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Argentina,
país en riesgo
El
conflicto entre un patrón de acumulación centrado en la valoración financiera
con exclusión y fragmentación socio-política vs. un patrón de acumulación
centrado en la reindustrialización integrada con y la construcción de una
sociedad de trabajo.
agosto
2001
1.
El
Déficit Cero y los cuellos de botella en la economía y en el sistema
político
2.
La
relación entre Déficit Cero y la reforma política del
neoconservadurismo
3.
La
noción neoconservadora de la autorregulación del mercado y sus consecuencias
socioeconómicas
4.
Una
bajada a la realidad argentina: autorregulación del mercado y desarticulación
productiva en el mundo del trabajo
5.
Crear
las condiciones políticas para instalar un patrón de acumulación y distribución
centrado en la reindustrialización integrada con cohesión socio-política y
empleos.
6.
Precisiones
sobre una reforma política de progreso
7.
Conclusiones:
un gobierno progresista de unidad nacional para salir de la depresión con
exclusión y construir una democracia política, económica y
social
1. El Déficit Cero y los cuellos de botella en la economía y en el sistema político
La Argentina vive un momento de inflexión histórica. En la base económica se ha generado un cuello de botella que impide el crecimiento económico y amenaza con transformar a este país en una particular y explosiva formación económico-social en la que coexisten un sector moderno de tecnologías productivas y gestión de punta, pero incapaz de incorporar a la modernización al resto de la economía real, y otro sector que antaño dio base a un capitalismo de industrialización intermedia, basado en la sustitución de importaciones, y que hoy se está convirtiendo en un gigantesco subsistema de economía informal compuesto por empresas de baja productividad y empleos precarios. La crisis económica se ha transformado en depresión.
El país no puede soportar un nivel de endeudamiento público externo e interno que compromete a 2/3 del PBI, al tiempo que la realización de este en el mercado mundial no excede al 8%. Las cotas de desempleo abierto y subempleo alcanzan el 30% de la PEA por contracción de la demanda efectiva y la baja productividad del trabajo en el sector informal, lo que hace inviable la superación del estancamiento económico. La corrupción se ha instalado como práctica normal en los negocios y en la política y se ha derramado en las bases mismas del sistema político-institucional. Emigran anualmente miles de jóvenes, la mayoría con niveles educativos medios y técnicos. Peligra la existencia misma de la sociedad y el Estado-nación. El Estado se ha transformado en un gerente de las corporaciones económicas.
La democracia política conquistada en 1983 trastabilla, en un clima de descreimiento popular por los partidos y las instituciones políticas. En este contexto de depresión el gobierno ha decidido aplicar una receta anticrisis contrayendo aún más la demanda efectiva a través de la reducción del gasto público: se trata del “déficit cero”.
La reciente
decisión del Gobierno Nacional de ratificar la política de reducción del gasto
público, encaminada a lograr equilibrio fiscal (expresada en la efectista
consigna del “déficit cero”), a
partir de la reducción de salarios de empleados públicos, beneficios de la
seguridad social y pagos a proveedores del Estado, instala un escenario en la
política Argentina que, si bien está perfectamente en línea con el sentido que
se transita desde hace un tiempo relativamente prolongado, encierra un riesgo cada vez mas evidente
para el régimen político y sus actores centrales: los
partidos.
El séptimo
ajuste de la administración De la Rúa, presenta una característica distintiva
con respecto a los anteriores: aquellos que lo promueven coinciden con la
inmensa mayoría de quienes lo rechazan en el objetivo de lograr déficit cero, constantes los demás
rasgos del escenario económico nacional. En efecto, el gobierno decide el ajuste
como supuesto remedio de urgencia ante la inminencia del default, la escalada de las tasas de
interés y la crecida vertiginosa del riesgo país y los opositores centran su
ataque en los sectores elegidos para solventar el ahorro, pero no cuestionan la lógica argumental
desde la que se sostiene la construcción.
Esto es nuevo
si se compara con los ajustes anteriores y parecería ser que la rústica racionalidad de los especuladores ha
permeado a la mayoría de los actores políticos, imponiéndoles nada menos que lo
que deviene central en estos casos: la mirada.
Casi nadie
discute la noción oficial de déficit
cero. Mas aún, hasta los aparentemente mas opositores, se apuran a aclarar
que "si bien están de acuerdo con el
déficit cero (y continúan) el costo lo deberían pagar quienes mas tienen".
De este modo el debate se ha enflaquecido a una puja por determinar a partir de
que niveles salariales los empleados públicos deberían contribuir al Gran
Objetivo Nacional del Déficit Cero (GONDC), o a partir de que monto deben hacerlo los jubilados (los
proveedores del Estado no parecen ser preocupación central de nadie por estas
horas) y en la medida que las argumentaciones de unos y otros se aproximen a los
extremos de un eje cuyo rango va de trescientos a mil, serán menos o mas
progresistas, o, si se prefiere, menos o mas equitativos, respectivamente.
Rápidamente
podría pensarse que es un debate carente de interés. Pero ocurre que las
consecuencias de las decisiones que se adopten en este momento son trascendentes
mas allá de las virtudes de los actores y la calidad de sus posiciones públicas.
La Argentina tiene un problema económico muy serio y su efectivo tratamiento
exige modificar la mirada. ¿Que
tenemos?
Hay tres
dimensiones centrales del problema: la
deuda externa, el régimen cambiario
y la concentración del ingreso.
Hay tres evidencias que constatan cada una de ellas: la Argentina no puede pagar
sus compromisos en estas condiciones, es imposible ser competitivo con esta
paridad cambiaria, crece la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad social.
Hay un tabú para cada una: no debemos hablar de moratoria, no debemos hablar de devaluación, no podemos hablar de justicia social. Finalmente, hay una falacia dominante: hay que bajar el
gasto público para que baje el riesgo país, las tasas de interés, aumente la
inversión y el país crezca. De todo esto, el gobierno y la mayor parte de la
sociedad civil, sólo se hace cargo de los tabúes y la falacia
dominante.
Ahora bien, el
problema señalado es de tal naturaleza que no permite el tratamiento aislado de
ninguna dimensión. En efecto, el replanteo estructural de la situación exige
abordar integralmente las tres dimensiones del problema. Si así no fuera, los
supuestos efectos benéficos de una política enfocada en una sola de las patas,
culminarían deteriorando mas a alguna de las otras. La reprogramación de los
pagos de la deuda, sin dudas necesaria, no alcanzaría por sí sola para lograr
una recuperación de la competitividad de la economía que habilitara mayores
niveles de cohesión social[1].
A la inversa, subsidiar la demanda, por ejemplo a través de un seguro de
desempleo igualmente necesario, constantes los otros factores, muy probablemente
terminaría beneficiando la producción extranjera, aumentando importaciones y
consecuentemente deteriorando aún más a los productores locales. Finalmente, la
salida del régimen cambiario, exige considerar muy detenidamente una
multiplicidad de elementos afectan al conjunto de la situación económica y
social.
Lo que está en
juego no es una política de crecimiento, sino una manera de calmar a los
mercados intentando dar garantías del pago a los acreedores externos. Para ello
se establece un sistema de distribución de fondos públicos cuya primera
prioridad es el pago de la deuda externa. De lo que sobre, se cubrirán las cuotas
presupuestarias en la medida de lo disponible. No se dice, o sólo se reconoce en
voz baja, pero forma parte del análisis que dio lugar a estas medidas, que se considera que el salario en el sector
público es elevado y presiona a la suba del salario del sector privado, que
el Estado “le sale” demasiado caro al
sector privado y le resta recursos financieros estimulando la suba de la tasas.
Así las cosas,
la política de déficit cero,
implicará una constricción adicional de consumo interno, incremento de los
niveles de pobreza, precariedad y vulnerabilidad y un deterioro adicional de la
situación de muchos productores que ya de por sí están atravesando una crisis
profunda. Es decir, la voluntad de cumplir a cualquier precio con el programa de
pagos de la deuda externa agravará situaciones específicas que se vinculan con
las otras dos dimensiones del problema real: continuará afectando la
competitividad de la producción e implicará mayores niveles de desocupación,
precariedad, pobreza y exclusión[2].
Entre quienes
expresan la opinión económica de los sectores dominantes existen matices en el
plano instrumental de las políticas. Todos coinciden en reducir el gasto público
y se diferencian en la manera de hacerlo; Unos sostienen la necesidad de hacerlo
de una vez y definitivamente[3]
avanzando sobre sectores como la educación, la salud, la seguridad social,
produciendo una rebaja generalizada de salarios y disminuyendo sensiblemente los
planteles de contratos de locación de servicios y de obras con que cuenta el
Estado. Otros se enrolan en una versión mas moderada que pretende tocar lo menos
posible a los sectores mas sensibles, pero sí avanzar decididamente sobre la
dotación del sector público (tamaño y salario-hombre). Tanto FIEL como la
Fundación Novo Milenium son exponentes de estas posturas. Otros pretenden
generar condiciones de ungoverment
temporal para imponer la idea de la dolarización como salida obligada[4].
Pero dentro de cada uno de estos grupos hay una visión transversal y
unificadora, que plantea la necesidad de producir una reforma de lo público centrada en el sistema
político, su institucionalidad, sus actores y sus costos.
2. La
relación entre Déficit Cero y la reforma política del
neoconservadurismo
El objetivo de
la derecha es cambiar las reglas de juego
político en la Argentina. Para ello se valen de dos evidencias[5]:
el expandido desprecio de la opinión pública de la política y los políticos y la percepción popular
que atribuye causalidad al gasto político en la crisis socioeconómica global. En
otras palabras, desde la esencia de lo político, el interés de los bancos, las
grandes empresas privatizadas y los grandes grupos multimediales, se emprende la
batalla final contra aquella otra política que ya no es necesaria para expresar
sus intereses. Adicionalmente, y como ocurriera con el vaciamiento del Estado
llevado a acabo por el menemismo en los noventa, esta embestida contra el
régimen político tiene consenso social.
Visto así, se
plantea la lucha contra la política
emprendida desde la política de los grupos mas concentrados: política vs.
política?. Esta paradoja señala los bordes de los conceptos que se manejan, e
insinúa otras dimensiones, quizá mas explicativas, opacadas por el aluvión
mediático que incita a terminar con “la causa de todos los males”: el costo de la política.
Los grupos
económicos mas concentrados y transnacionalizados, cierta prensa tradicional y
buena parte del actual gobierno, consideran necesario plantear y ejecutar una reforma política
sobre la base de reducir el número de funcionarios elegibles en todo el país
(pasar de unos 9.500 cargos a unos 1.500, contando las instancias nacional,
provincial y municipal), modificar el sistema electoral a favor de la
nominatividad de los candidatos, el cambio de las circunscripciones y la
voluntariedad del voto, simplificar la representación legislativa a favor de la
unicameralidad y la reducción del número de miembros, la eliminación de los
senados provinciales[6]
y de la gran mayoría de los consejos deliberantes municipales.
El actual desprestigio de la
política en la consideración pública y la reducción de gastos con que suele
vincularse a esta reforma, resultan claramente funcional a esta idea y
despiertan el apoyo generalizado de la opinión pública.
Desde hace más de una década —a partir de las leyes promulgadas entre
1989 y 1992 de Emergencia Económica, Reforma del Estado y Convertibilidad— el
núcleo duro del poder económico dominante, compuesto por el capital financiero,
grandes empresas transnacionales y locales y sus lobbies, desarrolla una
estrategia común de reformas institucionales dirigidas a que la política asegure
la “valoración financiera” del capital. El establishment —que es el poder
económico y sus lobbies, con el apoyo activo de círculos derechistas del
gobierno norteamericano— ha decidido que la dirigencia política argentina
tradicional es “ilegítima” y se propone sustituirla por una nueva nomenklatura
de centro-derecha, compuesta por vertientes de diferentes fuerzas políticas
conservadoras y de los partidos tradicionales.
El
establishment no es homogéneo, porque conviven en él intereses específicos del
capital financiero, de las empresas privatizadas, de los grandes grupos
económicos locales y también, dentro de cada uno de estos sectores, es posible
localizar intereses aún más específicos. Esas diferencias deberán ser tenidas en
cuenta para implementar una política de progreso que aísle y derrote a los
sectores más retardatarios y neutralice o incorpore a otros con intereses en la
economía real que podrían aceptar cambios económicos y políticos progresistas.
Pero el hecho es que hoy concurren en una misma política de colocar como
objetivo común lo que denominamos la valorización financiera del capital, que es
lo que está posibilitando que la economía de renta predomine sobre la economía
productiva y se bloquee el crecimiento económico junto con una mejor
distribución del ingreso en este país. El golpe debe ser dirigido contra los
intereses del establishment vinculados al capital rentístico, buscando
establecer compromisos con aquellos intereses del establishment vinculados a
actividades productivas y de interés nacional.
La estrategia del establishment logró captar primero al menemismo y luego
a sectores del radicalismo. Se trataba de decapitar la resistencia de sectores
populares, captando a la dirigencia tradicional. Esta política de captación
incluye a integrantes de la cúpula del Frepaso, conformado a mediados de los
noventa en lucha contra el bipartidismo como “tercera vía” entre el
neoliberalismo y la política tradicional, pero sin buscar inserción efectiva en
la sociedad, dado que sus principales líderes frenaban la organización política
estable de su base electoral y se negaban y eludían representar el complejo
mundo socioeconómico de las empresas nacionales y de los
trabajadores.
La estrategia “transformista”* del establishment sigue actualmente en
curso, y se ha acelerado ante la evidencia del rápido resquebrajamiento de los
partidos tradicionales y la desestructuración del Frepaso. La derecha política
neoconservadora se siente capaz de llevar al a práctica una reforma política que
le permita construir una fuerza política dominante en el Estado a través de
lograr que una parte sustancial sociedad termine de aceptar que el personal
político carece de legitimidad. Cree que puede incorporar a su proyecto de
“fujimorización a la argentina” a segmentos de los partidos políticos
tradicionales y al Frepaso, paralizar la resistencia de los sectores empresarios
industrialistas y de los sindicatos y aislar la protesta social liderada por los
diferentes movimientos de piqueteros y fogoneros. Se trata de transformar al
Estado en el principal soporte político de un patrón de acumulación centrado en
la “valorización financiera” y en la cristalización de un sistema económico
dualizado
En síntesis, la reforma política
pergeñada desde los intereses económicos y financieros dominantes constituye una
especie de dispositivo de seguridad que garantiza la no revisión y la
continuidad de formas de acumulación financiera imperantes en los últimos años y
el control sobre el tipo de estrategias a seguir. Representa consolidar una
posición dominante y sentar las bases de un nuevo impulso histórico de
dominación del capital financiero en la Argentina. Contrario sensu, significa abortar
cualquier “aventura” de cambio socio-político progresista que amenace, o
simplemente, que modere, la rentabilidad del capital y regule el funcionamiento
de los grupos mas concentrados.
En esta trama,
existe una clave que de acuerdo al
modo en que se descifre, se dirimirá la historia de los próximos años en un
sentido u otro. Por un lado la reforma neoconservadora de la política puede
darse el lujo de apoyarse en un estado de consenso popular acerca de los
supuestos de la inutilidad de la
política, lo oneroso de su
sostenimiento y la inescrupulosidad
de sus actores. Este estado de
repudio o indiferencia de la gente por la política resulta claramente sinérgico
a la reforma neoconservadora de la política.
Dicho en forma
mas clara, la idea de terminar, suspender o reformar, el funcionamiento de
instituciones claves de la República, como el Congreso de la Nación, las
legislaturas provinciales o los consejos deliberantes, puede ser apoyada
popularmente, tanto por la expandida convicción de la poca utilidad que
revisten, como por la certeza de que los costes de su funcionamiento conspiran
contra el bienestar de la sociedad[7].
El descreimiento popular por la política es comprensible: tiene sus fundamentos
objetivos en el hecho de que durante esta larga fase democrática (1983-2000) se
ha constituido una “sociedad política autoprotegida”, compuesta por dirigentes
de distintos partidos que utilizan las instituciones del Estado para reproducir
su efímero poder clientelístico o mediático, convirtiendo a la democracia
política en una democracia formal, carente de sustento en el mundo del trabajo y
en la vida cotidiana de los ciudadanos. Como resultado de la degradación del
sistema institucional, el Congreso de la Nación ha perdido autoridad y se
debilita su capacidad de iniciativa político-institucional. Esta aporía se funda
sobre la pretensión de viabilidad de la sociedad de los dos tercios excluidos y
la restricción de los mecanismos de democracia ampliada y lo que procura es
asegurarse governance para la gestión de los
intereses del tercio incluido de la
sociedad.
3.
La
noción neoconservadora de la autorregulación del mercado y sus consecuencias
socioeconómicas
La
caracterización general de los significantes del proceso actual de la Argentina
que hemos intentado delinear, implica unas consecuencias específicas sobre el
trabajo humano en general y sobre el empleo como categoría de inserción social.
No nos proponemos aquí trazar un cuadro de situación a partir de los
estadísticos mas usados del mercado de trabajo, ni observar su evolución desde
comienzos de la década del noventa, ni verificar por método alguno lo que
resulta evidente para el sentido común: la constatación de la precarización del
trabajo asalariado, la individualización de la relación de empleo y la implosión de la informalidad. Muchos han
recorrido este camino y algunos de ellos con admirable lucidez. Lo que
intentaremos es mas acotado y se si quiere mas orientado a la cuestión del
poder: observar como se juega el tema del orden laboral en la mirada dominante y
reivindicar su centralidad en la construcción de una contramirada.
En
la concepción del orden económico del modelo neoconservador imperante, el empleo
es centralmente una función del crecimiento y un componente del costo de
producción. En la medida que la relación clásica entre empleo y demanda agregada
es subestimada a favor de su significación en la ecuación de costos, ya sea por
la orientación de la producción hacia mercados externos o por la garantía
agiotista de los mercados internos con que el Estado favorece a los grupos
prestadores de servicios públicos, la presión a la baja de salarios se
acrecienta y, dependiendo del tipo de producción que se trate, también sobre la
dotación.
Desde
comienzos de la década del noventa, el discurso dominante en materia de empleo
sostiene que este depende de un factor central y otro facilitador: el
crecimiento económico y la eliminación de lo que se consideran "rigideces" del
mercado de trabajo[8],
respectivamente. Así las cosas, la mejor política de empleo
es una que no se concibe, sino que es una efecto del crecimiento económico que
derrama a partir de los vasos comunicantes de la desrregulación del mercado de
trabajo.
La
concepción dominante plantea un escenario gobernado por la idea de autorregulación del mercado. y en la
subordinación de la acción del Estado al imperativo de competitividad que
instala a la rentabilidad empresaria como el sujeto central de las políticas.
Derivadamente se acepta la invalidación social de un amplio sector de la
población, en ocasiones bajo dos supuestos básicos: el primero es que el mercado suele
fortalecer tantas posiciones como las que deteriora; y el segundo es que los sectores degradados no
suponen una amenaza para la continuidad de los rasgos centrales del sistema de
poder[9].
Dos
cuestiones surgen rápidamente: la primera tiene que ver con la posibilidad de
fundar un orden social a partir de la idea de autoregulación del mercado y sus
consecuencias, y la segunda con las características de la acción socorrista del Estado y los límites de
las políticas públicas diseñadas a partir de esa noción.
Desde
la construcción de la idea moderna de trabajo, la lógica económica no ha
supuesto la conformación de un orden social viable. Por el contrario, las
formaciones sociales heredadas del siglo XIX, se asentaron fuertemente en
regulaciones externas al dominio de lo económico. Por un lado las solidaridades
socioculturales preexistentes, fundadas en el artesanado, la tradición, etc. Y
por otro lado, la acción política del Estado y la invención del sentido moderno
de lo social (regulaciones,
protecciones, derechos, etc.). Cuanto
mas fuerte se hizo el mercado, se tornó mas necesario proteger al trabajo
humano: en esa intersección de
mercado y trabajo surgieron las instituciones sociales que caracterizaron el
desarrollo capitalista durante la mayor parte de este siglo. Los Estados
sociales europeos y el fascismo, pueden considerarse respuestas políticas a la
creciente centralidad de lo económico.[10]
En
[RM1] la
medida que un orden social supone el reconocimiento de los derechos de
ciudadanía, la acción política del Estado es necesaria para generar las reglas y
las instituciones encargadas de tornar efectivos y plenos esos derechos. No concierne a la lógica económica de la
acumulación capitalista la asignación de los medios que garanticen un lugar a
cada ciudadano en la sociedad. Por el contrario la autoregulación economíca es incapaz de
conformar un orden social satisfactorio y puede poner en riesgo al conjunto de
los vínculos sociales. Si bien es arduo precisar los impactos sociales de una
estrategia sostenida de autoregulación del mercado, es difícil
prever en ese marco la realización de las condiciones que permitan pensar en una
sociedad cohesionada, en la cual el trabajo humano sea el principal mecanismo de
inserción social.
La
segunda cuestión (la de la acción marginal de una política pública meramente
auxiliar y decididamente socorrista) se alimenta por un lado en la pretensión de
que asistimos a un ciclo de transición en las regulaciones, que se estabilizará
en un plazo mas o menos cercano, generando mecanismos compensatorios propios de
una etapa postindustrial; y por otro
lado, en la idea más extrema de que la sociedad postindustrial acepta (y
requiere?) una porción de individuos mas
o menos desafectados de la vida social (excluidos, marginales, etc.). La
demanda de políticas públicas de tipo
asistencialista, crecerá en la medida que se fortalezca esta última
concepción. Si se acepta la tesis de
la naturalidad de una sociedad de dos
tercios excluidos, las intervenciones públicas se ubicarán en el registro de
las políticas de asistencia focalizada, meramente orientadas a la satisfacción
de mínimos de supervivencia y despreocupadas de la cuestión de la reinserción
social.
Mas allá de las objeciones éticas que pueden oponerse a esta idea, además, hay que decir que esta tesis se apoya en dos precondiciones mínimas:
a)
Requiere que la tendencia al deterioro de un conjunto de posiciones sociales se
detenga y que la fractura entre integrados y marginados sea relativamente nítida y
consolidada.
Si
bien es posible identificar con claridad una cantidad de situaciones que
implican algún grado de exclusión (desempleados, jóvenes que no acceden a su
primer empleo, analfabetos, descalificados,... etc.), resulta difícil asegurar que todas las
situaciones de empleo importen un nivel de integración aceptable. Si por exclusión entendemos la fragilidad de
los vínculos que ciertas posiciones sociales mantienen con el centro simbólico y
material del sistema, y si la tendencia al deterioro de las condiciones de
ingreso y trabajo continúa, gran parte de las situaciones técnicas de empleo,
estarán comprendidas dentro de la noción de exclusión. Además como la noción de exclusión conlleva
un fuerte componente subjetivo, plantea la cuestión adicional de la
vulnerabilidad, es decir, de los trabajadores formales que sienten o perciben el
riesgo de la exclusión.
En
síntesis, esta precondición exige que se verifique un traslado de trabajadores
desde empleos obsoletos hacia puestos de trabajo de mayor productividad y que el
deterioro de las condiciones de trabajo se detenga a fin de evitar que un amplio
sector de la dotación formal[11]
quede expuesta a situaciones de exclusión relativa. Adicionalmente, se presente
la dificultadad de establecer una línea divisoria entre posiciones sociales que
se contaminan recíprocamente (incluido-excluido, integrado-desintegrado).
b)
Esta concepción también presupone un determinado nivel de aceptación o
resignación por parte de la población de una situación de marginalidad mas o
menos acentuada.
Si
bien existe consenso entre los especialistas en teoría social en cuanto a que es
limitada la capacidad reivindicativa organizada de un colectivo social compuesto
por un conjunto heterogéneo de posiciones de fragilidad, cierto es también, que
existen formas de impugnación sociopolítica que se diferencian de los modos
clásicos y cuyo impacto sobre el sistema puede ser muy perturbador[12].
La violencia callejera, la anomia y sus manifestaciones urbanas cotidianas,
pueden ser interpretadas como expresiones de insatisfacción que tienen su origen
en las privaciones derivadas de la exclusión de amplios sectores sociales.
La pérdida del sentido de futuro y de la noción de comunidad, conlleva un potencial de violencia que desafía la viabilidad de muchas sociedades modernas. Contrariamente a la violencia política clásica, aquí no se observan negociadores claros, ni posiciones que negociar. No hay proyectos de futuro, ni organizaciones que los enarbolen, ni líderes que los representen. La incertidumbre acerca de la viabilidad sostenida de formaciones sociales desintegradas, plantean una seria objeción a la concepción de la autorregulación del mercado y es un tema central del análisis político actual.
4.
Una
bajada a la realidad argentina: autorregulación del mercado y desarticulación
productiva en el mundo del trabajo
Repasados
los fundamentos básicos de la noción de autorregulación, de los cuales pueden
inferirse sus postulados de política, es pertinente plantearse cuestiones de
contexto que tienen que ver con su aplicación al caso Argentino. En este punto,
cobra actualidad el planteo del documento central en lo que tiene que ver con
los ejes centrales de la crisis. Dos cuestiones importa resaltar al respecto: a)
la significación de los principales indicadores laborales en
relación al vínculo entre crecimiento económico y empleo; b) ante la dimensión
de la fractura social que se evidencia, que cabe esperar del empleo en relación
a la cohesión social como postulado de una política que revierta la tendencia
actual.
En 1992, la
suma de la Tasa de Desempleo Abierta (TDA) y la de Subempleo Involuntario (TSI),
era de aproximadamente 15%. A partir de entonces, comenzó un crecimiento
sostenido hasta alcanzar en la actualidad entre 26 y el 28 % de la PEA. El
verdadero salto se produjo entre 1993 y 1995 con la economía en franco
crecimiento. Mientras tanto la Tasa de Empleo pasó de 37.1 en 1.992 a 35.8 % en
mayo de 2.001 y en la etapa dorada de
crecimiento en convertibilidad (1.992-1.994) la TE pasó de 37.1 a 35.8.
Adicionalmente
puede decirse que la ampliación del desempleo y del subempleo involuntario desde
1992, está vinculada con la disminución
del porcentaje de la población ocupada a tiempo completo (que desde entonces
muestra una tendencia marcadamente negativa, que sólo se interrumpió brevemente
con la expansión que siguió a la crisis mexicana, para retomar luego la
tendencia hasta la actualidad). Consecuentemente, la observación empírica
permite constatar que el crecimiento económico es insuficiente como factor
generador de empleo. La evidencia de la necesidad del crecimiento económico para
la expansión de la tasa de empleo en determinados contextos, no autoriza inferir
que es el único factor causal en la creación de puestos de trabajo y menos aún
en cualquier contexto.
Adicionalmente,
cabe observar[13]
que entre 1991 y 2000, tuvo lugar un progresivo desmantelamiento del Orden
Público Laboral en el sentido de la precarización de la relación laboral, la
desprotección del trabajador y la reducción de los costos derivados de la nómina
salarial. Es decir que habiéndose dado las condiciones causales e intervinientes
que se prescriben desde la noción de autorregulación, los efectos recogidos,
lejos de traducirse en un aumento de la tasa de empleo, permiten verificar una
caída de la misma y la configuración de un escenario en el que se inscriben
figuras absolutamente nuevas como la exclusión masiva, la vulnerabilidad aún en sectores formales,
y la desafiliación[14]
de importantes capas de población.
Ahora bien,
ante semejante escenario de destrucción de la antigua “sociedad del trabajo”
(establecida entre 1935 y 1950), y en el marco del actual modelo dominante, ¿es
posible recomponer el tejido social a través del empleo? ¿puede el empleo en
estas condiciones revalidarse como categoría central de inserción social? La
profundidad de la fractura social que se aprecia en la Argentina desafía
fuertemente la tesis según la cual el crecimiento derivado de la estrategia
dominante puede absorber sus efectos negativos. Es mas, constantes los rasgos
centrales del modelo (véase documento central) es sumamente improbable que pueda siquiera
evitarse la expansión de la fractura actual.
En la Argentina, el empleo a
tiempo completo tiende a crecer aproximadamente un octavo de punto bruto por
cada 1% de crecimiento del PBI. Descontado el impacto del crecimiento sobre la
caída de la TSI (aproximadamente 20%) el aumento del empleo por punto de
crecimiento sería del orden del 0,1%. Si la pauta de crecimiento fuera del orden
del 5 % anual, el crecimiento del empleo sería del orden de medio punto. Sobre
el desempleo abierto, considerado el incremento de la Tasa de Actividad
(aproximadamente 0.3% anual), el impacto a la baja sería del orden del 0,2, o,
medido contra la PEA (como lo hace el INDEC) sería de poco menos de medio punto
por año. Digamos
entonces que, teniendo en cuenta los actuales niveles de desempleo[15],
puede observarse con mucha claridad que la brecha social que se ha abierto en la
Argentina en los noventa, no es susceptible de cerrarse perseverando en la
estrategia de crecimiento dominante.
¿Es posible el
empleo con este régimen cambiario y las actual distribución del ingreso ? Hasta
aquí hemos hablado sobre lo que subyace a la concepción dominante y su
aplicación al caso argentino en términos generales. Pero existen dos cuestiones
que merecen una mención expresa: la primera es la imposibilidad de expandir el
empleo en el marco de la convertibilidad y la segunda es la descomunal
desigualdad existente en nuestro país y sus consecuencias sobre el empleo como
categoría de inserción y sobre la viabilidad social, política, económica e
histórica de una formación semejante.
1.
El
empleo concreto es una relación técnica que viene definida por la productividad
y el incremento de la demanda efectiva. La productividad es la relación entre
producto y dotación y la demanda efectiva tiene que ver con la competitividad,
con los mercados. En el marco de un régimen de convertibilidad que limita la
competitividad externa de la economía, con empresas proveedoras de insumos de uso generalizado que fijan
tarifas elevadas y gozan de la garantía
estatal de su rentabilidad y una institucionalidad pública que impacta en un
costo de transacción internacionalmente alto, la presión a la baja de salarios,
al incremento del sobreempleo horario y a la caída de la dotación, parecería ser
el único expediente habilitado por el propio modelo imperante. Dicho en otros
términos: en este contexto no existe posibilidad alguna de recuperar la tasa de
empleo, ni el trabajo decente [16]y
mucho menos, un régimen de acumulación que implique a trabajo humano como un
componente central de su diseño
2. El desempleo está mucho mas concentrado en los sectores de menores recursos y en los jóvenes y la distribución del ingreso en la Argentina se ha puesto en línea con la de América Latina que es la región mas regresiva del mundo. Las consecuencias prospectivas que esto tiene se inscriben en el registro de la pobreza - carencias alimentarias, educativas y sanitarias - marginalidad - exclusión ... desafiliación – reproducción agravada de la desigualdad. Esto impacta de lleno en todas las manifestaciones de vida de las personas. El daño irreversible sobre lo que Amartya Sen llama (y advierte) "las capacidades básicas de funcionamiento de las personas" no puede desligarse del futuro de la sociedad en la que se inscribe y de alguna manera, la condenan.
Todo
lo dicho hasta aquí remite a un tema de fondo: el funcionamiento y la evolución del mercado
de trabajo en la Argentina y los análisis diagnósticos y prospectivos conducen a
constatar la vigencia sistemática de la concepción de la sociedad de los dos
tercios excluidos y la construcción efectiva de la formación social que la
expresa. Dicho en otros términos,
hemos asistido hasta aquí, al despliegue de argumentos, recursos y políticas de
parte de un bloque de poder muy vinculado al capital financiero que postulan
como natural y hasta deseable, la existencia de una capa importante de la
población desafectada de la vida social.
El
trabajo debe incluir una dimensión de futuro que hasta ahora aparece vedada a la
mayoría de las formas de empleo que se originan tanto en los patrones de vida y
consumo de los estratos mas elevados de la sociedad, como en los programas
públicos[17].
La
intención (por cierto saludable) de generar empleos, debe incluir la idea y los
niveles de protección al trabajador, que habiliten al empleo como modo de
inserción social y no sólo como estrategia de sobrevida. La meta es construir
una “sociedad de trabajo”, el fundamento básico de legitimidad de la
democracia.
Es hora de producir una ruptura definitiva con dos formas de pensar las
relaciones laborales que están bloqueando la transformación y expansión del
aparato productivo, a saber: a) la visión empresaria que considera a la
degradación del salario y las condiciones de trabajo como variables de ajuste
para hacer sobrevivir los segmentos en descomposición de las empresas nacionales
o mejorar la competitividad de las empresas eficientes; y b) el doble discurso
vigente entre dirigentes sindicales y asesores jurídicos que declaman el regreso
a la vigencia de normas laborales protectoras válidas para el sistema económico
proteccionista y de industrialización intermedia.
De
lo que se trata es de establecer un “nuevo trato” o contrato laboral entre
empresarios y trabajadores para que se asocien en el esfuerzo de reconstruir y
modernizar el aparato productivo, transformando y creando empresas según el
nuevo modelo de reindustrialización esbozado en este documento. Las normas
laborales deben servir para humanizar al trabajo, pero respondiendo a las
exigencias de los nuevos patrones productivos. Caso contrario, esas normas se
transforman en palabras y carecen de efectividad. El escenario por excelencia
del nuevo trato debe ser la empresa. Las organizaciones empresarias, como los
sindicatos, deben adaptarse para jugar roles activos a través de la negociación
colectiva, para lograr el mejoramiento de la eficiencia empresarial y el
desarrollo de las empresas en redes privadas, cooperativas, públicas, etc.,
dentro del patrón de reindustrialización integrada. La participación y la
capacitación de los trabajadores son las condiciones fundamentales para lograr
que la fuerza laboral se sienta identificada con los intereses de las empresas.
Estas premisas también son válidas para reformular el rol y funcionamiento del
Estado, porque sólo con la participación de ellos trabajadores públicos será
posible erradicar el gasto público ineficiente, combatir la corrupción y lograr
que el Estado pueda lograr un papel activo en la ejecución de las políticas de
reindustrialización con cohesión social.
Asistimos
a la crisis terminal de una forma de pensar la política laboral.
Consecuentemente,
se trata de alumbrar un nuevo paradigma
empresarial capaz de proveer las explicaciones que nos faltan y de fundar
las nociones necesarias para encaminar un orden económico-social
integrador.
Enfrentar
la visión mesiánica que acepta y postula la “sociedad de mercado”, con dos
tercios excluidos, y en cambio construir una “sociedad del trabajo” en el
sentido del progreso civilizatorio, requiere la capacidad de articular un nuevo
bloque de poder de progreso que sustituya la valoración financiera por un modelo
de acumulación basado en la inversión productiva. Este bloque socio-político
debe organizarse a partir del consenso entre un heterogéneo entramado de
posiciones sociales, ideologías políticas, las tradiciones del mundo católico y
las instituciones estratégicas de la sociedad civil, empresarias, sindicales y
diversas formas de asociacionismo. Una de las claves de la hegemonía en las
sociedades de tercios radica en la dispersión de los actores de la oposición y
la fragmentación temática de los abordajes. Construir una "contramirada",
requiere entonces, recomponer un tejido amplio de relaciones de poder a partir
de una serie de acuerdos mínimos y dinámicos que permitan dar sentido y
significación a los procesos, al mismo tiempo que se constituyan en activos para
una acción política legitimada en la expansión de la ciudadanía democrática. Los
partidos políticos populares argentinos, ante todo el PJ y la UCR, deberán
entender que deben ser activos actores en la articulación del nuevo bloque de
poder, reformando sus estructuras para eliminar toda forma de clientelismo y de
prácticas políticas de autopreservación ilegítima de los núcleos dirigentes y,
por último, actualizar sus programas y plataformas de acción. Caso contrario, el
actual proceso de crisis de esos partidos se acentuará
inexorablemente.
5. Crear
las condiciones políticas para instalar un patrón de acumulación y distribución
centrado en la reindustrialización integrada con cohesión socio-política y
empleos.
Existe una
especie de clima de época, que se
enraíza en el convencimiento de que la orientación actual de la política y la
correlación de fuerzas sobre la que se funda, configuran un escenario en el cual
el cambio progresista está
estructuralmente obstruido y para destrabar este nudo se impone la necesidad de
hilvanar una amplia coalición de fuerzas políticas y de sectores sociales.
Mas que una ideología compartida o un pormenorizado programa de acción política
y de gobierno, lo que torna potencialmente afines a estos sectores es la común
percepción de la desestructuración de las fuerzas que apoyan el cambio y su
debilidad frente a las fuerzas representativas del constructo dominante. Así las
cosas, la capacidad de acción política
efectiva de las fuerzas progresistas esta vinculada directamente a la
factibilidad de articular una acción coordinada para instalar un patrón de
acumulación que garantice la reindustrialización integrada de la economía.
Hoy existe un
sector importante en términos de
articulación de actores políticos y sociales, que percibe que lo que se
esconde detrás de la pretensión de reforma neoconservadora de la política, es la
intención de prefigurar un escenario en el que se diluya muy aceleradamente el
peso relativo de los partidos políticos históricos (PJ, UCR y protopartidos
tributarios) sobre la sociedad, a favor de la constitución de una tecnogerencia estructuralmente vinculada
a los intereses económicos dominantes. En cierta medida, el debate económico
encarnado por los thinks thanks del
establishment[18],
constituye un preludio del tipo de gimnasia de representación que se expandirá a
toda la ingeniería institucional, luego de la apropiación privada de lo publico,
que la reforma política neoconservadora supone.
Desde una mirada progresista
que pueda resolver los cuellos de botella económicos y financieros que bloquean
el crecimiento y generan el desempleo masivo que hemos analizado, debería
plantearse una refundación de la política que procurara su reivindicación en un
contexto hostil como el actual y habilitara las formulas de consenso que
permitieran actuar en el sentido de cambio y equidad que fundan el clima de época imperante. Podemos
adelantar esta idea política de esta manera. Se requiere que los partidos
políticos y las organizaciones de la sociedad civil concuerden en un programa de
unidad nacional para profundizar la democracia. Esta es la premisa para una
reforma política progresista capaz de disputar con éxito frente a la reforma
política neoconservadora en curso.
El
transparentamiento de la financiación de los partidos, la ética de los
funcionarios y referentes políticos, la honestidad intelectual y la austeridad,
constituyen premisas básicas de una nueva forma de asumir el compromiso político
que procure reivindicar la actividad frente a la opinión pública. Precisamente
la obscena perversión de estos principios ha dado lugar a los casos mas
emblemáticos de degradación del ejercicio de la política y constituye la primera
razón de su desprestigio como actividad sociohistórica. Pero todo ello es
insuficiente como elementos de una política orientada a superar el orden de
exclusión a favor de una concepción del desarrollo incluyente. Es menester colocar también sobre el tapete
el cuestionamiento de la ética del régimen de acumulación financiera imperante,
además de la ética individual de los actores
Existe un punto
en común entre la Reforma Política del neoconservadurismo y la que
implícitamente se requiere llevar a cabo desde el progresismo: la percepción clara de la valoración
negativa que la sociedad tiene del ejercicio de la política y sus intérpretes
(funcionarios, legisladores, partidos, militantes, etc.). Dicho en otros
términos esta política, la que tenemos
actualmente, se denota incapaz de expresar los anhelos, deseos, esperanzas e
intereses que concurren a formar la voluntad mayoritaria de la sociedad y de
regular y controlar las acciones de los grupos económicamente dominantes
(por otro lado, desde la mirada de los poderosos, obliga a una permanente
tarea de cooptación y plantea un escenario análogo al de una estructura
gerencial excesiva y costosa). Pero
inmediatamente hecha esta constatación se produce una línea divisoria que
conduce por senderos muy distintos de lo que debería hacerse.
Las dos
diferentes formas aludidas de interpretar la reforma política configuran una
escena en la cual se entretejen y confunden dos conceptos claves de la historia
actual. La reforma neoconservadora tiende a asegurarse governance para la gestión de los
intereses del tercio incluido de la
sociedad. Por el contrario, la
reforma política progresista debería procurar generar condiciones o fórmulas,
que permitan fortalecer la gobernabilidad, entendida como la
capacidad del conjunto de la sociedad[19]
de enfrentar con éxito los desafíos que la interpelan.
Así las cosas, la reforma
neoconservadora de la política procura establecer condiciones de governance para consolidar un Orden
Político de Exclusión funcional a una noción restringida de la democracia
procedimental y en línea con experiencias del tipo de las llevadas a cabo en
Perú por Fujimori o en Ecuador luego de la caída de Abdalá Bucarán. Subyace a
esta idea, la tradicional crítica de los teóricos elitistas de la democracia
sobre el arreglo constitucional
típico de América Latina que combina regímenes presidencialistas con sistemas
electorales de representación proporcional. En el caso argentino, esta
característica congénita de la
institucionalidad democrática en la región se combinada con un tipo de
capitalismo que exacerba la tensión entre igualdad económica e igualdad política, configurando un
escenario en el cual el government de
los intereses dominantes suele disociarse de la gobernabilidad democrática.
6. Precisiones sobre una reforma política de
progreso
La extrema
debilidad del gobierno,[20]
y el descrédito del Congreso Nacional, son evidentes. Los partidos políticos
tradicionales y el Frepaso son los principales responsables de esta situación.
Las luchas y rupturas en el interior de la Alianza y la disposición de un sector
del gobierno (Grupo Sushi y los ministros Cavallo, Bullrich, Colombo y otros, y
financistas como Santibáñez) a “acorazar” el Poder Ejecutivo y gobernar sin la
Alianza se han acentuado. El apoyo parlamentario a los últimos ajustes (el
último, el “déficit cero”), ha sido forzado y lo único que ha provocado es
agravar el descrédito del Congreso Nacional. Los acuerdos entre el PE y los
gobernadores peronistas son hechos favorables para fortalecer al régimen
constitucional, pero también amenazan con ser anulados y digeridos por la crisis
global.
En este
contexto de crisis política, el establishment acentúa su presión para concretar
la reforma política que hemos comentado. Es necesario salir al cruce de tal
reforma. Pero ello sólo será posible a través de “otra reforma política”, esto
es, una reforma progresista que amplíe y fortalezca al actual régimen
político-institucional democrático y pluralista. La reforma política
progresista, como hemos adelantado, debe comenzar por los partidos políticos,
que deberán eliminar el clientelismo y la autopreservación pseudo
“meritocrática” de los dirigentes, para dar paso a partidos capaces de
representar a las múltiples demandas de la sociedad civil y del mundo del
trabajo. Estas demandas se expresan hoy principalmente a través de asociaciones
y movimientos sociales, con énfasis en la organización de los desocupados y la
atenuación de la pobreza.
La reforma
política progresista deberá construir un “núcleo duro” alrededor de un
funcionamiento diferente entre el PE y el Congreso Nacional. En efecto, se
requiere utilizar los instrumentos habilitados de la Constitución Nacional (en
particular la figura del Jefe de Gabinete) para instalar un régimen
semiparlamentario: así, el Gabinete nacional debería ser refrendado por el
Congreso Nacional y el Congreso debería funcionar como escenario de
negociaciones para el consenso entre los partidos políticos, y de formación de
bloques que den sustento a un Gabinete nacional de coalición. Si para algo
deberían servir las elecciones de octubre próximas —en las que el resultado será
de suma cero para la Alianza y el PJ, porque todos los partidos perderán, dado
el rechazo o desinterés de los electores ante la convocatoria— es para provocar
una crisis de crecimiento de la política a través de instalar tal tipo de
régimen semiparlamentario. Se podría iniciar la nueva experiencia formando un
gobierno de “personalidades”, apoyado por los partidos de gobierno y oposición,
que convoque a un pacto al estilo del Pacto de la Moncloa en fines de la década
de los ochenta. Este pacto debe incorporar a las provincias contar con la participación activa de
los municipios como promotores de desarrollos productivos y de cohesión social
en la base de la economía y la sociedad.
Sin embargo, un
régimen semiparlamentario de base electoral mixta (uninominal y proporcional)
tampoco garantizará la estabilidad política si no logra protegerse a través de
un acuerdo con las organizaciones empresarias alineadas a favor de políticas de
inversión productiva y contra la “valorización financiera”. Los sindicatos y los
nuevos movimientos sociales deben ser convocados y asociados para renovar la
democracia. Las iglesias, en particular la Iglesia Católica, podrían crear
escenarios favorables para la concertación socio-política. Y, “last but not least”, es necesario
terminar con las posturas antimilitaristas y reconocer que en las FFAA la
principal preocupación de los oficiales y suboficiales es hoy “¿A dónde va el
país?”, y darle a esa pregunta una respuesta progresista. La recomposición entre
sociedad, política y FFAA es lo único que permitirá aislar a sectores militares
ultraderechistas que están pensando en encabezar una nueva “Semana Trágica”
contra la rebeldía de piqueteros, fogoneros y miembros de
sindicatos.
Reformar la
política para profundizar la democracia en un contexto de crisis global no es
tarea sencilla. Ante todo por el atraso y desarticulación de los partidos. Pero
también por la fragmentación de posiciones en el mundo empresario, dado que
algunos sectores productivos temen que el final de la “valorización financiera”
dé inicio a un período de desórdenes y de agudización de la “lucha de clases”;
otros porque creen que la solución es que el PE se “acorace” para aplicar desde
las alturas una política “desarrollista”; otros porque creen que la solución es
el acuerdo, pero a través de reformar la forma de elección presidencial, para
elegir al Presidente a través de un Colegio Electoral; y otros porque siguen
creyendo que es necesario achicar aún más el gasto público para liberar recursos
para la inversión, etc. Tampoco el escenario sindical es homogéneo, dado que
coexisten posiciones favorables a un “Pacto Económico-Social” (CGT), a una
solución nacionalista-industrialista (MTA) o a una solución con propuestas
afines a la Doctrina Social de la Iglesia (CTA).
Pero lo único
cierto es que la política progresista y la democracia pluralista sólo podrán
superar la fragmentación y el desorden actual y crear una centralidad política
progresista si son capaces de encontrar puntos de convergencia sólidos entre los
partidos y las fuerzas económicas y sindicales para producir un profundo viraje
y dirigir al país hacia la ampliación de un patrón de acumulación de
reindustrialización y de fomento de la sociedad de trabajo. Caso contrario vamos
en camino hacia una crisis política con inestabilidad política que puede incluir
enfrentamientos cruentos, la antesala de un orden conservador en el país,
posiblemente de larga duración.
7. Conclusiones:
un gobierno progresista de unidad nacional para construir una democracia
política, económica y social
El ajuste
instrumentado a través de la política de equilibrio fiscal o déficit cero, constituye muy
probablemente el último intento del gobierno de De La Rúa de perseverar en el
camino de dar señales a los mercados para lograr confianza como plafond de
crecimiento económico.
Achicar el
déficit fiscal y dar señales a los mercados han sido las dos preocupaciones
centrales del gobierno De La Rúa. Por diferentes motivos, esa política ha
resultado incapaz de generar condiciones de reactivación económica y no existen
elementos objetivos que permitan pensar que esta nueva señal, por osada que sea,
resulte suficiente para disparar un proceso de crecimiento. Por otra parte, mas
allá de la cuestión de la lógica de la caída de la tasa de riesgo y sus
supuestas consecuencias benéficas sobre las tasas de interés, cabe preguntarse
porque razón o en base a que cálculo económico, puede justificarse un incremento
sustantivo de la inversión productiva en una economía con un mercado interno
depreciado y un régimen cambiario que conspira estructuralmente contra la
competitividad externa. Desde que Domingo Cavallo se hizo cargo del Ministerio
de Economía luego del fallido intento del ajuste López Murphy, se intentaron
variados mecanismos de ahorro y captación de recursos que en conjunto rondan los
8.000 millones de dólares anuales proyectados y a pesar de ello, se han
demostrado insuficientes.
Como queda
dicho, las razones del estancamiento de la economía Argentina no tienen que ver
con la confianza de los mercados sino
con cuestiones estructurales como la incapacidad física del presupuesto nacional
de albergar el tamaño de una deuda pública externa creciente, el régimen
cambiario y la imposibilidad derivada de generar competitividad y un sociedad
con niveles de exclusión que cuestionan su viabilidad[21].
La situación es
sumamente delicada y frente a un eventual fracaso de este ajuste o a la
imposibilidad de llevarlo a cabo, cabe esperar un escenario turbulento y de
crisis institucional. Los mercados no darán un apoyo decisivo a la
política de déficit cero. Por el
contrario, darán un apoyo prudente y moderado y analizarán atentamente la
capacidad del gobierno de llevarlo a cabo. El nivel de la protesta social por un lado
y la casi segura caída en la recaudación
por el otro, son variables pertinentes para evaluar este escenario, pero los
tiempos propios de los elementos de esta ecuación (la reacción de los mercados,
la evolución de la protesta y la aplicación dinámica de la política de déficit
cero) son bien distintos y podrían entrar en contradicción.
Si ello
sucediera, el establishment económico
intentará un salto hacia adelante en la dirección de la dolarización como respuesta a la
escapada vertiginosa de los indicadores y la salida de capitales[22]
y una implementación ortodoxa de la
reforma política neoconservadora. Como pasos intermedios de su embestida,
avanzará sobre la educación pública, el Banco Nación, el sistema previsional
(afectando no sólo jubilaciones actuales sino también futuras, eliminando la
Prestación Básica Universal (PBU), el PAMI, la dotación de empleo público (no
sólo salario), lo que queda del orden público laboral (en el sentido de la
descentralización total de la negociación colectiva), etc.
La posibilidad
de concebir una respuesta desde los sectores progresistas de los distintos
partidos políticos (y aún de sectores sociales no representados por los
partidos) en un escenario como el descrito depende centralmente de la capacidad de
articulación de acuerdos férreos sobre las siguientes propuestas programáticas y
de roles políticos: