doctrina y opiniones

“Un Estado sin los medios para realizar ciertos cambios carece de los medios para conservarse” (Edmund Burke: Reflections on the Revolution in France)

Desde junio de 1992, los gobiernos del mundo entero se han comprometido a través de un tratado internacional –la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático- a mitigar los cambios que experimenta el clima. A finales de 1997, adoptaron objetivos obligatorios (“el Protocolo de Kyoto”) para controlar o reducir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero procedentes de las actividades humanas que contribuyen al cambio del clima. En 2000, han tenido lugar exhaustivas negociaciones (que no terminaron sino hasta principios de 2001) para especificar la legalidad precisa de los objetivos obligatorios.

Los cambios en el clima del planeta tienen repercusiones sumamente importantes para los trabajadores y sus comunidades en términos de disponibilidad de alimentos y precios, niveles y estilos de vida, la higiene y la seguridad profesionales y la salud pública. Las medidas adoptadas por los gobiernos encaminadas a controlar el cambio climático también tienen importantes repercusiones en los puestos de trabajo en muchas industrias, especialmente las de la ICEM, ya que muchas se basan en la producción y/o uso de combustible fósil, la fuente principal de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las industrias de la ICEM se encuentran entre las que recurren a un uso más intensivo de la energía. Un gran número de los miembros de los sindicatos afiliados a la ICEM trabajan directamente como asalariados en las industrias de la energía –la minería del carbón, la extracción y tratamiento del petróleo y el gas y la producción de electricidad. La mayoría de las demás industrias en las que participa la ICEM –química, productos farmacéuticos, caucho, cerámica- utilizan gran cantidad de energía. Por ello, la ICEM siempre ha afirmado tener una responsabilidad especial para resolver los desafíos medioambientales que plantean las industrias que abarca. En el Congreso Mundial de la ICEM, en noviembre de 1999, una de las resoluciones aprobadas por unanimidad se refería al Desarrollo sostenible en las industrias de la ICEM. Esta resolución declaraba, entre otras cosas, que:

· la ICEM…tiene la obligación de participar plenamente en la definición, el fomento y perfeccionamiento del concepto de desarrollo sostenible.

· reconoce que la dinámica entre las necesidades y las exigencias económicas, sociales y medioambientales se modificarán con el tiempo;

· el ritmo del desarrollo sostenible será más rápido en la medida en que satisfagan las necesidades de los trabajadores y sus familias presentes y futuros;

· trabajar con los sindicatos afiliados y otras organizaciones para desarrollar políticas y

estrategias encaminadas a una "Transición justa" que se ocupen de las necesidades

transicionales de los trabajadores y sus familias con miras a conseguir un desarrollo más

sostenible; especialmente si se trata de la transición a gran escala de tecnologías más antiguas a más nuevas y que resulten inocuas;

· continuar insistiendo en el contexto internacional de la "Transición justa" y el desarrollo sostenible y, en especial, fomentar el apoyo a los trabajadores y sus familias en los países en desarrollo y recientemente reestructurados;

· buscar establecer fondos de transición, procedentes de fuentes industriales y públicas que apoyen el proceso del cambio industrial y liberen a los trabajadores de la carga de los costos y la inseguridad que ha acompañado el proceso del cambio hasta la fecha;

· desarrollar el trabajo en las áreas de preocupación prioritarias tales como la prevención

del dumping medioambiental, el desarrollo de un uso más eficiente y limpio de la energía y el declive de los productos y procesos obsoletos y/o indeseables;

· incrementar su trabajo con las principales compañías, es especial en relación con el

desarrollo, la aplicación y supervisión de los acuerdos mundiales encaminados a asegurar

las normas de higiene, seguridad y medio ambiente más altas posibles y las prestaciones medioambientales de dichas compañías -sin tener en cuenta el lugar donde operan.

La adopción del desarrollo sostenible en las industrias de la ICEM refleja el punto de vista de los afiliados de la ICEM según el cual responder a los desafíos medioambientales presentes y potenciales –incluido el cambio climático- al mismo tiempo que se protegen y se crean puestos de trabajo es uno de los desafíos más importantes nunca antes enfrentados por los sindicatos. Para los sindicatos de la ICEM, el desafío es mayor que para los demás (p.ej., los sindicatos del sector de servicios). No sólo requerirá una importante reestructuración industrial, sino que los sindicatos y los gobiernos pueden encontrarse en conflicto si no se hace un mayor esfuerzo por encontrar una solución sostenible. La finalidad de este documento de posición es describir la problemática desde una perspectiva de la ICEM así como los enfoques inmediatos y a mayor plazo que ayuden a asegurar que en las medidas destinadas a responder al efecto invernadero se tengan en cuenta los intereses de los trabajadores.

Los científicos han estado supervisando los crecientes niveles de los gases de efecto invernadero en la atmósfera desde poco después de la Segunda Guerra Mundial. Importantes conferencias científicas tales como la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, en 1979, empezaron a sensibilizar al público respecto a que estos gases producidos por la actividad humana podían afectar al clima mundial.

La atmósfera y sus diversos componentes (siendo el principal el vapor de agua) tienen como efecto natural retener parte de la radiación solar que recibe el planeta. Este efecto natural de invernadero –la retención del calor procedente del sol- es uno de los requisitos esenciales para la vida en la Tierra. Mantiene la temperatura a 30 grados Celsius por encima de la temperatura que haría si no se produjera este fenómeno. Los gases de efecto invernadero se intercambian continuamente entre la atmósfera y la tierra y los océanos. Lo que parece estar pasando ahora es que la actividad humana está alterando ese sistema natural –provocando un aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que causa un “efecto invernadero intensificado”.

Debido a que el clima mundial es el resultado de un enorme número de factores que interactúan entre sí, resulta intrínsecamente difícil aislar y medir el impacto de un solo factor –las emisiones humanas de gas con efecto de invernadero. Por esta razón, quizás en muchos años no se encuentre, si alguna vez llega a encontrarse, la prueba irrefutable de que la actividad humana provoca el cambio climático. El consenso científico, y de los gobiernos, es que la amenaza es de envergadura y merece que se tomen medidas importantes para aminorarla.

Esta preocupación dio pauta a la Conferencia de Toronto, en 1988, en la que se pidió que para 2005 se redujeran las emisiones de gas de efecto invernadero en un 20% en relación con los niveles de 1988 (“el objetivo de Toronto”). Ante la importante presión de la opinión pública, los gobiernos del mundo firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en junio de 1992, en la Cumbre para la Tierra sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La convención reconoce que las emisiones de gas de efecto invernadero procedentes de la actividad humana están añadiendo emisiones significativas a las que ya se producen de manera natural en el medio ambiente. Si el medio ambiente natural no es capaz de absorber estas emisiones, aumentará entonces la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso es lo que parece estar ocurriendo –las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, han aumentado de unas 280 partes por millón (ppm) calculadas en los años preindustriales a las aproximadamente 370 ppm de hoy. La autoridad científica internacional sobre estos aspectos, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) declaró en 1995 que “las pruebas consideradas en su conjunto sugieren que puede discernirse una influencia humana sobre el clima global ” (IPCC, 1995, p22)

Los modelos matemáticos computarizados del clima mundial predicen que estos niveles crecientes de gas provocarán un efecto invernadero más intenso, cuyo resultado será un aumento en las temperaturas medias a nivel mundial.

“La mayor parte de las proyecciones sugieren que las concentraciones de los gases de efecto invernadero aumentarán significativamente durante el próximo siglo en la ausencia de políticas específicamente diseñadas para resolver la problemática del cambio climático, proyectando las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la combustión de combustibles fósiles a una escala de 5 a 35 GtC (gigatoneladas equivalentes de carbón) anuales para el año 2100, en relación con las emisiones presentes de unas 6,3 GtC anuales.”

(Robert T. Watson, Presidente, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, 20 noviembre de 2000 en su informe ante la Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)

En 1997, los gobiernos de los países del mundo entero reforzaron su compromiso de mitigar el cambio climático adoptando el Protocolo de Kyoto. Este protocolo establece un objetivo obligatorio de una reducción general de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero del 5% en relación con el nivel de 1990 para 2008-2012. Dentro de este objetivo global, se establecieron varios objetivos para algunas naciones en lo individual y grupos de naciones –pero no para los países en desarrollo. No obstante, existen enormes dificultades para medir las diversas fuentes y sumideros que absorben los gases de efecto invernadero, de modo que los gobiernos todavía están negociando los términos finales a nivel jurídico de sus compromisos en el marco del Protocolo.

“Los modelos climáticos, según las últimas proyecciones de las emisiones del Informe especial del IPCC sobre las perspectivas de las emisiones, proyectan un aumento global medio de la temperatura de la superficie de 1,5 a 6 grados centígrados entre 1990 y 2100, con zonas que tendrán un calentamiento superior a la media mundial, especialmente en las latitudes centrales y muy septentrionales. Estos cambios en la temperatura se acompañarán de cambios en los esquemas de las precipitaciones y aumentarán el nivel del mar.”

Resulta difícil predecir los cambios que se derivarían de estas circunstancias, pero pueden ser graves e incluirían entre otros:

Estos tipos de repercusiones potenciales afectan a los trabajadores. Se perderán o se crearán puestos de trabajo en determinadas industrias, especialmente la silvicultura y la agricultura. Los niveles de vida y de vivienda se verán afectados. Es posible que la salud pública se vea afectada, sobre todo en las regiones más pobres, donde las medidas de protección son menos abordables.

El nivel del cambio de temperatura que se prevé es mayor que el experimentado durante los últimos 10.000 años. Por la sencilla razón de que la mayoría de los cambios son imprevisibles, y pueden ser negativos, es recomendable evitar los cambios en la medida de lo posible.

La fuente principal de las emisiones de gas de efecto invernadero procedente de la actividad humana es el uso de combustibles fósiles para producir energía –petróleo, carbón, lignito, gas natural y turba. La generación de electricidad mediante cualquiera de estos combustibles, o su uso en la industria, los hogares y el transporte produce dióxido de carbono, el principal de los gases de efecto invernadero (véase el Cuadro 1).

Cuadro 1: Contribuciones relativas de los principales gases de efecto invernadero durante 100 años*

* Los gases de efecto invernadero tienen diferente duración de vida en la atmósfera. El metano tiene un mayor efecto invernadero por unidad que el dióxido de carbono, pero no perdura mucho tiempo en la atmósfera.

El metano, el segundo de los principales gases de efecto invernadero, es producido esencialmente por la actividad agrícola y forestal, pero una parte procede del carbón y de la extracción natural del gas.

En el Cuadro 2 se trata de mostrar dónde o por qué razón el uso de la energía produce emisiones de dióxido de carbono. Aproximadamente, dos tercios del uso de la energía es estacionario –en la industria, las oficinas, los hogares y los cultivos. Un tercio, se usa en el trasporte. Gran parte de las emisiones producidas en los usos estacionarios no tienen lugar en el momento de su uso, sino cuando se genera la electricidad que se requiere para ese uso.

Otra fuente importante de emisiones que no se deben al uso de energía, es la producción de la propia energía. Ello se debe a que las centrales eléctricas alimentadas con gas, petróleo o carbón sólo convierten parte de la energía del combustible fósil en electricidad que puede ser distribuida para su utilización. Una gran parte (hasta el 70% en el caso de las centrales alimentadas con carbón) se pierde. Las emisiones provocadas por esta energía perdida representan las emisiones de la trasformación de energía –la tarea de transformar la energía de un tipo (por lo general, combustible fósil) en otro (por lo general, la electricidad).

Cuadro 2 Emisiones de dióxido de carbono procedentes de la energía – millones de toneladas métricas

Los costos de la energía representan un elevado porcentaje de los costos de explotación de gran parte de la industria pesada. Los cambios en el tipo de energía utilizada y, por tanto, en el costo de la energía , tiene importantes repercusiones para la viabilidad de muchas industrias pesadas, no sólo para las industrias relacionadas con la extracción y la producción de energía.

La ICEM representa a los trabajadores en las industrias tradicionales de producción de energía –la minería del carbón, la industria del petróleo y el gas y la producción de electricidad, que depende esencialmente de los combustibles fósiles. Asimismo, representa a los trabajadores en la industria química, farmacéutica, caucho, cerámica, pulpa y papel y la transformación de materias primas que requieren un uso intensivo de energía y, por lo general, dependen en gran parte de los combustibles fósiles. La gran mayoría de los afiliados de la ICEM se encuentra ya sea en las industrias que participan directamente en la producción de combustible fósil o en aquellas cuyos costes de explotación están significativamente influidos por los precios de la energía.

Toda medida destinada a resolver la problemática del cambio climático deberá afectar a estas industrias. Si el cambio climático requiere que se supriman paulatinamente las industrias de combustible fósil para cerrar totalmente en unas pocas décadas, tal como lo ha declarado la organización ecológica Greenpeace Internacional (1999), entonces queda claro que se perderán todos o la mayor parte de los puestos de trabajo que existen en dichas industrias.

Un estudio del impacto de las políticas que atañen el cambio climático en el empleo en la industria minera del carbón encargado por la Oficina Internacional del Trabajo, concluyó que estabilizar las emisiones al nivel de 1990 para el año 2010 probablemente causaría la pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo (Polidano, 1997).

Para otras industrias, resulta técnicamente posible reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, en mucho casos, la competitividad económica de la industria se verá afectada, provocando que la inversión se desvíe a otras industrias con un uso menos intensivo de energía, lo que también repercute en los puestos de trabajo de las industrias de la ICEM.

Cuando están en juego grandes cantidades de dinero, puestos de trabajo e intereses creados, las negociaciones para llegar a un tratado internacional tienen que ser complejas y exhaustivas. La CMNUCC y el Protocolo de Kyoto son los principales ejemplos.

Resultó relativamente fácil para los gobiernos del mundo entero ponerse de acuerdo en que existía un problema y que “tenía que hacerse algo para resolverlo”. De modo que el tratado inicial tomó relativamente poco tiempo para elaborarse –sólo de 1988 a 1992; un período de tiempo bastante breve tratándose de un tratado internacional. No obstante, a partir de entonces, el proceso de concluir compromisos y darles forma jurídica se ha vuelto sumamente difícil.

Ello se debe a que los aspectos que se encuentran en el centro del problema del cambio climático atañen a uno de los principales elementos básicos sobre los que se levantan las economías desarrolladas –los combustibles fósiles, y uno de los métodos que son norma del desarrollo económico- la sustitución de la energía no humana por el esfuerzo humano.

Los primeros tratados internacionales sobre aspectos medioambientales, por ejemplo, el Convenio sobre el Comercio internacional en las especies en peligro (CITES), tratan generalmente problemas que revisten menor importancia para las economías nacionales y el comercio internacional. El Protocolo de Montreal sobre la eliminación de las substancias que agotan el ozono (otro problema atmosférico) resultó más difícil, pero en esencia, se ocupa únicamente de un pequeño grupo de productos químicos utilizados en algunos procesos manufactureros.

En cambio, la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto se ocupan del producto esencial de las industrias más importantes –carbón, petróleo y gas- y del uso de la energía en todos los demás sectores de la economía global, lo que los convierte en el tratado económico y comercial más significativo que el mundo nunca antes ha intentado –al mismo nivel que la compleja Organización Mundial del Comercio. En términos fundamentales, se pide a las naciones desarrolladas (y, finalmente a todas las naciones) compromisos que requieren cambios importantes en la manera en que producen y utilizan la energía –en la industria, los hogares, las oficinas y el transporte.

Restarle importancia a la gravedad de este desafío resulta, en última instancia, contraproducente, a menos que el público comprenda la dimensión de la tarea, no se aceptarán las medidas gubernamentales para alcanzar los objetivos fijados.

Ejemplo

Muchos trabajadores administrativos o profesionales –que no trabajan en la industria de la energía o en industrias que requieren un uso intensivo de la energía- pueden suponer que las medidas destinadas a combatir el cambio climático no les afectarán; que las centrales eléctricas y la industria pesada son las que tendrán que asumir todos los cambios. No obstante, el sector del transporte no sólo representa más de la tercera parte de las emisiones en la mayoría de los países desarrolladis, también es la fuente de emisiones que aumenta con mayor rapidez. La propensión de los europeos y los estadounidenses a realizar en coche trayectos de larga distancia para ir al trabajo debe restringirse si han de reducirse esas emisiones -implicando finalmente modificaciones importantes tanto en la manera de vivir de la gente como en la manera de transportarse. Algunas medidas para reducir los gases de efecto invernadero pueden imponer limitaciones en lo que respecta a la posesión de un coche, en el precio y tamaño de los coches y en el precio del combustible, lo que tendrá repercusiones en el precio de las viviendas, provocando la caída del precio de las viviendas distantes en relación con las habitaciones en la zona urbana. Las protestas generalizadas en Europa durante el año 2000 a causa del aumento del precio del petróleo muestra cuán poco se aprecia en el momento actual la necesidad de aumentar con el tiempo los precios del petróleo para disuadir su consumo.

Por tanto, cada nación o grupo de naciones está negociando intensivamente para aligerar la carga de su posición en el resultado del tratado final. Todos tienen factores individuales que influencian su posición. Entre éstos se incluyen:

La Union Europea – con sus pocos recursos de combustible fósil, poco espacio para aumentar el tamaño de sus bosques e importantes descensos en sus emisiones en la década de los años 1990 debido de manera accesoria al cierre de numerosas minas de carbón e industrias pesadas, el punto de vista predominante es que los combustibles fósiles deberían ser penalizados y las emisiones reducidas rápidamente.

EE.UU. – con una economía basada en combustibles fósiles a bajo precio, ya sean nacionales o importados, los EE.UU. se muestran reticentes a adoptar impuestos sobre la energía. No obstante, con vastas zonas de bosques y tierras cultivables que podrían utilizarse como sumideros para disipar el efecto invernadero, los EE.UU. están más por aumentar estos sumideros que por reducir las emisiones.

Los países en desarrollo (G77) – con una utilización de combustibles fósiles y un PIB per cápita todavía demasiado bajo, la mayoría de estos países sostienen que el problema del efecto invernadero es culpa de los países desarrollados y debe ser resuelto por ellos. No obstante, aunque hasta la fecha las emisiones en realidad han sido producidas en su mayor parte por el mundo desarrollado, la mayor parte del aumento previsto en las emisiones durante las próximas décadas se espera que proceda de los países en desarrollo en rápido proceso de industrialización.

Los pequeños Estados insulares – con gran parte de su terreno por encima de menos de 1 metro del nivel del mar y sin industria pesada, estas naciones desean la reducción de las emisiones sin tener el cuenta su costo.

Principales naciones de la OPEP – expuestos a la pérdida de substanciales ingresos si se imponen mayores impuestos al petróleo, desean, por tanto, una compensación por parte de los países desarrollados que proponen esas medidas.

Japón – con una industria pesada ya sumamente eficiente desde el punto de vista energético de conformidad con las normas mundiales, les preocupa que un mayor esfuerzo encaminado a reducir las emisiones les resulte especialmente costoso. Japón –y algunos otros países tales como Francia- dependen en gran parte de la energía nuclear, lo que ha tenido como efecto fortuito la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la energía. Desean que sus niveles más bajos de emisiones por unidad de producción económica sean factores que se tengan en cuenta a la hora de fijar sus objetivos.

Australia – un país desarrollado en la posición inhabitual de haber dependido del desarrollo de la industria pesada que requiere un uso intensivo de energía durante los últimos 30 años; examina medidas para penalizar los combustibles fósiles ya que éstos le resultan más costosos que a cualquier otro país desarrollado, especialmente la UE. Asimismo, tiene extensas zonas de tierras cultivables y zonas potencialmente boscosas que podrían ser utilizadas como sumideros de los gases de efecto invernadero, de modo que están más a favor de la absorción de las emisiones que de su reducción.

Las negociaciones para concluir un tratado reflejan con toda naturalidad esta divergencia de intereses. No obstante, se complican todavía más debido a nuestra escasa comprensión tanto de las fuentes de los gases de efecto invernadero como de los sumideros que ayudan a absorberlos, así como por nuestra inexperiencia en materia de políticas económicas en relación con las tecnologías y las estructuras jurídicas y administrativas que podrían utilizarse par aminorar el problema.

Puntos de partida: ¿Qué emisiones han de incluirse? Las emisiones de dióxido de carbono procedentes de las centrales eléctricas y de los automóviles son fáciles de calcular, pero resulta más difícil calcular las emisiones de metano procedentes de la agricultura y las minas de carbón. ¿Cuál fue el nivel de emisiones de cada país en 1990? Cada país tiene el mayor interés económico en que su línea de referencia sea lo más alta posible, de modo que le resulte más fácil cumplir con su objetivo para 2008-2012.

Inclusión de sumideros: Suprimir los gases de efecto invernadero de la atmósfera es un medio tan válido de resolver el problema como poner fin a sus emisiones en la atmósfera en primer lugar. Sin embargo, ¿qué absorción de los gases de efecto invernadero por medio de los bosques y los cultivos ha de incluirse? Ha tenido lugar un considerable debate que opone los programas anteriores a 1990 a los posteriores a 1990 y sobre si sólo pueden incluirse las medidas tomadas a raíz del tratado.

La comercialización de las emisiones: Si se asigna a los países derechos de emisión como parte de sus objetivos, ¿tienen éstos el derecho de comprar, vender o incluso comerciar con esos derechos como parte de su esfuerzo por cumplir con el objetivo previsto? Algunas naciones podrán reducir las emisiones de manera menos costosa que otras, y tendrán un estímulo para hacerlo si pueden comerciar los derechos que tienen como excedente. A este argumento, que se basa en la teoría económica tradicional, se opone el argumento moral de que la comercialización de las emisiones no hace sino posponer las difíciles decisiones que deben tomar los países para transformar sus economías. Si se permite comercializar las emisiones, ¿a qué naciones se permitirá participar? Y, ¿qué proporción de su objetivo o derecho se les permitirá comercializar?

Aplicación conjunta: Si una nación ayuda a otra a desarrollar su industria de manera a reducir las emisiones, o por lo menos las hace incrementarse más lentamente, ¿deberían obtener un crédito de gas de efecto invernadero u otra ventaja? ¿Cuál es la situación si la actividad conjunta la realiza la iniciativa privada en lugar de los gobiernos, o participan diferentes divisiones de una empresa multinacional?

El Mecanismo Global para el Medio ambiente (GEF): Es una reserva de fondos de los países desarrollados para ayudar a los países en desarrollo a atenuar sus emisiones de efecto invernadero (y para otras medidas medioambientales). ¿Cuándo dinero habría que pedir a los países desarrollados para que contribuyan y cuáles serían los criterios de admisibilidad para los proyectos?

Inclusión/exclusión de los países en desarrollo: Existe un fuerte argumento moral según el cual las naciones desarrolladas deberían ser las primeras en reducir las emisiones. Sin embargo, el medio ambiente mundial carece de moral, no distingue entre gases de efecto invernadero procedentes de un país u otro. Dado que se prevé que la mayor parte del aumento de las emisiones futuras procederá de los países en desarrollo, tarde o temprano necesitarán participar en el objetivo global de la reducción de emisiones. ¿Cuál es el período de tiempo apropiado? ¿Y a qué nivel deberían fijarse los derechos a emitir gases de efecto invernadero, dado que actualmente son muy bajos per cápita? A los países desarrollados preocupa además que la exclusión de los países en desarrollo de los objetivos relativos a los gases de efecto invernadero pueda provocar el traslado de algunas industrias al mundo en desarrollo. Aunque esta tendencia puede ser positiva para el desarrollo en las naciones más pobres, los países desarrollados probablemente se resistan a perder parte de su industria (así como los puestos de trabajo) –con mayor razón cuanto que no se obtiene ninguna ventaja medioambiental a escala mundial.

Compensación: ¿Debería una nación tener derecho a una compensación por parte de otra si las medidas tomadas por esta última tienen repercusiones negativas para la economía y el comercio de la primera? (Este argumento sólo se aplica entre las industrias y sectores en el interior de un país, pero no forma parte del proceso del tratado internacional.)

Para la ICEM, en tanto que comunidad internacional de sindicatos, resulta claramente inapropiado tomar partido en la discusión que tiene lugar entre los gobiernos. Además, el debate entre las naciones va tan rápido –a la par de la teoría económica, la práctica económica y la ciencia medioambiental- que resulta probable que todo punto de vista consensual sobre las complejas problemáticas anteriormente descritas se vea superado por los acontecimientos. No obstante, es muy importante para la ICEM participar en su calidad de representante de los trabajadores en buen número de las industrias a nivel mundial. Incumbe a la ICEM la responsabilidad de representar a los miembros que la constituyen más que los intereses nacionales; no puede dependerse del gobierno(s) para que vele(n) por los intereses de los trabajadores a escala mundial.

Es posible describir un conjunto de principios que pueden servir de información para tomar decisiones cuando sea necesario, y ese es el tema del siguiente apartado.

En 1997, la ICEM colaboró en la publicación de Reforming Energy, Sustainable Futures and Global Labour (La reforma de la energía, futuros sostenibles y mano de obra mundial) en el que se expresaban los siguientes principios cuya finalidad es orientar toda política en las industrias de la energía y no sólo en lo que respecta a las preocupaciones medioambientales.

· · Estructuras reguladoras para asegurar los objetivos sociales y medioambientales

En junio de 1997, la Ejecutiva de la ICEM adoptó una posición respecto a las negociaciones del tratado en esa época con la declaración:

“La ICEM hace un llamamiento a las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático para insistir en que tratado se enmiende a fin de:

(1) Conceder la mayor prioridad a las necesidades de los trabajadores y los consumidores que asumirán la mayor parte de los esfuerzos para resolver el cambio climático global.

(2) Fomentar la inversión en favor del rendimiento energético en todos los países y proporcionar ayuda con este fin a los países en desarrollo.

(3) Incluir la protección de los puestos de trabajo existentes y la creación de unos nuevos y mejorar los niveles de vida en todos los países como objetivo crítico que ha de cumplir todo tratado sobre el clima.

(4) (4) Conceder el tiempo necesario para que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo satisfagan las necesidades del medio ambiente y las necesidades de los trabajadores.”

En noviembre de 1998, la Conferencia Mundial sobre la Energía de la ICEM celebrada en Cork, Irlanda, adoptó un programa de acción que contiene los siguientes elementos:

Durante la década de los años 1990, la ICEM y sus sindicatos afiliados en el ámbito de la energía se han ocupado de los trastornos y la pérdida de puestos de trabajo que ya se experimentan en las industrias energéticas como resultado de una creciente competencia y privatización. La necesidad de una respuesta integral al cambio climático es una nueva complejidad adicional que significa, por lo menos, que la reestructuración de la industria sin duda alguna va a continuar a un elevado ritmo en un futuro inmediato.

En octubre de 2000, la Conferencia Mundial sobre Minas de la ICEM resolvió elaborar un documento de posición (el presente documento) para ser aprobado por la Ejecutiva de la ICEM en mayo o junio de 2001. Las líneas directrices del documento deberían:

· · Basarse en una aceptación del abrumador consenso científico y, al mismo tiempo, debería adoptar, en la medida de lo posible, un enfoque “sin lamentaciones”.

· · Tratar, sector por sector, la reducción de los gases de efecto invernadero –especialmente las emisiones de carbono- basándose en el análisis del ciclo completo (ACC).

· · Enfrentar los efectos potenciales sobre el empleo –positivos y negativos- de toda medida propuesta para atenuar el cambio climático.

· · Tratar la problemática de los impuestos del carbono y, en especial, los pros y los contras de esos impuestos.

· · Centrarse en el desarrollo y transferencia de tecnologías limpias (p.ej., combinar calor y energía, la tecnología pulverizada de lechos fluidizados);

· · Tener como objetivo apoyar el diálogo con la industria sobre la sostenibilidad –haciendo hincapié en el principal interés de la ICEM y de sus afiliados en participar conjuntamente en el debate sobre la sostenibilidad.

En noviembre de 2000, el movimiento laboral mundial, a través de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Comisión Consultiva Sindical de la OCDE (TUAC) proporcionaron las siguientes directrices a la Conferencia de las Partes de la CMNUCC.

· · Se requiere un firme consenso para las acciones relativas al cambio climático a fin de evitar trastornar las vidas de las generaciones futuras, de los trabajadores y de la industria.

· · El éxito de la puesta en práctica de estrategias destinadas al cambio climático depende en gran parte de la participación de los trabajadores y de sus sindicatos . . .

· · Hacer frente a las problemáticas sociales es un asunto de fundamental importancia si ha de contarse con los trabajadores para que apoyen plenamente todo protocolo, o los mecanismos deseados para ponerlo en práctica. Por tanto, los sindicatos piden medidas para:

Estos principios y prioridades no pueden dar una orientación precisa sobre cuál es el resultado más justo y eficaz de las negociaciones relativas al tratado sobre el cambio climático, y resulta difícil pensar que pueda haber uno. Lo que puede parecer justo a un país o grupo de países puede legítimamente ser percibido como injusto por otro. Además, los compromisos –considerados por un país o países en un foro internacional como justos y razonables- pueden, por el contrario, ser considerados tremendamente injustos por diversos sectores y comunidades en el seno de ese país o países.

Ejemplo

Durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea inició un programa generalizado para reestructurar (y reducir) sus antes vastas industrias del carbon y el acero. Se dedicaron enormes fondos (según normas mundiales) para brindar la oportunidad a la mano de obra y a las empresas de trasladarse a otras industrias, lo que no evitó las numerosas protestas generalizadas de los trabajadores que consideraron haber recibido poca compensación por la pérdida de sus puestos de trabajo.

La premisa de este apartado es que se asume que la suma neta de gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera procedentes de la actividad humana debe reducirse con la finalidad de reducir al mínimo los riesgos que plantea el cambio climático. Las emisiones procedentes de la actividad humana deben reducirse, y/o deben perfeccionarse las medidas para absorber dichas emisiones. El objetivo final es estabilizar el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera y hacerlo a un nivel que impida la peligrosa interferencia antropógena (causada por la actividad humana) con el sistema climático (artículo 2 de la CMNUCC). Nadie puede estar seguro de cuál es ese nivel, pero queda claro que no podrá estabilizarse si no se detiene el aumento neto de las emisiones. La mera estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a los niveles de 1990 requeriría una disminución de las emisiones antropógenas superior al 60% (IPCC, 1990, p. xi)

· · Las emisiones netas deberían reducirse de tal manera que, idealmente, se beneficiara a los puestos de trabajo, los niveles de vida y las economías.

· · Cuando se requieran medidas que deben tener repercusiones negativas en estas áreas, deberían ponerse en práctica de tal manera que tuviera el menor costo posible. Es decir, las medidas han de ser lo más eficaces y rentables posible.

· · Las medidas para aminorar el cambio climático necesitan ser multifacéticas, ya que el problema es a su vez multifacético.

Es discutible que ya existan las tecnologías y las técnicas para reducir radicalmente los gases de efecto invernadero, y que el único obstáculo es la falta de voluntad política y/o los intereses creados de las multinacionales de la energía.

La ignorancia y la falta de información desempeñan un papel –los hogares, las empresas y los gobiernos tienden a apegarse a las tecnologías y técnicas que conocen como fiables y económicas. Al hacerlo, pueden pasar por alto mejores opciones. No obstante, la realidad es mucho más compleja que las teorías sobre la conspiración de las multinacionales o la ignorancia.

Los miembros de la ICEM saben que las centrales eléctricas y las plantas de transformación química representan enormes “inmovilizaciones” de capital. Representan miles de millones de dólares de inversión en un determinado lugar y con una determinada manera de hacer las cosas. Los gobiernos y las empresas que las construyen se muestran cautos y no quieren hacer grandes inversiones en tecnologías nuevas y que no han sido probadas. Una vez construidas, los propietarios desean, y deberían poder esperar razonablemente, tener la posibilidad de obtener un rendimiento de su inversión. Opondrán resistencia a los requisitos para modificar o cerrar este tipo de instalaciones como respuesta a los problemas medioambientales incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero.

A un nivel muy inferior, se aplican las mismas preocupaciones a los hogares y a las pequeñas empresas. Una vez construidas, las viviendas rara vez se modifican, salvo una vez cada 20 años más o menos. Los sistemas refrigerantes, la calefacción y otros dispositivos importantes que consumen energía (y producen gases de efecto invernadero) se utilizan durante 10 o 20 años.

A la cabeza de esta inercia y conservadurismo en las decisiones relativas a la inversión, existen tendencias clave en la industria y en los hogares que favorecen un mayor volumen de emisiones por persona. En la industria es la substitución de la energía del combustible fósil por el trabajo humano –porque actualmente resulta más rentable y, en mucho casos, más seguro. En los países desarrollados, el trabajo manual pesado es cada vez más raro en las minas y en las fábricas. En los hogares, el deseo de mejorar el nivel de vida surte el mismo efecto. En las zonas más frías de Europa y Norteamérica, el uso cada vez más frecuente de secadoras de ropa así como del coche para el transporte en largos trayectos son ejemplos de una tendencia que es exactamente lo opuesto a la que necesita darse si las emisiones han de reducirse.

Cabe imaginar que las secadoras de ropa puedan funcionar gracias a la electricidad generada por energía eólica o por células fotovoltaicas –pero a los precios actuales, el costo que implicaría secar la ropa con estas fuentes de energía sería mucho más alto.

Centrales eléctricas de alto rendimiento alimentadas con carbón, p.ej., combustión a presión de lecho fluidizado (CPLF) y el ciclo combinado de gasificación integral (CCGI)

Calor y electricidad combinada (CEC) – uso del calor residual procedente de la producción de electricidad para proporcionar energía térmica a los hogares y empresas más próximos.

Asimismo, existen numerosas tecnologías y técnicas que reducen la demanda de energía o mejoran la eficacia de su uso en los hogares y empresas. Entre éstas se incluyen:

· · capturan las emisiones de metano de los yacimientos de carbón y la utilizan para producir energía en lugar de liberarla en la atmósfera

· · capturan las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas y las almacenan –en yacimientos de petróleo agotados, las profundidades del océano o en otro lugar.

Respecto a los sectores ajenos al sector de la energía, también hay muchas opciones –tanto para el metano como para el dióxido de carbono:

Dado que todo lo anterior es técnicamente posible, ¿cuáles son los mecanismos sociales y económicos que propiciarían su utilización para resolver el problema del cambio climático y cuáles son las implicaciones para los trabajadores de las industrias de la ICEM? Algunos son bastante más controvertidos, además de que provocan mayores repercusiones en el empleo, que otros. A continuación se describen brevemente, para luego profundizarse, las medidas más importantes y controvertidas.

Impuestos y gravámenes– Es posible desalentar el uso directo e indirecto del combustible fósil aumentando los impuestos y gravámenes–precios más altos de la gasolina y la electricidad, costos más elevados para los coches grandes (o para todos los coches). Las autoridades públicas prefieren los impuestos porque representan una fuente de ingresos que luego pueden asignar como lo deseen.

Subsidios – Pueden incentivarse las tecnologías que no producen el efecto invernadero a través de subsidios públicos para los costos de adquisición o explotación. La mayor parte de la producción de electricidad en el mundo entero está subsidiada por las autoridades públicas ya que actualmente no es competitiva con los combustibles fósiles. Asimismo, pueden concederse subsidios para comprar mejores coches y suprimir los antiguos, los sistemas de calefacción doméstica, las auditorías energéticas en las empresas, etc. Los hogares y las empresas prefieren los subsidios, pero las autoridades públicas no debido a las restricciones presupuestarias. Algunos economistas y gobiernos también afirman que retirar los subsidios a los combustibles fósiles también puede ser de ayuda. En muchos lugares del mundo –tanto desarrollado como en desarrollo- los precios de la electricidad y la producción de carbón están subsidiados, lo que resta competitividad a las alternativas.

Creación de mercado – Crear derechos a emitir una determinada cantidad de gases de efecto invernadero y luego permitir a las empresas que comercien con esos derechos crea un incentivo para aquellas que pueden reducir fácilmente sus emisiones.

Análisis del ciclo de vida – Antes de penalizar un combustible o tecnología en particular, es preciso hacer un análisis del ciclo de vida para asegurar que existe una diferencia auténtica y significativa en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero entre el proceso o producto actual y la alternativa favorecida. En la industria del acero, por ejemplo, las modificaciones en el proceso de producción del acero y la reutilización de los desperdicios pueden reducir las emisiones más que la opción más costosa de cambiar la tecnología basada en el carbón por una basada en el gas (ACA, 2000).

Exigir un mínimo de rendimiento energético o normas de emisión en los coches, aparatos, edificios

Prohibir o limitar determinadas actividades –p.ej., no más centrales eléctricas que utilicen carbón como combustible

La medida más controvertida en el plano nacional es la aplicación de impuestos y gravámenes, lo que se cristaliza en el concepto de un “impuesto sobre el carbono”. Consiste en aplicar tanto a los productores como a los consumidores de energía un impuesto basado en el contenido de carbono de la energía.

La intención manifiesta de esos impuestos es desalentar el uso de combustibles fósiles. No obstante, el nivel en el que se aplica el impuesto es crítico tanto para sus repercusiones como para su eficacia. Por lo general, los economistas arguyen qu esos impuestos sobre el carbono necesitarán ser muy elevados para provocar modificaciones significativas en la manera en que se utilizan los combustibles fósiles –debido a que hay una voluntad y una capacidad limitada de las personas y de la industria a cambiar sus modelos de consumo. Un elevado impuesto a la energía tendrá un enorme impacto negativo en algunas industrias, puestos de trabajos y niveles de vida.

Un impuesto moderado sobre el carbono enviaría solamente una señal moderada de mercado para que se haga un menor uso de los combustibles fósiles –sin embargo, podría generar mayores ingresos. Las autoridades públicas pueden elegir gastar esos ingresos en partidas presupuestarias generales, o pueden decidir asignar los fondos a medidas para crear empleo –que pueden compensar el problema de la pérdida de puestos de trabajo en las industrias pesadas y las que requieren combustible fósil (véase, por ejemplo, Hamilton, Hundloe and Quiggin, 1997, y de Wit, 1994)).

Las industrias pesadas suelen discutir que todo impuesto sobre el carbono afecta su competitividad internacional; que es un costo adicional que no tienen sus competidores. Como respuesta a las amenazas de la industria de trasladarse a otro lugar o reducir las inversiones, los gobiernos europeos que hasta la fecha han experimentado los impuestos sobre el carbono han tenido tendencia a exentar a la industria pesada. En su lugar, han elegido gravar con impuestos a aquellos que no pueden amenazar con trasladarse –los hogares y las pequeñas empresas. Aunque esta solución resuelve el problema de la amenaza de las grandes empresas de retirar sus inversiones, trastoca la intención original del impuesto sobre el carbono, convirtiéndolo en un impuesto al consumo oportunista que grava a los hogares y las pequeñas empresas.

El principio general de un impuesto del carbono es un principio que debe ser detenidamente examinado por los sindicatos de la ICEM. El principio es que el uso de ese recurso debería ser gravado con un impuesto más alto –debido a que los recursos naturales son limitados, o porque su uso crea residuos o problemas medioambientales- lo que da como resultado que se favorece otra actividad económica, creando puestos de trabajo en las industrias que utilizan menos de estos recursos. Si los ingresos de los impuestos sobre el carbono se utilizan para reducir otros impuestos sobre el trabajo, o a la creación de otros empleos, se aumenta esta tendencia. A fin de cuentas y con el tiempo, el aumento de los impuestos sobre los recursos naturales, incluido un impuesto del carbono sobre los combustibles fósiles, tendrá como consecuencia un mayor número de puestos de trabajo en otras industrias. No obstante, la consecuencia más evidente es también que se penaliza ese recurso y a las indutrias que requieren un uso intensivo de energía. Al evaluar el costo de esta tendencia para los miembros de los sindicatos de la ICEM, necesitamos tener presente que ya están teniendo lugar enormes pérdidas de puestos de trabajo en muchas industrias de la ICEM como resultado del cambio tecnológico y de las fuerzas de mercado. Los impuestos sobre el carbono acelerarán este problema, pero ¿en qué medida lo agudizarân?

En Australia, la reestucturación de la minería del carbón para incrementar la competitividad internacional ya ha costado el puesto de trabajo a un tercio de la mano de obra en un período de tres años hasta 2000. Es poco probable que un pequeño impuesto sobre el carbono afecte de manera significativa esta proporción de pérdidas de empleo.

Los puestos de trabajo susceptibles de crearse debido a la reducción en los impuestos sobre el trabajo como resultado de un impuesto sobre el carbono probablemente no iran a parar inmediatamente a los trabajadores que pierden su empleo en la producción de electricidad y en las industrias que requieren un uso intensivo de la energía. Del mismo modo, la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo no se crearán en las industrias de la ICEM.

Si los sindicatos de la ICEM se enfrentan a propuestas relativas al impuesto sobre el carbono como parte de la solución al cambio climático, deberían negociar tomando como base lo siguiente:

· · El impuesto tiene poco alcance para minimizar la reestructuración de la industria y las consecuencias negativas de la pérdida de puestos de trabajo

- la reducción de las cargas e impuestos sobre el trabajo para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo y

- la financiación de programas para una “transición justa” destinados a los trabajadores afectados.

Esta es una problemática tanto internacional (forma parte de las negociaciones de la CMNUCC) y en el seno de las naciones.

Una vez que los países se pongan de acuerdo en los objetivos jurídicamente vinculantes, es prácticamente cierto que, en un período de tiempo relativamente breve, las grandes industrias y los nuevos proyectos se verán sometidos a un riguroso examen de sus emisiones tanto presentes como futuras. Si un país tiene que reducir, por ejemplo, sus emisiones un 5% por debajo de sus niveles de 1990 para 2008-2012, la verdadera tarea puede consistir en reducir las emisiones en más de un 20% por debajo de sus tendencias “habituales” en materia de emisiones. Cuando un solo proyecto importante (p.ej., una fundición de aluminio o una central eléctrica) puede contribuir en un 0,3% e incluso hasta un 1% a las emisiones nacionales, el gobierno vigilará estrechamente esos proyectos ya que permitirlos significará tener objetivos más estrictos en otros sectores de la economía.

Con el fin de ayudar a cumplir los objetivos, varios países pueden sencillamente prohibir nuevos proyectos importantes que requieran un uso intensivo de energía. Esta es una posibilidad real cuando los gobiernos se encuentran bajo la presión de “hacer algo, cualquier cosa” rápidamente, por ejemplo, para responder a las protestas de los grupos ecologistas. Resulta más probable que el gobierno establezca cierto tipo de régimen de intercambio comercial de emisiones entre los principales emisores que alentarlos a reducir las emisiones y seguir permitiendo nuevos proyectos.

El principio general de los sistemas de intercambio comercial de las emisiones es asignar un derecho o asignación inicial a los productores más importantes. La cantidad total de emisiones y/o las asignaciones iniciales pueden establecerse a un nivel constante, o pueden disminuir con el tiempo.

Luego, se permite a los emisores intercambiar sus derechos de emisión. Los que tengan facilidad para reducir las emisiones lo harán y sacarán provecho al vender los derechos que tengan de más. Los que experimenten dificultades para cumplir con los objetivos fijados en materia de emisiones, o que deseen expandirse, comprarán los derechos de emisión de los demás. El precio de los derechos normalmente estará determinado por el equilibrio de la oferta y la demanda una vez que los gobiernos hayan asignado los permisos.

Las empresas que deseen establecer un nuevo proyecto tienen que comprar derechos de emisión a los productores existentes, lo que obviamente crea una tendencia en favor de los proyectos antiguos y en contra de los nuevos. Otro problema adicional es que esos programas sólo se dirigen a los grandes productores –sencillamente porque resulta demasiado difícil vigilar o administrar un programa que abarque los hogares y las pequeñas empresas. Del mismo modo, los programas de intercambio comercial de las emisiones tienden a tener como objetivo únicamente un gas de efecto invernadero y sólo una fuente –las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la producción de energía-, lo que significa que se dirigen de manera desproporcionada hacia uno solo de los gases que contribuyen a las emisiones. Se hará pesar sobre un gas y un sector toda la tarea de reducir las emisiones, si no con todo el problema. Como contrapartida a este punto de vista, es innegable que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero y que la producción y el uso de la energía contribuyen de la manera más importante al problema del cambio climático.

La experiencia de los EE.UU. con los derechos de emisión de anhídrido sulfuroso que pueden intercambiarse comercialmente (para reducir el problema de la lluvia ácida) muestra que los precios de los permisos han sido inferiores a lo esperado. Los emisores de anhídrido sulfuroso (especialmente las centrales eléctricas) encontraron soluciones fáciles para reducir las emisiones, de modo que hay una gran cantidad de permisos a bajo costo en lugar de resultar raros y costosos. Lamentablemente, para los trabajadores mineros, la manera en que muchas centrales eléctricas redujeron a bajo costo sus emisiones de anhidrido sulfuroso fue adquiriendo carbón con bajo contenido sulfuroso de las nuevas minas a gran escala en la región central de los EE.UU. y no seguir comprando el carbón con un contenido de azufre más elevado procedente de las minas que requieren una mano de obra intensiva situadas en el este de los EE.UU.

La experiencia de los EE.UU. es un buen ejemplo de cómo un régimen de intercambio comercial de las emisiones puede considerarse como un éxito en términos de rendimiento económico, pero que implica el costo de muchos miles de puestos de trabajo.

Si es probable que el intercambio comercial de las emisiones vaya a ser un mecanismo favorecido en el plano nacional debido a su flexibilidad y eficiencia, también es probable que tenga ventajas similares en el plano internacional (Hinchy, et al, 1998). Cuando un país, o un conjunto de industrias en un país, pueden reducir más fácilmente sus emisiones que otra nación, un régimen de intercambio comercial de emisiones brinda un incentivo a los que pueden reducirlas con mayor facilidad. El costo total –en dinero, y esperemos que en puestos de trabajo- se reduce si los que pueden reducir las emisiones más fácilmente tienen incentivos para hacerlo. Si se exige a los países o industrias que reduzcan sus emisiones sin tener en cuenta el costo que implica para ellos, algunos países e industrias experimentarán costos mucho mayores que los demás.

Los argumentos en contra del comercio de las emisiones a nivel internacional son:

Este argumento moral no es acertado y no presta la atención adecuada a los que más pierden debido a la reducciones de las emisiones sin tener en cuenta el costo. Cuando a un país o industria cuesta varias veces más dinero y puestos de trabajo realizar una reducción de las emisiones que a otro país o industria, es inmoral. Es un desperdicio de recursos financieros y humanos, de puestos de trabajo y de medios de vida. Asimismo, carece de sentido desde el punto de vista medioambiental. Para el medio ambiente global, el ahorro de un millón de toneladas de dióxido de carbono representa los mismos beneficios a nivel medioambiental si cuesta miles de millones de dólares o sólo unos millones, o si cuesta miles de puestos de trabajo o en realidad crea empleos.

Para los sindicatos de la ICEM, la elección resulta especialmente difícil. Es posible que corresponda a las industrias y a los trabajadores de la ICEM realizar la mayor parte del ajuste para hacer frente al cambio climático. El nivel de ajuste será peor si se precisa reducir las emisiones sin tener en cuenta el costo relativo. Sería trágico que se perdieran industrias y puestos de trabajo en unos países porque las industrias de otros lugares, que podrían reducir fácilmente sus emisiones, no lo hacen debido a que no tienen un incentivo para ello y no existe un mecanismo que les permita intercambiarlas comercialmente con los que tienen menos posibilidades de reducirlas.

Los sindicatos de la ICEM deberían pensar seriamente en apoyar el intercambio comercial de las emisiones tanto en el seno de un país como entre los países. La salvedad más importante es que los sistemas de comercialización de las emisiones no deberían convertirse en los principales medios para reducir éstas, ya que ello penalizaría injustamente a las industrias y los trabajadores de la ICEM debido a que la comercialización de las emisiones se centraría en el dióxido de carbono y en las industrias de la energía excluyendo los demás gases de efecto invernadero y otras fuentes de emisión.

Reviste vital importancia entender que esperar que la industria pague todo el costo de la reducción de los gases de efecto invernadero es poco realista y, finalmente, es una respuesta insuficiente. La “industria” no plantea en su totalidad el problema del efecto invernadero y, por tanto, no puede aportar ella sola la “solución” completa. Dicho claramente, la industria no podría existir sin un mercado. Tarde que temprano las personas o grupos de personas toman las opciones en las que se basa la existencia de la industria.* Por ejemplo, no existiría una industria automotriz si no hubierna una fuerte demanda de coches por parte de los individuos. Incluso a nivel de lo que puede describirse como primeras necesidades, es decir, la comida, la vivienda, la asistencia médica, etc., se requiere la energía y se requerirá en mayores volúmenes antes de que pueda considerarse que los habitantes del planeta han alcanzado siquiera un nivel de vida aceptable.

Naturalmente, la industria presenta un “blanco” amplio y visible. Asimismo, es un blanco que implica un menor riesgo político para muchos grupos que desean asegurar un amplio apoyo por parte del público para sus programas. Esos grupos se dan muy bien cuenta de los riesgos que implica poner en la mira al público en general. Sin embargo, es sencillamente un hecho que la industria, sus productos y procesos, no podrían continuar a menos que haya una importante necesidad o apoyo por parte del público. Puede ser verdad que las personas a menudo se muestren escépticas respecto al poder y la influencia que ejerce la industria, pero existen pocas pruebas válidas de que este escepticismo se traduzca en una oposición generalizada a los productos de la industria. En realidad, todas las pruebas siguen apuntando a la dirección contraria –especialmente en los países donde ha habido tradicionalmente poca oferta de productos industriales, donde se ha limitado a una pequeña elite o tienen una calidad insuficiente.

Esto no quiere decir de ninguna manera que la ICEM y sus sindicatos afiliados no tengan problemas con las empresas que los contratan, o que esas empresas siempre sean ejemplos de virtud. Siempre habrá desacuerdos entre la mano de obra organizada y las empresas sobre cuestiones específicas; y la industria siempre podrá hacer más por proteger el medio ambiente –ya que la protección medioambiental y la sostenibilidad no son, como los procesos, su objetivo. No obstante, no hay salida respecto al hecho de que el cambio climático dependerá en gran medida de las opciones que tomen los individuos y que estas opciones dependerán a su vez de la voluntad de amplios sectores de la sociedad para comportarse de manera diferente así como de las opciones de las que dispongan –es decir, opciones disponibles no sólo en términos de oferta potencial, sino que también resulten abordables.

* Se reconoce que las industrias nacionalizadas plantean algunos desafíos importantes y diferentes, pero incluso las industrias nacionalizadas no sobrevivirían en la ausencia de demanda por parte de los “consumidores”’.

Como se afirmó antes, las emisiones más antropógenas hasta la fecha proceden de los países industrializados, pero la mayor parte del aumento de las emisiones futuras provendrá de los países en desarrollo. No resulta difícil comprender que los aumentos substanciales de las emisiones per cápita de países como China (1.200 millones de habitantes), India (1.000 millones), Indonesia (225 millones) y Brasil (173 millones) tendrán un fuerte impacto en las emisiones globales si se desarrollan de la misma manera en que lo han hecho los ahora países industrializados. Si el medio ambiente global no puede hacer frente a las emisiones presentes de los EE.UU. con 276 millones de habitantes, ciertamente tampoco puede hacer frente a un nivel semejante de emisiones per cápita de los populosos países en desarrollo –especialmente visto que esos incrementos de las emisiones se producirán en una escala de tiempo mucho más corta que la experimentada en los países altamente desarrollados.

Cuadro 2: Emisiones de dióxido de carbono per cápita (1995, en toneladas): 10 tasas indicativas

No existe una solución fácil para este problema, y ciertamente tampoco un consenso. Algunos afirman que, en el curso del próximo siglo, será preciso igualar las emisiones per cápita en todos los países a niveles que no afecten al clima. Ello implicaría una reducción de las emisiones per cápita en los países desarrollados del orden del 90%.

Un punto de partida obvio para tratar el problema, aunque ciertamente no de manera definitiva, es facilitar una vía de desarrollo económico en los países en desarrollo que requiera un uso menos intensivo de carbón o energía que la vía seguida por los países desarrollados.

Las tecnologías y técnicas expuestas anteriormente pueden ser utilizadas en los países en desarrollo para permitir un crecimiento económico y una mejora de los niveles de vida que finalmente utilizan menos energía –especialmente la energía de los combustibles fósiles- que las tecnologías más antiguas. Ya que no existe en estos países una masa de inversores a la que sea necesario compensar, hay más posibilidades de utilizar nuevas tecnologías y técnicas.

· · En la medida en que hay una menor experiencia mundial con las tecnologías y técnicas más nuevas y existe el temor de que puedan resultar más costosas, en los países en desarrollo, los gobiernos y las empresas tenderán a adoptar opciones tradicionales “de probada calidad”.

· · La total falta de capital disponible para la inversión en los países en desarrollo, exacerbada por los bajos ingresos (y, por tanto, menos capacidad para pagar nuevos servicios y productos) y por la, a menudo enorme, carga de la deuda.

· · Las grandes empresas y las instituciones financieras cruzan con mayor facilidad las fronteras internacionales que los demás, y tienden a favorecer grandes proyectos tradicionales.

Existen otros dos dilemas adicionales que se plantean a los que promueven la transferencia de tecnología:

· · Las tecnologías a pequeña escala que inicialmente podrían pensarse como las más apropiadas para las comunidades a pequeña escala pueden actuar finalmente como un obstáculo al desarrollo debido a que no son fiables y/o no proporcionan la escala de suministro requerido para una infraestructura importante. (Por ejemplo, algunas tecnologías energéticas renovables a pequeña escala no proporcionan un suministro fiable 24 horas al día a menos de que dispongan de costosos relevos accionados con combustible fósil). No obstante, puede haber un considerable espacio para desarrollar un enfoque doble para el suministro de energía mediante el que los usuarios que requieran más energía, tales como la industria, reciban una forma de energía más tradicional –aunque basada en la mejor tecnología existente, al mismo tiempo que se ofrece a las personas y a los usuarios a pequeña escala el uso de fuentes alternativas a pequeña escala más apropiadas. No obstante, para que esta perspectiva se convierta en realidad se requeriría una planificación bien coordinada y los recursos financieros y técnicos necesarios.

· · Ha habido considerables debates sobre cuáles son las tecnologías que es más razonable transferir. La hidráulica a gran escala puede no producir el efecto de invernadero, pero muchos la consideran como social y medioambientalmente problemática por otras razones. Lo mismo se aplica a la energía nuclear. Por otra parte, ¿una central eléctrica alimentada con carbón que tiene un elevado rendimiento energético ha de considerarse una tecnología apropiada, o debería descalificarse porque produce emisiones de carbono?

El Mecanismo Global para el Medio Ambiente (GEF) y las “Actividades aplicadas conjuntamente” (AIJ) son dos medios para financiar la transferencia de tecnología proporcionados por el la CMNUCC. La GEF fue creada en 1990 y durante el período 1991-1994 dispuso de unos 800 millones de dólares estadounidenses. De 1994 a 1998 dispuso de 2.000 millones de dólares. Para el período de cuatro años iniciado en 1998 tiene prometido por parte de los gobiernos un total de 2.750 millones de dólares (UNEP, 1999, Climate Change Information Sheet 28)

El GEF y otros mecanismos pueden obtener cantidades mucho más importantes del sector privado. A pesar de ello, estos montos son moderados si se considera que una gran central eléctrica alimentada con carbón puede costar 1.000 millones de dólares.

La limitación más importante en relación con la transferencia de tecnología es que las grandes empresas, que poseen la propiedad intelectual y el conocimiento de la mayor parte de la tecnología, no la proporcionarán sin recibir a cambio un beneficio razonable. Por tanto, se pide a los gobiernos que desean transferir la tecnología que paguen el precio. Y debido a que la mayoría de los gobiernos en los países en desarrollo tienen estrictas limitaciones presupuestarias en el plano interno, se carece de fondos para los proyectos en los países en desarrollo.

Por tanto, la necesidad de trasferir la tecnología para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es víctima de las mismas limitaciones que han hecho que prácticamente ningún país desarrollado haya cumplido nunca con el objetivo fijado por la ONU de dedicar el 0,7% de su PIB a la ayuda exterior.

Una opción posible que puede dar resultado sin la ayuda gubernamental son las Actividades aplicadas conjuntamente (AIJ), en las que puede brindarse a las empresas un incentivo para emprender actividades en un país en desarrollo siempre y cuando obtenga cierto tipo de crédito para sus actividades que producen emisiones en su país de origen. El riesgo en este caso es que puede no haber una transferencia real de tecnología, sino un medio adecuado para reducir el costo de la reducción de sus emisiones. Por tanto, ha habido casos (no necesariamente en el marco del proceso AIJ) de empresas de electricidad de los países desarrollados que financian la plantación de bosques en los países desarrollados para compensar las emisiones de sus centrales eléctricas en su país. Puede que resulte algo beneficioso para el medio ambiente, pero no contribuye a crear una vía hacia el desarrollo económico con una baja producción de emisiones para el país en desarrollo.

Asimismo, es importante entender que la transferencia de tecnología a gran escala –aunque tiene potencialmente un impacto sumamente positivo en el futuro desarrollo de los países en desarrollo- también puede tener como resultado un incremento “de facto” de la transferencia de industrias o empresas completas de los países desarrollados a los países en desarrollo. Ello se debe a que la decisión de transferir la tecnología puede considerarse aceptable únicamente si el “propietario” de la tecnología puede sacar el máximo rendimiento de su inversión. El resultado final podría ser muy bien el que una empresa transfiera gran parte de sus actividades al mismo tiempo que transfiere sus conocimientos tecnológicos. Una vez más, ello podría dar lugar a una situación en la que la disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero y mejores perspectivas de empleo en los países en desarrollo tienen como contrapeso la transferencia de capital y los despidos colectivos en uno u otro de los países altamente desarrollados. A este respecto, la respuesta al desafío de los gases de efecto invernadero sería, naturalmente, poco diferente a la reacción de la industria ante los desafíos “económicos” más tradicionales.

Los sindicatos de la ICEM tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo tienen un gran interés en la transferencia de tecnología adecuada a los países en desarrollo para ayudar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, la transferencia de esas tecnologías debería incluir más que un mero logro de “suma cero” en lo que se refiere a los puestos de trabajo –de modo que los costos de la transferencia no recaigan esencialmente en los trabajadores. Los sindicatos de la ICEM deberían trabajar conjuntamente con las empresas y los gobiernos para eliminar los obstáculos y conseguir mucho más trabajo en esa área.

En el trascurso de la última década se han realizado numerosos estudios sobre las posibles repercusiones económicas de las medidas para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Algunos de estos estudios incluyen las repercusiones sobre el empleo, pero la mayoría supone que las repercusiones económicas corresponden a las repercusiones del empleo –un supuesto poco fidedigno para los sindicatos de la ICEM acostumbrados a un “crecimiento del desempleo” en sus industrias.

· · diseño de modelos económicos “descendentes” realizados en el plano nacional o internacional

· · diseño de modelos “ascendentes” de concepción tecnológica y económicos que enfocan los cambios en determinadas industrias.

Por lo general, los estudios descendentes concluyen que la resolución del cambio climático provoca cierta pérdida económica (véase, por ejemplo, los resultados de los diversos modelos económicos mundiales en OCDE, 1993). Ello se debe a que la mayoría de los modelos económicos supone que la situación actual representa una asignación eficaz de los recursos, de modo que los cambios de política que provoquen un cambio en la economía son considerados como ineficaces, por lo que deben tener como resultado costos más altos. Lo que estos modelos no reconocen es que ya existen muchos aspectos ineficaces en nuestros sistemas económicos como resultado de las desigualdades respecto al poder, el bienestar y el acceso a la educación y a la información. La corrección de estas ineficacias puede reducir el costo de la reestructuración de la economía a fin de reducir las emisiones, y puede incluso producir beneficios netos.

Los estudios ascendentes tienden a producir resultados positivos para las inversiones y el empleo. Ello se debe a que se centran en los estímulos económicos de las inversiones nuevas diseñadas para reducir las emisiones. Por ejemplo, enfocan el crecimiento en las explotaciones de energía eólica y los puestos de trabajo que lo acompañan, o la readaptación tecnológica de las fábricas para reducir las emisiones. Lo que esos estudios no suelen tener en cuenta es el hecho de que el estímulo económico de estas medidas debe darse a costa de la inversión o del consumo en otras áreas de la economía. Por ejemplo, si los gobiernos subsidian las explotaciones de energía eólica o las medidas de conservación de energía (que ya es una práctica común), esos fondos deben proceder de otra actividad pública o deben conseguirse a través de impuestos más altos –una carga más pesada sobre otras empresas creadoras de empleo y sobre los ingresos individuales que de lo contrario producirían.

Ambos tipos de modelización tienden a ignorar los costos que implica la transición del ajuste económico. Los modelos ascendentes lo hacen debido a que sencillamente ignoran a las industrias que no les interesan. El modelo descendente, debido a la naturaleza de los modelos macroeconómicos. El diseño de los modelos es computarizado y las modificaciones en los resultados son instantáneos una vez que se modifican los datos de entrada. Algunos modelos intentan tomar como factor el tiempo, pero siempre resulta un ejercicio arduo.

Además, está el problema de que los resultados globales en el plano nacional tienen el efecto de “nivelar el terreno” respecto a las repercusiones sobre determinadas industrias y comunidades. A lo largo de la mayor parte de la década de los años 1990, los países desarrollados han experimentado un crecimiento económico continuo y han reducido sus niveles de desempleo. Sin embargo, en el marco de este panorama general ha habido enormes pérdidas de puestos de trabajo y muchas comunidades han sufrido intensamente –especialmente en la minería y la producción de electricidad. La reestructuración económica para reducir la emisión de gases de efecto invernadero tendrá efectos desiguales. En algunas zonas se creará sin duda alguna empleo, y cabe la posibilidad de que se experimenten pérdidas de empleo por lo menos iguales y probablemente de mayor magnitud en otros sectores.

Como se afirmó anteriormente en el presente documento, la mayoría de los trabajadores de los sindicatos de la ICEM trabajan ya sea de manera directa o indirecta en las industrias de la energía –la mayoría de combustible fósil- o en industrias que requieren un uso intensivo de la energía; dependiendo del combustible fósil para asegurar su viabilidad comercial y su competitividad. Un estudio de la OIT sobre las repercusiones del empleo en la minería del carbón mostró que se perderían hasta 1,5 millones de puestos de trabajo a raíz de las medidas para estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero a los niveles de 1990 para 2010 (Palidano, 1997).

En muchos países viene a añadirse una complicación más para los sindicatos de la ICEM, ya que las zonas en las que probablemente puede experimentarse un crecimiento del empleo como consecuencia de las medidas para reducir las emisiones que producen el efecto invernadero no serán las industrias, los sectores ni los países en los que estos sindicatos tienen la posibilidad de organizarse. Por ejemplo, una gran proporción de los empleos que se crearán en las explotaciones de electricidad eólica lo harán en el ámbito de la manufacturación y el mantenimiento. Los sindicatos de las centrales eléctricas y del carbón no tendrán la capacidad para organizar a los trabajadores de manera automática en la nueva zona. En varios países, los sindicatos libres e independientes están prohibidos “de jure” o “de facto”. Del mismo modo, las medidas para readaptar las plantas y edificios para mejorar su rendimiento energético pueden crear un número significativo de puestos de trabajo, pero no en las industrias de la ICEM.

La problemática del cambio climático representa desafíos potenciales para la estructura de los miembros de los sindicatos de la ICEM, e incluso para la propia ICEM. Si la reducción del cambio climático es una problemática tan importante como cada vez queda más claro, el efecto sobre la ICEM no puede, naturalmente, representar la preocupación principal. No obstante, el efecto sobre la ICEM, sus sindicatos afiliados y sobre sus derechos y capacidades para representar a sus miembros es una problemática que tiene que enfrentarse y la mejor manera de hacerlo es desempeñando un papel serio y constructivo en el debate y en el diseño de las políticas relativas al cambio climático.

A este respecto, es preciso que los sindicatos no se fíen de algunos estudios económicos que, tomando como supuesto elevados impuestos sobre la energía o el carbono, pronostican enormes pérdidas de puestos de trabajo para sus sectores. Esos estudios son alarmistas y poco realistas en la medida en que no es probable que ningún gobierno aplique elevados impuestos sobre la energía o el carbono en el marco de un corto período de tiempo. (El costo electoral de un elevado impuesto sobre la energía también será alto).

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente resume así los estudios económicos:

“Las políticas para reducir al mínimo los riesgos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero traerán una etiqueta de precio. Las estimaciones sobre cuánto costarán dichas políticas varía mucho. Por ejemplo, el costo calculado para estabilizar las emisiones de los países desarrollados varía de un –0,5% del PIB (es decir, un ahorro neto de 60.000 millones de dólares estadounidenses) a un +2% del PIB (igual a una pérdida neta de 240.000 millones de dólares).”

Si no se tiene una formación de economista, la cifra del 2% del PIB parece reducida. Sin embargo, tanto para los países desarrollados como los países en desarrollo, cada décima del uno por ciento del PIB es vital en un contexto abocado a reducir el desempleo y la pobreza. En la medida en que los puestos de trabajo tienden a crecer menos que el PIB (esencialmente como resultado de la automatización y la substitución de la mano de obra humana por las máquinas), la mayoría de los países necesitan que su PIB aumente 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento de la población so pena de aumentar el desempleo.

Las breves cifras de la UNEP también ocultan importantes repercusiones regionales e industriales, como ya se describió anteriormente.

Para formarse un juicio sobre el mérito de aceptar u oponerse a la necesidad de un doloroso ajuste estructural en las industrias de la ICEM, es preciso tener presentes dos factores más:

· · Finalmente, habrá consecuencias adversas más importantes si no se actúa. Los fenómenos climatológicos extremos provocados por el recalentamiento del planeta pueden provocar enormes pérdidas de vidas, industrias y puestos de trabajo, de tierras cultivables y ecosistemas. Se hará sentir un aumento de las enfermedades tropicales. El aumento en la frecuencia de fenómenos climatológicos graves está teniendo como resultado que algunos aseguradores se nieguen a dar cobertura a las empresas y los hogares contra determinados fenómenos climatológicos –incrementando drásticamente el costo de las pérdidas catastróficas.

· · Muchas industrias de la ICEM ya están experimentando actualmente importantes pérdidas de puestos de trabajo y continuos ajustes estructurales. Es preciso darse una idea de hasta qué grado las medidas encaminadas a resolver el cambio climático infligirán un mayor sufrimiento.

El balance de los estudios económicos es que las medidas para disminuir el cambio climático tendrán consecuencias negativas para el crecimiento económico y el empleo. Para todos los países en su conjunto, estos costos serán significativos, pero no catastróficos. Para determinadas industrias y comunidades, las consecuencias pueden ser graves, incluso si se contrarrestan con el crecimiento y los empleos creados en otros sectores. Es probable que las industrias y los afiliados de la ICEM se encuentren en primera línea entre los afectados de manera más negativa. Este puede ser el precio inevitable de resolver un problema medioambiental que tiene la capacidad de causar perjuicios todavía peores si se deja sin control.

· · Las políticas y medidas destinadas al cambio climático se basen en un conocimiento sólido de las repercusiones del empleo en cada industria en particular.

· · Se desarrollen y financien las estrategias de la “transición justa” a fin de que el costo de las repercusiones negativas del ajuste estructural se compartan tanto a nivel de la economía nacional como internacional.

A medio plazo, es posible que los afiliados de la ICEM y la propia ICEM tengan que plantearse una alteración en el número de afiliados en sus industrias, en la medida en que el empleo propiamente dicho se reestructura a raíz de las medidas destinadas a aminorar el cambio climático. No obstante, todavía puede hacerse mucho en las industrias que abarca actualmente la ICEM y, por tanto, es importante que la ICEM desempeñe un papel activo en los debates conjuntos entre la Comisión Consultiva Sindical (TUAC) de la OCDE y la Comisión Consultiva sobre las Empresas y la Industria (BIAC) de la OCDE. Los debates TUAC/BIAC han sido el resultado del acuerdo bipartita entre ambos de que los temas relativos al cambio climático son de vital importancia para ambas partes de la industria y tienen más probabilidades de éxito si se tratan juntas que si se tratan por separado. La ICEM considera que es de suma importancia seguir participando en la iniciativa TUAC/BIAC y utilizar la iniciativa para hacer presión sobre la OIT, la Unión Europea y la OCDE para que se ocupen, en particular, de las implicaciones sobre la seguridad del empleo y la creación de empleo de las diversas medidas encaminadas a reducir el cambio climático.

Una de las tareas clave de la ICEM es hacer las veces de enlace a fin de concluir acuerdos conjuntos con las empresas internacionales –individualmente y a través de los grupos de empresas- sobre los problemas y perspectivas de las industrias de la ICEM. La ICEM trata de desarrollar acuerdos internacionales con las empresas multinacionales sobre los temas relativos a la mano de obra y ha trabajado con los organismos industriales mundiales sobre la higiene, la seguridad y el medio ambiente (p. ej., el programa de Cuidado responsable de la industria química).

Algunos afiliados de la ICEM ya han trabajado con las empresas sobre temas relativos al cambio climático. Hasta la fecha se ha tratado esencialmente con los organismos industriales de combustible fósil, tales como el Instituto Mundial del Carbón, tratando de asegurar que se presenten a los gobiernos los puntos de vista de la industria y que ésta no sea tomada injustamente como blanco y resulte penalizada.

En las negociaciones intergubernamentales del tratado no hay quien cuide de nuestros intereses sino nosotros mismos. No se ha prestado atención a las repercusiones sobre el empleo en las negociaciones sobre el cambio climático porque, hasta hace poco, la presencia sindical en las negociaciones había sido mínima. En 1997, en las negociaciones del Protocolo de Kyoto, sólo hubo una docena de representantes sindicales presentes –en comparación con más de dos mil medioambientalistas y más de mil representantes empresariales. Esta situación probablemente se debió a dos factores principales. En primer lugar, gran parte del movimiento sindical, vista la enorme cantidad de compromisos que tiene, sintió claramente que no se justificaba comprometer recursos para enviar representantes a la reunión de Kyoto. En segundo, no cabe duda de que en la época de Kyoto no existía nada semejante a un “consenso sindical” sobre el cambio climático como problemática, y ni hablar de un consenso sobre las medidas para su reducción. No obstante, las implicaciones sobre el empleo son un elemento ineludible de todo debate informado y racional sobre el cambio climático. Esta es una razón más que ha movido a la ICEM a tomar la iniciativa.

Puede haber efectivamente ocasiones en las que es importante que los sindicatos apoyen a las industrias de combustible fósil a fin de que los puestos de trabajo existentes en estas industrias no sean penalizados arbitrariamente. No obstante, los sindicatos deben cuidarse de suscribir simplemente a los puntos de vista de los grupos empresariales –después de todo, muchas empresas han estado prescindiendo de nuestros miembros tan rápido como lo permite la tecnología. Los sindicatos necesitan respetar el consenso científico sobre el cambio climático sin dejar de reconocer que la ciencia todavía está evolucionando y que siempre hay lugar para el escepticismo en toda investigación científica y formulación de una política pública. En una agenda sindical progresista no cabe negar u oponerse a un cambio necesario. La cuestión es, más bien, tratar de incluir la manera en que se maneja el cambio de modo que se saque el máximo partido de las ventajas para los trabajadores y se reduzcan al mínimo las desventajas. Asimismo, los sindicatos también deben determinar por sí mismos cuán “necesario es el cambio” y no aceptar simplemente las aseveraciones de las empresas ni de las organizaciones ecológicas.

· · Compartir los compromisos en favor del rendimiento energético, la conservación de la energía y la reducción de las emisiones en las industrias de la ICEM.

En muchas industrias hay posibilidades substanciales de reducir el uso de la energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. En algunos casos, no se requieren grandes inversiones de capital y pueden reducir los costos para las empresas. Los trabajadores pueden ser uno de los motores de este cambio, si se les permite serlo.

Los sindicatos de la ICEM y los empleadores pueden elegir incluir los objetivos y aspiraciones medioambientales, incluidas las medidas en materia de energía y el efecto invernadero, en la empresa o en la negociación colectiva. Cuando la empresa y/o la mano de obra son capaces de lograr resultados que mejoren la posición financiera de la empresa así como el cumplimiento de objetivos medioambientales, la negociación colectiva debería proporcionar los elementos para repartir los beneficios financieros. Cuando es preciso hacer frente a costos adicionales y/o la posición de mercado de la empresa se ve afectada negativamente, la negociación colectiva debería dar pauta a la consulta para buscar respuestas menos costosas, incluido reducir al mínimo las pérdidas de empleo. Otra ventaja adicional importante de este enfoque es que los trabajadores y, por extensión, sus comunidades, consideren cada vez más que la protección medioambiental es un aspecto importante en el que tienen tanto interés directo como influencia real. Si el “medioambientalismo” ha de ser un punto ampliamente global de la agenda política como debería serlo, la plena participación informada de los trabajadores y sus sindicatos puede brindar un importante impulso.

· · Las negociaciones de alto nivel en una industria, en el plano nacional o mundial sobre la reestructuración estratégica para cumplir con los requisitos del efecto invernadero.

Especialmente cuando los principales empleadores son empresas diversificadas, las negociaciones pueden tratar la reestructuración de la inversión y de los puestos de trabajo de unas industrias a otras.

La manera en que la ICEM puede relacionarse con la empresa depende en parte de cómo la empresa se percibe a sí misma. Durante la última década o más, la tendencia principal de la mayoría de las empresas ha sido “centrarse en sus principales conocimientos” y deshacerse de sus activos y actividades que no forman parte de su actividad principal. Esto significa que, por lo menos en el mundo anglosajón, se han hecho cada vez más raras las empresas con industrias diversificadas, y un mayor número de empresas se han especializado intensivamente en una sola industria.

Por tanto, la mayoría de las empresas mineras se han especializado únicamente en la minería y quizás en el tratamiento de los minerales. Las empresas mineras que explotan el carbón rara vez se integran verticalmente para convertirse en proveedores de electricidad. No hacen investigación ni desarrollan alternativas al uso de los minerales, incluido el reciclaje. Resulta difícil mantener un diálogo con una empresa que explota carbón acerca del futuro de los trabajadores mineros fuera de la industria del carbón cuando la empresa se ha definido a sí misma únicamente como empresa que explota carbón. Por otra parte, las empresas mineras –siguiendo la iniciativa aparente de algunas empresas petroleras- pueden llegar a entender que la diversificación es la única manera de ayudar a capear la tormenta del cambio que pueden provocar las medidas para reducir las emisiones de CO2 a nivel global.

Existen algunas pruebas de que las principales empresas petroleras están tratando de diversificar su imagen, si no su actividad comercial real. Shell y BP están tratando de mostrarse como empresas energéticas que trabajan en una diversidad de soluciones a las necesidades energéticas, y que no sólo se dedican a encontrar y comercializar el petróleo. En la práctica, el petróleo sigue siendo la fuente de la mayor parte de sus ingresos y no se sabe si la imagen de diversificación es sólo un espejismo de relaciones públicas, es parte de una opción de seguro para un futuro cambio de dirección, o si es un auténtico esfuerzo el que realiza actualmente para experimentar otras alternativas.

Algunas empresas están empezando a considerar una convención internacional más estricta sobre el cambio climático como una oportunidad de mercado, pero hasta la fecha tienden a ser empresas más pequeñas de energía renovable que buscan la financiación pública, y las empresas de servicios financieros buscan oportunidades para obtener beneficios en la venta y compra de emisiones y otras actividades por el estilo. No obstante, las grandes empresas, incluso en la industria pesada, ahora están empezando a darse cuenta de que es inevitable un cierto régimen de control más estricto del clima. Por tanto, desean que se fijen normas para reducir la incertidumbre respecto a sus inversiones. Para muchas empresas mineras explotadoras de carbón, empresas petroquímicas y otras empresas de la industria pesada, la incertidumbre respecto a qué tipo de régimen de control de las emisiones se introducirá ahora y en 2008 - 2012 ,está empezando a afectar seriamente la planificación de sus inversiones. Prefieren saber cuáles son esas nuevas normas, incluso si les plantea más problemas.

Por tanto, los sindicatos de la ICEM tienen oportunidades de mantener un diálogo con las empresas de su industria sobre una base distinta a la puramente defensiva.

La ICEM y sus afiliados deberían entablar un diálogo con los empleadores sobre el cambio climático en las siguientes áreas:

Durante la década de los años 1990, se generó una enorme incertidumbre entre los trabajadores de las industrias de la ICEM sobre las consecuencias potenciales de las medidas para aminorar el cambio climático para los puestos de trabajo y los niveles de vida. Los desafíos no desaparecerán e ignorarlos es la manera más segura de perpetuar las incertidumbres. Las negociaciones intergubernamentales en relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto han sido extraordinariamente complejas y difíciles de entender para el público en general, incluidos los sindicatos.

No obstante, ahora cada vez queda más claro que los objetivos obligatorios para las emisiones entrarán en vigor conjuntamente con normas y reglamentaciones sobre cómo pueden lograrse.

Los sindicatos de la ICEM deben reconocer el consenso internacional sobre la gravedad del problema medioambiental y la necesidad de las medidas sociales y económicas para resolverlo.

Estos aspectos tienen enormes implicaciones para las industrias de la ICEM, que suelen basarse ya sea directamente en el combustible fósil, o depender en gran parte de la energía producida por combustible fósil. Aunque es probable que se creen nuevos puestos de trabajo y nuevas industrias como resultado de las respuestas económicas a las políticas sobre el cambio climático, también queda igualmente claro que habrá resultados negativos para las industrias de la ICEM. A medio plazo, la reestructuración de las industrias y los puestos de trabajo puede incluso poner en cuestión a los sectores que cubren los afiliados de la ICEM y a la propia ICEM.

Este desafío se presenta al cabo de décadas de importantes reestructuraciones de las industrias de la ICEM que han causado en general substanciales pérdidas de empleo. Esta reestructuración como respuesta a la competencia del mercado y al cambio tecnológico continuará, lo que debería tenerse presente a la hora de evaluar las dificultades adicionales que pueden entrañar las medidas para responder al cambio climático.

Existen significativas oportunidades para que la ICEM y sus afiliados modifiquen el curso del debate sobre el cambio climático y las medidas que se adopten en el plano nacional e internacional. En un mundo de incertidumbre, lo único cierto es que no se prestará la debida atención a la problemática de la pérdida de puestos de trabajo y los niveles de vida si el movimiento sindical no los promueve. Existe una multitud de tecnologías, técnicas y mecanismos sociales y económicos para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Sus consecuencias para los puestos de trabajo en determinados sectores, para las ganancias o pérdidas económicas en general, son inmensas. Incumbe a la ICEM y a sus afiliados la responsabilidad de enfrentar este desafío y lograr un futuro que conceda prioridad a la justicia social y a la “transición junta” para los miembros de la ICEM al mismo tiempo que estabiliza el clima del planeta.

Australian Coal Association (2000), Environmental Credentials of Coal. A BHP Research Study. Sydney

Colley, P (1997), Reforming Energy: sustainable futures and global labour. Pluto Press, Londres

De Wit, G (1994), The effects in employment of a shift in taxation from labout to the environment. Centrum voor energiebesparing en schone technologie, Países Bajos

Greenpeace International (1999) Global Warming and The Carbon Logic www.greenpeace.org/~climate/arctic99/reports/clogic.html

Hamilton, C, Hundloe, T & Quiggin, J (1997), Ecological tax Reform in Australia. Using taxes, charges and public spending to protect the environment without hurting the economy. Discussion paper No. 10, The Australia Institute, Canberra

Hinchy, M, Hanslow, K, Fisher, B & Graham, B (1998), International Trading in Greenhouse Gas Emissions. Some fundamental principles. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, Research Report 98.3

ICEM (1998), Energía Social. Programa Mundial de Acción de la ICEM adoptado en Cork, Irlanda, Noviembre

CIOSL (2000), Transición Social y del Empleo para el Cambio Climático. Declaración Sindical en la COP6 Conferencia de La Haya, 13-14 de noviembre, Bruselas

IPCC (1990), Climate Change. The IPCC Scientific Assessment. Cambridge University Press

OCDE (1993), The costs of cutting carbon emissions. Results from global models. París

Polidano, C (Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1997), The impact of climate change policies on employment in the coalmining industry. Working paper 115 for the Industrial Activities Branch, Sectoral Activities Programme. Ginebra

UNEP (1999), Climate Change Information Sheets. Internet source: www.unfccc.de/resource/iuckit/index.html

Federación Internacional de Sindicatos
de la Química, Energía, Minas
e Industrias Diversas

www.icem.org

Avenue Emile de Béco, 109
B-1050 Bruselas, Bélgica.

Teléfono +32.2.6262020

Fax +32.2.6484316

Correo electrónico: info@icem.org

Dióxido de carbono	71%
Metano	21%
Oxido nitroso y otros	8%

Fuente	1995	2010 (previsión)
Movilidad / transporte	4467	6536
Combustible fósil en usos estacionarios –industria, servicios, agricultura, hogares	8615	11015
Combustibles para buques de la marina internacional	410	555
Producir electricidad	7498	11363
Otra transformación	1159	1721

Emisiones totales	22150	31189
Combustibles sólidos	8576	12166
Petróleo	9343	12675
Gas	4231	6348

Brasil	1,6
China	2,7
República Checa	10,9
Japón	9,0
Federación Rusa	12,2
Swazilandia	0,5
India	1,0
Malasia	5,3
RU	9,3
EE.UU.	20,5