A C U E R D O

 

          En la ciudad de La Plata, a seis de junio de dos mil uno, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doc­tores Salas, Hitters, de Lázzari, Pisano, Negri, San Martín, Ghione, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 77.503, "Cardelli, Hugo contra Ente Administrador del Astillero Río Santiago. Accidente de trabajo".

 

A N T E C E D E N T E S

 

          El Tribunal del Trabajo nº 4 de La Plata se declaró competente para conocer en estas actuaciones promovidas por Hugo Cardelli contra Ente Administrador del Astillero Río Santiago en concepto de indemnización de daños y perjuicios y daño moral con sustento en el derecho civil. Sin costas.

 

          La parte demandada dedujo recurso extraordi­nario de inaplicabilidad de ley.

 

          Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

 

C U E S T I O N

 

          ¿Es fundado el recurso extraordinario de ina­plicabilidad de ley?

 

V O T A C I O N

 

          A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Salas dijo:

 

          I. El tribunal del trabajo que intervino en este juicio declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 39 y 46 de la ley 24.557.

 

          II. En primer orden debo señalar que a excep­ción del art. 39 de la ley citada, considero inoficiosa la declaración de inconstitucionalidad de los restantes preceptos de la Ley de Riesgos del Trabajo, porque ca­recen de incidencia para resolver el caso dado.

 

          Tiene dicho esta Corte desde antigua data, en criterio mantenido en sus distintas integraciones (ver L. 26.877, sent. del 11-IX-1979, "Acuerdos y Senten­cias": 1979-III, pág. 155), que el resarcimiento deri­vado de la aplicación del art. 1109, siguientes y con­cordantes del Código Civil involucra el quebrantamiento de un deber mucho más amplio, anterior y distinto al nacido de una relación convencional, y que la mera cir­cunstancia de que también haya mediado una relación contractual entre alguna de las partes del juicio, no inhibe a esta conclusión, ya que entre personas conven­cionalmente relacionadas pueden acontecer sucesos ex­traños al contrato que, aunque ocurran en ocasión o du­rante el despliegue de las consecuencias del vínculo quedan marginadas del mismo y de las eventuales vicisi­tudes de un incumplimiento contractual. Para tener ac­ceso a tal pretensión el damnificado debe necesaria­mente demostrar la actitud de culpa u omisión culposa del principal o, en su caso, el riesgo o vicio de la cosa propiedad o bajo la guarda de aquél, y la relación de causalidad de tales antecedentes con el daño su­frido, generándose de tal modo responsabilidad de natu­raleza extracontractual (conf. causas L. 33.624, sent. del 2-IV-1985; L. 36.257, sent. del 29-III-1988; L. 40.000, sent. del 27-XII-1988; L. 33.292, sent. del 19-VI-1984).

 

          Esta doctrina no ofreció reparos durante la vigencia de los regímenes especiales desde la ley 9688 en adelante sobre accidentes de trabajo anteriores a la sanción de la ley 24.557, toda vez que precisamente se contemplaba en los mismos el ejercicio de la opción por parte de los trabajadores para obtener la reparación integral por la acción ci­vil, debiendo en tales casos someterse a los criterios, principios y características del derecho común, con abstracción de los más favorables contenidos en los sistemas especiales que, como contrapartida, preveían una reparación tarifada (conf. causas L. 44.506, sent. del 18-IX-1990; L. 39.018, sent. del 5-VII-1988).

 

          Lo que cabe analizar ahora es si la disposi­ción contenida en el art. 39 de la ley 24.557 puede, sin incurrir en conculcación de derechos amparados constitucionalmente, impedir a los trabajadores y sus derechohabientes el acceso a la vía civil.

 

          En mi opinión, la respuesta es negativa desde que efectivamente dispone el precepto citado que "las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a los trabajadores y sus derechohabientes, con la sola excepción de la deri­vada del art. 1072 del Código Civil" en cuyo caso "tam­bién podrán reclamar la reparación de los daños y per­juicios de acuerdo con las normas del Código Civil".

 

          Considero en primer lugar que la limitación al acceso a la vía civil tanto para el trabajador como para sus derechohabientes en aquellos casos que no es­tán previstos como excepción, esto es, los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva no provenientes de dolo, deriva en un distingo inaceptable entre aquéllos y cualquier otro habitante de la Nación respecto de los terceros que lo dañan y perjudican.

 

          La atribución de responsabilidad civil gené­rica que puede ser invocada por cualquier persona que sufra un perjuicio patrimonial, no debe serle negada al trabajador ni a sus derechohabientes, pues ello establece una írrita distinción frente a los igua­les en igualdad de circunstancias (art. 16, Constitución nacional), infringiendo además el derecho de pro­piedad y de libre acceso a la justicia (arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y 15 de la Consti­tución provincial), así como los distintos tratados con rango constitucional a partir de su incorporación por parte del inciso 22 del art. 75 de la Constitución nacio­nal.

 

          La circunstancia de mediar un vínculo con­tractual entre el responsable y la víctima del daño no constituye un elemento que habilite la consagración de una desigualdad de tal naturaleza y reparación frente a otra víctima o un tercero productor del daño. Máxime porque la diferencia de trato, en tal caso, no debe ser arbitraria y cabe calificar de dicho modo la que sólo reconoce como origen la previsibilidad de los costos del sistema y desatiende los fundamentos de la real y efectiva responsabilidad en la producción y consecuente reparación del daño, con respecto al principio consti­tucional del alterum non laedere (art. 19, Constitu­ción nacional).

 

          La garantía de igualdad ante la ley que con­sagra los arts. 11 de la Constitución provincial y 16 de la Carta Magna nacional, no supone una igualdad aritmé­tica o absoluta, sino la igualdad de tratamiento frente a iguales situaciones o circunstancias. Y una particu­lar distinción respecto de los trabajadores en espe­cial, debiera ser en todo caso, en favor de aquéllos a fin de responder asimismo a la garantía de carácter protectorio que tiene el derecho del trabajo sobre la base de lo dispuesto en el art. 14 bis de la Constitu­ción nacional. En modo alguno, entonces, puede acep­tarse en nuestro régimen constitucional y legal -como se cristaliza en la norma en análisis-, que se disminu­yan en su perjuicio sus derechos con relación a los que gozan en igualdad de condiciones el resto de los habi­tantes del país (conf. causas I. 1541, 29-XII-1998; I. 1517, 27-VI-1995; I. 1248, 15-V-1990).

 

          La igualdad exige el mismo tratamiento a quienes se encuentran en idénticas circunstancias, de manera que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se les concede a otros en igualdad de condiciones.

 

          La señalada discriminación en que incurre el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo en desmedro de los derechos del trabajador respecto de los demás habi­tantes del país, se consuma incluso respecto a los em­pleadores no asegurados que sólo responderán ante el dependiente dañado por eventuales incumplimientos en materia de seguridad e higiene y aún cuando deriven de culpa o negligencia, por las prestaciones contenidas en la ley (art. 28 ap. 1, ley 24.557). Todo lo expuesto desvirtúa las alegaciones en orden a la justificación de tal distinción, con sustento en la eventual garanti­zación de las prestaciones contenidas en la ley, así como a la inmediatez de su percepción.

 

          Los argumentos que puedan desarrollarse en abstracto para pretender sustentar la señalada distin­ción y dirigidos todos a la previsibilidad económica que tuvo como finalidad el sistema cerrado y excluyente creado por la ley, no constituyen fundamento adecuado de tal discriminación, frente a otras normas de supe­rior nivel jerárquico, como son las de las Constitucio­nes nacional y provincial antes citadas.

 

          Ello así no porque el derecho laboral deba necesariamente abrevar en el derecho civil como paráme­tro óptimo o excluyente de reparación del daño o en re­ferencia a la constitucionalidad del establecimiento de un determinado tope en función de las particularidades del sistema, sino porque es inaudito privar de repara­ción a los trabajadores que hubieren sufrido un daño derivado del riesgo o vicio de las cosas o de culpa o negligencia de quien, encua­drando en las disposiciones de la normativa genérica que impone el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por responsabilidad extracontractual, queda eximido de la misma por el he­cho de ser el empleador de la víctima.

 

          Tampoco es argumento válido en tal sentido la atribución legislativa en orden a la fijación de la po­lítica más conveniente a los intereses de la comunidad global por encima de alguno o algunos de los sectores involucrados. Porque en tal caso la política implemen­tada no puede ser irrazonable ni alterar o suprimir los principios, derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional (art. 28, Constitución nacional). Y si bien la implementación de políticas orientadas a lograr determinados resultados económicos o sociales, constituye una atribución legislativa, es en cambio fa­cultad del Poder Judicial el control de su validez constitucional que no incluye el examen de la necesi­dad, conveniencia o eficacia de su implementación o el acierto del legislador en el ámbito de sus atribucio­nes, sino que se enmarca, como en el caso, en el es­tricto examen del contenido de las previsiones estable­cidas en la norma.

 

          Basta con señalar asimismo respecto a la ra­zonabilidad examinada que en el sistema de la ley el incumplimiento del empleador con el plan de mejora­miento instrumentado para la prevención de los riesgos del trabajo, trae como consecuencia una sanción pecu­niaria en favor del fondo de garantía previsto por la ley (art. 5 ap. 1, ley 24.557), pero no genera ningún tipo de responsabilidad adicional en beneficio del tra­bajador, eventual víctima del daño producido como con­secuencia de dicho incumplimiento.

 

          El régimen cerrado y excluyente diseñado en la ley 24.557, para cumplir objetivos propuestos, de­viene además de inconstitucional en injusto, cuando esa previsibilidad económica se obtiene a costa de aniqui­lar lo que por derecho corresponde a los trabajadores y se reconoce legal y constitucionalmente al resto de los habitantes del país en igualdad de circunstancias, ha­ciendo pesar sobre su persona y su patrimonio socavado con eventuales incapacidades laborativas la previsibi­lidad y hermeticidad de los costos.

 

          De manera tal que si bien como se ha visto, la falta de equivalencia matemática con el sistema im­plementado por la Ley de Riesgos del Trabajo no es por sí sola demostrativa de discriminación, la limitación que establece el art. 39 de la ley 24.557 no se cir­cunscribe a una ecuación de tal naturaleza sino lisa y llanamente a la cancelación del derecho de los damnifi­cados a la reparación del daño así como a su integrali­dad aún en supuestos de responsabilidad extracontrac­tual por comportamientos ilícitos de su empleador, re­sultando en consecuencia indisimulable la conculcación de las garantías constitucionales antes mencionadas.

 

          Cabe concluir entonces que la limitación im­puesta por el art. 39 de la ley 24.557 incurre en fla­grante violación de expresas normas constitucionales como la basada en el principio de igualdad ante la ley, de propiedad y libre acceso a la justicia y consagra­das específicamente a través de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y pactos incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y art. 15 de la Constitución provincial.

 

          Cabe entonces además aclarar finalmente que no puede sustraerse al trabajador de acudir a la apli­cación de las normas generales sobre responsabilidad por daño e indemnización plena del que se ha sufrido (confr. Bidart Campos, Germán J. en "La Ley" del 15-IX-2000) y que para que ello suceda no deviene in­dispensable postergar la declaración de inconstitucio­nalidad de la mencionada norma a la etapa final al dic­tarse sentencia siempre que se respete el derecho de defensa en juicio -como sucede en el caso-, desde que no es necesario determinar previamente cuáles presta­ciones indemnizatorias -la de la ley civil o la de la ley especial- resultan en definitiva más satisfactorias al trabajador siendo que ambos regímenes son distintos en cuanto a las obligaciones procesales que se le impo­nen al interesado para reclamar por la vía civil -aun­que con el objeto de obtener una reparación integral- que las que son de aplicación en materia de la ley espe­cial y por cuya razón contempla un sistema resarcitorio tarifado. Es obvio que el ejercicio por parte del tra­bajador del derecho a obtener una reparación integral por la acción civil le impone someterse a los crite­rios, principios y caracteres del derecho común, no siendo de aplicación los más favorables contenidos en los regímenes legales especiales, que como contrapar­tida, tienen previsto una reparación tarifada.

 

          Y por lo demás, cabe asimismo señalar que, contrariamente a lo afirmado por el apelante en su queja, esta Suprema Corte tiene decidido que la demanda de indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, formulada con sustento en las normas del derecho civil (arts. 1113 y 1109, Código Civil) es de competencia de la justicia laboral, no siendo obstáculo para ello el dictado de la ley 24.557 desde que no ha modificado tal competencia (conf. causa Ac. 68.662, res. del 30-IX-1997, "Alcaraz"). Por consi­guiente es inobjetable la decisión del sentenciante en cuanto al reconocimiento de su propia competencia para entender en estas actuaciones.

 

          III. Por lo dicho, el recurso debe recha­zarse; con costas por su orden atento la forma en que se resuelve el recurso y a las dificultades interpretativas generadas por la ley 24.557 (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

 

          Voto por la negativa.

 

          A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

 

          A. PRELIMINAR TELESIS DE LA LEY 24.557.

 

          1. Tal cual surge del Mensaje de elevación del Poder Ejecutivo del proyecto de ley, que luego recibió sanción legislativa, se propició la reforma del sistema vigente instituido por la ley 24.028, de conformidad con lo pactado en el punto 9 del Acuerdo Marco Para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social suscripto el 25-VII-1994 entre los actores sociales y el Poder Ejecutivo.

 

          Los principales objetivos de la nueva legislación según el Poder Ejecutivo, son: a) reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos del trabajo; b) reparar los daños derivados de accidentes del trabajo y de enfermedades laborales incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; c) incentivar la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados y d) promover la negociación colectiva para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

 

          Según sus lineamientos generales, la Ley de Riesgos del Trabajo se inserta como un subsistema de la seguridad social que se integra con otros institutos como la legislación de higiene y seguridad en el trabajo y el modelo de jubilaciones y pensiones, con el objeto de proveer al trabajador una amplia protección frente a los riesgos del trabajo. Constituye un sistema de prevención y reparación específico de los riesgos originados en la actividad. En el diseño de sus instrumentos tutelares se toman como claves de bóveda las necesidades que enfrenta el damnificado, desechando criterios generales propios de la normativa civil y se introduce un conjunto de prestaciones adaptadas a la problemática laboral.

 

          Asimismo se ha procurado con la creación de un novedoso esquema para la determinación y revisión del tipo y grado de incapacidad del obrero, -comisiones médicas-, reducir los costos administrativos y judiciales, mejorar la calidad técnica de los dictámenes, estandarizar criterios para todo el ámbito de la seguridad social, agilizar la gestión que es una cuestión clave a los efectos de la automaticidad y liberar a la justicia de una tarea burocrática que obstaculiza su función y desjerarquiza su rol (sic).

 

          Con arreglo al acuerdo señalado anteriormente, esta normativa se organiza en función de una gestión descentralizada. Se crean las aseguradoras de riesgos del trabajo, entidades de derecho privado con o sin fines de lucro, cuya télesis exclusiva es proveer las prestaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo a cambio de percibir de sus afiliados una cuota. Como organismo de control se le da vida a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que con la colaboración de la Superintendencia de Seguros de la Nación fiscalizan el funcionamiento general del sistema.

 

          Como instrumento de tutela de los créditos de los damnificados se puso en marcha un Fondo de Garantía y un Fondo de Reserva con supervisión y control de la S.R.T. y de esta manera se garantiza la efectiva cobertura.

 

          Asimismo se creó el Comité Consultivo Permanente integrado por representantes del gobierno y de los actores sociales (sic), con funciones consultivas en las materias medulares de la Ley de Riesgos del Trabajo.

 

          Siempre según el Mensaje al que me estoy refiriendo, estamos en presencia de un sistema reparatorio que pretende enancarse dentro del ámbito de la seguridad social, en tanto la ley mencionada, no regula únicamente el modo en que habrán de resarcirse los accidentes del trabajo, sino que potencia todo un sistema de relaciones cerrado y complejo que involucra la intervención de las comisiones médicas, de una Comisión Médica Central y de la justicia federal, en principio como instancia revisora. Se han pergeñado normas sustanciales y también adjetivas en un sólido bloque que resulta inescindible.

 

          El cuerpo legal bajo análisis deroga a partir de su vigencia plena a la ley 24.028, y en definitiva implanta un nuevo modelo de responsabilidad individual de los empleadores a quienes se le impone contratar un seguro de carácter obligatorio, y cumplir con otros requisitos.

 

          Desaparece de este modo el carril de opción que desde 1915 tenía operatividad en el país a través del famoso art. 17 de la ley 9688, que con variantes fue sostenido por las normas sucesivas que contornearon el instituto de marras, incluyendo -con ciertas particularidades- la ley 24.028, anterior a la actualmente vigente. Este cambio de tornas -y otros que luego abordaré- ha generado una serie de ataques a la constitucionalidad del nuevo cuerpo legal, y estos embates han sido apoyados por gran parte de los doctrinantes (ver Jornadas de Análisis y Debate sobre Accidentes de Trabajo, efectuadas en la Capital Federal, los días 29 y 30 de marzo de 1996, patrocinada por el Colegio de Abogados Laboralistas) y también por numerosos pronunciamientos judiciales, a tal punto que algunos legisladores han elaborado Proyectos para modificar esta ley a fin de asegurar la supervivencia del modelo.

 

          En suma es dable acotar que el cuerpo legal sub examine se erige -tal cual ya lo expresé- como un sistema de prevención y reparación de los riesgos de trabajo y tiene como punto de mira -según surge de las discusiones parlamentarias y del Mensaje de elevación de la ley (ver Antecedentes Parlamentarios, "La Ley", t. 1996, págs. 373 y siguientes, y en especial, 500 y 556)- reducir los costos administrativos y judiciales, agilizar el cobro de las indemnizaciones, y estandarizar los criterios para todo el ámbito de la seguridad social -que en verdad sólo se logra a cabalidad a través de la casación que lleva a cabo la Corte nacional, aún tratándose de fallos provenientes de jueces provinciales- y liberar a la justicia de la función burocrática de determinar el quantum de la indemnización (véase Ackerman, Mario E., La Ley sobre riesgos del trabajo y la responsabilidad civil del empleador en D.T., 1996-A, p. 655 y ss.).

 

          Lo que en realidad se ha buscado -entre otras cosas- es dejar sin efecto la tan temida opción por la legislación civil que según se ha dicho en diversas publicaciones encarece el costo empresarial perjudicando indirectamente al trabajador.

 

          Todas estas finalidades podrán discutirse, o no, tanto desde la perspectiva de la técnica legislativa como de las ventajas o inconvenientes que le pueden originar al sistema, mas ello escapa al control judicial de constitucionalidad, que sólo debe ocuparse de determinar si las normas analizadas encajan en el esquema de la Carta Magna nacional.

 

          B. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 24.557.

 

          a) Introducción.

 

          2. Si bien es cierto que en principio todos los actos y normas están sujetos a la revisión judicial de superlegalidad, hay materias que por excepción quedan marginadas de este tipo de inspección. Son las llamadas political questions, que gracias a la tenacidad de la doctrina y al empeño de los jueces cada vez son menos las parcelas que permanecen fuera de la revisión judicial (C.S.N., "Juzgado de Instrucción de Goya..." del 21-IV-1992. Idem, "Balaguer" del 31-III-1993, etc.), pues cuando aparecen temas que escapan a este tipo de inspección, fracasa en parte el postulado de supremacía de la Carta Suprema (mi voto, causa I. 1583, sent. del 8-VII-1997).

 

          Empero hay casos en los que se ha admitido que algunos actos no son "revisables", por ejemplo en etapas de emergencia revolucionaria se ha sostenido que ciertas actas o estatutos ad hoc estaban por encima de la Carta Suprema, o que ésta era válida en cuanto no se oponía a ellos; o cuando en épocas de guerra el más Alto Tribunal de la Nación había dicho que el derecho internacional prevalecía sobre la Constitución, o que los poderes de guerra del presidente de la Nación son anteriores, y superiores a la propia Carta Fundamental; también, con referencia a ciertos actos del Poder Ejecutivo donde campea el principio de discrecionalidad, o de determinadas actividades del Poder Legislativo, por ejemplo las que tienen que ver con el trámite de creación y sanción de las leyes.

 

          En este aspecto, por mucho tiempo se señaló que las resoluciones de los tribunales de enjuiciamiento no eran judiciables, sin embargo la propia Corte de la Nación en los casos "Graffigna Latino" del año 1986; "Juzgado de Instrucción de Goya" -fallado en el año 1992-; "Nicosia"   -resuelto en el año 1993-, entre otros, se hizo cargo a través del recurso extraordinario, del control de constitucionalidad de estos pronunciamientos, llegando a la conclusión que las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados son cuestiones "judiciables", hayan tramitado en la esfera provincial o nacional, y por ende revisables por los cuerpos jurisdiccionales (C.S.N., in re, "Nellar" del 30-IV-1996, véase Bidart Campos, "La revisión judicial de las decisiones destitutorias de enjuiciamiento de magistrados", La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 7-X-1996, p. 13).

 

          Compartiendo la postura de Bidart Campos, considero que -en principio- todos los actos y normas están sujetos al control judicial de constitucionalidad, y que estas pautas no violan el principio de división de los poderes (Bidart Campos, Germán, "El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa", Ediar, p. 428/37).

 

          Ello es así porque en Argentina la declaración de inconstitucionalidad no tiene efecto derogatorio; y segundo porque la división de los poderes presupone el reparto de competencia otorgado justamente por la Carta Fundamental, y quien cumpla esos postulados no produce ninguna violación. Claro está que si se utilizan mal las competencias, es el poder judicial el encargado de restablecer el orden a través del control de constitucionalidad, por ser el intérprete final y genuino de la Carta Magna. Estamos en el campo de la hermenéutica constitucional.

 

          A fin de evitar la ruptura del equilibrio de poderes que he llamado "ecológico", es necesario que el judicial tenga amplios controles de constitucionalidad, para que como dice Mauro Cappelletti, los órganos jurisdiccionales aparezcan como la barrera de contención contra el sobredimensionamiento de los cuerpos ejecutivos y deliberativos ("Justicia constitucional supranacional", traducción de Luis Dorantes Tamayo, en Revista de la Facultad de Derecho de México, mayo-agosto 1978, t. XVIII, n° 110, págs. 12-13).

 

          Esto no significa caer en la tiranía de los jueces, pues si bien tal hipótesis es factible, en la práctica ello no ha sucedido porque la sociedad ha encontrado antídotos para evitar estos males, habida cuenta que son los propios judicantes los que deben poner los límites a su contralor: self restraint, para mantener ese equilibrio "ecológico" de funciones donde es preciso que campee enhiesto el principio de check and balance.

 

          Por supuesto que en el caso aquí juzgado no se da esta circunstancia de excepción que limita la potestad de los judicantes pues el tema es justiciable.

 

          En tal orden de ideas vale la pena repetir que el requisito de razonabilidad es el límite al que se halla sometido para su validez constitucional todo el ejercicio de la potestad pública, incluyendo la de legislar (mi voto, causa I. 2009, sent del 7-X-1997).

 

          Como resulta por demás sabido este control de constitucionalidad debe ejercitarse con suma prudencia, para no afectar el principio republicano de división de los poderes, por lo que le resulta vedado a los jueces expedirse sobre la conveniencia o acierto de las leyes (Bidart Campos, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", t. I, p. 99, Ediar, 1986; Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, t. II, p. 234/35, especialmente nota 120). De ahí entonces que la declaración de inconstitucionalidad se erige como la última ratio, y sólo debe llevarse a cabo, en casos extremos.

 

          b) Inconstitucionalidad del art. 46.

 

          3. Sentado lo que antecede paso a analizar el acomodamiento del art. 46 de la ley 24.557 (conf. arts. 2 y 23), a la Carta Suprema del país.

 

          Dicho precepto dispone en su primer párrafo que las resoluciones de las Comisiones Médicas provinciales son recurribles y se deben sustanciar ante el Juez Federal con competencia en cada provincia, o ante la Comisión Médica Central, a opción del trabajador. A su vez el pronunciamiento que allí surja es atacable ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Se trata de un diseño impugnativo llamado de doble vía (double track).

 

          Lo que en realidad la norma apuntada pretende es posibilitar el ejercicio de un entronque jurisdiccional contra las resoluciones de cuerpos de esencia administrativa, lo que parece muy saludable, e imprescindible como lo dijo desde antiguo la Corte Suprema de la Nación (in re, "Recurso de hecho deducido por Poggio, Marta del Campo... c/ Poggio...", sent. del 19-IX-1960).

 

          Se busca en paralelo concentrar las decisiones finales en un órgano jurisdiccional -la Cámara de Seguridad Social- para lograr una unidad de interpretación (véase Vázquez Vialard, El avance del poder federal sobre las provincias..., T. y S.S., 1996, p. 513).

 

          Esas buenas intenciones han tirado por la borda  -a mi modo de ver- la estructura jurisdiccional de la Nación en su relación con las provincias (art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional), federalizando cuestiones que no son de esa índole. En síntesis la ley de cita ha implementado una nueva organización foral, que desacomoda algunos aspectos constitucionales, como trataré de demostrar.

 

          El cuerpo legal bajo análisis no puede endilgarle competencia federal a estos temas que deben ser resueltos por la justicia provincial, ya que estamos en presencia de conflictos atinentes a la indemnización de infortunios laborales, regidos por el derecho común, planteados entre dos personas generalmente de derecho privado, no tratándose de ninguno de los supuestos en los que el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional le impone ese tipo de competencia.

 

          Aunque por vía de hipótesis conviniéramos -lo que es discutible- que esta temática corresponda al ámbito de la seguridad social y considerando que la norma supralegal aludida le manda al Congreso nacional dictar los códigos... de trabajo y de seguridad social, no olvidemos que el precepto añade ..."sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales...".

 

          De esto puede fácilmente colegirse, que regular las cuestiones iluminadas por el derecho de fondo es sin hesitación atribuible al Parlamento nacional, mas el trámite para la puesta en marcha de esos derechos sustanciales debe ser llevado a cabo ante jueces provinciales; y en principio, regulado por normas locales, aunque esto último puede por excepción obviarse, cuando como en el caso de la ley de concursos dicho cuerpo legal nacional estableció además del derecho de fondo, el procedimiento aplicable.

 

          En consecuencia el citado art. 46 corroe la Carta Magna del país rotando el eje de las facultades no delegadas al gobierno nacional por las provincias, y de las expresamente reservadas por éstas, al conferirle competencia federal a dichas causas, que deben tramitar -como antes dije- ante los jueces bonaerenses (arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la C.N.). Se modifica a través de una norma de la Nación la ley provincial 11.653, que le da competencia a los tribunales del trabajo.

 

          En tal orden de ideas señala la doctrina que la solución que da la ley "no tiene otra explicación que no sea la desconfianza en el Poder Judicial provincial", ello así pues este traslado de competencia no encuentra sustento en norma alguna de la Constitución nacional, si se colige que las A.R.T. no son entidades administrativas nacionales, sino privadas, con fines de lucro y sometidas al sistema de las sociedades comerciales; y además "los dictámenes médicos deben ser considerados como meros informes periciales y no como materia central del juicio" (Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La Ley sobre Riegos del Trabajo 24.557" en Rev. de Derecho Privado y Comunitario, nº 15, págs. 265 en adelante).

 

          No me ha pasado inadvertido y hasta parece de Perogrullo poner de relieve que la Corte nacional ha dicho que a determinadas cuestiones puede el Congreso -en el momento de reglamentarlas- sustraerlas de la jurisdicción común y federalizarlas para que sean aplicadas en todo el territorio -valga la redundancia- por tribunales federales. Ello es así -según mi parecer- en tanto y en cuanto no se infrinja el principio de razonabilidad y la determinación se funde en necesidades reales y fines federales legítimos y no en el mero arbitrio del poder legislativo (Fallos, 248:781; íd., 300:1159; ver también Quiroga Lavié en "Siniestralidad Laboral de Corte" y Machado, Rubinzal Culzoni, año 1996, p. 393; Armagnague, "Jurisprudencia de Mendoza", nº 47, marzo 1997, p. 253).

 

          En tal sentido ha señalado también el Supremo Tribunal de la Nación que los actos del Congreso que apartan determinadas instituciones de la órbita del art. 67 inc. 11 -actual 75 inc. 12- de la Constitución quedan sujetos a control judicial para asignar su fundamental razonabilidad y para impedir que a través de ellos se restrinjan indebidamente las jurisdicciones provinciales que son inherentes al concepto de autonomía y cuya salvaguarda es un deber indeclinable de la Corte. Porque -no caben dudas- la intervención de los tribunales locales competentes constituye un adecuado resguardo de los derechos y garantías previstos en el art. 14 bis de la Constitución nacional (conforme Fallos, 300:1159).

 

          Si se llega a la conclusión -como así lo entiendo- que la cuestión aquí ventilada es de derecho común y que no corresponde que sea fallada -aunque sea en grado de apelación- por la Justicia Federal, debemos convenir que el art. 46 es inconstitucional, al detraer de los tribunales bonaerenses los pleitos que corresponden a su ámbito.

 

          Si bien es cierto que hasta el presente la Corte nacional no se ha expedido sobre la temática de fondo controvertida, sí lo ha hecho en relación a cuestiones de competencia, y en ese orden de ideas ha resuelto -plegándose al dictamen del Procurador General- que si la demanda se basa en el derecho común -y no en la ley 24.557- el pleito debe tramitar ante la justicia del trabajo ("Jordán, Antonio V. y otro c. Gobierno de la Ciudad de Bs. As. y otro" del 30-VI-1998; ídem, "Navarro, Ricardo J. y otra c. Expreso Becar..." del 16-III-1999). Ahora bien si -como acabo de señalar- concluimos que esta problemática es de derecho local y común y por ende no federal, obviamente que los juicios tampoco deben ventilarse ante los jueces que determina el art. 46 de la ley 24.557, por estar comprendidos -como reiteradamente expresé- en la zona de reserva jurisdiccional de las provincias, fijada por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.

 

          c) Inaplicabilidad del art. 39.

 

          4. De lo expresado en el apartado anterior surge sin ambages que el aludido dispositivo legal del art. 46 de la ley 24.557 es inconstitucional, como lo acabo de afirmar; y ello implica que la causa aquí examinada debe tramitar ante el tribunal del trabajo competente de esta provincia, sin pasar previamente por ante los entes no jurisdiccionales que determina aquella normativa.

 

          Si ello es así, al derrumbarse el art. 46, gran parte del sistema del cuerpo legal de marras queda en falsete y es inaplicable al sub lite, ya que resulta imposible fracturar el modelo de la ley, y hacer que se aplique sólo parcialmente, si tenemos en cuenta que se trata de una arquitectura monolítica donde sus distintos componentes están de tal modo entrelazados -y la argamasa es tan férrea- que se convierte en un todo inseparable.

 

          No podríamos admitir la actuación de las Comisiones Médicas locales ni de la Comisión Médica Central, si el posterior control judicial debe hacerse en el ámbito federal, pues a manera de Cabeza de Jano -en esta ley- ambos tramos son las dos caras de una misma moneda.

 

          Por último quiero dejar en claro que lo que acabo de votar, no apunta sólo a resolver una mera cuestión de competencia, sino que también hace al fondo en cuanto a la inaplicabilidad (no hablo de inconstitucionalidad) del art. 39 de la ley puesta bajo la lupa en estos actuados, lo que significa -repito- que no puede eximirse a priori al empleador de toda responsabilidad civil como lo indica el apartado 1ro. de ese precepto.

 

          C. EL CASO BAJO ANALISIS:

 

          1. Como lo adelantara el colega preopinante, en el caso en examen el tribunal del trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 46 y 39 de la ley 24.557, en la acción que Hugo Cardelli dedujo contra Ente Administrador del Astillero Río Santiago en concepto de indemnización de daños y perjuicios y daño moral con sustento en el derecho civil.

 

          2. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que objeta la declaración de inconstitucionalidad de las normas de la ley 24.557.

 

          3. Con arreglo a lo que llevo dicho respecto al sistema legal objetado, corresponde desestimar el recurso y disponer la prosecución de los autos ante el tribunal de origen según su estado declarando, en el caso, la inconstitucionalidad del art. 46 y la inaplicabilidad del art. 39 de la ley 24.557.

 

          4. Por lo expuesto el embate debe ser rechazado con costas por su orden, atento la forma que se resuelve el recurso y las dificultades interpretativas generadas por la ley 24.557 (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

 

          Voto por la negativa.

 

          A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

 

          Adhiero al voto del doctor Salas, agregando otras consideraciones que, a mi criterio, confluyen para descalificar el art. 39 de la ley 24.557 por in­compatible con la Constitución nacional.

 

          Siguiendo a Kemelmajer de Carlucci ("La Ley sobre Riesgos del Trabajo 24.557 y los principios gene­rales del derecho de daños desde la óptica del derecho constitucional", en Revista de Derecho Privado y Comu­nitario, ed. Rubinzal Culzoni, nº 15, p. 265 y sigtes.), el derecho a ser reparado posee base constitucional. Los fundamentos que enumera dicha autora son estos: a) La reparación de los perjuicios implica una prolonga­ción de la seguridad jurídica, valor ínsito en el orde­namiento fundamental del Estado. b) El derecho a la re­paración es la lógica consecuencia de la violación de un derecho; si éste está consagrado en la Constitución, también lo está el derecho a su reparación. c) Se trata en definitiva de un desprendimiento conceptual del de­recho de propiedad y del valor justicia. d) Antes de la reforma constitucional, el deber de no dañar se deri­vaba del art. 19, ahora se desprende de la consagración de los derechos humanos, desde que la regla alterum non laedere constituye el fundamento básico de los mismos. En tal sentido, el art. 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ordena la reparación de los da­ños que pudiesen producirse a cualquiera de los dere­chos contenidos en el pacto a través de una indemniza­ción ejecutable en sede interna, y su art. 5 dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su in­tegridad física, psíquica y moral. e) La protección constitucional del derecho de daños forma parte del fondo común legislativo. f) Esta garantía constitucio­nal a la reparación de los daños ha sido reconocida por la Corte Suprema. En el caso "Santa Coloma c/ Ferroca­rriles Argentinos", ("El Derecho", 120-649) admitió expresamente que el mencionado principio de no dañar a otro descansa en el art. 19 de la Constitución nacional (cit. p. 270 y sigtes.). A ello cabe agregar que el art. 75 inc. 23 de la Constitución nacional impone preservar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Consti­tución y por los tratados internacionales vigentes so­bre derechos humanos.

 

          De su lado la garantía de igualdad (art. 16 de la Constitución nacional) ha recibido con la reforma de 1994 ciertas precisiones que, si bien vinculadas con la repartición de las cargas públicas, no dejan de ex­pandirse en una perspectiva general. Y así, toda limi­tación debe basarse en un reparto equitativo, solidario y dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional (art. 75 inc. 2º). Siendo ello así, no puede convalidarse un modelo de re­laciones laborales en el que los asalariados pierden concretas posibilidades de resarcimiento en beneficio de los empleadores so color de reducir el costo empre­sarial.

 

          Los textos constitucionales y los Tratados internacionales establecen que todos los hombres son iguales, lo que importa una igualdad de derecho. Exami­nando esa igualdad desde el ejercicio de esos derechos, señala Lorenzetti que debe existir igualdad también en los puntos de partida, con lo cual se arriba a la igualdad de recursos, que significa que todos posean los mismos, esto es, igualdad de oportunidades. La igualdad de recursos se refiere a que todos cuenten, en el punto de partida, con una cuota similar de herramientas, aunque luego existan diferencias basadas en el mejor o peor uso que cada uno haga, en virtud de sus capacidades naturales. Se arriba así a la "igualdad real de oportunidades y de trato" de que habla el inc. 23 del art. 75 de la Constitución nacional. Y agrega: para examinar la igualdad es necesario establecer previamente los térmi­nos de la comparación, pues ningún principio ni garan­tía es absoluto, pudiendo el legislador establecer ca­tegorías, grupos o clasificaciones que supongan un trato diferente. Mas esos distingos no pueden ser arbi­trarios y lo son cuando resultan discriminatorios. Por ello la regla de la igualdad se puede formular en tér­minos negativos: es la prohibición contra un trato ar­bitrario. El test de constitucionalidad, en tales ca­sos, queda superado si se demuestra que hay razones su­ficientes para establecer el distingo, y si las hay el trato no será discriminatorio ("Las normas fundamenta­les de derecho privado", ed. Rubinzal Culzoni, p. 448 y sigtes.). En el caso que nos ocupa, la imposibilidad de obtener un resarcimiento integral derivado de la clau­sura de las vías sobre responsabilidad contenidas en el Código Civil emerge exclusivamente de la condición de trabajador, en relación de dependencia. La sola enun­ciación demuestra lo irrazonable y discriminatorio de la solución legal, que por otra parte se enfrenta con lo dispuesto en el art. 14 bis de la Carta Magna, que asegura para el trabajo en sus diversas formas la pro­tección de las leyes.

 

          En lo tocante a la cuestión de la oportunidad cabe señalar que la decisión recaída en la causa no puede considerarse abstracta, desde que despeja en el caso concreto la objeción planteada por la accionada con base en el art. 39 de la ley 24.557, habilitando el ejercicio de las acciones emergentes del derecho civil.

 

          Voto por la negativa.

 

          A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Pisano dijo:

 

          Adhiero al voto de los doctores Salas y de Lázzari con relación a que deviene abstracta la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557.

 

          Disiento con los colegas que me han precedido con relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 que entiendo deviene abstracta en esta etapa procesal.

 

          Declarar la in­constitucionalidad del artículo 39 supone que las prestaciones pre­vistas en la Ley de Riesgos del Trabajo son irrazonablemente inferiores a la indem­nización que eventualmente le correspondería al traba­jador de acudir por la vía del ordenamiento civil.

 

          Para determinar la insuficiencia del régimen de reparación del artículo en debate es necesario, en primer lugar, acreditar los extremos que harían viable el reclamo del actor, la existencia del evento dañoso y que éste se produjo en ocasión del trabajo, circunstan­cia que no se encuentra discernida en autos dado que el proceso no ha sido abierto aún a prueba.

 

          Luego de esa determinación podrá compararse entre las prestaciones que eventualmente le correspondería recibir por el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo y la posible indemnización a la que sería acreedor de aplicar las normas del derecho civil, y recién en esta etapa podrá conocerse si el artículo en cuestión es in­constitucional en la medida que no repare integralmente el daño sufrido.

 

          Queda claro que dicha determinación no puede realizarse sino al momento de dictar sentencia defini­tiva en estos autos.

 

          En igual sentido a lo aquí expuesto la Procu­ración General de la Nación en los autos "Jordan, Anto­nio V. y otro c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s. Accidente. Ley 9688" donde se discutía una cuestión de competencia entre la Justicia Nacional en lo Civil y la Justicia Nacional del Trabajo dictaminó: "no empece a dicha conclusión lo dispuesto por el artí­culo 39 aps. 1 y 2, L.R.T., desde que aún cuando por imperativo de la ley sustantiva pu­diere considerarse al momento de dictar sentencia sobre el fondo del asunto, inaplicables al contrato de trabajo las disposiciones relativas al régimen de responsabili­dad civil". La Corte nacional, de conformidad con este dictamen, declaró la competencia de la justicia del trabajo para entender en estas actuaciones (publicado en Trabajo y Seguridad Social 1999, pág. 367).

 

          Al respecto dice Ackerman "En su momento se­ñalé  -y reproché- en los primeros pronunciamientos ju­diciales de los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires la falta de oportunidad procesal, dado que habían sido dictados antes de la apertura a prueba y hasta, en algún caso, en forma previa al traslado de la demanda. No es éste, afortunadamente, el criterio seguido por la mayoría de los que provocan esta nota en las que, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo llega a la declaración de inconstitucionalidad del apartado 1 del artículo 39 de la ley sobre riesgos del trabajo luego de agotado el proceso de conocimiento, lo que permite presumir -cuando menos en este aspecto- el respeto pleno de la garantía de defensa en juicio" (Ackerman, Mario E., "Las primeras declaraciones de in­constitucionalidad del art. 39.1 de la Ley de Ries­gos del Trabajo por la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo". Revista Derecho del Trabajo, nº 10, oc­tubre de 2000).

 

          Si lo expuesto es compartido por mis colegas corresponderá revocar el fallo recurrido en cuanto decreta la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 39 y 46 de la ley 24.557, cuestiones que deberán diferirse al pronunciamiento defi­nitivo.

 

          El depósito se reintegrará en un 50% al recurrente.

 

          Con el alcance expuesto voto por la negativa.

 

          A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

 

          Adhiero al voto de mis colegas doctores Salas y de Lázzari, en cuanto sostienen que el régimen cerrado y excluyente diseñado en la ley 24.557, para cumplir objetivos pro­puestos, deviene además de inconstitucional en injusto, cuando la previsibilidad económica se obtiene a costa de aniquilar lo que por derecho corresponde a los tra­bajadores y se reconoce legal y constitucionalmente al resto de los habitantes del país en igualdad de cir­cunstancias, haciendo pesar sobre su persona y su pa­trimonio (socavado con eventuales incapacidades labora­tivas) la previsibilidad y hermeticidad de los costos empresariales.

 

          El derecho excluye radicalmente la posibili­dad de sacrificar a un hombre o a un conjunto de hom­bres, para la consecución de fines de otros hombres o grupos.

 

          No es posible un bien común que no se encuen­tre apoyado en el respeto al hombre -a todos los hom­bres-.

 

          El distingo establecido en la norma en análi­sis tiene en vista en lugar del bien común, el privile­gio de un grupo, lo que permite que la arbitrariedad se exprese como criterio de gobierno.

 

          Concluyo entonces que la limitación impuesta por el art. 39 de la ley 24.557 viola expresas nor­mas constitucionales como la de igualdad ante la ley, propiedad y libre acceso a la justicia, consagradas es­pecíficamente a través de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y pactos incorporados por el art. 75 in­c. 22 de la Constitución nacional y el art. 15 de la Constitución provincial.

 

          Por lo dicho corresponde rechazar el recurso deducido; con costas a la parte demandada en razón de haber sido vencida (art. 289 del C.P.C.C.).

 

          Voto por la negativa.

 

          A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor San Martín dijo:

 

          Adhiérome a los votos de los doctores Salas, de Lázzari e Hitters en lo coincidente. Voto por la negativa.

 

          El señor Juez doctor Ghione, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.

 

          Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

 

S E N T E N C I A

          Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario traído, con costas por su orden (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

 

          Notifíquese y devuélvase.

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS HITTERS

 

 

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL SALAS                 EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

 

 

 

 

 

 

 

ERNESTO VICTOR GHIONE             ALBERTO OBDULIO PISANO

 

 

 

 

 

 

 

    HECTOR NEGRI               GUILLERMO DAVID SAN MARTIN

 

 

 

 

 

                                 IRMA RUTH GOMEZ DE PENA

 

                                       Secretaria