos 

     b) Los mayores de setenta años; 

     c) Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años.

2º   No pueden registrarse como electores los extranjeros y,

     durante el período del servicio militar obligatorio, los

     conscriptos.

3º   Son condiciones de elegibilidad, en la forma de ley:

     I.- La nacionalidad brasileña; 

     II.- El pleno ejercicio de los derechos políticos; 

     III.- El registro electoral; 

     IV.- El domicilio electoral en la circunscripción; 

     V.- La afiliación partidaria; 

     VI.- La edad mínima de:  

     a)   Treintaicinco años para Presidente y Vice-Presidente de

          la República y Senador;  

     b)   Treinta años para Gobernador y Vice-Gobernador del

          Estado y del Distrito Federal;

     c)   Veintiún años para Diputado Federal, Diputado del

          Estado o Distrital, Prefecto, Vice-Prefecto y Juez de

          Paz;  

     d)   Dieciocho años para Concejal.

4º   Son inelegibles los irregistrables y los analfabetos.

5º   Son inelegibles para los mismos cargos, en el período

     subsiguiente, el Presidente de la República, los

     Gobernadores de Estado y del Distrito Federal, los Prefectos

     y quien los hubiera sucedido, o sustituido en los seis meses

     anteriores a las elecciones.

6º   Para postular a otros cargos, el Presidente de la República,

     los Gobernadores de Estado y del Distrito Federal y los

     Prefectos deben renunciar a los respectivos mandatos hasta

     seis meses antes de las elecciones.

7º   Son inelegibles, en el territorio de jurisdicción del

     titular, el cónyuge y los parientes consanguíneos o afines,

     hasta el segundo grado o por estimación, del Presidente de

     la República, del Gobernador de Estado o Territorio, del

     Distrito Federal, del Prefecto o de quien los haya

     sustituido dentro de los seis meses anteriores a las

     elecciones, salvo si ya hubiera titular de mandato electivo

     y candidato a la reelección.

8º   El militar registrable es elegible, atendidas las siguientes

     condiciones:

     I.- Si contara con menos de diez años de servicio, deberá

     retirarse de la actividad;

     II.- Si contara con más de diez años de servicio, será

     agregado por la autoridad superior y, si electo, pasará

     automáticamente, en el acto de la diplomación, para la

     inactividad.

9º   La ley complementaria establecerá otros casos de

     inelegibilidad y los plazos de su cese, a fin de proteger la

     normalidad e ilegitimidad de las elecciones contra la

     influencia del poder económico o el abuso del ejercicio de

     función, cargo o empleo en la administración directa o

     indirecta.

10º  El mandato electivo podrá ser impugnado ante la Justicia

     Electoral en el plazo de quince días contados de la

     diplomación, instituida la acción con pruebas de abuso del

     poder económico, corrupción o fraude.

11º  La acción de impugnación del mandato se tramitará en secreto

     de justicia, respondiendo el autor, en la forma de la ley,

     si es temeraria o de manifiesta mala fe.

Artículo 15.- No es permitida la anulación de derechos políticos,

cuya pérdida o suspensión sólo se dará en los casos de:

I.- Cancelación de la naturalización por sentencia transitada en

juzgado;

II.- Incapacidad civil absoluta;

III.- Condena penal transitada en juzgado, en cuanto duraran sus

efectos;

IV.- Recusa de cumplir obligación a todos impuesta o prestación

alternativa, en los términos del art. 5, VIII;

V.- Improbidad administrativa, en los términos del art. 37, 4º

Artículo 16.- La ley que altera el proceso electoral sólo entrará

en vigor un año después de su promulgación.

CAPITULO V

DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 17.- Es libre la creación fusión, incorporación y

extinción de partidos políticos resguardando la soberanía

nacional, el régimen democrático, o pluripartidarismo, los

derechos fundamentales de la persona humana y observando los

siguientes preceptos:

I.- Carácter nacional;

II.- Prohibición de recibimiento de recursos financieros de

entidad o gobiernos extranjeros o de subordinación a éstos;

III.- Prestación de cuentas a la Justicia Electoral;

IV.- Funcionamiento parlamentario de acuerdo a ley.

1º   Es asegurada a los partidos políticos, autonomía para

     definir su estructura interna, organización y

     funcionamiento, debiendo en sus estatutos establecer normas

     de fidelidad y disciplina partidarias

2º   Los partidos políticos, después de adquirir personería

     jurídica, en la forma de la ley civil, registrarán sus

     estatutos en el Tribunal Superior Electoral.

3º   Los partidos políticos tienen derecho a recursos del fondo

     partidario y acceso gratuito a la radio y a la televisión,

     en la forma de la ley.

4º   No es permitida la utilización por los partidos políticos de

     organización paramilitar.

TITULO III

DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO

CAPITULO I

DE LA ORGANIZACION POLITICO - ADMINISTRATIVA

Artículo 18.- La organización político administrativa de la

República Federal del Brasil comprende la Unión, los Estados, El

Distrito Federal y los Municipios, todos autónomos, en los

términos de esta Constitución.

1º   Brasilia es la Capital Federal.

2º   Los Territorios Federales integran la Unión, y su creación,

     transformación en Estado o reintegración al Estado de origen

     serán reguladas en ley complementaria.

3º   Los Estados pueden incorporarse entre sí, subdividirse o

     desmembrarse para anexarse a otros, o formar nuevos Estados

     o Territorios Federales, mediante aprobación de la población

     directamente interesada, a través de plebiscito, y del

     Congreso Nacional, por ley complementaria.

4º   La creación, la incorporación, la fusión y el

     desmembramiento de Municipios preservarán la continuidad y

     la unidad histórico-cultural del ambiente urbano, se harán

     por ley del Estado, obedecidos los requisitos previstos en

     ley complementaria del Estado, y dependiendo de consulta

     previa, mediante plebiscito, a las poblaciones directamente

     interesadas.

Artículo 19.- No es permitido a la Unión, a los Estados, al

Distrito Federal y a los Municipios:

I.- Establecer cultos religiosos o iglesias subvencionados,

impidiéndoles el funcionamiento o mantener con ellos o sus

representantes relaciones de dependencia o alianza,

exceptuándose, en la forma de la ley, la colaboración de interés

público; 

II.- Rechazar fe de los documentos públicos;

III.- Crear distinciones entre brasileños o preferencias entre

sí.

CAPITULO II

DE LA UNION

Artículo 20.- Son bienes de la Unión:

I.- Los que actualmente le pertenecen y los que le vengan a ser

atribuidos;

II.- Las tierras desocupadas indispensables a la defensa de las

fronteras, de las fortificaciones y construcciones militares, de

las vías federales de comunicación y a la preservación ambiental,

definidas en ley;

III.- Las lagos, ríos y cualquier corriente de agua en terrenos

de su dominio, o que bañen más de un Estado, sirvan de límites

con otros países, o se extiendan a territorio extranjero o de él

provengan, bien como los terrenos marginales y las playas

fluviales; 

IV.- Las islas fluviales y lacustres en las zonas limítrofes con

otros países; las playas marítimas; las islas oceánicas y las

costeras, excluidas, de éstas, las áreas referidas en el art.

26,11;

V.- Los recursos naturales de la plataforma continental y de la

zona económica exclusiva;

VI.- El mar territorial;

VII.- Los terrenos de la marina y sus crecidas;

VIII.- Los potenciales de energía hidráulica;

IX.- Los recursos minerales, inclusive los del subsuelo;

X.- Las cavidades naturales subterráneas y los sitios

arqueológicos y prehistóricos;

XI.- Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios.

1º   Es asegurada, en los términos de la ley, a los Estados, al

     Distrito Federal y a los Municipios, bien como a los órganos

     de administración directa de la Unión, participación en el

     resultado de la explotación del petróleo o gas natural, de

     recursos hídricos para fines de generación de energía

     eléctrica y de otros recursos minerales en el respectivo

     territorio, plataforma continental, mas territorial o zona

     económica exclusiva, o compensación financiera por esa

     exploración.

2º   La faja de hasta ciento cincuenta kilómetros de ancho, a lo

     largo de las fronteras terrestres, designada como faja de

     frontera, es considerada fundamental para la defensa del

     territorio nacional, y su ocupación y utilización serán

     reguladas en ley.

Artículo 21.- Compete a la Unión:

I.- Mantener relaciones con Estados extranjeros y participar de

organizaciones internacionales;

II.- Declarar la guerra y celebrar la paz;

III.- Asegurar la defensa nacional;

IV.- Permitir, en los casos previstos en ley complementaria, que

fuerzas extranjeras transiten por el territorio nacional o en él

permanezcan temporalmente;

V.- Decretar el estado de sitio, el estado de defensa y la

intervención federal;

VI.- Autorizar y fiscalizar la producción y el comercio de

material bélico;

VII.- Emitir Moneda;

VIII.- Administrar las reservas cambiarias del país y fiscalizar

las operaciones de naturaleza financiera, especialmente las de

crédito, cambio y capitalización, bien como las de seguros y de

previsión privada;

IX.- Elaborar y ejecutar planos nacionales y regionales de

organización del territorio y del desenvolvimiento económico y

social;

X.- Mantener el servicio postal y el correo aéreo nacional;

XI.- Explorar, directamente o mediante concesión las empresas

sobre control accionario estatal, los servicios telefónicos,

telegráficos, de transmisión de datos y demás servicios públicos

de telecomunicaciones, asegurada la prestación de servicios de

informaciones por entidades de derecho privado a través de la red

pública de telecomunicaciones explorada por la Unión.

XII.- Explorar, directamente o mediante autorización, concesión o

permisión:

a)   Los servicios de radiodifusión sonora, de sonido e imágenes

     y demás servicios de telecomunicaciones;

b)   Los servicios e instalaciones de energía eléctrica y el

     aprovechamiento energético de los cursos de agua, en

     articulación con los Estados donde se situaron los

     potenciales hidroenergéticos; 

c)   La navegación aérea, aeroespacial y la infraestructura

     aeroportuaria;

d)   Los servicios de transporte ferroviario y acuático entre

     puertos brasileños y fronteras nacionales, o que transpongan

     los límites de Estado o territorio; 

f)   Los puertos marítimos, fluviales y lacustres;

XIII.- Organizar y mantener el Poder Judicial, el Ministerio

Público y la Defensa Pública del Distrito Federal y de los

territorios;

XIV.- Organizar y mantener la policía Federal, la policía

rodoviaria y la ferroviaria federales, bien como la policía

civil, la policía militar y el cuerpo de bomberos militar del

Distrito Federal y de los Territorios;

XV.- Organizar y mantener los servicios oficiales de estadística

geografía, geología y cartografía del ámbito nacional; 

XVI.- Ejercer la clasificación, para efecto indicativo, de

diversiones públicas y de programas de radio y televisión; 

XVII.- Conceder amnistía;

XVIII.- Planear y promover la defensa permanente contra las

calamidades públicas, especialmente las sequías y las

inundaciones;

XIX.- Instituir el sistema nacional gerencial de recursos

hídricos y definir criterios de otorgamiento de derecho y de su

uso;

XX.- Instituir directrices para el desenvolvimiento urbano,

inclusive habitación, saneamiento básico y transportes urbanos; 

XXI.- Establecer principios y directrices para el sistema

nacional vial; 

XXII.- Ejecutar los servicios de la policía marítima aérea y de

frontera;

XXIII.- Explorar los servicios e instalaciones nucleares de

cualquier naturaleza y ejercer monopolio estatal sobre la

investigación, el trabajo, el enriquecimiento y reprocesamiento,

la industrialización y el comercio de minerales nucleares y sus

derivados, atendiendo los siguientes principios y condiciones:

a)   Toda actividad nuclear en territorio nacional solamente será

     admitida para fines pacíficos y mediante aprobación del

     Congreso Nacional;

b)   Sobre el régimen de la concesión o permisión, es autorizada

     la utilización de radioisótopos para la indagación y usos

     medicinales, agrícolas, industriales y actividades análogas;

c)   La responsabilidad civil por daños nucleares independiente

     de la existencia de culpa; 

XXIV.- Organizar, mantener y ejecutar la inspección del trabajo;

XXV.- Establecer las áreas y las condiciones para el ejercicio de

la actividad del pago de garitas en forma asociativa;

Artículo 22.- Compete privativamente a la Unión legislar sobre: 

I.- Derecho civil, comercial, penal, procesal, electoral,

agrario, marítimo, aeronáutico, espacial y del trabajo; 

II.- Expropiación;          

III.- Requisiciones civiles y militares, en caso de inminente

peligro y en tiempo de guerra; 

IV.- Aguas energía, informática, telecomunicaciones y

radiodifusión;

V.- Servicio postal;

VI.- Sistema monetario y de medidas, títulos y garantías de los

metales;

VII.- Política de crédito, cambio, seguros y transferencias de

valores;

VIII.- Comercio exterior o interestatal;

IX.- Directrices de la política nacional de transporte;

X.- Régimen de puertos, navegación lacustre, fluvial, marítima,

aérea y aeroespacial;

XI.- Tránsito y transporte;

XII.- Yacimientos, minas, otros recursos minerales y metalurgia;

XIII.- Nacionalidad, ciudadanía y naturalización;

XIV.- Poblaciones indígenas;

XV.- Emigración e inmigración, entrada, extradición y expulsión

de extranjeros;

XVI.- Organización del sistema nacional de empleo y condiciones

para el ejercicio de profesiones;

XVII.- Organización Judicial, de Ministerio Público y de la

Defensa Pública del Distrito Federal y de los Territorios, bien

como de la organización administrativa de éstos;

XVIII.- Sistema estadístico, sistema cartográfico y de geología

nacional;

XIX.- Sistemas de ahorro, captación y garantía de ahorro popular;

XX.- Sistemas de consorcios y sorteos;

XXI.- Normas generales de organización, efectivos, material

bélico, garantías, convocación y movilización de los policías

militares y cuerpos de bomberos militares;

XXII.- Competencia de la policía federal y de la policía de

carreteras y ferroviarias federales;

XXIII.- Seguridad social;

XXIV.- Directrices y bases de la educación nacional;

XXV.- Registros públicos;

XXVI.- Actividades nucleares de cualquier naturaleza;

XXVII.- Normas generales de licitación y contratación, en todas

las modalidades, para la administración pública, directa e

indirecta, incluidas las fundaciones instituidas y mantenidas por

le Poder Público, en las diversas esferas de gobierno, y empresas

sobre su control;

XXVIII.- Defensa territorial, defensa aeroespacial, defensa

marítima, defensa civil y movilización nacional;

XXIX.- Propaganda comercial;

Párrafo único.- La ley complementaria podrá autorizar a los

Estados a legislar sobre cuestiones específicas de las materias

relacionadas en este artículo.

Artículo 23.- Es competencia común de la Unión, de los Estados,

del Distrito Federal y de los Municipios:

I.- Celar por el resguardo de la Constitución, de las leyes y de

las instituciones democráticas y conservar el patrimonio público;

II.- Cuidar de la salud y asistencia pública, de la protección y

garantías de las personas portadoras de deficiencias;

III.- Proteger los documentos, las obras y otros bienes de valor

histórico artístico y cultural, los monumentos, los paisajes

naturales notables y los lugares arqueológicos;

IV.- Impedir la evasión, la destrucción y la descaracterización

de obras de arte y de otros bienes de valor histórico, artístico

o cultural;

V.- Proporcionar los medios de acceso a la cultura, a la

educación y a la ciencia;

VI.- Proteger el medio ambiente y combatir la contaminación en

cualquiera de sus formas;

VII.- Preservar las florestas, la fauna y la flora;

VIII. Fomentar la producción agropecuaria, y organizar el

abastecimiento alimenticio;

IX.- Promover programas de construcción de viviendas y la mejoría

de las condiciones habitacionales y de saneamiento básico;

X.- Combatir las causas de la pobreza y los factores de

marginación promoviendo la integración social de los sectores

desfavorecidos;

XI.- Registrar, acompañar y fiscalizar las concesiones de

derechos de indagación y exploración de recursos hídricos y

minerales en sus territorios;

XII.- Establecer e implantar la política de educación para la

seguridad del tránsito;

Párrafo único.- La ley complementaria fijará normas para la

cooperación entre la Unión y los Estados, el Distrito Federal y

los Municipios, teniendo en cuenta el equilibrio del

desenvolvimiento y del bienestar en el ámbito nacional.

Artículo 24.- Compete a la Unión, a los Estados, y al Distrito

Federal legislar sobre:

I.- Derecho tributario, financiero, penitenciario, económico y

urbanístico;

II.- Presupuesto;

III.- Juntas comerciales;

IV.- Costos de los servicios forenses;

V.- Producción y consumo;

VI.- Florestas, caza, pesca, fauna, conservación de la

naturaleza, defensa del suelo y de los recursos naturales,

protección del medio ambiente y control de la contaminación;

VII.- Protección al patrimonio histórico, cultural, artístico,

turístico y paisajístico;

VIII.- Responsabilidad por daño al medio ambiente, al consumidor,

a los bienes y derechos de valor artístico, estético, histórico,

turístico y paisajístico;

IX.- Educación, cultura, enseñanza y deporte;

X.- Creación, funcionamiento y proceso del juzgado de pequeñas

causas;

XI.- Procedimientos en materia procesal;

XII.- Previsión social, protección y defensa de la salud;

XIII.- Asistencia jurídica y defensa pública;

XIV.- Protección e integración social de las personas portadoras

de deficiencias;

XV.- Protección a la infancia y a la Juventud;

XVI.- Organización, garantías, derechos y deberes de la policía

civil.

1º   En el ámbito de la legislación resultante, la competencia de

     la Unión se limitará a establecer normas generales.

2º   La competencia de la Unión para legislar sobre normas

     generales no excluye la competencia suplementaria de los

     Estados.

3º   Inexistiendo ley Federal sobre normas generales, los Estados

     ejercerán la competencia legislativa plena, para atender a

     sus peculiaridades.

4º   El sobrevenir de la ley Federal sobre normas generales

     suspende la eficacia de la ley estatal, en lo que le fuera

     contrario.

CAPITULO III

DE LOS ESTADOS FEDERADOS

Artículo 25.- Los Estados se organizan y se rigen por las

Constituciones y leyes que adoptaren, observando los principios

de esta Constitución.

1º   Son reservadas a los Estados las competencias que no les

     sean vetadas por esta Constitución.

2º   Cabe a los Estados explotar directamente, o mediante

     concesión de la empresa estatal, con exclusividad de

     distribución, los servicios locales de gas canalizado.

3º   Los Estados podrán, mediante ley complementaria, instituir

     regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas y

     microrregiones, constituidas por agrupamientos de municipios

     limítrofes, para integrar la organización, el planeamiento y

     la ejecución de funciones públicas de interés común.

Artículo 26.- Se incluyen entre los bienes de los Estados:

I.- Las aguas superficiales o subterráneas, afluentes, emergentes

y en depósito, reservadas, en este caso en la forma de la ley,

las resultantes de obras de la Unión;

II.- Las áreas, en las islas oceánicas y costeras, que estuvieran

en su dominio, excluidas aquellas sobre el dominio de la Unión,

Municipios o terceros;

III.- Las islas fluviales y lacustres no pertenecientes a la

Unión;

IV.- Las tierras desocupadas no comprendidas entre las de la

Unión.

Artículo 27.- El número de Diputados a la Asamblea Legislativa,

corresponderá al triple de la representación del Estado en la

Cámara de Diputados y alcanzado el número de treinta y seis, será

aumentado de cuantos fueran los Diputados Federales por encima de

doce.

1º   Será de cuatro años el mandato de los Diputados Estatales

     aplicándoseles las normas de esta Constitución sobre el

     sistema electoral, inviolabilidad, inmunidades,

     remuneración, pérdida del mandato, licencia, impedimentos e

     incorporación a las Fuerzas Armadas.

2º   La remuneración de los Diputados Estatales será fijada en

     cada legislatura, para la subsiguiente, por la Asamblea

     Legislativa, observando lo que disponen los arts. 150, II;

     153, III; y 153, 2º, I;

3º   Compete a las asambleas legislativas disponer sobre su

     reglamento interno, policía y servicios administrativos de

     su secretaría, y preveer los respectivos cargos. 

4º   La ley dispondrá sobre la iniciativa popular en el proceso

     legislativo estatal.

Artículo 28.- La elección del Gobernador y del Vice Gobernador

del Estado, para mandato de cuatro años, se realizará días antes

del término del mandato de sus antecesores y la transferencia del

poder se realizará el día 01 de enero del año subsiguiente,

observando, cuanto más, lo dispuesto en el art. 77.

Párrafo único.- Perderá el mandato el Gobernador que asuma otro

cargo o función en la administración pública directa o indirecta,

exceptuada la toma de posesión en virtud de concurso público y

observando lo dispuesto en el art. 38,I, IV y V.

CAPITULO IV

DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 29.- El Municipio se regirá por la ley orgánica votada

en dos turnos con el mínimo de diez días y aprobada por dos

tercios de los miembros de la Cámara Municipal, que la

promulgará, atendidos los principios establecidos en esta

Constitución, en la Constitución del respectivo Estado y los

siguientes preceptos:

I.- Elección del Prefecto, del Vice-Prefecto, y los Concejales

para mandato de cuatro años, mediante comicios directos y

simultáneos realizados en todo el país;

II.- Elección del Prefecto, del Vice-Prefecto, hasta noventa días

antes del término del mandato de los que deban suceder, aplicada

las normas del art. 77, en el caso de Municipios con más de

doscientos mil electores; 

III.- El cargo del Prefecto y del Vice-Prefecto en el día 01 de

Enero del año subsiguiente al de la elección; 

IV.- Número de Concejales proporcional a la población del

Municipio, observando los siguientes límites: 

a)   Mínimo de nueve y máximo de veintiuno en los Municipios de

     hasta un millón de habitantes;

b)   Mínimo de treinta y tres y máximo de cuarenta y uno en los

     Municipios de más de un millón y menos de cinco millones de

     habitantes;

c)   Mínimo de cuarentaidos y máximo de cincuentaicinco en los

     Municipios de más de cinco millones de habitantes;

V.- Remuneración del Prefecto, del Vice-Prefecto y de los

Concejales fijadas en la Cámara Municipal en cada

legislatura, para la subsiguiente, observando lo que disponen los

arts. 37, XI; 150, II ;153, III; y 153, 2º, I;

VI.- Inviolabilidad de los Concejales por sus opiniones, palabras

y votos en el ejercicio del mandato y en la circunscripción del

Municipio;

VII.- Prohibiciones e incompatibilidades en el ejercicio de la

Concejalía, similares, en lo que corresponda, a lo dispuesto en

esta Constitución por los miembros del Congreso Nacional y, en la

Constitución del respectivo Estado, para los miembros de la

Asamblea Legislativa;

VIII.- Juzgamiento del Prefecto, en presencia del Tribunal de

Justicia;

IX.- Organización de las funciones legislativas y fiscalizadoras

de la Cámara Municipal;

X.- Cooperación de las asociaciones representativas en el

planeamiento Municipal;

XI.- Iniciativa popular de proyectos de ley de interés específico

del Municipio, de la ciudad o de barrios, a través de

manifestación de, por lo menos, cinco por ciento del electorado;

XII.- Pérdida del mandato del Prefecto, en los términos del art.

28, Párrafo único.  

Artículo 30.- Compete a los Municipios:

I.- Legislar sobre asuntos de interés local;

II.- Suplementar la legislación Federal y la estatal en lo que

corresponda;

III.- lnstituir y recaudar los tributos de su competencia, bien

como aplicar sus rentas, sin perjuicio de la obligatoriedad de

presentar cuentas y publicar balances en los plazos fijados en

ley;

IV.- Crear, organizar y suprimir distritos, observando la

legislación estatal;

V.- Organizar y prestar directamente o bajo el régimen de

concesión o permisión, los servicios públicos de interés local,

incluido el de transporte colectivo, que tienen carácter

esencial;

VI.- Mantener, con la cooperación técnica y financiera de la

Unión y del Estado, programas de educación pre-escolar y de la

enseñanza fundamental;

VII.- Prestar, con la cooperación técnica y financiera de la

Unión y del Estado, servicios de atención a la salud de la

población;

VIII.- Promover, en lo que corresponda, adecuado ordenamiento

territorial, mediante planeamiento y control del uso, del

parcelamiento y de la ocupación del suelo urbano;

IX.- Promover la protección del patrimonio histórico-cultural

local, observada la legislación y la acción fiscalizadora federal

y estatal.

Artículo 31.- La fiscalización del Municipio será ejercida por el

Poder Legislativo Municipal, mediante control externo, y por los

sistemas de control interno del Poder Ejecutivo Municipal, en la

forma de ley.

1º   El control externo de la Cámara Municipal será ejercido con

     la ayuda de los Tribunales de Cuentas de los Estados o del

     Municipio o de los Consejos o Tribunales de Cuentas de los

     Municipios, donde existan.

2º   El parecer previo, emitido por el órgano competente sobre

     las cuentas que el Prefecto debe anualmente prestar, sólo

     dejará de prevalecer por decisión de dos tercios de los

     miembros de la Cámara Municipal.

3º   Las cuentas de los Municipios quedarán, durante sesenta

     días, anualmente, a disposición de cualquier contribuyente,

     para su examen y apreciación, el cual podrá cuestionarles la

     legitimidad, en los términos de la ley.

4º   No es permitida la creación de Tribunales, Concejos u

     órganos de Cuentas Municipales.

CAPITULO V

DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TERRITORIOS

SECCION I

DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 32.- El Distrito Federal, prohibida su división en

Municipios, se regirá por ley orgánica, votada en dos turnos con

intersticio mínimo de diez días, y aprobaba por dos tercios de la

Cámara Legislativa, que la promulgará, atendidos los principios

establecidos en esta Constitución.

lº   Al Distrito Federal son atribuidas las competencias

     legislativas reservadas a los Estados y Municipios.

2º   La elección del Gobernador y del Vice-Gobernador, observadas

     las normas del art. 77, y de los Diputados Distritales

     coincidirá con la de los Gobernadores y Diputados Estatales,

     para mandato de igual duración. 

3º   A los Diputados Distritales y a la Cámara Legislativa se

     aplica lo dispuesto en el art. 27.

4º   La ley federal dispondrá sobre la utilización, por el

     Gobierno del Distrito Federal, de la policía civil y militar

     del cuerpo de bomberos militar.

SECCION II

DE LOS TERRITORIOS

Artículo 33.- La ley dispondrá sobre la organización

administrativa y judicial de los territorios.

1º   Los territorios podrán ser divididos en Municipios, a los

     cuales se aplicará en lo que cubra, lo dispuesto en el

     capítulo cuarto de este Título.

2º   Las cuentas del Gobierno del Territorio serán sometidas al

     Congreso Nacional, con parecer previo del Tribunal de

     Cuentas de la Unión.

3º   En los Territorios Federales con más de cien mil habitantes,

     además del Gobernador nombrado en la forma de esta

     Constitución, habrá órganos judiciales de primera y segunda

     instancia, miembros del Ministerio Público y defensores

     públicos federales; la ley dispondrá sobre las elecciones

     para la Cámara Territorial y su competencia deliberativa.

CAPITULO VI

DE LA INTERVENCION

Artículo 34.- La Unión no intervendrá en los Estados ni en el

Distrito Federal, excepto para: 

I.- Mantener la integridad nacional; 

II.- Repeler invasión extranjera o de una unidad de la Federación

en otra; 

III.- Poner término a que se comprometa gravemente el orden

público; 

IV.- Garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los Poderes

en las unidades de la Federación; 

V.- Reorganizar las finanzas de la unidad de la Federación que:

a)   Suspenda el pago de la deuda aprobada por más de dos años

     consecutivos, salvo motivo de fuerza mayor;

b)   Deje de entregar a los Municipios ingresos tributarios

     fijados en esta Constitución, dentro de los plazos

     establecidos en ley;

VI.- Proveer la ejecución de ley federal, orden o decisión

judicial; 

VII.- Asegurar la observación de los siguientes principios

constitucionales: 

a)   Forma republicana, sistema representativo y régimen

     democrático;

b)   Derechos de la persona humana;

c)   Autonomía Municipal;

d)   Prestación de cuenta de la administración pública, directa e

     indirecta.

Artículo 35.- El Estado no intervendrá en sus Municipios, ni la

Unión en los Municipios localizados en Territorio Federal,

excepto cuando:

I.- Deje de pagarse, sin motivo de fuerza mayor, por dos años

consecutivos, la deuda aprobada;

II.- No sean prestadas cuentas debidas, en la forma de la ley,

III.- No haber sido aplicado el mínimo exigido de los ingresos

Municipales en el mantenimiento y desenvolvimiento de la

enseñanza;

IV.- El Tribunal de Justicia proveerá la representación para

asegurar la observación de principios indicados en la

Constitución Estatal, o para proveer la ejecución de ley, de

orden o de decisión judicial.

Artículo 36.- El decreto de la intervención dependerá:

I.- En el caso del art. 34, IV; de solicitud del Poder

Legislativo o del Poder ejecutivo coactado o impedido, o de

requisición del Supremo Tribunal Federal, si la coacción fuera

ejercida contra el Poder Judicial;

II.- En el caso de desobediencia al orden o decisión judicial, de

requisición del Supremo Tribunal Federal, del Superior Tribunal

de Justicia o del Tribunal Superior Electoral;

III.- De previsión, por el Supremo Tribunal Federal, de

representación del Procurador General de la República, en la

hipótesis del art. 34, VII;

IV.- De previsión por el Supremo Tribunal de Justicia, de

representación del Procurador General de la República, en el caso

de rechazo a la ejecución de ley federal.

1º   El decreto de intervención que especificará la amplitud, el

     plazo y las condiciones de ejecución y que, si corresponde,

     nombrará el interventor, será sometido a la apreciación del

     Congreso Nacional o de la Asamblea Legislativa del Estado,

     en el plazo de veinticuatro horas.

2º   Si no estuviera funcionando el Congreso Nacional o la

     Asamblea Legislativa, se hará convocatoria extraordinaria,

     en el mismo plazo de veinticuatro horas.

3º   En los casos del art. 34, VI y VII, o del art. 35, IV;

     dispensada la apreciación por el Congreso Nacional o por la

     Asamblea Legislativa, el decreto se limitará a suspender la

     ejecución del acto impugnado, si esa medida bastara para el

     establecimiento de la normalidad.

4º   Cesados los motivos de la intervención, las autoridades

     retiradas de sus cargos los reasumirán, salvo impedimento

     legal,

CAPITULO VII

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37.- La administración pública directa, indirecta o

fundacional, de cualquiera de los poderes de la Unión de los

Estados, del Distrito Federal y de los Municipios obedecerá a los

principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y,

también, a lo siguiente:

I.- Los cargos, empleos y funciones públicas son accesibles a los

brasileños que cumplan los requisitos establecidos en ley: 

II.- La investidura en cargo o empleo público depende de

aprobación previa en concurso público de pruebas o de pruebas y

títulos, reservadas a las nominaciones para el cargo en comisión

declarando en ley de libre nominación y exoneración;

III.- El plazo de validez del concurso público será de hasta dos

años prorrogables una vez, por igual período;

IV.- Durante el plazo improrrogable previsto en el aviso de

convocatoria, aquel aprobado en concurso público de pruebas o de

pruebas y títulos será convocado con prioridad sobre nuevos

concursantes para asumir cargo o empleo, en la carrera;

V.- Los cargos en comisión y las funciones de confianza serán

ejercidas, preferentemente, por servidores ocupantes de cargo de

carrera técnica o profesional, en los casos y condiciones

previstos en ley,

VI.- Es garantizado al servidor público civil el derecho a la

libre asociación sindical;

VII.- El derecho de huelga será ejercido en los términos y en los

límites definidos en ley complementaria;

VIII.- La ley reservará un porcentaje de los cargos y empleos

públicos para las personas portadoras de deficiencias y definirá

los criterios de su admisión;

IX.- La ley establecerá los casos de contratación por tiempo

determinado para atender la necesidad temporal de excepcional

interés público;

X.- La regulación general de la remuneración de los servidores

públicos, sin distinción de índices entre servidores públicos

civiles y militares se hará siempre en la misma fecha;

XI.- La ley fijará el límite máximo y la relación de valores

entre la mayor y la menor remuneración de los servidores

públicos, observados, como límites máximos y en el ámbito de los

respectivos poderes, los valores percibidos como remuneración, en

especie a cualquier título, por miembros del Congreso Nacional,

Ministros de Estado y Ministros del Supremo Tribunal Federal y

sus correspondientes en los Estados, en el Distrito Federal y en

los Territorios, y, en los Municipios, los valores percibidos

como remuneración, en especie, por el Prefecto;

XII.- Los vencimientos de los cargos del Poder Legislativo y del

Poder Judicial no podrán ser superiores a los pagos por el Poder

Ejecutivo;

XIII.- No es permitida la vinculación o equiparación de

vencimientos, para el efecto de remuneración de personal del

servicio público, reservando lo dispuesto en el inciso anterior y

en el art. 39,1º;

XIV.- Los acrecentamientos de dinero percibidos por el servidor

público no serán computados ni acumulados, para fines de

concesión de acrecentamientos ulteriores, sobre el mismo título o

idéntico fundamento;

XV.- Los vencimientos de los servidores públicos, civiles y

militares, son irreductibles y la remuneración observará lo que

disponen los arts. 37, XI, XII; 150, II; 153, III; y 153, 2º, I;

XVI.- No es permitida la acumulación remunerada de cargos

públicos, excepto, cuando hubiera compatibilidad de horarios:

a) La de dos cargos de Profesores; 

b) La de un cargo de Profesor con otro técnico o científico; 

c) La de dos cargos privativos de médico;

XVII.- La prohibición de acumulación se extiende a empleos y

funciones y se ciñe a autarquías, empresas públicas, sociedades

de economía mixta y fundaciones mantenidas por el Poder Público;

XVIII.- La administración financiera y sus servidores fiscales

tendrán dentro de sus áreas de competencia y jurisdicción,

precedente sobre los demás sectores administrativos; en la forma

de ley,

XIX.- Solamente por ley específica podrán ser creadas empresas

pública, sociedad de economía mixta, autarquía o fundación

pública;

XX.- Depende de autorización legislativa, en cada caso, la

creación de subsidiarias de las entidades mencionadas en el

inciso anterior, así como la participación de cualquiera de ellas

en empresa privada;

XXI.- Reservados los casos especificados en la legislación, las

obras, servicios, compras y alienaciones serán contratados

mediante proceso de licitación pública que asegure igualdad de

condiciones a todos los concurrentes, con cláusulas que

establezcan obligaciones de pago, mantenidas las condiciones

efectivas de la propuesta, en los términos de la ley, lo cual

solamente permitirá las exigencias de calificación técnica y

económica indispensables a la garantía del cumplimiento de las

obligaciones.

1º   La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y

     campañas de los órganos públicos deberán tener carácter

     educativo, informativo o de orientación social, en ella no

     podrán constar nombres, símbolos o imágenes que caractericen

     promoción personal de autoridades o servidores públicos.

2º   La no observancia de lo dispuesto en los incisos II y III

     implicará la nulidad del acto y la punición de la autoridad

     responsable, en los términos de la ley.

3º   Los reclamos relativos a la prestación de servicios públicos

     serán regulados en ley.

4º   Los actos de improbidad administrativa importarán la

     suspensión de los derechos políticos, la pérdida de la

     función pública, la disponibilidad de los bienes y la

     indemnización al erario, en la forma y desarrollo previstos

     en ley, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.

5º   La ley establecerá los plazos de prescripción para actos

     ilícitos practicados por cualquier agente, servidor o no,

     que causen perjuicios al erario, reservadas las respectivas

     acciones de indemnización.

6º   Las personas jurídicas de derecho público y las de derecho

     privado prestadoras de servicios públicos responderán por

     los daños que sus agentes, en esta calidad, causaran a

     terceros, asegurando el derecho de retorno contra el

     responsable en los casos de dolo o culpa.

Artículo 38.- Al servidor público en ejercicio de mandato

electivo aplícanse las siguientes disposiciones:

I.- Tratándose de mandato electivo federal, estatal o distrital,

quedará retirado de su cargo, empleo o función;

II.- Investido en el mandato del Prefecto, será retirado del

cargo, empleo o función, siéndole facultativo optar por su

remuneración;

III.- Investido en el mandato de Concejal, habiendo

compatibilidad de horarios, percibirá las ventajas de su cargo,

empleo o función sin perjuicio de remuneración del cargo

electivo, y, no habiendo compatibilidad, será aplicada la norma

del inciso anterior;

IV.- En cualquier caso que exija el retiro para el ejercicio del

mandato electivo, su tiempo de servicio será contado para todos

los efectos legales, excepto para promoción por méritos;

V.- Para efecto de beneficio previdencial, en el caso de retiro,

los valores serán determinados como si en el ejercicio estuviese.

SECCION II

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS CIVILES

Artículo 39.- La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los

Municipios instituirán, en el ámbito de su competencia, régimen

jurídico único y planes de carrera para los servidores de la

administración pública directa, de las autarquías y de las

fundaciones públicas.

lº   La ley asegurará, a los servidores de la administración

     directa, igualdad de vencimientos para cargos de

     atribuciones iguales o semejantes del mismo Poder o entre

     servidores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

     reservando las ventajas de carácter individual y la relativa

     al local de trabajo.

2º   Se aplica a estos servidores lo dispuesto en los art. 7; IV,

     Vl, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,

     XXII, XXIII y XXX. 

Artículo 40.- El servidor será jubilado:

I.- Por invalidez permanente, siendo lo beneficios integrales,

cuando resulten de accidente en servicio, molestia profesional o

dolencia grave, contagiosa o incurable, especificadas en ley y

proporcionales en los demás casos. 

II.- Compulsoriamente, a los setenta años de edad, con beneficios

proporcionales al tiempo de servicio; 

III.- Voluntariamente: 

a)   A los treintaicinco años de servicio, d es hombre, y a los

     treinta, si es mujer, con beneficios integrales;

b)   A los treinta años de efectivo ejercicio, en funciones de

     Magisterio, si es profesor, y veinticinco años si es

     profesora, con beneficios integrales;

c)   A los treinta años de servicio, si es hombre, y a los

     veinticinco, si es mujer con beneficios proporcionales a

     este tiempo;

d)   A los sesentaicinco años de edad, si es hombre y a los

     sesenta, si es mujer, con beneficios proporcionales al

     tiempo de servicio;

1º   La ley complementaria podrá establecer excepciones a lo

     dispuesto en el inciso III, "a" y "c", en el caso de

     ejercicio de actividades consideradas penosas, insalubres o

     peligrosas. 

2º   La ley dispondrá la jubilación en cargos o empleos

     temporales.

3º   El tiempo de servicio público Federal, Estatal o Municipal

     será computado integralmente para los efectos de jubilación

     y de disponibilidad.

4º   Los beneficios de la Jubilación serán previstos en la misma

     proporción y en la misma fecha, siempre que se modificara la

     remuneración de los servidores en actividad, siendo también

     extendidos a los inactivos cualquier beneficio o ventaja

     posteriormente concedidos a los servidores en actividad,

     inclusive cuando resultaren de la transformación o

     reclasificación del cargo o función en que se dio la

     jubilación, en la forma de la ley.

5º   El beneficio de la pensión por muerte corresponderá a la

     totalidad de los vencimientos del servidor fallecido, hasta

     el límite establecido en ley, observando lo dispuesto en d

     párrafo anterior.

Artículo 41.- Son estables, después de dos años de efectivo

ejercicio, los servidores nombrados en virtud de concurso

público.

lº   El servidor público estable, sólo perderá el cargo en virtud

     de sentencia judicial traída en juzgado o mediante proceso

     administrativo en que le sea asegurada amplia defensa.

2º   Invalidada por sentencia judicial la separación del servidor

     estable, será él reintegrado, y el eventual ocupante del

     espacio reconducido al cargo de origen, sin derecho a

     indemnización, aprovechado en otro cargo o puesto en

     disponibilidad.              

3º   Extinto el cargo o declarada su innecesidad, el servidor

     estable quedará en disponibilidad remunerada, hasta su

     adecuado aprovechamiento en otro campo.

SECCION III

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MILITARES

Artículo 42.- Son servidores militares federales los integrantes

de las Fuerzas Armadas y servidores militares de los Estados,

Territorios y Distrito Federal los integrantes de sus policías

militares y de sus cuerpos de bomberos militares.

1º   La patente, con prerrogativas, derechos y deberes a ella

     inherentes, son aseguradas en plenitud a los oficiales

     activos, de la reserva o reformados de las Fuerzas Armadas

     de los policías militares y de los cuerpos de bomberos

     militares de los Estados, de los Territorios y del Distrito

     Federal, siéndoles privativos los títulos, puestos y

     uniformes militares.

2º   Las patentes de los Oficiales de las Fuerzas Armadas son

     conferidas por el Presidente de la República, y de los

     Oficiales de los policías militares y el cuerpo de bomberos

     militares de los Estados, Territorios y del Distrito

     Federal, por los respectivos Gobernadores.

3º   El militar en actividad que acepta cargo público civil

     permanente será transferido para la reserva.

4º   El militar activo que acepte cargo, empleo o función pública

     temporal, no electiva, aunque de la administración

     indirecta, quedará agregado al respectivo cuadro y solamente

     podrá en cuanto permanezca en esta situación, ser promovido

     por antigüedad, contándosele el tiempo de servicio

     únicamente para aquella promoción y transferencia para la

     reserva, siendo después de dos años de retiro, contínuos o

     no, transferido para la inactividad.

5º   Al militar son prohibidas la sindicalización y la huelga.

6º   El militar, estando en efectivo servicio, no puede estar

     afiliado a partidos políticos.

7º   El Oficial de la Fuerzas Armadas sólo perderá el puesto y la

     patente si fuera juzgado indigno del oficialato o con él

     incompatible, por decisión del tribunal militar de carácter

     permanente, en tiempo de paz, o del tribunal especial, en

     tiempo de guerra.

8º   El Oficial condenado en la justicia común o militar a pena

     privativa de libertad superior a dos años, por sentencia

     transitada en juzgado, será sometido al juzgamiento previsto

     en el párrafo anterior.

9º   La ley dispondrá sobre los límites de edad, la estabilidad y

     otras condiciones de transferencias de servidor militar para

     la inactividad.

10º  Se aplica a los servidores la que se refiere a este

     artículo, y a sus pensionistas, lo dispuesto en el art. 40,

     4º y 5º

11º  Se aplica a los servidores la que se refiere este artículo

     lo dispuesto en los art. 7º, VIII, XII, XVII, XVIII y XIX.

SECCION IV

DE LAS REGIONES

Artículo 43.- Para efectos administrativos, la Unión podrá

articular su acción en un mismo complejo geoeconómico y social,

con miras a su desenvolvimiento y la reducción de las

desigualdades regionales.

1º   La ley complementaria dispondrá de:

     I.- Las condiciones para integración de regiones en

     desarrollo.

     II.- La composición de los organismos regionales que

     ejecutarán, en la forma de la ley, los planes regionales,

     integrantes de los planes nacionales de desarrollo económico

     y social, aprobados juntamente con éstos.

2º   Los incentivos regionales comprenden, además de otros, en la

     forma de la ley:

     I.- Igualdad de tarifas, fletes, seguros y otros, ítems de

     costos y precios de responsabilidad del Poder Público;

     II.- Beneficios establecidos para el financiamiento de

     actividades prioritarias;

     III.- Dispensas, reducciones o aplazamientos temporales de

     tributos federales adeudados por personas físicas o

     jurídicas;

     IV.- Prioridad para el aprovechamiento económico y social de

     los ríos y de las masas de agua represadas o represables en

     las regiones de baja renta, sujetas a sequías periódicas.

3º   En las áreas a que se refiere el 2º, IV, la Unión

     incentivará la recuperación de tierras áridas y cooperará

     con los pequeños y medios propietarios rurales para el

     establecimiento, en sus glebas, de fuentes de agua y de

     pequeña irrigación.

TITULO IV

DE LA ORGANIZACION DE LOS PODERES

CAPITULO I

DEL PODER LEGISLATIVO

SECCION I

DEL CONGRESO NACIONAL

Artículo 44.- El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso

Nacional, que se compone de la Cámara de los Diputados y del

Senado Federal.

Párrafo único.- Cada legislatura tendrá la duración de cuatro

años.

Artículo 45.- La Cámara de los Diputados se compone de

representantes del pueblo, electos, por el sistema proporcional,

en cada Estado, en cada Territorio y en el Distrito Federal.

1º   El número total de Diputados, bien como la representación

     por Estado y por el Distrito Federal, será establecido por

     ley complementaria, proporcionalmente a la población,

     procediéndose a los ajustes necesarios, en el año anterior a

     las elecciones, para que ninguna de aquellas unidades de la

     Federación tenga menos de ocho y mas de sesenta Diputados.

2º   Cada Territorio elegirá cuatro Diputados.

Artículo 46.- El Senado Federal se compone de representantes de

los Estados y del Distrito Federal, electos según el principio

mayoritario.

1º   Cada Estado y el Distrito Federal elegirán tres Senadores,

     con mandato de ocho años.

2º   La representación de cada Estado y del Distrito Federal será

     renovada de cuatro en cuatro años, alternadamente, por uno y

     dos tercios.

3º   Cada Senador será electo con dos suplentes.

Artículo 47.- Salvo disposición constitucional en contrario, las

deliberaciones de cada Casa y de sus Comisiones serán tomadas por

mayoría de los votos, presente la mayoría absoluta de sus

miembros.

SECCION II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Artículo 48.- Cabe al Congreso Nacional, con la sanción del

Presidente de la República, no exigida ésta para lo especificado

en los arts. 49, 51 y 52, disponer sobre todas las materias de

competencia de la Unión, especialmente sobre:

I.- Sistema Tributario, recaudación y distribución de rentas;

II.- Plan plurianual, directrices presupuestales, presupuesto

anual, operaciones de crédito, deuda pública y emisiones de curso

forzado;

III.- Fijación y modificación del efectivo de las Fuerzas

Armadas;

IV.- Planes y programas nacionales, regionales y sectoriales de

desarrollo;

V.- Límites del Territorio Nacional, espacio aéreo y marítimo y

bienes de dominio de la Unión;

VI.- Incorporación, subdivisión o desmembramiento de áreas de

territorios o Estado, atendidas las respectivas Asambleas

Legislativas;

VII.- Transferencia temporal de la sede del Gobierno Federal;

VIII.- Concesión de amnistía;

IX.- Organización administrativa, judicial, del Ministerio

Público y de la Defensa Pública de la Unión y de los Territorios

y organización judicial, del Ministerio Público y de la Defensa

Pública del Distrito Federal;

X.- Creación, transformación y extinción de cargos, empleos y

funciones públicas;

XI.- Creación, estructuración y atribuciones de los Ministerios y

órganos de administración pública;

XII.- Telecomunicaciones y radiodifusión;

XIII.- Materia financiera, cambiaria y monetaria, instituciones

financieras y sus operaciones;

XIV.- Moneda, sus límites de emisión, y el importe de la deuda

mobiliaria federal.

Artículo 49.- Es de la competencia exclusiva del Congreso

Nacional:

I.- Resolver definitivamente sobre tratados, acuerdos o actos

internacionales que comportan encargos o compromisos graves al

patrimonio nacional;

II.- Autorizar al Presidente de la República a declarar la

guerra, a celebrar la paz, a permitir que fuerzas extranjeras

transiten por el territorio nacional o en él permanezcan

temporalmente, reservados los casos previstos en ley

complementaria;

III.- Autorizar al Presidente y Vice-Presidente de la República a

ausentarse del país, cuando la ausencia excediera de quince días;

IV.- Aprobar el estado de defensa y la intervención Federal,

autorizar d estado de sitio, o suspender cualquiera de estas

medidas;

V.- Sustentar los actos normativos del Poder Ejecutivo que se

excedan del poder reglamentario o de los límites de la delegación

legislativa;

VI.- Mudar temporalmente su sede;

VII.- Fijar idéntica remuneración para los Diputados Federales y

los Senadores, en cada legislatura, para la subsiguiente,

observado lo que disponen los arts. 150, II; 153, III, y 153, 2º,

I;

VIII.- Fijar en cada ejercicio financiero b remuneración del

Presidente y del Vice-Presidente de la República y de los

Ministros de Estado, observando lo que disponen los arts. 150,

II; 153, III, y 153, 2º, I;

IX.- Juzgar anualmente las cuentas presentadas por el Presidente

de la República y apreciar las exposiciones sobre la ejecución de

los planes del gobierno;

X.- Fiscalizar y controlar, directamente, o por cualquiera de sus

Casas, los actos del Poder Ejecutivo, incluidos los de la

administración indirecta;

XI.- Velar por la preservación de su competencia legislativa

tomando en cuenta las atribuciones normativas de los otros

Poderes;

XII.- Apreciar los actos de concesión y renovación de concesión

de emisoras de radio y televisión;

XIII.- Escoger dos tercios de los miembros del Tribunal de

Cuentas de la Unión;

XIV.- Aprobar iniciativas del Poder Ejecutivo referentes a

actividades nucleares;

XV.- Autorizar referendos y convocar plebiscitos;

XVI.- Autorizar, en tierras indígenas, la exploración y el

aprovechamiento de recursos hídricos y la búsqueda y explotación

de riquezas minerales;

XVII.- Aprobar, previamente, la enajenación o concesión de

tierras públicas con área superior a dos mil quinientas

hectáreas.

Artículo 50.- La cámara de los Diputados o el Senado Federal,

bien como cualquiera de sus comisiones, podrán convocar a los

Ministros de Estado para prestar, personalmente, informaciones

sobre asuntos previamente determinados, siendo delito de

responsabilidad la ausencia sin justificación adecuada.

1º   Los Ministros de Estados podrán comparecer al Senado

     Federal, a la Cámara de Diputados o a cualquiera de sus

     comisiones, por su iniciativa y mediante entendimientos con

     la Mesa respectiva, para expresar asuntos de relevancia de

     sus Ministerios.

2º   Las Mesas de la Cámara de Diputados y del Senado General

     podrán dirigir pedidos escritos de información a los

     Ministros de Estado, siendo delito de responsabilidad la

     recusa, o la no atención en el plazo de treinta días, así

     como la prestación de informaciones falsas.

SECCION III

DE LA CAMARA DE LOS DIPUTADOS

Artículo 51.- Compete prioritariamente a la Cámara de Diputados:

I.- Autorizar, por dos tercios de sus miembros, la instauración

del proceso contra el Presidente y el Vice-Presidente de la

República y los Ministros de Estado;

II.- Proceder a la toma de cuentas del Presidente de la

República, cuando no son presentadas al Congreso Nacional dentro

de sesenta días después de abrir la sesión legislativa;

III.- Elaborar su reglamento interno;

IV.- Disponer sobre su organización, funcionamiento, policía,

creación, transformación o extinción de los cargos, empleos y

funciones de sus servicios y fijación de la respectiva

remuneración, observados los parámetros establecidos en la ley de

directrices presupuestales;

V.- Elegir a los miembros del Consejo de la República, en los

términos del art. 89, VII.

SECCION IV

DEL SENADO FEDERAL

Artículo 52.- Compete privativamente al Senado Federal:

I.- Procesar y juzgar al Presidente y al Vice-Presidente de la

República en los delitos de responsabilidad y a los Ministros de

Estado en los delitos de la misma naturaleza conexos con

aquellos;

II.- Procesar y juzgar los Ministerios del Supremo Tribunal

Federal, el Procurador General de la República y. d Abogado

General de la Unión en los delitos de responsabilidad;

III.- Aprobar previamente, por voto secreto, después de la

notificación pública, la elección de:

a)   Magistrados, en los casos establecidos en esta Constitución;

b)   Ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión indicados por

     el Presidente de la República;

c)   Gobernador del territorio; 

d)   Presidente y Directores del Banco Central; 

e)   Procurador General de la República; 

f)   Titulares de otros cargos que la ley determina;

IV.- Aprobar previamente, por voto secreto, después de la

notificación en sesión secreta, la elección de los jefes de

misión diplomática de carácter permanente;

V.- Autorizar operaciones externas de naturaleza financiera, de

interés de la Unión, de los Estados, el Distrito Federal, de los

Territorios y de los Municipios;

VI.- Fijar, por propuesta del Presidente de la República, limites

globales para el monto de la deuda consolidada de la Unión, de

los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;

VII.- Disponer sobre límites globales y condiciones para las

operaciones de crédito externo e interno de la Unión, de los

Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus

autarquías y demás entidades controladas por el Poder Público

Federal;

VIII.- Disponer sobre límites para la concesión de garantía de la

Unión en operaciones de crédito externo e interno;

IX.- Establecer límites globales y condiciones para el monto de

la deuda mobiliaria de los Estados, del Distrito Federal y de los

Municipios;

X.- Suspender la ejecución, en todo o en parte, de ley declarada

inconstitucional por decisión definitiva del Supremo Tribunal

Federal;

XI.- Aprobar, por mayoría absoluta y por voto secreto, la

exoneración, de oficio, del Procurador General de la República

antes del término de su mandato; 

XII.- Elaborar su régimen interno;

XIII.- Disponer sobre su organización, funcionamiento, policía,

creación, transformación o extinción de los cargos, empleos y

funciones de sus servicios y fijación de la respectiva

remuneración, observados los parámetros establecidos en la ley de

directrices presupuestarias; 

XIV.- Elegir miembros del Consejo de la República, en los

términos del art. 89, VII.

Párrafo único.- En los casos previstos en los incisos I y II,

funcionará como Presidente el del Supremo Tribunal Federal,

limitándose a la condenación, que sólo será pronunciada por dos

tercios de los votos del Senado Federal, a la pérdida del cargo,

con inhabilitación, por ocho años, para el ejercicio de función

pública, sin perjuicio de las demás sanciones judiciales que

correspondan.

SECCION V

DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES

Artículo 53.- Los Diputados y Senadores son inviolables por sus

opiniones, palabras y voto.

1º   Desde la expedición del diploma, los miembros del Congreso

     Nacional no podrán ser presos, salvo en flagrante delito

     inafianzable, ni procesados penalmente, sin previa licencia

     de su Cámara.

2º   La desatención del pedido de licencias o la ausencia de

     deliberación suspende la prescripción en cuanto dure el

     mandato.

3º   En el caso de flagrante delito inafianzable, los autos serán

     remitidos, dentro de veinticuatro horas, a la Casa

     respectiva, para que, por el voto secreto de la mayoría de

     sus miembros, resuelva sobre la prisión y autorice, o no, la

     formación de culpa.

4º   Los Diputados y Senadores serán sometidos a juicio delante

     el Supremo Tribunal Federal.

5º   Los Diputados y Senadores no serán obligados a testimoniar

     sobre informaciones recibidas o prestadas en razón del

     ejercicio del mandato, ni sobre las personas que les

     confiaran o de ellos recibieran informaciones.

6º   La incorporación a las Fuerzas Armadas de Diputados y

     Senadores, aunque sean militares en tiempo de guerra,

     dependerá de previa autorización de la Casa respectiva.

7º   Las inmunidades de Diputados y Senadores subsistirán durante

     el estado de sitio, sólo pudiendo ser suspendidas mediante

     el voto de dos tercios de los miembros de la Casa

     respectiva, en los casos de actos, practicados fuera del

     recinto del Congreso, que sean incompatibles con la

     ejecución de la medida.

Artículo 54.- Los Diputados y Senadores no podrán:

I.- Desde la expedición del diploma:

a)   Firmar o mantener contrato con personas jurídicas de derecho

     público, autónoma, empresa pública, sociedad de economía

     mixta o empresa concesionaria de servicio público, salvo

     cuando el contrato obedeciera a cláusulas uniformes;

b)   Aceptar o ejercer cargo, función o empleo remunerado,

     inclusive los que sean dimisibles "ad nutum", en las

     entidades a que se refiere el literal anterior;

II.- Desde la posesión:

a)   Ser propietarios, controladores o directores de empresas que

     gocen del favor resultante del contrato con persona jurídica

     de derecho público, o en ella ejercer función remunerada;

b)   Ocupar cargo o función de que sean dimisibles "ad nutum" en

     las entidades referidos en el inciso I "a";

c)   Patrocinar causa en que sea interesada cualquiera de las

     entidades a la que se refiere el inciso 1, "a".

d)   Ser titulares de más de un cargo o mandato público electivo.

Artículo 55.- Perderá el mandato el Diputado o Senador:

I.- Que infringiera cualquiera de las prohibiciones establecidas

en el artículo anterior;

II.- Cuya conducta fuera declarada incompatible con el decoro

parlamentario;

III.- Que dejara de asistir, en cada sesión legislativa, a la

tercera parte de las sesiones ordinarias de la Casa a que

perteneciera, salvo licencia a misión por esta autorizada;

IV.- Que perdiera o tuviera suspendidos los derechos políticos;

V.- Cuando lo decretara la justicia electoral, en los casos

previstos en esta Constitución;

VI.- Que sufriera condena penal en sentencia transitada en

juzgado.

1º   Es incompatible con el decoro parlamentario, además de los

     casos definidos en el reglamento interno, en abuso de las

     prerrogativas aseguradas al miembro del Congreso Nacional o

     la percepción de ventajas indebidas.

2º   En los caos de los incisos 1, 2 y 6, la  pérdida del mandato

     será decidida por la Cámara de los Diputados o por el Senado

     Federal, por voto secreto y mayoría absoluta, mediante

     propuesta de la respectiva Mesa o del partido político

     representado por el Congreso Nacional, asegurándose la

     amplia defensa.

3º   En los caos previstos en los incisos III y V, la pérdida

     será declarada por la Mesa de la Casa respectiva, de oficio

     mediante provocación de cualquiera de sus miembros o del

     partido político representado en el Congreso Nacional,

     asegurándose la amplia defensa.

Artículo 56.- No perderá el mandato el Diputado o Senador:

I.- Investido en el cargo de Ministro de Estado, Gobernador de

Territorio, Secretario de Estado, del Distrito Federal, de

Territorio, de Prefectura de Capital o jefe de misión diplomática

temporal;

II.- Licenciado por la respectiva Casa por motivo de dolencia, o

para tratar, sin remuneración, asuntos de interés particular,

siempre que, en este caso, el retiro no sobrepase ciento veinte

días por sesión legislativa.

1º   El suplente será convocado en los casos de vacancia, de

     establecimiento en funciones previstas en este artículo o de

     licencia superior a ciento veinte días.

2º   Ocurriendo vacancia y no habiendo suplente, se hará elección

     para llenarla, si faltaran más de quince meses para el

     término del mandato.

3º   En la hipótesis del inciso 1, el Diputado o Senador podrá

     optar por la remuneración del mandato.

SECCION VI

DE LAS REUNIONES

Artículo 57.- El Congreso Nacional se reunirá, anualmente, en la

Capital Federal, del 15 de Febrero al 30 de Junio y del 01 de

agosto al 15 de diciembre.

1º   Las reuniones señaladas para esas fechas serán transferidas

     para el primer día útil subsiguiente, cuando recayeran en

     sábados, domingos o feriados.

2º   La sesión legislativa no será interrumpida sin la aprobación

     del proyecto de ley de directrices presupuestales.

3º   Además de otros casos previstos en esta Constitución, la

     Cámara de los Diputados y el Senado Federal se reunirán en

     sesión conjunta para:

     I.- Inaugurar la sesión legislativa;

     II.- Elaborar el reglamento común y regular la creación de

     servicios comunes a las dos Casas;

     III.- Recibir el compromiso del Presidente y del

     Vice-Presidente de la República;

     IV.- Conocer del veto y sobre él deliberar.

4º   Cada una de las Casas se reunirá en sesiones preparatorias,

     a partir del 01 de Febrero , en el primer año de la

     legislatura, para la posesión de sus miembros y elección de

     la respectivas Mesas, para mandato de dos años, vedada la

     reconducción para el mismo cargo en la elección

     inmediatamente subsiguiente.

5º   La Mesa del Congreso Nacional será presidida por el

     Presidente del Senado FederaL y los demás cargos serán

     ejercidos, alternadamente, por los ocupantes de cargos

     equivalentes en la Cámara de los Diputados y en el Senado

     Federal.

6º   La convocatoria extraordinaria del Congreso Nacional se

     hará:

     I.- Por el Presidente del Senado FederaL en caso de Decreto

     del estado de defensa, o de intervención federal, del pedido