ponencia para las Jornadas de la Asociación Argentina de Abogados
Laboralistas
Mendoza, octubre de 2000
Dialogo entre abogados laboralistas, movimiento sindical,
jueces del trabajo y universidades en los países del mercosur
confluencia de voluntades para la construcción de un
observatorio independiente de seguimiento de la aplicación de los
derechos laborales y promoción del diálogo social
en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
Francisco Iturraspe
panchoiturraspe@hotmail.com
Santiago de Chile, 2000
En todos nuestros países - en especial los del "cono sur"
- se vienen desarrollando profundos cambios como producto de los procesos
internos de transformación productiva, social y política y
por el impacto de las aperturas económicas, la integración
y la mundialización.
Estos cambios en muchos casos han impactado negativamente
la distribución del ingreso y al mercado de trabajo con una creciente
informalización, desempleo y subempleo y el deterioro de las condiciones
y medio ambiente de trabajo y de la regulación protectora.
Una peligrosa insensibilidad social se instala en sectores
muy importantes de nuestras sociedades y en muchos gobiernos, la teoría,
los modelos y la práctica generalizada según la cual la seguridad
social debe convertirse en un mecanismo de ahorro forzoso sin importar los
derechos de los trabajadores, y los salarios bajos y el desempleo, en la
variable de ajuste de la economía y en condición indispensable
para el aumento de la productividad y competitividad.
Para esa concepción, toda regulación laboral
es perjudicial, por lo cual se busca una flexibilización sobre la
base de una permanente rebaja de los estándares regulatorios y la
destrucción
de los instrumentos de aplicación de la normativa laboral: los sindicatos
y la justicia del trabajo.
En los setenta las dictaduras como la chilena y argentina,
por ejemplo, no solamente persiguieron, encarcelaron y desaparecieron a dirigentes
sindicales y abogados laboralistas e ilegalizaron sindicatos, sino que
eliminaron o deterioraron la justicia del trabajo
y modificaron
“in peius” la legislación laboral
.
Esas tendencias, que fueron predominantes en los gobiernos
militares, parecen continuarse en casi todos los países del área,
en los que, a pesar de los progresos en materia de derechos humanos, encontramos
ataques contra
la organización de los trabajadores y la negociación colectiva
y contra la justicia del trabajo.
LAS POLÍTICAS ANTISINDICALES, LA DESREGULACIÓN LABORAL Y LOS
INTENTOS DE ELIMINAR O MINIMIZAR EL FUERO LABORAL SON PARTE DE UNA MISMA
MATRIZ IDEOLÓGICA Y DE UN MISMO PROYECTO.
Frente a esa situación, tanto en el
movimiento sindical
como las organizaciones
de abogados laboralistas y los jueces del trabajo
se ha desarrollado en muchos sectores focos de resistencia a ese modelo,
una impugnación ideológica y práctica en defensa de
los derechos sociales.
En varias Universidades de la región la doctrina
iuslaboralista ha sufrido una escisión entre los sectores que desarrollan
una
justificación
ideológica de la desregulación
y los que pretenden
la pervivencia de los principios fundamentales del Derecho del Trabajo y
los de la Seguridad Social
, adaptados a los cambios sociales.
Se han enfrentado - casi siempre en forma aislada, muchas
veces con poco éxito - a un esquema económico-social que es
presentado como el único viable e irreemplazable.
En la
jurisprudencia laboral
, frente a sentencias que legitiman jurídicamente el deterioro de
los derechos laborales, aparecen corrientes muy importantes de carácter
innovador
que rescatan los principios protectores del Derecho del Trabajo y la aplicación
de las normas internacionales.
En todos nuestros países crece la coordinación
de los sectores afectados y el intento de elaborar respuestas a ese modelo.
Se han construido redes formales e informales y en muchos ámbitos
aparecen búsquedas y debates más allá de los límites
corporativos de cada sector. En algunos sectores académicos también
se desarrollan búsquedas y propuestas con aportes que muchas veces
no llegan a los actores afectados por el proceso.
Las organizaciones sindicales y las asociaciones de abogados
laboralistas tienen en la región una larga tradición y aportes
significativos a las luchas populares. Las asociaciones de abogados laboralistas
de Argentina, Brasil y Chile (AAL, ABRAT y AGAL), en particular, tuvieron
un papel destacado en la
lucha por los derechos humanos y sociales
frente a las dictaduras y en la
conformación de una doctrina iuslaboralista de avanzada
.
En todos los países se desarrollan grupos informales
que reúnen abogados y jueces del trabajo, asesores sindicales etc.
siendo el más antiguo y significativo el “grupo de los miércoles”
que desarrolla, desde hace más de un cuarto de siglo, sus actividades
en la República Oriental del Uruguay.
En Argentina se conformó en plena dictadura el
Equipo Federal del Trabajo, integrado interdisciplinariamente por abogados,
jueces y otros interesados en la cuestión laboral y que ha desarrollado
una red en internet y congresos anuales de discusión y profundización
de propuestas alternativas.
En Chile, la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas,
con el patrocinio de la Asociación Nacional de Magistrados y organismos
y empresas públicas, ha desarrollado recientemente un proyecto sobre
las perspectivas de una reforma a las normas regulatorias de los conflictos
laborales, que concluyó con un importante seminario con participación
de magistrados, abogados laboralistas y sindicalistas en junio de 2000.
En Brasil, los actuales intentos de eliminación
de la jurisdicción laboral han originado una gigantesca red de discusión
y apoyo, con un papel fundametal de los abogados laboralistas y los sindicalistas
de diversas centrales sindicales.
Por su parte, el movimiento sindical de la región
viene
acompañando
el proceso de integración cumpliendo un papel muy importante enfrentando
sus características excluyentemente economicistas, y promoviendo los
aspectos sociales
, para lo cual se ha fortalecido la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur
, como una instancia institucional y política que ha logrado avances
significativos en el plano de la normativa laboral regional.
Las centrales sindicales, a su vez, han conformado equipos
de asesoramiento jurídico e interdisciplinario que producen un permanente
flujo de posiciones críticas, propuestas y reflexiones de notable
valor práctico y teórico.
Con el objeto de desarrollar intercambios a nivel latinoamericano
se han realizado diversos encuentros entre los actores sociales de la región.
Las organizaciones de los abogados laboralistas brasileños (de cada
Estado y la ABRAT ) han convocado los Encuentros latinoamericanos de abogados
laboralistas(trabalhistas) (ELAT), en el último de los cuales llevado
a cabo en Campos de Jordao, en el Estado de Sao Paulo se creó la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).En el apéndoce transcribimos
la Declaración emitida el primero de mayo de este año.
El próximo encuentro latinoamericano se llevará a cabo en
Argentina, con el auspicio de la Asociación de Abogados Laboralistas
de Buenos Aires y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
La propuesta de establecer
un diálogo a nivel regional
entre el movimiento sindical, los jueces del trabajo, los abogados laboralistas
y universidades constituye la base de una confluencia de voluntades para
enfrenar los graves problemas de la desregulación laboral los ataques
a la libertad sindical y la justicia del trabajo.
Se trata de propiciar la construcción de
mecanismos de coordinación, intercambio e información
, una red de tipo informal pero altamente eficaz, que contribuya a reforzar
las posiciones de todas las partes frente a los problemas comunes.
El objetivo es contribuir a
romper el aislamiento de sectores con intereses y perspectivas claramente
comunes en
muchos de los aspectos de su quehacer social y establecer las bases de la
conformación de
un observatorio de vigilancia de los derechos sociales de carácter
independiente y de alto prestigio intelectual y técnico que permita
la vigilancia de los derechos establecidos en la normativa nacional, regional
e internacional
impidiendo que sean “letra muerta” por la acción de poderes fácticos
que muchas veces tienen mayor influencia que los organismos constitucionales.
Debe buscarse también la participación
de
revistas
especializadas de la región y de periodistas que cubren la información
laboral ,
para analizar los problemas de difusión de las propuestas doctrinarias
alternativas, la jurisprudencia y las opiniones sindicales y las posibilidades
de posicionar en la opinión pública un observatorio de vigilancia
de los derechos sociales como el que proponemos.
Para el desarrolo de estas actividades es fundamental
el apoyo de la
Oficina Internacional del Trabajo
(OIT), que está desarrollando un
vigoroso esfuerzo por promover el diálogo social, las normas de derechos
humanos en las relaciones laborales y el trabajo decente
y que cuenta con valiosos recursos bibliográficos y personal de una
altísima capacitación y motivación, así como
el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO)
que ha desarrollado una
red de estudios del trabajo
y un observatorio
social , a
nivel continental.
De esta manera creemos fundamental proponer la construcción
de una
red
subregional
, informal pero efectiva, de intercambio y solidaridad entre los sectores
interesados en la defensa de los derechos sociales con los siguientes objetivos:
a. Propiciar el
intercambio
a nivel regional entre
las organizaciones de trabajadores, de abogados laboralistas, los jueces
del trabajo
y profesores
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las universidades
para establecer
mecanismos permanentes de coordinación para la defensa y difusión
de los derechos sociales y enfrentar la ofensiva desreguladora que afecta
a los sectores laborales a nivel nacional, regional e internacional .
b. Promover, en especial entre los actores sociales,
el conocimiento y la práctica de los
instrumentos nacionales, regionales e internacionales de defensa de los derechos
sociales y su aplicación efectiva
, en especial, en sede judicial.
c. Impulsar y apoyar los cambios jurisprudenciales que
se desarrollan en los diversos países frente a los nuevos problemas
que enfrenta la legislación protectora y difundir críticamente
los fallos que favorecen o perjudican los intereses laborales para establecer
un control
social a nivel nacional e internacional de la actuación de los fueros
laborales, sin desmedro de su independencia e imparcialidad.
d. Propiciar la aplicación, seguimiento y propuestas
de
perfeccionamiento
de la normativa nacional e internacional protectora de los derechos laborales
y establecer las bases de un observatorio independiente de vigilancia de
los derechos sociales y promoción del diálogo social,
con participación de sindicatos, abogados laboralistas y profesionales
de otras disciplinas interesados en la cuestión laboral, jueces del
trabajo y personalidades de la economía y la vida política
interesadas en el tema.
e. Acompañar el proceso
de profundización y cambios de la institucionalidad de la integración
hacia un Mercosur Social,
que establezca como eje fundamental los
derechos de los trabajadores y el desarrollo de los instrumentos jurídicos
para su efectiva aplicación.
f. Para realizar estas tareas es fundamental el
fortalecimiento institucional
de la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas
(ALAL), y la organización del IV Encuentro Latinoamericano de Abogados
Laboralistas como continuación del esfuerzo de coordinación
continental realizado por los colegas brasileños.
Apendice
III E.L.A.T.
3º Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas
CARTA DE CAMPOS
DE JORDAN
2.Los abogados laboralistas,
reunidos en el Tercer Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas,
III ELAT, han concluído, con indignación, que el nuevo orden
económico mundial se ha reflejado directamente en las relaciones sociales
de los trabajadores de América Latina, retirándoles derechos
y garantías tan duramente conquistados e históricamente consolidados.
El orden económico .
libre mercado salvaje y globalización de la economía . sin
barreras, sin fronteras, con voracidad, fragiliza y quiebra la estructura
de la Justicia del Trabajo. Los derechos sociales son desconstitucionalizados,
desacreditados, relegados y, al final, eliminados. En este contexto primeramente
se inició un proceso paulatino de debilitamiento de las entidades
representativas de los trabajadores (sindicatos y centrales sindicales).
Con el aumento del ritmo del desempleo, se alteró el proceso de reivindicación
de conquistas: hoy la principal reivindicación es la generación
de nuevos empleos y no de aumentos o reajustes salariales, no de mejores
condiciones de trabajo. Por eso, las entidades sindicales comenzaron a perder
influencia.
El proceso de globalización se impone sobre las
economías locales y, consecuentemente, sobre los trabajadores, desregulando
derechos fundamentales con el pretexto de su capacitación técnica
o modernización de las relaciones en base a avances tecnológicos.
El Estado democrático . ente evolutivo . edifica
sus cimientos en las conquistas representativas derivadas de la evolución
de su sociedad, materializadas en la Constitución de cada país,
garantizando derechos fundamentales de orden civil, político o social.
La universalidad de los derechos sociales es la esencia vital del Estado
democrático y, por lo tanto, no admite retrocesos.
Preocupados con los ataques
neoliberales, advirtiendo la desconstitucionalización de los derechos
sociales, los abogados latinoamericanos proponen:
1.-) Fortalecimiento y ampliación
del Mercosur, con la integración de los demás países
de América del Sur y Caribe en un mismo bloque.
2.-) Establecer que cualquier
modelo de desarrollo económico . social debe ser accesible a toda
la humanidad. El nuevo orden económico mundial debe surgir del resultado
de este nuevo modelo de desarrollo, que incluya a sectores socialmente marginados
en toda la escala planetaria.
3.-) El orden económico, para ser justo, deberá
tener como referencia principal al ser humano y sus necesidades en todo el
planeta, con independencia de las fronteras nacionales
4.-) Resulta inadmisible la convivencia con la concentración
de riquezas, con la discriminación de cualquier índole y con
la marginalización de personas o pueblos.
5.-) Los abogados, los juristas, los militantes de derechos
constitucionales y sociales necesitan tener conciencia de que, para cambiar,
es necesario la humanización de las relaciones sociales, la globalización
de la democracia . y, para este logro, es necesario resistir.
6.-) Declaran su repudio a las llamadas reformas de segunda
generación, que, como retroceso jurídico, postulan la privatización
de la justicia, la descalificación de la Justicia del Trabajo, separar
de jueces especializados en materia laboral la resolución de los conflictos
en las relaciones de trabajo; imponer formas de conciliación previa
obligatoria que condicionan el acceso libre a la jurisdicción judicial;
las proclamas que suprimen el derecho de los trabajadores a acceder a su
juez natural en procura de la reparación de los daños psico-físico
emergentes; la desprotección de los trabajadores en caso de concurso
o quiebra del empleador, y la desregulación de los instrumentos colectivos
a través de la disponibilidad colectiva de derechos históricamente
irrenunciables. Se cuestiona, finalmente, la conversión en negocio
financiero de los sistemas de prevención y reparación de infortunios
laborales, como asimismo las jubilaciones y pensiones.
Para el cumplimiento de estos objetivos, fue constituida,
en el día de hoy, 1° de mayo de 2000, la
Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, organización
pluralista, democrática que tiene por objetivo la defensa del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, de los principios especiales que convirtieron
dicha disciplina en autónoma, el apoyo mutuo y la solidaridad entre
sus miembros; de sus organizaciones; de la libertad sindical; de las prerrogativas
profesionales de los abogados; la resistencia contra las políticas
neoliberales de desarticulación de los derechos sociales; el mantenimiento
de los derechos universales del hombre y de los derechos humanos; la lucha
por la constitución de un nuevo orden mundial, basado en la solidaridad,
la igualdad y armonía entre las naciones.
Campos do Jordan, San
Pablo, Brasil
1º de mayo de 2000.
