FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
A CONTRAMANO
LA IGUALDAD NO ES PARA TODOS.
Por Reinaldo Emilio Gross
1.-) Antecedentes de los casos.-
El
fallo Gorosito, Juan Ramón c/ Riva S.A. y Otro s/ Acci-
Dente
– Art. 1113 Cod. Civil – Daños y Perjuicios –
Inconstitucionalidad Art. 39 de la Ley
24.557 resuelto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación va a contramano de miles de
expediente iniciados y especialmente contradictorio
con tantas sentencias de distintos tribu
nales, salas, juzgados de todo el pais.
No haremos una lista completa de los fallos que declararon
La inconstitucionalidad del Art.39 de la Ley
24.557, pero citaremos algunos de ellos, a sa-
Ver: 1) Autos “ Rodriguez Larregla, José P. C/
Weber y Dignan Construcciones SRL s/ In
Demnizacion por accidente de trabajo “, Tribunal
de Trabajo N* 1 de Bahía Blanca, Senten
Cia del 27/08/1997.
2) Autos “ Capecete, Liliana H. C/ Supermercados Norte S.A. s/
Enfer
Medad – Accidente “, Tribunal de Trabajo N* 4
de San Isidro, Sentencia del 13/4/1998.
3) Autos “ Colman, Hermes c/ Lasalle, Rolando s/
Daños y Perjuicios “, Tribunal de Traba-
jo N* 4 de La Plata, Sentencia del 19/6/1997. 4)
Autos “ Díaz Sosa, Lidia T c/ Besser Ca
tering
S.A. y Otro s/
Accidente “, Tribunal de Trabajo N* 3 de San Isidro, Sentencia del 25
/2/1998.
5) Autos “ Quintana, Mario H. C/ Multisheep S.A. s/ Accidente
– Art.1113 Cod.
Civil “, Tribunal de Trabajo N* 2 de Lanus,
Sentencia del 19/11/1996. 6) Autos “ Montiel
Julio J. C/ Resind S.A. y Otra s/ Accidente “,
Tribunal de Trabajo N* 2 de San Isidro, Sen-
Tencia del 29/4/1997.
7) Autos “ Barrionuevo, Américo c/ Cimentaciones S.A. s/
Acciden
Te de Trabajo “, Tribunal de Trabajo N * 5 de San
Isidro, Sentencia Interlocutoria del 18/5/
1998. 8)
Autos “ Perez, Ramón A. C/ Molinos Cabodi Hnos S.A. s/
Enfermedad “, Tribu-
nal de Trabajo N* 5 de San Isidro, Sentencia del 18/5/1998.
9) Autos “ Barrionuevo,
Américo c/ Cimentaciones S.A. s/ Accidente de
Trabajo “, Tribunal de Trabajo N* 5 de
San Isidro, Sentencia Definitiva del 26/4/2000.
10) Autos “ Cardelli, Hugo c/ Ente Admi-
Nistrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente
de Trabajo – L 77.503 “, Suprema Corte
De Justicia de Buenos Aires, Sentencia del
6/6/2001. 11)
Autos “ Britez, Primitivo c/ Pro
Ductos Lipo S.A. s/ Articulo1113 – Daños y
Perjuicios – L 75.346
“, Suprema Corte de /
Justicia de Buenos Aires, Sentencia del 6/6/2001.
Esta lista es sumamente pequeña y además de la Provincia de
Buenos Aires, por lo que debemos agregar las
sentencias donde se declaro la inconstitucio-
Nalidad del art. 39 de la LRT, en casi todas las
Salas de la Excma. Camara de Apelaciones
Del Trabajo ( Capital Federal ), los distintos Juzgados Nacionales de Primera Instancia del
Trabajo, Tribunales Superiores de varias
Provincias, Salas de Cámaras del interior, Juzga-
Dos de Primera Instancia del Interior, entre otros.
Como resultado de todo lo dicho, los antecedentes de los ca-
Sos donde se han planteado y hecho lugar la
inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.
557, llegan a mas de 1.000 pronunciamientos
judiciales declarando la contradicción de la
ley con la Ley Fundamental y la suma cercana de
200.000 expedientes en tramite en todo
el país que peticionan dicha resolución.
Esto demuestra que hay unanimidad dentro de los diversos
Magistrados, Jueces, Profesores, Catedráticos y
Especialistas en Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, a lo que debemos sumar la
infinidad de resoluciones de Congresos, Ins-
Tituos y Entidades Profesionales donde declaran la
inconstitucionalidad.
Con estos antecedentes previos, la Corte Suprema de Justi
Cia de la Nación debía resolver sobre la
inconstitucionalidad del tan vituperado art.39.
2.-) Antecedentes del Caso “ Gorosito, Juan Ramón
c/ Riva S.A. y Otro s/
Accidente –
Art 1113 Cod. Civil -
Daños y Perjuicios – Inconstitucionalidad Art. 39 de la Ley
24.557.
La
Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende por el
Recurso extraordinario planteado por la citada en
garantía, contra la decisión del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Neuquen
confirmando el fallo de la alzada, que a su
Turno, acogió la acción de inconstitucionalidad
del articulo 39 de la ley 24.557 deducida /
Por la actora.
Tanto el Tribunal Superior como la Alzada dictaron las senten
Cias respectivas expresando que la norma aludida
resultaba violatoria de la Constitución Na
Cional y los Tratados Internacionales incorporados
en los siguientes puntos a saber:
1) Cualquier previsión que limite la vigencia del
“ alterum non laedere “ o lo excluya en
determinada
situación colisiona con lo previsto por los artículos 16 y 19 de la
norma
fundamental
.
2) El texto y la exposición
de motivos del art.39 de la ley 24.557 declaran el propósito de
confinar
la resarcibilidad civil de los daños laborales a supuestos aislados e
infrecuentes.
3) La norma vulnera, además las previsiones de los
arts. 14, 17, 18, 43 y 75 inc.
22 de la
Constitución
Nacional; art. 2 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y 1 de
Convención
Americana de Derechos Humanos.
4) Contradice la Ley Fundamental en cuanto libera
de responsabilidad culposa al empleador
La citada en garantía dedujo el recurso extraordinario, que fue
con
Testado y concedido por el Tribunal Superior.
La impugnante aduce que el resolutorio involucra un asunto fede-
Ral en los términos del art. 14 inciso 1 de la ley
48, pues se debate la validez constitucional
Del art.39 de la ley 24.557 y el alcance que cabe
conferir al art.16 de la Constitución Nacio-
Nal. Dice,
además que desconoce lo resuelto por un órgano del orbe federal como
la Comi
Sion Medica Central; que impone obligaciones ajenas
al marco en el que la citada en garan-
Tia despliega su actividad y que contradice la
discrecionalidad que atañe a la política legis-
Lativa.
Afirma que el resolutorio soslayo previsiones substanciales y
pro-
Cesales correspondientes a la ley 24.557, asi como
lo actuado en sede administrativa por an
Te las comisiones medicas.
Defiende la legalidad y razonabilidad de la restricción a la vía
Civil impuesta por la citada ley, desde que los
trabajadores se hallan inmersos en un siste-
Ma que requiere de remedios generales aptos para
tutelar a todos los individuos insertos pa
Ra tutelar a todos los individuos insertos en el
mercado laboral, siendo la ley bajo examen
La respuesta legislativa a esa necesidad.
Niega que la ley de riesgos dispense la culpa del empleador, al
tiem
Po que señala que, apreciada globalmente, la nueva
norma cuenta con beneficios superiores
A su antecesora, particularmente centrados en la
prevención, recuperación del
trabajador y
Su reinserción laboral o productiva.
Cita dispositivos que igualmente tarifan la indemniza-
Cion de los daños, aduce una hipótesis de
gravedad institucional y acusa que, arbitrariamen
Te, se omitió el tratamiento de varios argumentos
vertidos en el recurso de casación.
Invo-
Ca las garantias de los artículos 1, 16 a 19 y 28
de la Constitución Nacional.
El Sr. Procurador General Dr. Nicolás Becerra emite su dictamen,
Donde fundamentalmente expone que la “
presentante ha fracasado en su empeño por poner
En evidencia la existencia de un agravio de
imposible o insuficiente reparación ulterior ( Fa
Llos: 304: 429;
308: 1832; ), desde que, en caso de un futuro fallo adverso sobre
el fondo
Del asunto, V.E. – al examinar los agravios de
una eventual presentación extraordinaria que
Asi lo plantee- podría enmendar los efectos del
decisorio bajo examen, volviendo sobre lo/
Resuelto a propósito del art.39 inc.1 de la ley
14.557 o del abandono de la vía prevista en el
Art.46, apart.1, del mismo ordenamiento.
La Corte ha señalado que las cuestiones federales
Resueltas por autos no definitivos, durante la
tramitación del litigio, son susceptibles de co-
Nocimiento por el Alto Cuerpo en ocasión del
recurso extraordinario que quepa deducir
Contra el fallo final de la causa ( v. Fallos: 303:
1040, etc. ).
No obsta a lo afirmado la alegación de gravedad institucional
dedu-
Cida por la quejosa, desde que, sin perjuicio de la
falta del serio y concreto desarrollo que
V.E. ha encarecido en sus precedentes ( cfse.
Fallos: 303:221; 1923; 304:1893; etc. ), ella
Se asienta sobre la mera base de lo que propia
recurrente estima una potencial crisis del sis
Tema instaurado por la nueva normativa de riesgos
del trabajo, lo que dista de constituir
Una demostración indubitable de la concurrencia de
aquella circunstancia ( v. Fallos: 304;
1242 ).
Lo anterior no importa sentar opinión sobre el modo en que habrán
De resolverse las cuestiones introducidas por la
presentante ni las que atañen al fondo del
Planteo.
Por lo expuesto, considero que corresponde desestimar la presenta
Cion extraordinaria. Fdo. Dr .Nicolás Eduardo
Becerra, Procurador General “.
La Corte con una mayoría de seis votos de los Sres.Ministros
Dres.
Julio S. Nazareno, Eduardo Moline O’Connor,
Augusto Cesar Belluscio, Antonio Boggiano
Guillermo A .F. López y Adolfo Vazquez.
La disidencia fue votada por los Sres.Ministros
Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y
Gustavo A. Bossert.
La mayoría desestima la opinión del Sr. Procurador General –
que
se refiere a cuestiones procésales siempre
aceptados por la Jurisprudencia de la Corte –
y
se dedica a tratar el tema de fondo, la
inconstitucionalidad del art.39 de la Ley 24.557.
Para fundar la resolución plantean que” se debe
determinar -por un lado –
si el legislador
Pudo crear validamente un sistema especifico para
la reparación de los daños del trabajo y
Separarlo del régimen general de responsabilidad
por daños establecidos en el Código Civil
Y por el otro, si en el sub-examine se ha
acreditado que tales normas violentan las garantías
De igualdad ante la ley y de propiedad “.
Con posterioridad, lo sostiene en su propia jurisprudencia sobre
el
Art.19 de la Const. Nacional , “ que no existen
derechos absolutos “, y “ que no es licito in-
Vocar el principio de derechos adquiridos para
paralizar el ejercicio de la potestad normati-
va del Estado ( doctrina de fallos 252: 158 ),
particularmente cuando ella recae sobre cues-
iones de la naturaleza de la controvertida en
autos, de relevante significación social y econo
mica. Tampoco es licita dicha invocación cuando se
la efectúa para consagrar la inalterabili
dad absoluta de las consecuencias jurídicas de
acto futuro “
Después
la mayoría, expresa “ tampoco se ha demostrado en el
sub-examine que la aplicación de la ley 24.557
comporte alguna postergación o, principal
mente, la frustración del derecho al resarcimiento
por daños a la integridad psicofísica o /
la rehabilitación “.
La conclusión que llegan es “ la limitación del acceso a la vía
ci-
Vil que establece la norma impugnada no puede ser
considerada de suyo discriminatoria “
Y justifica que las normas son sancionadas por el
cuerpo legislativo.
Termina expresando “ que no es posible predicar en abstracto
Que el precepto impugnado en la especie conduzca
inevitablemente a la concesión de
reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de
raigambre constitucional.
Consecuentemente, al no haberse acreditado violación
a las garantías que se dijeron
conculcadas, no cabe sino concluir en la validez
constitucional del art. 39 de la ley 24.557.
Por ello, habiendo dictaminado el Sr.Procurador
General, se declara procedente el recurso
Extraordinario y se revoca el fallo apelado. Con
costas. Vuelvan los autos al tribunal de
origen a
fin de que por quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento con
arreglo al
Presente “
El voto en disidencia, afirma
“ que los agravios del apelante han
sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen
del Señor Procurador General, cuyos
Fundamentos esta Corte comparte y los cuales se
remite brevitatis causae “.
3.-) Carácter Vinculante de los Fallos.
Importancia.
Es un interrogante que se plantea, en los distintos ámbitos de
los
Tribunales y los Profesionales del Derecho, si los
pronunciamientos de la Corte Suprema
De Justicia de la Nación tiene carácter
vinculante o no para los tribunales inferiores.
Respecto de esta cuestión adhiero absolutamente los términos
que
El Dr. Ricardo O. González (h) expresa en su
trabajo “ Carácter moral o vinculante de los
Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“ ( pagina web: www.eft.com.ar ).
El autor mencionado destaca “ que los fallos de la CSJN ( Corte
Suprema Justicia de la Nación ) solo obligan
dentro del marco de las causas concretas en
que conocen, y por lo tanto no constituyen doctrina
legal, como ocurre en el marco de la
SCBA (
Suprema Corte Buenos Aires ) “.
Remarcando lo afirmado arriba, el Profesor Dr.Gonzalez ( h), ma
nifiesta que “ la inaplicabilidad de la doctrina
de la obligatoriedad general de la Jurispruden
cia de
la CSJN surge de la simple expresión de la regla constitucional por la
que los tribuna
les judiciales solo resuelven dentro del marco de
las causas concretas en que conocen “
También coincidimos con el Magistrado cuando dice “ cabe reco-
nocer la innegable gravitación que ejerce la CSJN
a través de sus fallos – mas allá de lo -/
que pueda sostenerse sobre su eventual aptitud
vinculatoria – atento su ubicación en la cus
pide del ordenamiento judicial “, pero “ ello
no implica la infalibilidad de sus decisiones,//
que obliguen a su acatamiento obligatorio a los
tribunales inferiores del país, ya que están
do en un estado Federal ( será asi ? )
los jueces inferiores tienen total capacidad de deci-/
sión dentro del marco de la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales con Jerar-
quia Constitucional y las leyes que en su
consecuencia se dicten y dentro de cuyo marco de
beran expedirse, correspondiente a la CSJN ajustar
aquellas decisiones que se escapen de /
dicho marco normativo, pero sin subordinar a los
magistrados que deben ser independien-/
tes no solo como integrantes del organismo del cual
forman parte sino también como Poder
del Estado...”
4.-) Situación en la Provincia de Buenos Aires.-
Como bien dice el Dr. González ( h ) en el trabajo arriba
citado,
En la Provincia de Buenos Aires, los Tribunales del
Trabajo no están obligados por la Ju-
Risprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Respecto de los Fallos de la Suprema Corte de Justicia de
Buenos
Aires, tienen la obligación de su aplicación
obligatoria – mas allá de la opinión personal y
Jurídica del Tribunal actuante – de acuerdo a la
propia Constitución Provincial ( Art. 161 /
Inciso 3 apartado a – doctrina legal ), a la ley
11.653 de Procedimiento Laboral (
Art. 55 )
Y del
Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Buenos Aires – aplicado suple
Toriamente por disposición del art.63 de la ley
11.653 – ( Art. 279 ).
Teniendo en cuenta las Sentencias en los autos “ Cardelli y
Britez “
Mencionados en el punto I del presente trabajo, los
Tribunales del Trabajo de la Provincia /
De Buenos Aires tienen que aplicar la doctrina
legal de dichos fallos, que han declarado la
Inconstitucionalidad del Art.39 de la Ley 24.557.
Debemos expresar que la SCBA tiene doctrina legal respecto que
Las sentencias de la CSJN no obligan en forma automática
al Superior Tribunal de la Pro-
Vincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, considero difícil que se aplique
automatica-
Mente para todos los expedientes en tramitación en
territorio bonaerense la decisión de la
CSJN en el caso “ Gorosito “.
5.-) Situación en la Capital Federal.-
La cuestión para las distintas Salas de la Excma.Camara de Apela
Ciones del Trabajo es la que muy bien
expresa el Maestro Dr.Rodolfo Ernesto Capon Filas
Juez integrante de la Sala VI de la Camara Nacional
de Apelaciones del Trabajo en los au-
Tos caratulados:” Sandoval, Tiburcio c/
Arcor S.A. “ (
DT 2201: 2118 sentencia del 29-8-
01 y más recientemente “ Turconi, Sergio Luis c/
Emporio Automotores SRL s/ Despido “
Sentencia del 19/12/2001 ), al señalar que “ la
sentencia dictada por la CSJN, AL CARE-/
CER DE FUERZA DE CASACIÓN, NO OBLIGA A LA CAMARA.
AL RESPECTO CA
BE INDICAR QUE, COMO EL ALTO TRIBUNAL NO ES UN
ORGANISMO DE CASA
CION, SU DOCTRINA NO ES PROCESAL NI
SUBSTANCIALMENTE OBLIGATO-/
RIA, PORQUE SI ASI FUESE BASTARIA UNA SOLA
COMPUTADORA GIGANTE /
QUE INSERTARA EN LOS CASOS EL PRECEDENTE INDICADO,
AHORRANDO -/
COSTOS, SIN DUDAS, PERO GENERANDO OTROS, LOS
SURGIDOS DEL DESEO /
INSATISFECHO DE JUSTICIA, MOTOR QUE EMPUJA LA
CREACIÓN JURÍDICA.
No funcionando como tribunal de casación, la
autoridad jurigena del Alto Tribunal con res-
Pecto a los restantes, emana dela seriedad de sus
posiciones, lo que tornaría endebles, el pre
Cedente no obliga a nadie, tema que ocupa un lugar
privilegiado en la historia del derecho /
Como enseña Calamandrei recordando los vaivenes
jurisprudenciales al ritmo de los aconte
Cimientos.
Si además la tesis expresada por la CSJN difícilmente se
compadece con la rea
Lidad, los valores y el contenido de las normas en
juego, surge en los restantes tribunales –
De la Republica, el deber de apartarse de la
mencionada posición, de tal manera que el Alto
Tribunal pueda rever su postura y hacer avanzar el
derecho. Pese a una opinión
generaliza-
Da, ante los fallos de la Corte no existe un deber
moral de acatamiento, porque el derecho /
Opera con normas externas y no con directivas
interiores éticas o religiosas. En
cambio, -/
Existe, y lo he cumplido, el deber funcional de
aplicar la postura de la CSJN cuando se
or
dena redactar un nuevo fallo según una determinada
posición “.
6.-) Ultima Instancia Judicial ( reforma de 1994 )
Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
es /
El mas Alto Tribunal de acuerdo a la Constitución
Nacional, también es correcto que con /
La reforma del año 1994 se ha incluido dentro del
esquema jurídico argentino, por aplica-/
Cion de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos – Pacto de San José de
Costa
Rica– la posibilidad de reclamos jurídicos por
ante la Comisión Interamericana de Dere-//
Chos Humanos
( Art. 44 de la Convención citada ) y ante la Corte
Interamericana de los/
Derechos Humanos
( Arts. 61; 63; y
48 a 50 de la misma ) .
Por lo tanto, existe la posibilidad jurídica y fáctica de
modificar una
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por una decisión de la Corte Inter.-
Americana de Derechos Humanos.
7.-) Consecuencias del fallo “ Gorosito “
El sistema jurídico argentino trata cada expediente que se
inicia, sin
Aplicar automáticamente una decisión judicial
resuelta con anterioridad.
Nuestro
ordenamiento es diferente al norteamericano, donde la Cor-
te Suprema cuando dicta una sentencia sobre un
tema, funciona como “ leading case “ y por
lo tanto, en forma directa se resuelven todos los
otros casos, unificando automáticamente la
jurisprudencia.
En nuestro país, una sentencia definitiva se resuelve en un
expedien-
te determinado, con circunstancias del caso y
pruebas que llevan al
tribunal ha decidir de -
una manera. Por
lo tanto, es la aplicación de las normas constitucionales,
internacionales/
y legales a las partes intervinientes, en las
características de la situación y los elementos -/
probatorios adjuntos.
8.-) Conclusiones.
Con el fallo “ Gorosito “ la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
En vez de resolver la discusión doctrinaria sobre
la inconstitucionalidad del art. 39 de la
Ley 24.557 ha incorporado un nuevo argumento en las
solicitudes de juicio político en tra
Mite por ante la Comisión respectiva de la Excma.
Camara de Diputados de la Nación.
Es necesario recordar que con la misma fecha del fallo aludido,
la
CSJN ha sentenciado en tres expedientes sobre el
llamado “ corralito financiero-bancario”
Cuando dicho Alto Tribunal tiene miles de
expedientes esperando su decisión, y en el caso
Mencionado resolvió en un tiempo veloz ( el
dictamen del Procurador General es del 28 de
Agosto de 2001 ).
La decisión de la Corte va a
contramano de los cientos de sentencias /
De la Excma. Camara de Apelaciones del Trabajo, de
los Juzgados Nacionales del Trabajo,
De la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, de
los Tribunales del Trabajo de la Pro-/
Vincia de Buenos Aires, de los Superiores
Tribunales de Provincias, de los Tribunales de
Alzada, de los Juzgados del Trabajo.
Como si ello no fuera poco, salvo alguna opinión doc
Trinaria solitaria, la inmensa mayoría de los
Juristas laborales han realizado trabajos, mono
Grafias, libros, ponencias, etc. Donde se considera
inconstitucional el articulo 39 de la ley /
24.557.
Desde su sanción – en 1995 – se han llevado a cabo decenas
de congresos, semina
Rios y reuniones de distintos institutos donde se
dictamino en forma unánime sobre la vio-
Lacion constitucional por parte del Art.39 de la
Ley de Riesgos del Trabajo.
Resulta muy extraño que ante la cantidad abrumadora de
sentencias,
fallos, decisiones de congresos, artículos
doctrinarios, exposiciones, publicaciones y libros
Que llegan a una misma conclusión, la CSJN decide
en contra de la jurisprudencia de tantos
Tribunales y las opiniones de catedráticos.
Ello llevo al Diputado de la Nación Carlos Rai-/
mundi presentar un nuevo pedido de juicio político
a la Corte Suprema de Justicia de la Na-
cion.
Concluimos, diciendo que la sentencia de la Corte resulta
violatoria /
De los Tratados Internacionales incorporados, en
especial el derecho “ a igualdad ante la
Ley “ resguardado por la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre ( /
Art. II ); Declaración Universal de los Derechos
Humanos ( Arts. 1, 2, 6 y 7 ); Convención/
Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San
José de Costa Rica – ( Arts. 1, 2, y 24)
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ( Art. 2 – parraf.2 );
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
( Art. 2 párrafos 1 y 2 )
; Convención
Internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial ( Art. 5 Inci-
So a ); y la Convención Sobre Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la
Mujer ( Art. 1 ), ya que acepta un reglamentación
para trabajadores dejando de lado la nor
Mativa común para todos los habitantes del país,
produciendo un “ corralito legislativo para
los trabajadores “ ajeno al principio
constitucional de igualdad ante la ley ( Art. 16
Consti-
tucion Nacional ), violando el Art. Citado pues
crea prerrogativas y fueros.
Jadores
