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doctrina y opiniones |
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LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO
AMENAZADA. EL ESTADO DE DERECHO TAMBIÉN.-
¿Quién le teme a la Justicia del Trabajo?
El proceso de demolición de la superestructura jurídica que tutela los derechos de los trabajadores, eufemísticamente llamado de “flexibilidad” laboral, se aproxima a uno de sus grandes objetivos: la neutralización de la justicia del trabajo.-
Es sabido que no hay mayor elemento de “flexibilidad laboral” que una justicia lenta e ineficaz. De nada sirven los derechos reconocidos en la normativa legal o convencional vigente, si no son acompañados por procedimientos judiciales en capacidad de hacerlos valer en tiempo oportuno. Esta es una verdad que la conciencia jurídica de nuestra sociedad aceptó ya a mediados del siglo pasado, cuando se crearon los Juzgados Nacionales del Trabajo (decreto-ley 32.347/44), como una herramienta para bajar a la realidad el principio protectorio.-
Pero la involución ética y social que significa el neoliberalismo, parece estar replanteando, no sólo la necesidad de una justicia laboral eficiente, sino, directamente, la necesidad de una justicia laboral. Los métodos para atacarla son variados, algunos burdos, algunos sutiles.-
No es mera casualidad que el Poder Ejecutivo Nacional tenga en carpeta proyectos para iniciar el desguace del fuero del trabajo, después de haberle quitado competencias, tal como se hizo con la privatización de la conciliación laboral (ley 24.635), o con la ley 24.522 de concursos y quiebras, o con la creación de los “tribunales médicos” de la ley 24.557. No es casual que haya juzgados con una dotación reducida de empleados y otros a los que directamente se les quitó personal. No es una simple coincidencia, no, que ahora se pretenda transferir juzgados laborales y salas de la Cámara de Apelaciones a otros fueros.-
Como tampoco es una casualidad que el Banco Mundial pretenda decirle a nuestros países qué clase de justicia deben tener, y que en ese proyecto no esté contemplada la justicia laboral (ver Documento Técnico del B.M. N° 319S, de junio de 1996).-
Entonces ¿cómo podemos asombrarnos por la manifiesta incapacidad y negligencia de los funcionarios del gobierno, ante las amenazas de bombas que afectan a los juzgados laborales desde hace ¡¡catorce (14) meses!! y que obligan al desalojo de los edificios, interrumpiendo en forma casi diaria la actividad judicial? Las entrevistas que nuestra Asociación ha tenido con Jueces Federales, ministros y secretarios de Estado han sido patéticas y desalentadoras: NO TIENEN EL MENOR INTERÉS EN SOLUCIONAR EL PROBLEMA.-
¿Quién le teme al Estado de Derecho?
Como decía el inefable “Pancho” Ibáñez, “todo tiene que ver con todo”. El ataque a la justicia laboral se enmarca en políticas de Estado que, con la excusa de la “emergencia económica”, están haciendo desaparecer el Estado de Derecho.-
En efecto, en la Argentina lo que está en crisis no es sólo la economía. Lo que peligra es el Estado de Derecho, cuyos cimientos están siendo dinamitados por un gobierno irresponsable, que corre detrás de mágicas soluciones para el desastre económico al que nos está llevando, sosteniendo con tozudez un modelo social que se desmorona como consecuencia de sus propias contradicciones e iniquidades.-
En su desesperación el gobierno no duda en destruir los pilares de la forma republicana que los argentinos elegimos para la convivencia política. Con plena conciencia de las aberraciones jurídicas en las que incurre y con un autoritarismo que nos hace recordar tristes experiencias de nuestro pasado reciente, pisotea el principio constitucional de la división de los poderes. Saltea al Congreso de la Nación -que está en pleno funcionamiento- y continúa con la corruptela menemista de los decretos “de necesidad y urgencia”, modificando leyes, Códigos y -de hecho- la propia Constitución Nacional.-
Desconfía del Poder Judicial y pretende prohibirle a los jueces que dicten medidas para cautelar los avasallados derechos de los ciudadanos. Declara al Estado como una especie de “inimputable jurídico”, que hace lo que le place con nuestros derechos y con nuestro patrimonio, pero que no puede ser ejecutado ni embargado. Nos impone la recepción de “bonos” para cancelar su enorme deuda social interna, que ya ni siquiera tienen cotización en la Bolsa, por falta absoluta de interesados o compradores.-
En su camino hacia el abismo pulveriza la Constitución Nacional, que es el contrato social que nos hace un país, un Estado, y no un mero conglomerado de personas. Ahora, mediante los arts. 50 y 51 del decreto 1387/2001 (B.O. 02/11/01) pretende mutar las competencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que pueda actuar como tribunal de alzada ante cualquier medida cautelar que pueda afectar “actividades esenciales de entidades estatales”. De tal forma el patrimonio de los argentinos queda en manos de un Estado irresponsable y descontrolado y de un tribunal cuyo desprestigio social nos exime de todo comentario.-
Por todo ello, reiteramos, en la Argentina lo que está en crisis no es sólo la economía. Lo que está en una crisis terminal es el contrato social que nos une.-
Buenos Aires, diciembre de 2001.-
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