Es necesario adelantar varios datos con relación al denominado "MERCOSUR": uno de ellos se refiere a su importancia. El segundo, a su alcance y, finalmente, la posible significación desde el punto de vista de la prospectiva social.

No ha de desconocerse que el tema tiene relevancia, pero esto no implica imprescindiblemente que sea positiva para el futuro de nuestras naciones.

Probablemente se ha superlativizado el objetivo, al menos en la divulgación, como se advierte en la hemerografía y bibliografía existente y, particularmente, por causa de los medios de comunicación masiva.

A este respecto, no es superfluo puntualizar que recibimos a diario información del sistema, con una línea definida de adhesión al emprendimiento al que se lo llama "comunitario", cuando su lado oculto y su faz negativa es dable advertir en la prensa subterránea, fuera del sistema.

Entonces, el alcance que se le otorga, en la expresión social y masiva, informa acerca de un fenómeno patológico que se presenta desde hace algunos años, con relación al crecimiento del carácter programático asignado a las normas jurídico-positivas. Dicho con objetividad, es un fenómeno que se va extendiendo en todo el planeta. En Alemania (unificada) se han sancionado normas que tendrán vigencia en año 2035.

Los efectos del MERCOSUR en el tiempo no pueden ser objeto de absolutización o generalización. Deberíamos distinguir diversidad de facetas de la vida de nuestros países. Aquí, en el tema "Mercosur: empresario indirecto" se trata de su influjo en las condiciones de trabajo. La prospectiva del Mercosur satisface a la empresa, pero no a los trabajadores que advierten su repercusión y a no pocas organizaciones sindicales; más todavía, a los analistas que asumen el escorzo del pensamiento crítico y asociaciones empresariales del interior.

Se trata de una problemática que debe ser analizada desde un punto de vista estructural y sentido analítico y reflexivo.

El Mercosur es presentado como "mercado común del sur". Si profundizamos en sus antecedentes y en lo cumplido hasta el momento deberíamos asumir que todavía no es mercado común ni es sur. Estos presupuestos forman parte de la naturaleza programática del Tratado de Asunción y sus antecedentes y normas dictadas después del tratado citado. Los fines sí son en tal sentido, el de lograr el mercado común del sur.

Justo es reconocer que se trata de una instrumentación jurídica de realidades económico-comerciales; de otro modo, tiene el cimiento de acuerdos y necesi-dades de empresas transnacionales.

¿Cuál es su naturaleza concreta o real?

Se trata de una unión aduanera y no plena o absoluta; es, entonces, una unión aduanera relativa. Una unión aduanera imperfecta, que comenzará a regir plenamente en el año 2000. Imperfecta, porque no todos los productos están sujetos a un arancel externo común y porque cada país fijó una lista de excepciones. Así debe ser conceptuada científicamente y así se la identifica en la Unión Europea, al menos en la definición hecha por su presidente temporal Felipe González.

Asimismo, coadyuva a la perfección de la unión aduanera el Código Aduanero del Mercosur, aprobado el 16 de diciembre de 1994, en Ouro Preto, y que debe ser ratificado por el Congreso de la Nación en remplazo del Código Aduanero Argentino, así como por los demás poderes legislativos de los restantes países. En la Argentina presentará dificultades su ratificación porque se le concede jurisdicción al Jefe de Aduana en reemplazo del órgano judicial para establecer multas y comiso. El Código Aduanero del Mercosur suprime la pena de prisión para el contrabando, lo que viola el Tratado de la ONU para el Tráfico Ilícito de Drogas (Ley 24.072)

Noto que en la Reunión Cumbre de Asunción un diplomático argentino declaró que una vez creada la unión aduanera "nos quedamos sin un programa para el futuro" (Clarín, 6 de agosto de 1995). La obligación de presentar un programa se fijó para diciembre y debe comprender la acción a seguir hasta el año 2000. Oficialmente se reconocen las dificultades serias existentes que, en casos exigen reformas constitucionales y tal es el caso de las inversiones en Brasil: las inversiones argentinas no son consideradas como propias sino inversiones extranjeras, lo que crea desigualdades en la competencia. Argentina pasa por una profunda crisis y se duda del plan de convertibilidad; Brasil pasa por un momento de reestructuración interna, y tanto Fernando Henrique Cardoso como Carlos S. Menem reconocen que la situación impacta en las relaciones con los socios. Julio María Sanguinetti expresó que con el tiempo van a aumentar los conflictos entre los socios, pero es la señal de que las cosas se hacen, aunque provoque fatiga, según expresaba un negociador. Ahora aparece Chile interesado en el ingreso pero exigiendo demasiado, apoyado por la Argentina con la esperanza de una salida al Pacífico, propuesta que los chilenos ni se ocuparon de contestar. Según Eleonora Gosman, enviada especial de "Clarín" a Asunción, Uruguay y Paraguay temen que Chile los descoloque dentro del Mercosur.

Es que este tipo de alianza, conlleva la inteligencia de la llave adecuada para acceder a los mercados externos, lo que no es fácil porque en la guerra del intercambio ante el intento de unos están las actitudes de otros. Además, los especialistas de basan en la elección de buenos socios para proveer capital y capacidad tecnológica. Se imponen alianzas empresarias, estrategias de mejor rendimiento; joint venture, acuerdos de distribución y de cooperación tecnológicas, entre otros, son los medios que comienzan a utilizar nuestras empresas, mejor dicho, las empresas en nuestro país; se impone la exigencia de calidad y el cuidado de las normas técnicas; se impone, igualmente, una política de exportación permanente y no solamente aquellas normas sino también las normas ambientales. Todo esto vale para el Mercosur. Pero la Argentina necesita instrumentar créditos con tasas accesibles, a pesar de la fuga de capitales producida por el efecto tequila.

Otro detalle es la necesidad de formar un club o varios clubes de exportadores, para compartir, costos fijos de búsqueda de información, actualización tecnológica y participación en ferias, como lo hizo Chile. (Mercedes Cohen, "Para Exportar un Socio será más Valioso que un Cliente", Clarín, 17 de octubre de 1995).

B. Empresario indirecto.

Cualquiera sea su trascendencia, el Mercosur opera y operará como "empresario indirecto"; por el momento no es rigurosa la realidad de tal, pero sí es invocada por los órganos del poder en la Argentina, para legitimar la "flexibilización laboral".

El concepto de "empresario indirecto" fue producto de una elaboración de varios años; no tiene explicación clara idiomáticamente pero si el significado asignado en la expresión, en la encíclica Laborem exercens: en el concepto se comprenden todos los factores que determinan todo el sistema socio-económico, la calidad de vida y las condiciones de trabajo, en particular. Se trata de personas, instituciones de diverso tipo, contratos colectivos, principios de comportamiento, en un sentido muy amplio.

En el mismo documento, de Juan Pablo II, se señala la responsabilidad del empresario indirecto y del directo, así como el comportamiento real de las sociedades multinacionales o transnacionales, la injusticia social internacional y la interna, en cada país y el deber que cabe a las organizaciones internacionales.

El Mercosur es un subsistema en la regionalización de América, como consecuencia de la necesidad de los EE.UU. de fortalecer el megabloque americano. Un aserto como este no puede tener valor absoluto, pues el Mercosur se relaciona en múltiples direcciones; este dato se presenta en todas las comunidades, planetariamente.

Nuevas actitudes, distinta realidad, desarrollo ideológico unidireccional como consecuencia del desenvolvimiento supercapitalista y de la guerra del intercambio, esto es, dicho generosamente, una nueva cultura, han empujado la formación del Mercosur.

Ubicado estructuralmente de este modo, hallándose el Mercosur en un sistema de relaciones de interacción e influjos diversos, no es correcto sostener que, de un modo directo y preponderante, el Mercosur es el único agente transformador de la calidad de vida y de las condiciones de trabajo en los países que lo integran.

Los factores de la transformación son internos y externos y no se los puede inteligir sino en la intimidad del sistema de relaciones multimilenas, indagando en el lado oculto, en el arcano y en las fuentes que comúnmente no son o no dejan que sean manifiestas.

Por ello hablamos de un sistema, del que forma parte el Mercosur, en el que le cabe la responsabilidad de los actos, tanto como a los gobiernos, la tecnología, los sindicatos, los empresarios directos, los partidos políticos, etcétera, por su condición de empresarios indirectos.

Se trata, fundamentalmente, de la responsabilidad de establecer una política laboral correcta desde el punto de vista ético, lo que tiene lugar cuando los derechos objetivos del hombre de trabajo son plenamente respetados, según la encíclica Laborm exercens.

Estructuralmente, cada empresario indirecto es un sistema dentro de otro mayor y actúan de un modo conjunto. El Mercosur fue auspiciado por empresas transnacionales, apoyado por Estados; el propósito de un mercado común agita influjos ocultos para crear adecuadas condiciones de competitividad, pero el Estado -presionado por esos influjos- en vez de cumplir una política social que garantice un mínimo de dignidad se adelanta al cambio con una política de flexibilización tendiente a disminuir el costo laboral y las condiciones de trabajo.

Es más vigorosa la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que los influjos que pueden derivarse del Mercosur por la necesidad presunta de nivelar, de romper asimetrías y armonizar la legislación, en este caso, la laboral y de seguridad social. De un análisis de los ordenamientos jurídico-legales específicos, de cada país, no resulta que en forma global la legislación argentina sea la más desarrollada. En todos los países del Mercosur se reconocen insitutos jurídico-laborales cuya capacidad tutelar o su contenido de justicia social supera a los demás. Las reformas argentinas no tuvieron en cuenta exactamente el estado actual de cada instituto en el resto de los países. Finalmente, habría que demostrar que es de toda necesidad la nivelación, porque en el NAFTA, por ejemplo, se acordó respetar la legislación de cada miembro, en materia laboral y de seguridad social, aunque la tendencia general en las demás comunidades es la de uniformar, para lo cual se proyectan o establecen "cartas sociales", incluyendo el proyecto en el Mercosur.

Las Cartas Sociales del Mercosur, como de la UE, el Merconorte y el Mercocentro, intentan preservar un mínimo de derechos de un modo genérico. Actúan en una franja de la problemática dirigentes sociales que se proponen enriquecer los espacios sociales, cooperativos, educativos y culturales; acompañan desde afuera del Mercosur los que auspician la negociación colectiva, las asociaciones profesionales y la huelga transnacionales, sin resultados notorios.

D. Sujeto y fuente de Derecho.

Sobre la base de los antecedentes, protocolos, acuerdos y el Tratado de Asunción, así como los dictámentes producidos en los subgrupos de trabajo; particularmente el "4 + 1" y el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, debe afirmarse que el Mercosur es sujeto de Derecho internacional.

El acuerdo realizado con la UE es de cooperación para facilitar el intercambio en áreas como la política, el comercio, la tecnología, el medio ambiente y las telecomunicaciones.

Felipe González, presidente de la UE, invitó a firmar el acuerdo marco de cooperación entre las dos uniones aduaneras", el 15 de diciembre de 1995, en Madrid. Es necesario decir que existe cierto recelo acerca de esta unión" y se teme por el dumping social y porque en Europa deberían eliminar barreras industriales y agrícolas. No es que se tema a Brasil (exportador de acero, textiles, autopartes y equipos de informática) o a la Argentina (exportador de productos agrícolas), sino al negocio de las empresas del megabloque americano. Y en Europa no sucede lo que aquí, con la aprobación de Tratados: antes debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales de los quince países.

El siguiente objetivo será la liberación del comercio bilateral durante los próximos 6 años y una zona de libre comercio conjunta. El acuerdo incluye una cláusula democrática, por la que los países integrantes asumen el compomiso de respetar la institucionalidad y los derechos humanos.

En 1996 comenzarán las pautas para negociar la liberalización; la zona libre de comercio se concretaría en el año 2010.

Es decir, la significación y los efectos del Mercosur se fortalecerán con la UE, si se cumple el acuerdo, al margen de cómo serán los influjos sobre las condiciones de trabajo y la calidad de vida en nuestros países; al margen de quienes serán beneficiados y quienes no, no tanto por países sino por sectores productivos.

Asimismo, no es superfluo señalar la relevancia de la diversidad de fuentes del Derecho que significa el Mercosur, pero siendo la instrumentación jurídica de realidades económico-comerciales impone considerar acerca de la medida en que la ley económica se impone a la ley jurídica y si el Derecho Nacional será equiparado al Mercado y, finalmente, si el Derecho deba ser lesionado o violentado por causa del Mercado.

Cabe destacar la vigencia del Derecho subsistente, mientras no se modifique y además la necesidad de estimar un Derecho que preserve los valores esenciales y los derechos humanos, con interpretación acorde con la norma básica en su contenido axiológico.

La marcada tendencia a la internacionalización, a la apertura de mercados y propósitos de uniones aduaneras y mercados comunes, inevitablemente, traerán cambios profundos en el sistema y calidad de vida, así como en las condiciones de trabajo.

Dentro de ese concepto, nadie podría asegurar si predominará el resultado positivo o el negativo, para nuestros países, porque en todo caso se presentan teorías de "convergencia" y de "divergencia", que, en ambos casos ponen demasiados condicionamientos para demostrar una u otra tesis.

En la mejor opinión, la más optimista, descarga sobre los mismos trabajadores la posibilidad de obtener oportunidades laborales. Esto solamente es posible, afirman, si los trabajadores están preparados para aprovecharlas. Creo que esto es sólo un aspecto de una cuestión mucho más amplia e importante.

Asimismo, se señala la necesidad de que los trabajadores tengan un clima propicio para tomar sus decisiones laborales en libertad, negociando las condiciones y aprovechando las mejores oportunidades educacionales para sus hijos. Todavía nos quedamos cortos, en el análisis.

Seguidamente, se descarga sobre los gobiernos, cuando se señalan (punto de vista de Hafez Ghanem y Michael Walton, "Mercados Abiertos y Gobiernos Activos en Bien de los Trabajadores", en Finanzas y Desarrollo, FMI y BM, septiembre de 1995) y se les encomiendan -para obtener la productividad que se necesita para garantizar un ingreso más alto- las condiciones que permitan una utilización eficiente de los conocimientos y del capital. Dicen, dichos analistas:

"En efecto de la calidad de la política oficial en

el bienestar de los trabajadores es evidente en

área del desarrollo humano".

Asimismo:

"El crecimiento basado en el mercado es esencial pero

no suficiente para el bienestar de los trabajadores.

Los mercados laborales determinan condiciones de em-

pleo y salario que afectan profundamente la calidad de

vida de los trabajadores y sus familias, a menudo en

formas que pueden parecer duras o injustas. No sorpren-

de entonces que en el mundo entero los gobiernos inter-

vengan en los mercados laborales".

Aquí, en la Argentina, pareciera que es al revés: se quiere liberalizar, o afectar la condición humana, para favorecer el mercado. Dichos autores, además, sostienen que los gobiernos tienen que recurrir más a la acción directa (gubernamental) para mejorar las condiciones de trabajo de la gente y aminorar la inseguridad agregando que para proteger a los vulnerables, se necesitan leyes y acción directa (oficial). Así que estos analistas del FMI y del BM aparecen como "progresistas" ante la política social del gobierno. De otro modo, suponiendo que sea verdad que ha crecido la economía argentina, por qué motivo -si es que de acuerdo a la fuente del BM y del FMI, cuando crece la economía también lo hacen los salarios- ¿por qué no han crecido congruentemente los salarios?.

Lo cierto es que -vinculando el asunto con el desarrollo del capitalismo, el mercado como hoy se lo concibe generalmente y otros factores- históricamente, se ahonda la brecha entre los países ricos y los pobres y en el ingreso entre los trabajadores de unos y los trabajadores de otros.

Según las estimaciones de Lant Pritchett, el coeficiente del ingreso per cápita en los países más ricos frente a los más pobres ha subido de 11 en 1870, a 38 en 1960 y a 52 en 1985 y la desigualdad internacional se intensificó un poco entre 1960 y 1986. Según se afirma, esta relación divergente entre el crecimiento y el nivel inicial del ingreso per cápita es empíricamente válida en promedio para una muestra de 117 países. Ishac Diwan y Ana Revenga, en "Salarios, Desigualdad e Integración Internacional" (ib.ib.) escriben:

"Las diferencias en los ingresos en los distintos países

son enormes. Con los ajustes correspondientes a las

diferencias del poder adquisitivo de sus monedas, los

salarios de los ingenieros de Francfort, Alemania, son

56 veces mayores que los de las obreras textiles no

calificadas de Nairobi, Kenya. El grupo más próspero

los trabajadores calificados de los países industriales,

gana 60 veces más que el más pobre, los agricultores

de Africa al Sur de Sahara.

(Se trata de referencias que invitan a pensar que con capacitación se soluciona el problema).

Y también se afirma que en el año 2000 menos de un 10 % de los trabajadores vivirá en países desconectados de los mercados mundiales. Dichos autores señalan asimismo:

"El posible ingreso de China y otros países con abundante mano de obra al mercado mundial llena de temor a los trabajadores no calificados del mundo, desde Indonesia a Estados Unidos, que consideran a la enorme población activa poco pagada de China como una amenaza para sus ingresos. Esta percepción, basada más o menos en la teoría económica, ha acicateado el sentimiento proteccionista en países ricos y pobres. Pero las predicciones de la teoría no son tan definidas. Hay dos opiniones sobre la convergencia salarial que suelen influír en la discusión de los efectos de la integración internacional".

Debo anotar, al respecto, que en realidad no son los trabajadores que se llenan de temor, que sí intuyen las consecuencias de la liberalización y otros fenómenos, sino los dirigentes lúcidos, que generalmente ocultan la verdad porque actúan como corifeos del supercapitalismo y hasta los mismos "progresistas" que creen que el asunto se soluciona respetando el Código de Conducta de las Transnacionales, si es impuesto por la ONU.

Otra puntualización es que cuando se habla de divergencia se trata de la designación de una teoría por la que se sostiene que persisten las tendencias anteriores y que se intensificarán las diferencias entre regiones y entre salarios. La otra teoría, denominada "convergente", explora las consecuencias que tendría la adopción de decididas políticas nacionales combinada con una mayor integración internacional, y que la tendencia será a igualar bienestar y salarios.

Científicamente, se reconoce que en la historia de la economía moderna la característica dominante ha sido la divergencia de los ingresos per cápita y no su convergencia, pero que no tiene por qué ser siempre así. Pero cuando se advierte que son tantas y tantos obstáculos y grandes las dificultades que es muy difícil creer que nuestros países puedan cumplirlas y sortearlas, para lograr el objetivo a largo plazo, a saber:

"*seguir una trayectoria de crecimiento basada en el mercado

que genere una rápida demanda de trabajadores, amplíe las

especializaciones de la población activa y aumente la produc-

tividad.

*aprovechar las nuevas oportunidades en el plano internacional

reaccionando ante las nuevas oportunidades de mercado y atra-

yendo capital -y haciendo frente a las dislocaciones que suele

traer el cambio de las modalidades de comercio;

*elaborar un marco normativo para la política laboral que com-

plemente los mercados informales y rurales de trabajo, apoye

la negociación colectiva en el sector formal, permita proteger

a los vulnerables y evite sesgos que favorecen a trabajadores

en mejor situación; y

*tratar de asegurar que la transición sea lo más rápida posible

y sin costos grandes ni permanentes para los trabajadores en

los países que luchan por avanzar hacia modalidades de desa-

rrollo más basadas en el mercado e integradas internacional-

mente.

En el buen romance, significa "seguir la corriente de la historia", de la historia del mundo, no de la Argentina.

En la Argentina se entiende, a niveles oficiales, que deben disminuirse los salarios para disminuir la desocupación, para reducir el costo laboral y para achicar el gasto público. Es la teoría clásica de la economía, para la que de tal modo -teóricamente- se rebajan los precios y aumenta la demanda y la ocupación. En cambio, en otra vertiente del pensamiento económico, basada en la teoría de John Maynard Keynes, la desocupación es el resultado de la insuficiencia de la demanda, pues es que en la Argentina se ha operado una disminución de los costos laborales y de los salarios reales, pero los precios siguen en alza y también la presión impositiva.

Según una encuesta de Mora y Araujo, la riqueza se concentra en menos manos y aumenta la pobreza, en la Argentina. Este fenómeno se presenta en casi todo el mundo y es informado por fuentes de difusión internacional: organismos internacionales, públicos y privados, universidades y, en fin, entidades intermedias de todo tipo.

La actividad económica argentina continúa decayendo; una mayor recesión se suma a la pérdida de confianza. Todo ello se va profundizando en la medida de la inserción creciente de nuestro país en el proceso de internacionalización. Es muy difícil mentar un proyecto nacional que sea congruente con el Mercosur; en todo caso comprendería sólo áreas secundarias, con medidas morigeradoras o de alivio, dado que el proceso "integrador" parece ser irreversible, por el momento.

Porque los factores indirectos o directos, considerados internamente, pueden influenciar en el Mercosur en la búsqueda de nuevos horizontes y desarrollos, como son los de carácter social, educativo, culturales y cooperativos, por ejemplo.

En 1994 la Argentina tuvo un rojo comercial histórico de 5.800 millones de dólares. Desde 1989 no tuvo superávit comercial. En 1985, llevamos un intercambio negativo con el NAFTA de 1.403 millones de dólares y superamos al de 1994; 736 millones de dólares con la UE, también 1995. Nuestra presencia en el Mercosur respondió a esa característica, aunque en lo que va de 1995 hay un superávit motivado por la reactivación económica de Brasil, que permitió mayores exportaciones.

Pero desde la fundación del Mercosur se sucedieron deslealtades y violaciones, como prohibición de importación de cereales, por parte de Paraguay; subsidios y dumping, por parte de Brasil. Con respecto a este mismo país, recientemente, primero, por decreto de Fernando Enrique Cardoso, se creaba un régimen automotriz propio y se imponían cupos para la importación. Luego, la rebaja de aranceles para la importación de insumos y partes y piezas de automóviles; así disminuyen sus costos de fabricación de autos brasileros. El único mercado en el mundo al que las terminales le exportan autos de Argentina es Brasil. La Renault quiere invertir en el Mercosur. De ese modo Brasil pretendía lograr que la Renault invirtiera 1.000 millones de dólares en Brasil y no en la Argentina.

Tratando de reflejar con toda objetividad las implicancias de Mercosur (políticas, jurídicas, etcétera), elementalmente debemos señalar:

+ La liberalización de las relaciones laborales, con especialización por región, con distinción de zonas donde se pueda producir con mano de obra barata;

+ desaparición del Estado tutelar (del que en forma mínima y que en todo caso cumpla con el mínimo ético y el débito histórico) y competencia laboral;

+ economía de mercado (ni siquiera economía social de mercado; menos todavía que en Alemania) sin ningún intervencionismo que crea una suerte de "dictadura económica", en la que los habitantes están compulsados a distintos comportamientos; más todavía, las entidades intermedias, y las pequeñas y medianas empresas;

+disminución del costo laboral (que pesa sobre los trabajadores y los recursos de los organismos de seguridad social), no de los costos generacionales de la calidad de los productos para competir mejor en los mercados; ello se hace manifiesto con mayor claridad en el orden público laboral y en la sustitución del sistema de seguridad social (previsión social, obras sociales y seguros) por otro a cargo de capitales privados; y

+ dependencia del capital financiero para invertir, por más que se abaraten los costos laborales.

Ante la realidad concreta del Mercosur y del proceso comuntario iniciado, no resulta incongruente para la Argentina defender derechos y garantías de la Constitución de la Nación en forma plena, sobre la base de que ellos son operatorios; ajustarse a la juridicidad y legalidad es esencial e irrenunciable; lo es también la búsqueda de un derecho alternativo de resistencia como respuesta a un derecho alternativo de regresión.

Dentro de este concepto es posible y razonable la reducción del gasto público y la racionalización, concibiendo principalmente la austeridad del gobierno en los más altos estamentos de los órganos del poder; la no dependencia de capitales externos y la renegociación de la deuda externa; el fomento del ahorro interno y una política de aumento de exportaciones, disminución y sustitución de impor-taciones.

También, medidas intensas y generalizadas para orientar la producción de bienes y las pequeñas y medianas empresas; orientar el consumo, con reducción del consumo privilegiado; desarrollar la educación y la capacitación laboral, con nuevas calificaciones laborales y seguro de desempleo.

En la UE se destinan importantes sumas de dinero para capacitación, no siendo así en el Mercosur. En la Argentina se intenta fomentar el contrato educativo para reducir costos laborales e incorporar jóvenes que tienen más proclividad a aceptar las condiciones de trabajo flexibilizadas y desvinculadas de los sindicatos (la tasa de sindicación bajó al 30%); asimismo, el sistema de pasantías, en no pocos casos desvirtuado y convertido en fraude contractual, al incorporarse a la empresa -o al sector público- estudiantes que realizan tareas que no son acordes con sus estudios.

En el cuadro de soluciones posibles incluimos el fomento del cooperativismo, de los micro-emprendimientos, de las empresas familiares y la promoción industrial y el fomento agrario, en este último aspecto con un adecuado régimen de la tierra con el fin de afirmar el derecho de propiedad extendiéndolo, y bancos oficiales que reivindiquen su función histórica de promoción y fomento, favoreciendo la producción.

La Argentina debería retomar el camino de la unidad de la seguridad social, asegurar la estabilidad laboral y auspiciar una política de conversión de la mano de obra dependiente en autónoma, con pequeñas ayudas (capacitación, vivienda, crédito, etc.), pues es también una forma de promoción humana.

En el conjunto de comportamientos se imponen la repatriación de capitales y cerebros, la obtención de nuevos mercados y de precios convenientes, actuando para impedir el proteccionismo injusto de otros países que, en materia de libre comercio y en otras confirman los versos de José Hernández, en el Martín Fierro:

"Pero hacen como los teros

Para esconder sus niditos:

En un lao pegan los gritos

Y en otro tienen los güevos".

A noviembre de 1995 nos encontramos con déficit en el presupuesto, egreso de capitales (8000 millones de dólares), crédito escaso, economía estancada, mercado interno achicado, mayor desocupación y un significativo deterioro en las áreas fundamentales de nuestra vida: salud, educación, vivienda y posibilidades aceptables de movilidad social y económica.

Tengo la impresión que los gobiernos y la clase gobernante en general piensa más en soluciones cómodas: ahondar la dependencia, confiar en las inversiones, etcétera, antes que defender las propias potencialidades del país. Creo asimismo que no se ha defendido esto en el Mercosur en temas cardinales como deuda externa, patentes y marcas, cumplimiento de los compromisos asumidos por los restantes países, desarrollo de los espacios sociales y culturales, etcétera.

De lo expuesto hasta aquí surgen ejemplos. Ahora quiero agregar otro, que merece atención porque si los EE.UU. han pensado en la descentralización laboral, entre otros motivos, para ahorrar combustibles, y en la significación de la prosumisión en la macroeconomía, por qué nosotros no aprendemos a defender nuestra riqueza cultural, científica, artística y literaria: nuestras artes y artesanías, ayudando a su desarrollo al lado del turismo y a su exportación, para obtener una fuente más de divisas.

El tema de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, artística y literaria, que comprende también a cierto sector de trabajadores intelectuales, artistas y particularmente músicos, compositores, letristas e interprétes, se trató insuficientemente en la Comisión de Propiedad Intelectual del Mercosur/Subgrupo Técnico 7.

Se determinó que desde 1995 los bienes materiales que contengan obras intelectuales tales como casetes, discos compactos, software y videos, entre otros, no están sujetos a barreras y regulaciones que afecten la circulación. Este tema no es igual a otros. Esta libertad comercial favorece la piratería al margen de si, no habiendo acuerdo, se aplican o no las normas del acuerdo TRIPS del GATT, deben ser protegidos los derechos de propiedad y los derechos morales de los autores:

-armonizando los plazos de protección post-mortem;

-asegurando el derecho de alquiler y préstamo, manteniendo en cabeza del autor el derecho exclusivo de autorizar o no la explotación;

-armonizando las normas sobre Propiedad Intelectual en el campo de la radiodifusión por satélite y la televisión por cable;

-estableciendo el principio de la reciprocidad;

-estableciendo el derecho moral, la reivindicación de la paternidad e integridad de la obra (art. 6 bis del Convenio de Berna); y el dominio público pagante;

-fijando normas sobre derechos conexos de los artistas, intérpretes y ejecutantes y de los productores de fonogramas. (ver acerca de este tema: "La Tumba del Derecho de Autor", MUSICA Y LETRA, Sadaic, Buenos Aires, 1995, nº 14, pag. 29).

A pesar de admitir sobre las posibles ventajas de la "integración" particular-mente en cuanto a favorecer ciertas exportaciones, cabe analizar los aspectos negativos del Mercosur, del modo en que lo ha creado y se desenvuelve.

Creo que es necesario considerar el trabajo humano no sólo en el aspecto del trabajo en relación de dependencia, sino también del trabajo autónomo, de la empresa familiar, de las pequeñas empresas y de organizaciones intermedias y cooperativas. Estas deben cumplir un importante papel en el Mercosur, el que, a la vez, produce un impacto en esas organizaciones.

Es interesante repetir que existen antecedentes muy relevantes con respecto a la integración latinoamericana; uno de ellos es un trabajo de la Cepal, de 1957, por influjo de Raúl Prebisch, que auspiciaba la creación de un mercado común latinoamericano. Una década posterior EE.UU. exponía la idea de que la identidad histórica y cultural y la reunión en una geografía continua de los pueblos de América Latina los hacía especialmente aptos para constituir un gran espacio económico con vistas a la unidad política. (exposición de Rodolfo Caffaratti, en el Taller Seminario sobre Impacto del Mercosur en la Agricultura familiar, Carlos Paz, Córdoba, 1995).

Tal vez, en ese momento a EE.UU. le convenía esa tesitura, la de la no dispersión de los países, a condición de una segura y creciente dependencia. Sin embargo, ahora no tiene inconvenientes en auspiciar agruptamientos más limitados, como el Mercosur, de acuerdo a mi criterio.

Establecido el Mercosur y según lo señala el citado expositor, las ventas de Argentina al Mercosur están constituidas por productos primarios, combustibles y manufacturas de origen agropecuario en un 60%, siendo las manufacturas de origen industrial el 40% aproximadamente. Para exportar no necesitamos de apoyos arancelarios de protección para su crecimiento, como lo han precisado otros sectores de la economía argentina.

El cooperativismo se halla en una situación crítica y el Mercosur puede ser un ámbito de negocios beneficioso, pero a condición que emprendan determinadas tareas y estrategias: lograr que las ventas sean directas, de empresa a empresa; que el negocio no sea de exclusividad o de las multi o transnacionales; fortalecer la asociación de las cooperativas de Mercosur; lograr mayor información y partici-pación en las comisiones de trabajo gubernamentales de los países y del Mercosur, dado el poco espacio concedido.

Es aceptado comúnmente que el Mercosur implica integración. Esto es cierto, en un aspecto limitado. Pues otros aspectos cabe indagar acerca de qué es lo que integra, o mejor dicho se propone integrar; cuáles son las consecuencias de la por ahora sólo unión aduanera imperfecta; si es que al "integrar" de ese modo desintegra en la región latinoamericana y dentro de cada país miembro; y, finalmente, qué consecuencias puede acarrear el Mercosur del modo en que se desarrollan sus propósitos sobre las condiciones generales de vida de cada país.

Por de pronto, cabe aclarar que los acuerdos de empresa y Estados no son acuerdos políticos globales. El Estado supranacional como finalidad, según se planteó, como ya se ha afirmado antes de ahora, divide la región en nuevos países reales, desintegrando cada país, marginando sus regiones empobrecidas y no insertas en el contexto productivo. No se inserta en el propósito de unidad latinoamericana, porque ha descartado las históricas banderas de unidad, los viejos sueños y concretamente la doctrina realmente unificadora de 25 años del Parlamento Latinoamericano.

Lo que significa una unión aduanera puede expresar solidaridad -desvirtuada reiteradamente- en los países miembros, pero no con el resto de los países y con las regiones de cada uno de ellos.

Hablamos de una unión aduanera imperfecta y de un mercado común inexistente, porque subsisten los subsidios, la relatividad de aranceles comunes, las desigualdades reales y legales, las medidas económico-financieras, diferente moneda, etcétera. Un compromiso aduanero no es integración económica, ni integración política. No existe amistad, ni sentimiento de integración donde hay rivalidades históricas y apetencias comerciales que convierte a la asociación en una entidad de miembros en la que cada uno busca el mayor beneficio, pero aliándose en la cúspide para reducir costos para una mayor especialización y para una mejor inserción en los mercados, con las conocidas consecuencias en las condiciones de trabajo.

Se crea una comunidad y luego es inserida en la idea de la zona americana de libre comercio, con cabeza en los EE.UU., que necesitan fortalecerla en la guerra de los megabloques. Por eso afirmó el Presidente de ese país que interesaba el Mercosur y que interesaba la Argentina, "porque necesitamos exportar más y crear más puestos de trabajo" (se entiende, en su país).

Allí la creación de empleos es dinámica, se corresponde con el aumento de la fuerza laboral y se aumentó en un 20 % últimamente, aumentando la brecha entre altos y bajos salarios.

Así que el Mercosur es ventajoso para los EE.UU., para la zona americana de libre comercio, para ciertas empresas, la burocracia y cierta clase política, social y económica (las entidades representativas de la cultura, la educación, el cooperativismo, las pequeñas y medianas empresas, el sindicalismo obrero, no tienen peso en las estructuras del Mercosur).

Quien reflexione sobre la situación de las provincias, de las regiones y economías regionales; quienes adviertan el estado de las relaciones existentes entre los grupos sociales y las clases den la Argentina, y quienes conozcan la crisis profunda de estos momentos y las condiciones de la empresa nacional, podrán preguntar: ¿qué se hace para integrar al país?

Me permitiré recordar aquí algo que nunca es superfluo: "...en cumplimientos de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional..." ¿Qué puede suceder si no se cumple el imperativo constitucional del Preámbulo de la Constitución?.

¿Cómo advertimos que el gobierno realiza esfuerzos notables para integrar nuestra Nación?.

La respuesta surge de un simple cotejo: el sur argentino. La patagonia no se verá favorecida con el Mercosur; particularmente las pequeñas y medianas empresas, pues el Mercosur desintegra los países para integrar o intentar integrar partes de éstos, que no son precisamente y en forma absoluta territorios.

Las entidades intermedias empresariales de la Patagonia y de las regiones del NE y NO argentinas han advertido lo expuesto. El Mercosur -reitero- se constituyó sobre la base de necesidades transnacionales económicas y se sumó a la Iniciativa para las Américas estadounidense, que a la vez requiere el fortalecimiento del megabloque americano, con los EE.UU a la cabeza (zona americana de libre comercio), que favorece a los empresarios que no están afectados por las importaciones y que pueden exportar con buen precio, cosa que no sucede a los empresarios de la patagonia, afectados también por las políticas de subsidios de otros países. La patagonia no interesa tanto desde el punto de vista del consumismo y del consumo de bienes importados, cuya circulación y consumo crece cada vez más en la Argentina, en las ciudades de más población, dentro del estado de injusticia social interna.

La comparación a que me refiero tiene que ver con la Historia, a la que habría que seguir sin cambiar, intensificando su esencia, en este caso, el de la Patagonia. Durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen el PEN proyectó la Ley Orgánica del Petróleo, que acababa de descubrirse en el sur argentino; se establecieron las líneas aéreas de correspondencia para los territorios del sur; se adquirieron los ferrocarriles del sur; realizaron convenios fronterizos con Chile; se inició el proyecto de exploración del petróleo; y se sancionaron leyes de fomento y colonización agrícolo-ganadera y sobre tierra pública.

Recientemente América asistió a un intento separatista: el de la provincia de Quebec, en Canadá. La diplomacia de casi toda América consideró que la separación de Quebec tiene efectos negativos sobre el TLC, perjudica la integración continental y el objetivo de la Cumbre de las Américas que fijó el año 2005 como fecha de ese proyecto. Además, enfría el fin de incorporación de Chile al TLC.

Europa fue escenario, bajo la vigencia de la UE, de las fuertes tendencias a la fragmentación de los territorios nacionales y nacionales. América tiene dos manisfestaciones. Una es la de Quebec, en Canadá, que debió votar su indepen-dencia con la mitad del electorado a favor de la separación, en la que no está excluído el factor económico, afectada por el sistema de relaciones económicas internacional, en circunstancias en que la separación podía significar un ingreso per cápita superior al de Noruega y Dinamarca, mantener su sistema de garantías en forma universal y su sistema de seguridad social, hoy afectado en Canadá por los cruzados de la economía de mercado y la globalización (confer Oscar Raúl Cardoso, "Canadá; la Integridad Bajo Amenaza"; Clarín, 29 de octubre de 1995).

La otra manifestación, incipiente y por ahora imperceptible, se presenta en Brasil, en forma simultánea con el Mercosur. ¿Qué ocurriría con el Mercosur, si continúa desarrollándose el movimiento separatista del sur de Brasil iniciado por el sociólogo Irton Marx y que ya cuenta con 700.000 adhesiones?.

No pocos analistas se ocuparon de hacer prospectiva con respecto al tema de los separatismos y las integraciones. En el caso de Quebec se considera que es inevitable que lograda la independencia la nueva nación se incorpore al NAFTA. En este caso es probable que ello ocurra en el futuro, pues en el referendum de 1980 los unionistas obtuvieron un 60% de votos; en la elección de 1995, un 50,56%. Los separatistas tal vez no se equivocan si dicen que "la tercera es la vencida". En el caso del sur del Brasil, Mariano Grondona supone que si se diera el mismo caso en el futuro, un Mercosur suficientemente consolidado podría albergarlo. Es decir, que pareciera no preocupar el tema de la desintegración en cada país, desde el punto de vista mal llamado "comunitario". (confer Mariano Grondona, "El Ni de Quebec", en "La Nación", 5 de noviembre de 1995).

Nótese cómo dentro de la misma comunidad "Mercosur" aparecen los ingredientes separatistas. También las regiones se interesan por una integración que las favorezca, mientras se intenta desarrollar la integración de naciones. Me refiero a las regiones de cada país. Me refiero a la firma de un protocolo entre gobernadores del Sur de Brasil y el Norte Argentino, el 20 de octubre de 1995, en Florianópolis, en el Foro de Gobernadores del Mercosur (los gobernadores de esas regiones), que auspician una zona de libre comercio y una unión aduanera parcial; preve el desarrollo conjunto de esa región; Argentina: 6 provincias norteñas; Brasil: 4 estados: Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul y Mato Grosso de Sul. Sus fines consisten en: facilidades de transporte; intercambio técnico, científico y cultural; gestionar ante los gobiernos federales para financiar la reconstrucción del sistema de transportes viales, hidroviarios y ferrocarriles; reformar las constituciones de ambos países para lograr una mayor adecuación para negociar acuerdos internacionales. Y habrá que ceder al reclamo, porque la Historia demuestra que los embriones de separatismos se frenan con reformas constitucionales que realmente concedan más autonomía y posibilidad de desenvolvimiento económico. Así se ahogó el separatismo siciliano después de dos siglos, al promediar este siglo.

En la reunión de Copenague, auspiciada por la OIT y denominada "Cumbre Mundial del Desarrollo Social", asistieron más de 100 jefes de Estado, habiéndose llevado a cabo en marzo de 1995. Allí acordaron el objetivo de pleno empleo y de asignarle prioridad fundamental a la política económico-social.

Hago notar que la política económica de nuestros países en el Mercosur se opone a una mínima política social; no pocas veces -y lo que sigue puede imputarse probablemente a esa Cumbre- las declaraciones se contradicen con la realidad. No se advierte que ni las Cartas Sociales de las comunidades ni la Declaración de Copenhague no tienen aptitud, por diversos motivos, para producir el desarrollo y la justicia social que tienda a evitar la desocupación, la mortalidad por inanición y otros efectos de la internacionalización económica que no refleja sino la guerra del intercambio.

El Canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl, reconoce que parte de la responsabilidad en materia de justicia social y empleo es de la comunidad internacional. Los países industrializados deben abrir sus mercados a los productos de los países en vías de desarrollo.

¿Cómo el Mercosur se inserta en los objetivos norteamericanos cuando EE.UU. presiona de muchos modos que generan desocupación e injusticia social (privatizaciones, desregulación, patentes, leyes laborales, etc.).

En la Argentina, la política de empleo es prioritaria, pero lo es más respecto al pago de la remuneración en el plazo legal; el excesivo fiscalismo genera desocupación, disminución del consumo y eclosiones sociales de acción directa que atentan contra la paz; y los derechos humanos en general y sociales en particular se ven afectados de un modo gradual y constante.

La liberalización del comercio internacional tiene un alto precio en pérdida de puestos de trabajo y esto -reconoce Kohl- es importante para los países pequeños, que tienen un poder de negociación limitado en el plano internacional. Kohl expresó en esa Cumbre que el desarrollo económico y social es imposible aún a largo plazo si no se respetan los derechos humanos y la democracia y que no hay razón alguna en negar esos derechos a nadie.

Según la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU la libertad no es posible si no se libera al ser humano de la miseria. Mucho antes había dicho el Presidente Yrigoyen: "La libertad humana no es posible si al hombre no se lo emancipa económicamente.".

Sin perjuicio el recelo que es generado por las fuertes escritas y orales del planeta, particularmente, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de las comunidades como Mercosur, de las instituciones de Bretton Woods (Fondo Monetario Inetrnacional -FM- y Banco Mundial -BM-), tiene presencia la dimensión social del comercio internacional (la denominada "cláusula social") y, empero se utilizan pretextos pra aplicar medidas proteccionistas contra nuestros países y nuestro gobierno nacional, por su propia cuenta, y también condicionado y presionado en casos, invoca el Mercosur para llevar adelante un modelo que afecta a gran parte del empresariado, de los trabajores, de la clase pasiva, desocupados, subocupados, trabajadores informa-les y otras personas que nunca trabajaron y que hoy necesitan y desean trabajar encontrándose capacitadas para ello.

Una buena política económica-social estribaría en líneas generales en la propuesta hecha por Raúl Prebisch en su libro "Contra el Monetarismo", publicado en la Argentina antes de ser asumido el gobierno nacional, en 1983, o en tomar el itinerario fijado en 1963, con la mayor adaptación posible a las exigencias internacionales de la actualidad. Las empresas no solucionan los problemas disminuyendo el costo laboral; deberían concebir el costo gerencial, la calidad del producto y una conveniente organización empresarial, como presupuestos de rentabilidad.

¿Por qué causa, para romper asimetrías y armonizar políticas, el Poder Ejecutivo Nacional gradualmente modifica el orden jurídico laboral? Sabemos que no existen imposiciones del Mercosur, aún, sí del mercado; sabemos también que es consecuencia de una ideología derivada de intereses diversos y que en realidad no es nivelar para abajo porque las reformas se hacen al tun-tun sin comparar institutos jurídico-laborales de los países del Mercosur.

Explico este último con más detalles: se afirma que la legistación argentina es la más desarrollada y esta afirmación no expresa la verdad. Sí es cierto que tiene institutos más desarrollados -en su carácter tutelar- que los de otros países miembros, pero también es verdad que estos países han creado normas superiores a las nuestras, en numerosos aspectos. Ello resulta de un estudio comparativo. Empero, el PEN lleva adelante su plan.

Confiando en las inversiones extranjeras, como solución cardinal.

Los compromisos del Mercosur no obligan aún a modificar la legislación laboral; los dictámenes de las comisiones cubren áreas y temas de mucho alcance, pero de aquí a la existencia de una legislación uniforme o única propia de un Estado supranacional hay una gran distancia.

Justo es reconocer que los países del sur no pueden luchar contra la pobreza sin acceso más libre y transparente a los mercados internacionales. EE.UU crea la zona americana de libre comercio porque -reitero- venderá más y creará centenares de miles de puestos de trabajo. Falta el consenso jurídico, ético y moral, en el Mercosur, como en América y el Mundo, que ponga el compromiso de una idea común de desarrollo social.

El problema de la probeza es universal y a él se vincula además el tratamiento que se da a la deuda externa -según Eduardo Frei-, que el Mercosur ha olvidado y sí, en cambio, ocupó al Parlamento Latinoamericano con una propuesta concreta. El Mercosur no responde a la fórmula 20/20 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, según el que el 20% de la ayuda de los países desarrollados debería ir a programas sociales y el 20% del PBI de las naciones en vías de desarrollo destinarse a la inversión social.

Chile, fuera del Mercosur, tomó al mundo por mercado; tuvo un crecimiento sostenido del 6% anual, inflación de 1 dígito con tendencia a la baja, tasa moderada de desocupación e incremento acelerado de las exportaciones. Incrementó significativamente el gasto social, incentivó la participación del sector privado en la implementación de programas de desarrollo social.

Cada vez más, lo que se habla y escribe -incluyendo normas jurídicas- se va alejando de la realidad, se ahonda la brecha socio-económica, y se desconfía cada vez más de las declaraciones oficiales. Llama la atención que algunos economistas hablen ahora de la crisis de confianza. Una prueba de esto es que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) opinaron sobre la reunión de Copenhague a la que hice referencia y se mostraron decepcionados; "Sopesándolo todo, el vaso parece más vacío que lleno" y "Más allá del cinismo de los unos y la hipocresía de los otros, los representantes de los Estados han hecho un preocupante reconocimiento de importancia ante el desbocamiento de un sistema que cada vez se hace menos capaces de dominar".

La pobreza del mundo tiene como contrapartida la acumulación de riqueza. La mayor riqueza en menos manos; de los progresos de la tecnología, por ejemplo, se sirven solamente un 3% de la población del mundo.

En realidad, al firmarse el Tratado de Asunción -con los antecedentes del Pacto de Integración Bilateral de 1986 y protocolos siguientes-, el 26 de marzo de 1991, con la idea de establecer el mercado el 1 de enero de 1995, no se le dio importancia al tema laboral, pero sí estableció el principio de la justicia social.

Prueba de ello es que se crearon órganos sin representatividad del sector de trabajo y de seguridad social: el Consejo del MC, que decide y tiene a su cargo la conducción; el Grupo del MC (que es el órgano ejecutivo, integrado por los ministros de economía, relaciones exteriores y presidentes de Bancos Centrales; al primero también se lo integra con los presidentes de cada Nación. Se crearon también subgrupos de trabajo y tardíamente el subgrupo laboral y el Foro de Empresarios. Paralelamente, pero por iniciativa propia funcionan agrupamientos y entidades diversas: cooperativas, gobernadores, intendentes, etc.

No es necesario iniciar ningún proceso de nivelación, de armonización absoluta, porque estamos sólo en la etapa de una unión aduanera. El NAFTA excluyó la legislación laboral y estableció que cada país se rige por su propia legislación.

Existen asimetrías y armonías en diversidad de institutos, con diferencias de beneficios, en distintos países miembros. No debe absolutizarse el concepto que la Argentina es más proteccionista que el resto; hay diferentes situaciones, considerando institución por institución. En la Argentina se han derogado beneficios que subsisten en otros países y en éstos se han creado nuevos, cuando en casos aquí se derogaron. Además, como referencia importante, a pesar de la mentada igualdad entre nacionales y extranjeros subsisten las discriminaciones. Otro dato es que los países del Mercosur entre 1919 y 1986 ratificaron 162 convenios internacionales (OIT), cuya doctrina se opone a la que algunos pretenden para el Mercosur. Aún suponiendo que se aprueba un Código del Trabajo del Mercosur, lo deben ratificar los Congresos respectivos, que tienen constituciones distintas, con algunas asimetrías en este campo. Deberíamos reformar las constituciones; la nuestra incorporó tratados con jerarquía consti-tucional y entonces habría que reveer esta norma.

C. EMBRIÓN DE ORDEN LABORAL EN LAS UNIONES

No puede afirmarse de ningún modo que existe semejanzas absolutas en el modo de considerar la normatividad laboral, en los distintos tratados interna-cionales y en los proyectos derivados del funcionamiento de los órganos institucionales respectivos. Haré una somera referencia al respecto, seguida-mente.

NAFTA: (Canadá , EE.UU y México).

No es un acuerdo de integración, ni establece un derecho común; rige la legislación plena de cada país y cada parte se compromete a promover y cumplir su normativa laboral; no comprende una unión aduanera ni permite la libre circu-lación de personas ni de trabajadores migrantes. Crea una comisión para la cooperación laboral.

CANADA.

Presenta significativas asimetrías, pues rigen dos sistemas jurídicos: a) el common law, para las provincias de habla inglesa; y b) el romanista, para Quebec. Cada Estado dicta su código de fondo.

Su Constitución data de 1867 y se reformó en 1982, incorporándose una carta de Derechos y Libertades, pero el desarrollo de la legistación laboral y de seguridad social se operó sin el cimiento de cláusulas precisas en la Constitución, por la ya expuesto.

Como consecuencia del TLC y de las presiones para reducir los costos laborales y privatizaciones, la situación de los trabajadores se tornó más precaria y el vigoroso sistema de seguridad social comenzó a enervarse. Al estar facultadas las Cortes de dejar de lado las legislaciones provinciales y federal si atenta contra las garantías de la Carta, se desconoció el derecho de huelga y el de negociación colectiva.

EE.UU.

La Enmienda 14, de la CN, determinó que el derecho de trabajar es un derecho de propiedad y la legislación abrevó en un concepto liberal, por lo que la normatividad ha tenido un escaso desarrollo en lo que a protección se refiere.

MEXICO

Tiene en su haber la Constitución de 1917, de fuerte contenido social, con la que se inició en el mundo el constitucionalismo social, con un marcado Derecho protectorio, que trasciende el orbe del trabajo dependiente.

Por la reforma constitucional del 1992 se elevó a rango constitucional en forma expresa la protección de los derechos humanos a través de organismos especializados, función que ya cumplía la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El NAFTA considera el trabajo desde el punto de vista económico, no laboral, porque busca favorecer la competitividad. Declara expresamente el Acuerdo que su objetivo es la libre circulación de los bienes y servicios.

Los EE.UU se favorecen con mano de obra barata y escasa protección del medio ambiente, por parte de México, y con materias primas diversas y de calidad, por parte de Canadá. EE.UU. lleva sus industrias al sur de su frontera, protege sus puestos de trabajo con mayores exportaciones y subsidios a su producción; los inmigrantes deberán trabajar en el marco del Tratado pra continuar residiendo en los EE.UU., evitándose así las inmigraciones masivas y sin control, es decir, de tal modo evita el problema de la inmigración ilegal.

El mismo cambio que se dio en la Argentina se presentó Canadá con mayor profundidad y menor tiempo y con más afectación de su calidad de vida. En buen romance: la Argentina agrava su situación y la agravará más si logra incorporarse al NAFTA y más todavía si llegare a cumplirse el propósito de consensuar con la UE. Tendríamos que jugar al pocker con jugadores veteranos; y esto no es en sentido figurado, porque las reglas de este juego se han aplicado científicamente a la economía, porque se trata de un método matemático y estratégico del que no tenemos experiencia ante quienes están en condiciones de crearnos ajustes y dependencias.

UE

Su formación ostensible debe remontarse al Tratado de París, en 1951; luego al Tratado de Roma, con la incorporación de más países, en 1957; las sucesivas incorporaciones que se realizan entre 1973 y 1994; el Mercado Común, en 1987, impulsado en 1992; y posteriormente el Tratado de Maastricht (Holanda, 1992), con el que la CEE pasa a ser la UE, económica y monetariamente, y además con la firma de un Tratado Paralelo en Materia Social. Aclaro que la moneda única -ECU- se estableció a partir de 1999, con un Banco Central Europeo.

Con la globalización, o la internacionalización, se apunta al hecho comercial y debería evitarse los efectos negativos de un mecanismo que le es propio: me refiero a esa forma de flexibilizar con la que se afectan principalmente tres de las etapas de todo proceso económico (la producción, la distribución y el consumo). Se lo subestima con el signo de la precariedad, al trabajo humano; se subordina el Derecho a la economía. El llamado darwinismo económico no se da en forma general sino con relación a los que entran en la competencia; los trabajadores valen por su productividad o fuerza laboral, retroceden en su condición y se van acercando al contrato de tarifa del pasado.

Los Estados y las entidades intermedias se someten al sistema. Se enerva el Derecho de cada país y el Derecho Internacional del Trabajo. No hay una real interdependencia internacional porque además los gobiernos y clases dirigentes están influenciados por las empresas supercapitalistas, que hacen que los partidos políticos se diferencien por los grupos de empresas que los apoyan.

El Mercosur, también actúa como empresario indirecto, al afectar las condiciones de vida y de trabajo, disminuyéndolas en aras del achicamiento del costo empresario. Es necesario hoy cuidar el ordenamiento laboral de cada Nación y el Derecho internacional, así como las fuentes históricas, las fuentes del Derecho y las doctrinas que emergen de documentos históricos de trascendencia mundial.

Entre los objetivos del Preámbulo de la OIT se prescribe la mejora de las condiciones de trabajo. La Conferencia de Filadelfia, de 1924, determinó el derecho al bienestar y a la seguridad económica.

El Tratado de Roma, con el que se crea la CEE, como los demás, han relativizado y relegado parte de lo social. Luego, en 1989, se dictó la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales, documento enunciativo, no vinculante; y aún tratándose de otros acuerdos vinculantes se requiere que los Estados reconozcan la norma internamente.

Interesa esto porque en la Declaración de Montevideo (mayo de 1991) los ministros de la región resolvieron adoptar un modelo equivalente al de la CEE. El subgrupo de trabajo 11 del Mercosur se propuso lograr la ratificación de un mínimo de convenios internacionales de trabajo. El Tratado de Asunción se pronunció por la justicia social.

Lo que informa todo esto y lo que expondré es la lucha entre el Derecho y la economía; una lucha que no tiene manifestaciones estruendosas, al menos en forma directa, pero sí se hace sentir en la realidad. Es una pugna que ilustra sobre la brecha entre el mensaje oral y escrito y la norma escrita, por un lado, y por otro, el modo de aplicación, cumplimiento o violación.

En las buenas intenciones de la política internacional primó el concepto de competencia leal en el campo de la economía y, en el Preámbulo de la OIT, se lo extiende al orbe laboral.

Argentina (en 1936) y Uruguay (en la década del 40) trataron de impedir la importación de productos provenientes de países que no cumplían con el Convenio 29 de la OIT. E.U. excluía del sistema de la Nación más favorecida a aquellas que no cumplían con las leyes laborales; ahora presiona en el NAFTA y en el Mercosur para que sea al revés; Argentina hace lo mismo en el propio país, acercando el Derecho al Mercado y creando mecanismos que favorecen el fraude y la reducción de la tutela.

Incluso, en la Carta fundacional del GATT (La Habana, 1949), se prescribió la necesidad de evitar el intercambio comercial con países que no respetaran normas laborales mínimas que afecten la competencia leal. Incluso las cartas sociales de las comunidades parecen resguardar aunque de manera acotada un cuadro de derechos sociales, aunque es más rico y ambicioso el proyecto de los trabajadores del Mercosur. Pero, insisto, se contraponen las diversas expresiones con la realidad comercial.

Cuando se habla de eliminar asimetrías no se ponen excepciones, en el Mercosur; mientras no se efectivice el Estado supranacional a lo mejor conviene exceptuar algunas áreas, total o parcialmente. Cabe sí diferenciar en el mundo del trabajo las circunstancias de cada país: historia, sistema de relaciones de poder, nivels alcanzados de tuición, o promoción humana (que obliga a mejorar las condiciones de vida), etcétera. El hecho económico, social o político debe estar supeditado al Derecho; el gobierno que debemos sostener es el de la ley, no el de los hombres y menos de los que violan el mínimo mandato popular o tiran por la borda el Derecho creado con substancias axiológicas positvas y que prestigian al orden jurídico nacional y enriquecen la conciencia jurídica de los pueblos, en la democracia plena.

No hay acuerdo entre los países del Mercosur para establecer una metodología para promover el ordenamiento laboral del Mercosur.

La Argentina presentó el único documento orgánico, en septiembre de 1994, en Montevideo. No es un proyecto de Carta Social sino un proyecto de creación del espacio social de la integración (actitud de transición). La Argentina sostuvo en La Cumbre de Buenos Aires (agosto de 1994) la necesidad de una redefinición de los instrumentos normativos en materia de relaciones laborales, migraciones y empleo (hablar de relaciones laborales es utilizar terminología del mercado y no del Derecho laboral). Es decir "descarta". El documento señala los elementos del sistema:

1) un Protocolo que regule relaciones laborales, empleo y migraciones.

2) Comportamientos a asumir respecto a cada legislación nacional. El mínimo es:

*abolición del trabajo forzoso;

*libertad de asociación;

*libertad de negociación;

*prohibición del trabajo del trabajo de menores y mujeres en ciertas circunstancias.

Esto se debe vincular a la lealtad comercial y se cumpliría en etapas o plazos.

3) Creación de un Consejo de Relaciones Laborales, base de un futuro Consejo Económico-Social (incluye la competencia en quejas por violaciones).

4) Organo de aplicación es la Comisión de Comercio.

Paraguay no se ha pronunciado al respecto.

Brasil se ubica de un modo proclive a la propuesta hecha por los trabajadores de los 4 países, cuyo contenido dista mucho de la política social del gobierno argentino. Por ahora no considera que deben vincularse las cuestiones comerciales con las laborales. Se opone a un órgano internacional de aplicación, pues considera que con los nacionales es suficiente. Entonces, las prácticas desleales de comercio deben regir por el Portocolo de Brasilia.

Finalmente, Uruguay solo propone una metodología más específica: analizar la propuesta de Carta del Sector Trabajador de los cuatro países y la documen-tación que presenten los gobiernos y los sectores privados. Propone:

1) estudiar los derechos fundamentales; y

2) los derechos sociales y económicos en una etapa posterior.

Es decir, por un lado comparte ese proyecto con Brasil, por otro lado excluye el tema de los derechos sociales asemejándose su posición a la Constitución de Canadá.

El proyecto elaborado por los Trabajadores es amplio y rico en propuestas; su contenido se asemeja a los principios fundamentales de las declaraciones y convenios internacionales, principios de los que se pueden derivar los principios propios del garantismo clásico.

Esto es así en la tendencia que se presenta, a una Carta Social que puede ser el basamento del Código de Trabajo del Mercosur del futuro. Empero, reitero: no es imprescindible establecer asimetrías absolutas. Con el proceso de armonización, las asociaciones profesionales de trabajadores y de empleadores además de no contar con una adecuada inserción en la organización comunitaria -especialmente el sindicalismo obrero- no tienen protagonismo en temas como el arancel externo común y de macroeconomía.

Por ahora, no está excluída la armonización del tema laboral, al contrario, porque según una corriente de opinión un mercado común implica que deba coordinarse la política laboral, pero no que la legislación debe ser común aboslutamente. Si se observa bien esto se trata de fenómenos relativamente distintos. Su futuro está, como se ha dicho, tocado por el fantasma de David Ricardo, para quien los precios se determinan de acuerdo con el costo del factor trabajo. Ricardo no consideró las mercaderías escasas o no reproducibles, y sí los bienes susceptibles de aumentarse con la industria humana; el valor de cambio es proporcional a la cantidad de trabajo que absorbe, ya sea humana o tecnológica.

Es interesante destacar una opinión con referencia al desarrollo normativo de que hablamos y a la participación de las organizaciones obreras. El Consejo de Trabajdores del Cono Sur, que coordina el accionar de las organizaciones de CLAT -Confederación Latinoamericana de Trabajadores-, declaró:

1.Las recetas neoliberales apuntan a desarticular y marginar a las asocia-ciones sindicales.

2.Es necesario crear el Consejo Laboral del Mercosur.

3.Debe convertirse en ley, en cada país, los convenios de la OIT no ratifi-cados por ley y perfeccionarse el sistema normativo laboral en los países del Mercosur.

4.Incorporar representantes de las organizaciones sindicales en todos los subgrupos de trabajo del Mercosur, institucionalizando una mayor participación, se legitima por las implicaciones del trabajo humano.

5.Previo a las decisiones vinculadas a los mecanismos de decisión deben ser consultados los trabajadores organizados.

"17. Empresario: 'indirecto' y 'directo'

En el concepto de empresario indirecto entran tanto las personas como las instituciones de diverso tipo, así como también los contratos colectivos de trabajo y los principios de comportamiento, establecidos por estas personas e institucio-nes, que determinan todo el sistema socio-económico o que derivan de él. El concepto de empresario indirecto implica así muchos y variados elementos. La responsabilidad del empresario directo, como lo indica la misma palabra: la responsabilidad es menos directa; pero sigue siendo verdadera responsabilidad: el empresario indirecto determina sustancialmente uno u otro aspecto de la relación de trabajo y condiciona de este modo el comportamiento del empresario directo cuando este último determina concretamente el contrato y las relaciones laborales. Esta constatación no tiene como finalidad la de eximir a este último de su propia responsabilidad sino únicamente la de llamar la atención sobre todo el entramado de condicionamientos que influyen en su comportamiento. Cuando se trata de determinar una política laboral correcta desde el punto de vista ético hay que tener presentes todos estos condicionamientos. Tal política es correcta cuando los derechos objetivos del hombre del trabajo son plenamente respetados.

El concepto de empresario indirecto se puede aplicar a toda sociedad y, en primer lugar, al Estado. En efecto, es el Estado el que debe realizar una política laboral justa. No obstante es sabido que, dentro del sistema actual de relaciones económicas en el mundo, se dan entre los Estados múltiples conexiones que tienen su expresión, por ejemplo, en los procesos de importación y exportación, es decir, en el intercambio recíproco de los bienes económicos, ya sean materias primas o a medio elaborar o bien productos industriales elaborados. Estas relaciones crean a su vez dependencias recíprocas y, consiguientemente, sería difícil hablar de plena autosuficiencia, es decir, de autarquía, por lo que se refiere a cualquier Estado, aunque sea el más poderoso en sentido económico.

Tal sistema de dependencias recíprocas, es normal en sí mismo; sin embargo, puede convertirse fácilmente en ocasión para diversas formas de explotación o de injusticia, y de este modo influir en la política laboral y de los Estados y en última instancia sobre el trabajador que es el sujeto propio del trabajo. Por ejemplo, los países altamente industrializados y, más aún, las empresas que dirigen a gran escala los medios de producción industrial (las llamadas sociedades multinacionales o transnacionales), ponen precios lo más alto posibles para sus productos, mientras procuran establecer precios lo más bajo posible para las materias primas o a medio elaborar, lo cual entre otras causas tiene como resultado una desproporción cada vez mayor entre los réditos nacionales de los respectivos países. La distancia entre la mayor parte de los países ricos y los países más pobres no disminuye ni se nivela, sino que aumenta cada vez más, obviamente en perjuicio de estos últimos. Es claro que esto no puede menos de influir sobre la política local y laboral, y sobre la situación del hombre de trabajo en las sociedades económicamente menos avanzadas. El empresario directo, inmerso en concreto en un sistema de condicionamientos, fija las condiciones laborales por debajo de las exigencias objetivas de los trabajadores, especialmente si quiere sacar beneficios lo más alto posibles de la empresa que él dirige (o de las empresas que dirige, cuando se trata de una situación 'socializada' de los medios de producción.

Este cuadro de dependencias, relativas al concepto de empresario indirecto -como puede fácilmente deducirse- es enormemente vasto y complicado. Para definirlo hay que tomar en consideración, en cierto sentido, el conjunto de elementos decisivos para la vida económica en la configuración de una determinada sociedad y Estado; pero, al mismo tiempo, han de tenerse también en cuenta conexiones y dependencias mucho más amplias. Sin embargo, la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos, los cuales, a escala más amplia o más restringida, se dejen guiar sobre todo por el criterio del máximo beneficio. Al contrario, es precisamente la consideración de los derechos objetivos del hombre del trabajo -de todo tipo de trabajador: manual, intelectual, industrial, agrícola, etc.- lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para la transformación de toda la economía, bien sea en la dimensión de toda sociedad y de todo Estado, bien sea en el conjunto de la política económica mundial, así como en los sistemas y relaciones internacionales que de ella derivan.

En esta dirección deberían ejercer su influencia todas las Organizaciones Internacionales llamadas a ello, comenzando por la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras tienen que ofrecer aún nuevas aportaciones particular-mente en este sentido. En el ámbito de los Estados existen ministerios o dicasterios del poder público y también diversos Organismos sociales instituidos para este fin. Todo esto indica eficazmente cuánta importancia tiene -como se ha dicho anteriormente- el empresario indirecto en la realización del pleno respeto de los derechos de la persona humana constituyen el elemento clave de todo el orden moral social".