La política del Déficit Cero agrava los niveles de pobreza

y de empleo precario en la Argentina

 

 

Alfredo Atanasof

Secretario General COEMA

 

 

1. El Déficit Cero agravará la crisis económica

 

La reciente decisión del Gobierno Nacional de ratificar la política de reducción del gasto público, encaminada a lograr equilibrio fiscal (expresada en la efectista consigna del “déficit cero”), a partir de la reducción de salarios de empleados públicos, beneficios de la seguridad social y pagos a proveedores del Estado, instala un escenario en la política Argentina que, si bien está perfectamente en línea con el sentido que se transita desde hace un tiempo relativamente prolongado, encierra un riesgo cada vez mas evidente para el régimen político democrático.

 

El séptimo ajuste de la administración De la Rúa, presenta una característica distintiva con respecto a los anteriores: aquellos que lo promueven coinciden con la inmensa mayoría de quienes lo rechazan en el objetivo de lograr déficit cero, constantes los demás rasgos del escenario económico nacional. En efecto, el gobierno decide el ajuste como supuesto remedio de urgencia ante la inminencia del default, la escalada de las tasas de interés y la crecida vertiginosa del riesgo país y los opositores centran su ataque en los sectores elegidos para solventar el ahorro, pero no cuestionan la lógica argumental desde la que se sostiene la construcción.

 

Casi nadie discute la noción oficial de déficit cero. Mas aún, hasta los aparentemente más opositores, se apuran a aclarar que “si bien están de acuerdo con el déficit cero (y continúan) el costo lo deberían pagar quienes mas tienen”. De este modo el debate se ha enflaquecido a una puja por determinar a partir de que niveles salariales los empleados públicos deberían contribuir al Gran Objetivo Nacional del Déficit Cero (GONDC), o a partir de que monto deben hacerlo los jubilados (los proveedores del Estado no parecen ser preocupación central de nadie por estas horas) y en la medida que las argumentaciones de unos y otros se aproximen a los extremos de un eje cuyo rango va de trescientos a mil, serán menos o mas progresistas, o, si se prefiere, menos o mas equitativos, respectivamente.

 

Rápidamente podría pensarse que es un debate carente de interés. Pero ocurre que las consecuencias de las decisiones que se adopten en este momento son trascendentes mas allá de las virtudes de los actores y la calidad de sus posiciones públicas. La Argentina tiene un problema económico muy serio y su efectivo tratamiento exige modificar la mirada. ¿Que tenemos?

 

Lo que está en juego no es una política de crecimiento, sino una manera de calmar a los mercados intentando dar garantías del pago a los acreedores externos. Para ello se establece un sistema de distribución de fondos públicos cuya primera prioridad es el pago de la deuda externa. De lo que sobre, se cubrirán las cuotas presupuestarias en la medida de lo disponible. No se dice, o sólo se reconoce en voz baja, pero forma parte del análisis que dio lugar a estas medidas, que se considera que el salario en el sector público es elevado y presiona a la suba del salario del sector privado, que el Estado “le sale” demasiado caro al sector privado y le resta recursos financieros estimulando la suba de la tasas.

 

Así las cosas, la política de déficit cero, implicará una constricción adicional de consumo interno, incremento de los niveles de pobreza, precariedad y vulnerabilidad y un deterioro adicional de la situación de muchos productores que ya de por sí están atravesando una crisis profunda. Es decir, la voluntad de cumplir a cualquier precio con el programa de pagos de la deuda externa agravará situaciones específicas que se vinculan con las otras dos dimensiones del problema real: continuará afectando la competitividad de la producción e implicará mayores niveles de desocupación, precariedad, pobreza y exclusión.

 

Los grupos económicos mas concentrados y transnacionalizados, cierta prensa tradicional y buena parte del actual gobierno, consideran necesario plantear y ejecutar una reforma política sobre la base de reducir el número de funcionarios elegibles en todo el país (pasar de unos 9.500 cargos a unos 1.500, contando las instancias nacional, provincial y municipal), modificar el sistema electoral a favor de la nominatividad de los candidatos, el cambio de las circunscripciones y la voluntariedad del voto, simplificar la representación legislativa a favor de la unicameralidad y la reducción del número de miembros, la eliminación de los senados provinciales y de la gran mayoría de los consejos deliberantes municipales.

 

            En síntesis, la reforma política pergeñada desde los intereses económicos y financieros dominantes constituye una especie de dispositivo de seguridad que garantiza la no revisión y la continuidad de formas de acumulación financiera imperantes en los últimos años y el control sobre el tipo de estrategias a seguir. Representa consolidar una posición dominante y sentar las bases de un nuevo impulso histórico de dominación del capital financiero en la Argentina. Contrario sensu, significa abortar cualquier “aventura” de cambio socio-político progresista que amenace, o simplemente, que modere, la rentabilidad del capital y regule el funcionamiento de los grupos mas concentrados.

 

En esta trama, existe una clave que de acuerdo al modo en que se descifre, se dirimirá la historia de los próximos años en un sentido u otro. Por un lado la reforma neoconservadora de la política puede darse el lujo de apoyarse en un estado de consenso popular acerca de los supuestos de la inutilidad de la política, lo oneroso de su sostenimiento y la inescrupulosidad de sus actores. Este estado de repudio o indiferencia de la gente por la política resulta claramente sinérgico a la reforma neoconservadora de la política.

           

Dicho en forma mas clara, la idea de terminar, suspender o reformar, el funcionamiento de instituciones claves de la República, como el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales o los consejos deliberantes, puede ser apoyada popularmente, tanto por la expandida convicción de la poca utilidad que revisten, como por la certeza de que los costes de su funcionamiento conspiran contra el bienestar de la sociedad. El descreimiento popular por la política es comprensible: tiene sus fundamentos objetivos en el hecho de que durante esta larga fase democrática (1983-2000) se ha constituido una “sociedad política autoprotegida”, compuesta por dirigentes de distintos partidos que utilizan las instituciones del Estado para reproducir su efímero poder clientelístico o mediático, convirtiendo a la democracia política en una democracia formal, carente de sustento en el mundo del trabajo y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Como resultado de la degradación del sistema institucional, el Congreso de la Nación ha perdido autoridad y se debilita su capacidad de iniciativa político-institucional. Esta aporía se funda sobre la pretensión de viabilidad de la sociedad de los dos tercios excluidos y la restricción de los mecanismos de democracia ampliada y lo que procura es asegurarse el poder político para proteger los intereses del único tercio incluido de la sociedad.

 

 

2. El modelo neoconservador imperante potencia el desempleo y la precariedad laboral

 

En la concepción del orden económico del modelo neoconservador imperante, el empleo es centralmente una función del crecimiento y un componente del costo de producción. En la medida que la relación clásica entre empleo y demanda agregada es subestimada a favor de su significación en la ecuación de costos, ya sea por la orientación de la producción hacia mercados externos o por la garantía agiotista de los mercados internos con que el Estado favorece a los grupos prestadores de servicios públicos, la presión a la baja de salarios se acrecienta y, dependiendo del tipo de producción que se trate, también sobre la dotación.

 

Desde comienzos de la década del noventa, el discurso dominante en materia de empleo sostiene que este depende de un factor central y otro facilitador: el crecimiento económico y la eliminación de lo que se consideran “rigideces” del mercado de trabajo, respectivamente. Así las cosas, la mejor política de empleo es una que no se concibe, sino que es una efecto del crecimiento económico que derrama a partir de los vasos comunicantes de la desrregulación del mercado de trabajo.

 

La concepción dominante plantea un escenario gobernado por la idea de autorregulación del mercado. y en la subordinación de la acción del Estado al imperativo de competitividad que instala a la rentabilidad empresaria como el sujeto central de las políticas. Derivadamente se acepta la invalidación social de un amplio sector de la población, en ocasiones bajo dos supuestos básicos: el primero es que el mercado suele fortalecer tantas posiciones como las que deteriora; y el segundo es que los sectores degradados no suponen una amenaza para la continuidad de los rasgos centrales del sistema de poder.

 

En 1992, la suma de la Tasa de Desempleo Abierta (TDA) y la de Subempleo Involuntario (TSI), era de aproximadamente 15%. A partir de entonces, comenzó un crecimiento sostenido hasta alcanzar en la actualidad entre 26 y el 28 % de la PEA. El verdadero salto se produjo entre 1993 y 1995 con la economía en franco crecimiento. Mientras tanto la Tasa de Empleo pasó de 37.1 en 1.992 a 35.8 % en mayo de 2001 y en la etapa dorada de crecimiento en convertibilidad (1.992-1.994) la TE pasó de 37.1 a 35.8.

 

Adicionalmente puede decirse que la ampliación del desempleo y del subempleo involuntario desde 1992, está vinculada con la disminución del porcentaje de la población ocupada a tiempo completo (que desde entonces muestra una tendencia marcadamente negativa, que sólo se interrumpió brevemente con la expansión que siguió a la crisis mexicana, para retomar luego la tendencia hasta la actualidad). Consecuentemente, la observación empírica permite constatar que el crecimiento económico es insuficiente como factor generador de empleo. La evidencia de la necesidad del crecimiento económico para la expansión de la tasa de empleo en determinados contextos, no autoriza inferir que es el único factor causal en la creación de puestos de trabajo y menos aún en cualquier contexto.

 

Adicionalmente, cabe observar que entre 1991 y 2000, tuvo lugar un progresivo desmantelamiento del Orden Público Laboral en el sentido de la precarización de la relación laboral, la desprotección del trabajador y la reducción de los costos derivados de la nómina salarial. Es decir que habiéndose dado las condiciones causales e intervinientes que se prescriben desde la noción de autorregulación, los efectos recogidos, lejos de traducirse en un aumento de la tasa de empleo, permiten verificar una caída de la misma y la configuración de un escenario en el que se inscriben figuras absolutamente nuevas como la exclusión masiva, la vulnerabilidad aún en sectores formales, y la desafiliación de importantes capas de población.

 

Ahora bien, ante semejante escenario de destrucción de la antigua “sociedad del trabajo” (establecida entre 1935 y 1950), y en el marco del actual modelo dominante, ¿es posible recomponer el tejido social a través del empleo? ¿puede el empleo en estas condiciones revalidarse como categoría central de inserción social? La profundidad de la fractura social que se aprecia en la Argentina desafía fuertemente la tesis según la cual el crecimiento derivado de la estrategia dominante puede absorber sus efectos negativos. Es mas, constantes los rasgos centrales del modelo (véase documento central) es sumamente improbable que pueda siquiera evitarse la expansión de la fractura actual.

 

En la Argentina, el empleo a tiempo completo tiende a crecer aproximadamente un octavo de punto bruto por cada 1% de crecimiento del PBI. Descontado el impacto del crecimiento sobre la caída de la TSI (aproximadamente 20%) el aumento del empleo por punto de crecimiento sería del orden del 0,1%. Si la pauta de crecimiento fuera del orden del 5% anual, el crecimiento del empleo sería del orden de medio punto. Sobre el desempleo abierto, considerado el incremento de la Tasa de Actividad (aproximadamente 0.3% anual), el impacto a la baja sería del orden del 0,2, o, medido contra la PEA (como lo hace el INDEC) sería de poco menos de medio punto por año. Digamos entonces que, teniendo en cuenta los actuales niveles de desempleo, puede observarse con mucha claridad que la brecha social que se ha abierto en la Argentina en los noventa, no es susceptible de cerrarse perseverando en la estrategia de crecimiento dominante.

 

 

            3. La imperiosa necesidad de reindustrializar al país, mejorar la distribución del ingreso y establecer un nuevo trato laboral entre empresarios y trabajadores

 

¿Es posible el empleo con este régimen de renta financiera y la actual distribución del ingreso ? Hasta aquí hemos hablado sobre lo que subyace a la concepción dominante y su aplicación al caso argentino en términos generales. Pero existen dos cuestiones que merecen una mención expresa: la primera es la imposibilidad de expandir el empleo en el marco de la convertibilidad y la segunda es la descomunal desigualdad existente en nuestro país y sus consecuencias sobre el empleo como categoría de inserción y sobre la viabilidad social, política, económica e histórica de una formación semejante.

 

Todo lo dicho hasta aquí remite a un tema de fondo: el funcionamiento y la evolución del mercado de trabajo en la Argentina y los análisis diagnósticos y prospectivos conducen a constatar la vigencia sistemática de la concepción de la sociedad de los dos tercios excluidos y la construcción efectiva de la formación social que la expresa. Dicho en otros términos, hemos asistido hasta aquí, al despliegue de argumentos, recursos y políticas de parte de un bloque de poder muy vinculado al capital financiero que postulan como natural y hasta deseable, la existencia de una capa importante de la población desafectada de la vida social.

 

El trabajo debe incluir una dimensión de futuro como parte de una política de reindustrialización integrada del país y de restablecimiento del rol del Estado como regulador de la economía. La intención de generar empleos, debe incluir la idea y los niveles de protección al trabajador, que habiliten al empleo como modo de inserción social y no sólo como estrategia de sobrevida. La meta debe ser construir una “sociedad de trabajo”, el fundamento básico de legitimidad de la democracia.

 

            Es hora de producir una ruptura definitiva con dos formas de pensar las relaciones laborales que están bloqueando la transformación y expansión del aparato productivo, a saber: a) la visión empresaria que considera a la degradación del salario y las condiciones de trabajo como variables de ajuste para hacer sobrevivir los segmentos en descomposición de las empresas nacionales o mejorar la competitividad de las empresas eficientes; y b) el doble discurso vigente entre dirigentes sindicales y asesores jurídicos que declaman el regreso a la vigencia de normas laborales protectoras válidas para el sistema económico proteccionista y de industrialización intermedia.

 

De lo que se trata es de establecer un “nuevo trato” o contrato laboral entre empresarios y trabajadores para que se asocien en el esfuerzo de reconstruir y modernizar el aparato productivo, transformando y creando empresas según el nuevo modelo de reindustrialización esbozado en este documento. Las normas laborales deben servir para humanizar al trabajo, pero respondiendo a las exigencias de los nuevos patrones productivos. Caso contrario, esas normas se transforman en palabras y carecen de efectividad. El escenario por excelencia del nuevo trato debe ser la empresa. Las organizaciones empresarias, como los sindicatos, deben adaptarse para jugar roles activos a través de la negociación colectiva, para lograr el mejoramiento de la eficiencia empresarial y el desarrollo de las empresas en redes privadas, cooperativas, públicas, etc., dentro del patrón de reindustrialización integrada. La participación y la capacitación de los trabajadores son las condiciones fundamentales para lograr que la fuerza laboral se sienta identificada con los intereses de las empresas. Estas premisas también son válidas para reformular el rol y funcionamiento del Estado, porque sólo con la participación de ellos trabajadores públicos será posible erradicar el gasto público ineficiente, combatir la corrupción y lograr que el Estado pueda lograr un papel activo en la ejecución de las políticas de reindustrialización con cohesión social.

 

Desde una mirada progresista que pueda resolver los cuellos de botella económicos y financieros que bloquean el crecimiento y generan el desempleo masivo que hemos analizado, debería plantearse una refundación de la política que procurara su reivindicación en un contexto hostil como el actual y habilitara las formulas de consenso que permitieran actuar en el sentido de cambio y equidad que fundan el clima de época imperante. Podemos adelantar esta idea política de esta manera. Se requiere que los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil concuerden en un programa de unidad nacional para profundizar la democracia. Esta es la premisa para una reforma política progresista capaz de disputar con éxito frente a la reforma política neoconservadora en curso.

 

 

            4. Construir una sociedad del trabajo es incompatible con los ajustes salvajes

 

El ajuste instrumentado a través de la política de equilibrio fiscal o déficit cero, constituye muy probablemente el último intento del gobierno de De La Rúa de perseverar en el camino de dar señales a los mercados para lograr confianza como plafond de crecimiento económico.

 

Achicar el déficit fiscal y dar señales a los mercados han sido las dos preocupaciones centrales del gobierno De La Rúa. Por diferentes motivos, esa política ha resultado incapaz de generar condiciones de reactivación económica y no existen elementos objetivos que permitan pensar que esta nueva señal, por osada que sea, resulte suficiente para disparar un proceso de crecimiento. Por otra parte, mas allá de la cuestión de la lógica de la caída de la tasa de riesgo y sus supuestas consecuencias benéficas sobre las tasas de interés, cabe preguntarse porque razón o en base a que cálculo económico, puede justificarse un incremento sustantivo de la inversión productiva en una economía con un mercado interno depreciado y un régimen cambiario que conspira estructuralmente contra la competitividad externa. Desde que Domingo Cavallo se hizo cargo del Ministerio de Economía luego del fallido intento del ajuste López Murphy, se intentaron variados mecanismos de ahorro y captación de recursos que en conjunto rondan los 8.000 millones de dólares anuales proyectados y a pesar de ello, se han demostrado insuficientes.

 

Como queda dicho, las razones del estancamiento de la economía Argentina no tienen que ver con la confianza de los mercados sino con cuestiones estructurales como la incapacidad física del presupuesto nacional de albergar el tamaño de una deuda pública externa creciente, el régimen cambiario y la imposibilidad derivada de generar competitividad y un sociedad con niveles de exclusión que cuestionan su viabilidad.

 

La posibilidad de concebir una respuesta desde los sectores progresistas de los distintos partidos políticos (y aún de sectores sociales no representados por los partidos) en un escenario como el descrito depende centralmente de la capacidad de articulación de acuerdos férreos sobre las siguientes propuestas programáticas y de roles políticos:

 

1. Negociar con los organismos financieros internacionales y los gobiernos de EE.UU. y demás países del G-7 la asistencia financiera especial a la Argentina a través de la creación de un Fondo para liberar al país de sus obligaciones exigibles, reembolsable según un cronograma de pagos compatible con el crecimiento del país.

 

2. Establecer fondos patrióticos de inversión combinados (públicos + privados) regulados por el Estado y conformados por un régimen tributario progresivo. Las inversiones debe ser orientadas según un patrón que armonice el plan y el mercado. El objetivo es atacar al capitalismo de renta y favorecer al capital productivo. La meta es edificar una economía sobre un patrón de acumulación articulado en las ventajas de las especializaciones agro-industriales, minería e industria energética, y otras, a través de la profundización de la competitividad sistémica y el desarrollo de la empresas en red. Esto permitirá crear un círculo virtuoso entre expansión de la demanda interna y las exportaciones, es decir, concretar el programa económico de reindustrialización integrada.

 

3. Refundar una visión progresista de la seguridad social y la salud pública sobre tres ejes: recuperar la rentabilidad del sistema público solidario de jubilaciones y pensiones y considerar al sistema privado de capitalización individual como componente secundario; considerar al sistema público de salud como el núcleo duro y convergente de todos los demás sistemas (privados y obras sociales sindicales); e implementar un programa nacional de seguro al desempleo (“ingreso mínimo garantizado”) como componente de políticas públicas para la generación de empresas y redes de empresas privadas, asociativas y estatales, según el principio establecido de armonía entre plan y mercado.

 

4. Reorganizar el sistema de relaciones laborales colocando como fundamento un “nuevo trato” institucional entre empresarios y trabajadores para mejorar la eficiencia de las empresas y el aumento del empleo estable. Las metas del nuevo trato deben reflejarse en normas laborales funcionales para lograr una relación equilibrada entre inversión, productividad y remuneración al trabajo. Los trabajadores deben ser consultados e informados a través d ellos sindicatos sobre la planificación estratégica de las empresas grandes, medianas y pequeñas. Estas últimas deben ser alentadas a organizarse en sistemas de cooperación (por sectores, territorios, mercados, etc.). Los salarios y condiciones de trabajo deben ser consensuados entre las organizaciones empresarias y sindicatos por ramas y empresas y adecuarse alas metas de productividad y competitividad establecidas para la modernización integrada de la economía nacional.

 

5. Fortalecimiento del Mercosur, reinstalando la decisión estratégica de considerarlo el primer círculo concéntrico económico-político que garantiza la instalación positiva de la Argentina en la globalización y de articulación de los mercados regionales. Terminar con el falso debate entre Mercosur y ALCA y considerar a esta como una meta estratégica que debe incorporar la realidad de las normas arancelarias externas y la soberanía política del Mercosur. Proponer a los EE.UU. la construcción de un mercado común de las Américas, que supere la propuesta del ALCA. Reafirmar que somos parte responsable en los destinos de las Américas y socios de EE.UU., pero preservando nuestra soberanía para ser parte activa en la edificación de un mundo multipolar en los marcos institucionales de las Naciones Unidas.

 

6. Es de interés de la democracia que el Presidente Fernando de la Rúa lidera la formación de un nuevo gobierno progresista de unidad nacional y que éste cuente con el apoyo mayoritario de los representantes del pueblo en el Congreso Nacional y los gobiernos provinciales. De este modo se preservará y podrá renovarse ordenadamente el sistema político.

 

 

Estas 6 medidas deben servir de base para un gran acuerdo entre los principales partidos, las organizaciones empresarias y sindicales, para sacar al país de la difícil situación en que se encuentra y emprender un camino de crecimiento económico con justicia social