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ESTUDIOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA ARGENTINA CONTEMPORANEA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIO EDUARDO ANDINO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- LOS AÑOS FORMADORES DEL CARACTER NACIONAL 1853-1943. (*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) El trabajo base del presente lo constituyó una monografía de investigación preparada para el Doctorado en Sociología del Trabajo de la Universidad Argentina de la Empresa, asignatura “Historia Social Argentina””, del Prof. Pascual Lencina i Pujol, 1997, Revisión a Marzo de 2001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO:
 
 
 
 

1.- Necesarias aclaraciones.
 
 

I.- Período 1853-1916. Etapa de la ciudadanía formal.

I.1.- La Argentina post-Caseros y la Generación del '80.

I.2.- Estructura socioeconómica.

I.3.- Crisis y agonía del régimen.
 
 

II.- Período 1916-1930. Etapa de la ciudadanía política.

II.1.- Yrigoyen y Alvear: personalismos y antipersonalismos.

II.2.- Segunda presidencia de Yrigoyen.

II.3.- Cambios socioeconómicos.
 
 

III.- Período 1930-1943. Primera restauración conservadora.

III.1.- Un dilema a la Argentina: nacionalistas oligárquicos o liberales intervencionistas.

III.2.- Los cambios que preanuncian la etapa de la ciudadanía social.
 
 

2.- Conclusiones.
 
 

3.- Referencias bibliográficas.
 
 

4.- Apéndice.
 
 

* Cuadro Nº 1: Saldos inmigratorios argentinos 1857-1954.

* Cuadro Nº 2: Familias predominantes en seis provincias norteñas 1880-1916.
 
 

Situación de los trabajadores

* Cuadro Nº 3.1.: Sociedades de socorros mutuos en la Capital Federal 1906/11.

* Cuadro Nº 3.2.: La clase obrera en Buenos Aires en 1898.

* Cuadro Nº 3.3.: Algunos gremios en la Huelga General de 1907.

* Cuadro Nº 3.4.: Accidentes de trabajo en la industria (Capital Federal 1907/12).

* Cuadro Nº 3.5.: Presupuesto familiar y salarios industriales 1916-1922.

* Cuadro Nº 3.6.: Huelgas lapso 1916-1922.
 
 

* Cuadro Nº 4: Retroceso industrial en provincias norteñas 1914/1935.

* Cuadro Nº 5: Totales industrialización nacional 1914/1937.

* Cuadro Nº 6: Actividad industrial lapso 1935-1943.

* Cuadro Nº 7.1.: Evolución de la población urbana en la Argentina 1869-1939

* Cuadro Nº 7.2.: Distribución de la población activa argentina 1914-38.

* Cuadro Nº 7.3.: Población del Gran Buenos Aires 1869-1952.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- NECESARIAS ACLARACIONES:
 
 
 
 

“Todo régimen político tiene una lógica implícita”
 
 

(NATALIO R. BOTANA, “El Orden Conservador”)
 
 
 
 

A fin de contribuir a la mejor aprehensión del objeto de nuestro estudio, se realizará una breve síntesis de las etapas sociopolíticas resultantes en nuestro país desde los inicios de la organización institucional (1853) hasta el fin de la primera restauración conservadora (1943). Los restantes perío-dos, que no habremos de tratar, los denominamos “Etapa de la ciudadanía social” (1943-1955), la “inestabilidad institucional” (1955-1989) y “la segunda restauración conservadora” (1989 a nuestros días), no obstante lo cual, por la necesaria extensión que supone su desarrollo y análisis, estos períodos no serán objeto de tratamiento de nuestra parte.
 
 

La brevedad que nos proponemos, conlleva asimismo numerosas omisiones, tanto históricas como de hechos sociales, que desde ya asumimos, dado que sólo hemos elegido consignar aquellas circunstancias que nos resultan útiles al objeto de nuestra investigación.
 
 

Se tomará como base el desarrollo conceptual de Lencina i Pujol (1) que entendemos se adapta a nuestras necesidades expositivas, con los aportes de los autores que en cada caso se citan.
 
 

Por otra parte, estimamos necesario definir algunos conceptos en base a la terminología sociológica corriente, que ayudarán a comprender el pasado nacional proyectado hacia los sucesos del presente y –por carácter traslaticio- coadyuvar a una mejor interpretación de este último. Dichos conceptos se expresan a renglón seguido.
 
 

Anomia. Concepto elaborado por Durkheim en 1897 y particularmente de su estudio sobre el suicidio. Identificaba al sistema social anómico por una quiebra relativa del orden normativo, una falta de regulación moral sobre las tendencias y pasiones humanas. Hizo evidente que las sociedades anómicas se caracterizan por una elevada tasa de conductas desviadas y de comportamientos autodestructivos, incluyendo el suicidio. Es una “patología” no del sistema instrumental, sino del sistema normativo colectivo.
 
 

Nosotros empleamos el desarrollo posterior efectuado por Thomas y Znaniec­ki en su obra “The Polish Peasant” (1920), acerca de la pérdida de la fuerza reguladora que pueden experimentar las normas sociales en determinadas cir­cunstancias.

En la sociedad moderna es un hecho que numerosas personas o grupos viven en conflicto con las normas sociales y jurídicas. Este conflicto entre normas y conductas puede llevar en ciertos casos a la anomia, es decir al resquebrajamiento del orden normativo que, en situaciones límites, puede convertirse en crónico.
 
 

Completando estas ideas Merton (1949, Social Theory and Social Structure) sostenía que todo comportamiento aberrante desde el punto de vista normativo podía ser considerado sociológicamente como un síntoma de disociación entre las aspiraciones culturalmente fomentadas y los medios socialmente estructu­rados (de los que el Derecho es una manifestación específica),de realizar esas aspiraciones.

La anomia se evidencia también como el sustrato o fuente interna de la tensión social, es decir la inadecuación de los patrones culturales de la interacción social, tal como se manifiesta en la incertidumbre y en la ansie­dad de cada individuo sobre los derechos y obligaciones que como actor social posee y sobre el funcionamiento del sistema social, en tanto que éste afecta a grupos y categorías sociales determinados y a los papeles personales.
 
 

Tomando uno de los sentidos del concepto inadecuación -otra fuente interna de tensión social- la inconsistencia entre diversos niveles de la misma estructura, resulta similar a la anomia: el programa implícito en el sistema de valores se ha llevado a la práctica inadecuadamente.
 
 

La anomia, no obstante, en el sentido estricto que aquí emplearemos, está en conexión con dos posibles causas. La primera es un aspecto de una de las fuentes de tensión ya mencionadas: el impacto de la situación sobre el sistema social. Un súbito aumento del desempleo, p.ej., o una amenaza brusca procedente de otro sistema social -vgr. la intempestiva concentración de poder o distribución de ingresos en un sector social en detrimento de otros- pueden producir confusión o desmadres en torno al comportamiento anteriormen­te deseable. Es posible que exista un acuerdo sobre la necesidad de hacer algo, pero hasta que el proceso político no haya tenido oportunidad de con­cretar decisiones vinculantes y medidas efectivas, es muy probable que en dicho interregno se produzca una considerable confusión, que se pondrá de manifiesto a través de ideas falsas o exageradas sobre las causas y alcances de la situación, los derechos y obligaciones de los actores interactuantes en el sistema en cuestión.
 
 

La segunda causa general de anomia, en el sentido estricto que aquí em­plearemos, es el hecho que las adaptaciones al cambio social exigen tiempo. Puesto que una de las características del sistema es la interdependencia de sus partes, el cambio operado en una de ellas tenderá a producir una especie de tensión de transición, que se prolongará hasta que las restantes partes del sistema sufran también los efectos de este primer cambio. Durante este período de transición, que puede durar mucho tiempo, se registrará una cierta dosis de anomia, es decir, de ausencia de claridad en las expectativas. Es posible que esta tensión se refleje después en la ideología o en otras formas de conducta.

Estudios de la década del ‘50 y posteriores (Srole, 1956; McClosky y Schaar, 1965), han extendido las formulaciones de Durkheim hasta llegar a la inclusión del concepto de personalidad anómica. En ellos, la anomia es consi­derada como función de la personalidad y a la vez de las condiciones socia­les. Hallaron correlaciones significativas entre la anomia y el autoritaris­mo, el etnocentrismo, la alienación, el extremismo político, el sentimiento de futilidad política, la misantropía, la desconfianza y la punitividad.
 
 

En cuanto a las modalidades de la anomia las mismas pueden configurarse en las siguientes: a) la ausencia absoluta o mayoritaria de conductas valiosas o de normas jurídicas, lo que configura crisis moral o anarquía según el caso; b) la existencia de valores o conductas impuestas por grupos dominantes sobre grupos dominados (exclusión y desigualdades sociales o “derecho injusto”) en el que las normas existen pero atienden sólo a intereses particulares; c) existen normas y valores que cubren las expectativas y necesidades de los actores sociales en su conjunto y gozan de su consenso pero los mismos son meramente declamativos, teniendo vigencia para pocos de esos grupos o individuos (“hipocresía social”, instituciones únicamente formales o desigualdades jurídicas de hecho); d) combinaciones entre dos o los tres grupos anteriores.
 
 

De tal modo, la anomia aparecería como un concepto relevante para el análisis de la personalidad y de la ideología política de una sociedad dada.
 
 

Comportamiento desviado. Es aquel que viola las normas o las expectati­vas de un sistema social. Este es el uso más común del término y en este sentido se empleará en el presente trabajo. Así considerado, el delito es el prototipo del comportamiento desviado y por eso las investigaciones teóricas y empíricas sobre este problema se han centrado principalmente en su estudio.
 
 

Sin embargo, las reglas normativas son inherentes a la naturaleza de todos los sistemas sociales y no resultan sino una clase de preceptos cuya viola­ción da lugar al comportamiento desviado.
 
 

Consenso. Se trata de una condición determinada del sistema de creencias de una sociedad. Existe consenso cuando una gran proporción de los miembros adultos de una sociedad, o mejor, una gran proporción de quienes participan en las decisiones relativas a la distribución de autoridad, status, derechos, riqueza y renta, así como de otros bienes y valores escasos e importantes, distribución que podría provocar conflicto, están mas o menos de acuerdo acerca de qué decisiones deben adoptarse y, además, se sienten unidos de alguna manera entre sí y con la sociedad como conjunto. Aquí, pues, vamos a considerar solamente la condición consensual de una sociedad, esto es el consenso macrosocial. 
 
 

Los tres elementos fundamentales para que se dé el consenso son: 1) un grado importante de aceptación común de leyes, reglas y normas de conviven­cia; 2) una adhesión, también significativa, a las instituciones que promul­gan y aplican las leyes y reglas estatales y 3) un generalizado sentimiento de identidad o unidad que revela a los individuos que lo experimentan aqué­llas características respecto de las cuales son idénticos y, por tanto, iguales. El sentimiento de identidad aminora la importancia de las diferencias que, de otro modo, podrían dar lugar a disensiones y sentimientos de hostilidad. Aunque estos elementos pueden variar independientemente, la fuerza de cual­quiera de ellos contribuye a reforzar los demás.
 
 

Desobediencia civil. Entendemos aquí por tal concepto cualquier acto oproceso de oposición pública a una o más leyes o políticas adoptadas por un gobierno establecido, siempre y cuando la acción fuere premeditada, el autor o autores tuvieren conciencia que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y ella fuere llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos, con unos medios limitados y cuidadosamente escogidos.
 
 

La noción de “desobediencia” presupone la existencia de una norma o polí­ticas gubernamentales a las que se desacatan (cualquier conducta obligato­ria que el grupo en el poder considera investida de autoridad en el sentido que su eventual transgresión acarreará inevitablemente la imposición de una pena).
 
 

La desobediencia puede ser activa o pasiva, según se trate de hacer algo prohibido o de no hacer algo ordenado. Pero para que se califique de desobe­diencia civil, tal como se entiende aquí el concepto, no es suficiente el simple incumplimiento, sino que se requiere que la acción o la omisión fuere públicamente proclamada o llevada a cabo.
 
 

Monopolio estatal de la violencia. Weber en una de sus conferencias (“El político y el científico”, Ed. Colofón S.A., México D.F., 1996), precisó que el llamado Estado moderno sólo se puede definir sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física. “Todo Estado está fundado en la violencia”, dice nuestro autor citando a León Trotsky en Brest-Litowsk.
 
 

Continúa Weber desarrollando el concepto: “Objetivamente esto es cierto. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos anarquía. La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero es sí su medio específico.

“Hoy, precisamente, la relación del Estado con la violencia es especial­mente íntima. En el pasado las más diversas asociaciones, comenzando por la asociación familiar (Sippe), han utilizado la violencia como un medio entera­mente normal. En nuestros días, por el contrario, tenemos que decir que el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo) reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima.

“Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones o individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El estado es la única fuente del derecho a la violencia.

“El Estado, como todas las asociaciones o entidades políticas que históri­camente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, de la que es considerada como tal). Para subsistir necesita, por tanto, que losdominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan.”
 

Finaliza Weber su concepción sosteniendo que “El Estado moderno es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violancia física legítima como medio de ejercer la supremacía y que para lograr esa finalidad ha reuni­do todos sus medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas.”
 
 

Sobre este concepto del monopolio de la violencia por parte de las insti­tuciones representativas del Estado (principalmente el sistema de administra­ción de Justicia), se ha elaborado el moderno derecho penal occidental. La función privativa de coerción sobre los habitantes de un Estado, la tienen funcionarios especializados del mismo, a través de parámetros de racionali­dad, legitimidad y legalidad. Como contrapartida, resulta prohibido, arbitra­rio e ilícito que un particular o grupos sociales no estatales puedan recu­rrir a cualquier acto de violencia física o de coerción espiritual sobreterceros.
 
 

Una vez desarrollados los conceptos teóricos, se tratarán a renglón seguido las características salientes de las nueve décadas objeto de nuestro estudio.
 
 
 
 

I.- PERIODO 1853-1916. ETAPA DE LA CIUDADANIA FORMAL.
 
 
 
 

Dedicaremos a este lapso de la historia social nacional un desarrollo más exhaustivo que a otros que le sucedieron por entender que en él se encuentran muchas de las claves permanentes para entender nuestro presente.
 
 

I.1. La Argentina post Caseros y la “generación del '80”. Tras Caseros y la sanción de la Constitución de 1853 (tomada a grandes rasgos, vía las influencias alberdianas en "Bases", de la Constitución norteamericana de 1787), se estructura en la República Argentina un sistema político teórico y retórico de base igualitaria, liberal, con respeto a la propiedad privada y los derechos ciudadanos que en la práctica quedó limitado a un muy reducido grupo de personas.
 
 

Tal estructura, o la que en los hechos se dio, buscaba dar solución a tres déficits estatales que se advertían por entonces: el de la integridad terri-torial, de la identidad nacional y el de la implementación de un régimen polí-tico viable.
 
 

Porque, tras la sanción del texto constitucional, subsistirán irresolutos durante varias décadas problemas sustanciales como: el uso de las rentas de la Aduana y el puerto de Buenos Aires, la capitalización federal de la ciudad misma, la integración o definitiva segregación de la provincia bonaerense -con su poderosa clase terrateniente, comercial y ganadera- al resto del país, la desaparición de los últimos intentos autonomistas de los caudillos provinciales (Vicente Peñaloza, López Jordán), la estructuración de una relación igualitaria entre provincias o la hegemonía de la provincia de Buenos Aires, o del Estado Federal en su caso, sobre el resto del territorio, entre otras cuestiones no menores.
 
 

La respuesta sociopolítica de la clase dirigente se viabilizó a través de la llamada “Generación del '80” (cuyos principales integrantes fueron Roca, Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Eduardo Wilde, Estanislao Zeballos, Paul Groussac, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Aristóbulo del Valle, Miguel Cané), que resultó en la práctica muy eficaz en su labor transformadora de la sociedad preexistente (mas allá de la valoración que con parámetros actuales nos merezca) y cuya aspiración esencial fue generar un “Estado moderno”, de las siguientes características:
 
 

- orden y progreso (en su versión vernácula de “paz y administración”, con ausencia de todo debate político alternativo al respecto,
 
 

- necesidad de unificación del país en lo económico, político y cultural a fin de evitar toda dispersión de esfuerzos en pugna con los objetivos dominantes,
 
 

- liquidación del “problema del indio” con el propósito de ganar para la explotación agrícola-ganadera todos los riquísimos territorios sometidos a los alcances virtualmente depredadores de éste,
 
 

- solucionar el déficit de mano de obra barata para el aprovechamiento de los terrenos ganados a los salvajes mediante el ingreso irrestricto de los excedentes poblacionales de Europa y Cercano Oriente (los imperios Ruso y Otomano),
 
 

- integración al mercado mundial como exportadores de alimentos e importadores de capitales (mano de obra también) y productos manufacturados,
 
 

- creación de una infraestructura destinada a la rápida evacuación de la producción por el único puerto por entonces viable, el de Buenos Aires, (lo que generó en casi todo el país una estructura radial de caminos y ferrocarriles con vértice porteño).
 
 

Se comenzó la unificación política ejecutando un centralismo de hecho, otorgando sentido a la relación de mando y obediencia, para no incurrir en el desgobierno que se atribuía al período fenecido en Caseros y vencer la resistencia que, ante tales “innovaciones progresistas”, se decía ofrecía el poder tradicional en las sociedades criollas (2). Correlativamente el ejército nacional (o “de línea” como entonces se lo identificaba), fue el elemento esencial para imponer a los gobernadores y dirigentes díscolos la estabilidad política y el despotismo ilustrado de la clase gobernante (a los disensos se les ponía fin vía intervenciones provinciales apoyadas por tropas federales).
 
 

La unificación cultural se produjo a través del pensamiento europeísta (afrancesamiento en lo básico) con quiebre y descrédito de la tradición hispánica. Circa 1900, con la masiva inmigración, aumentó la influencia cultural italiana (en especial en las artes y la arquitectura). Se impulsó, como medio de lograr una identidad nacional mínima, la masificación de la escuela pública, de excelente calidad, y el perfeccionamiento de las universidades nacionales (únicas existentes por entonces).
 
 

La versión dominante del liberalismo o derecha liberal vernácula no renegaba, como lo hace hoy en día, considerar al Estado como el elemento de transformación más apropiado, interviniendo compulsivamente entre los actores sociales para lograr sus objetivos de “progreso”.
 
 

La síntesis ideológica de los dirigentes se concretaba en el dualismo entre conservadorismo político y liberalismo económico, pues como lo señala Romero: “el liberalismo fue para ellos un sistema de convivencia deseable, pero pareció compatible aquí con una actitud resueltamente conservadora... Había que transformar el país pero desde arriba, sin tolerar que el alud inmigratorio arrancara de las manos patricias el poder... Su propósito fue desde entonces deslindar lo político de lo económico, acentuando en este último campo el espíritu renovador, en tantose contenía, en el primero, todo intento de evolución”(3). Una esencial diferencia entre el liberalismo criollo y el estadounidense radicó en que el nuestro fue básicamente oligárquico y antipopular.
 
 

Esta combinación de conservadorismo y liberalismo generó actitudes muchas veces contradictorias. La elite transformadora no concibió la existencia de un orden social legitimado por una sociedad concebida al estilo weberiano y su ética protestante, pero se mostró convencida, pese a todo, de la imperfecta naturaleza del hombre y de la desigualdad que imperaba en la sociedad.
 
 

No se dejó deslumbrar (más bien se diría que le fue indiferente), por la estructura jerárquica y corporativa del antiguo régimen, pero defendió con métodos propios el control del poder político en manos de un grupo social que se confundía con el patriciado y la aristocracia gobernante; creyó en la propiedad privada, protegiéndola hasta extremos inéditos anteriormente; jamás dudó del progreso y de sus virtudes para erradicar la sociedad precedente y con la convicción arraigada en un robusto voluntarismo -propia de su despotismo ilustrado- confió siempre en las virtudes de la instrucción pública para “educar al Soberano”, como llamaba a ese pueblo del que se suponía único intérprete autorizado.
 
 

La difusión de las ideas de la clase gobernante se lograba, además de los discursos parlamentarios, con la acción periodística de “La Nación” y “LaPrensa” (en Buenos Aires) y “La Capital” (en Rosario, muy pronto la segunda ciudad del país), que estaban en manos de familias también tradicionales e identificadas con el sistema (Los Mitre, los Paz/Gainza-Paz y los Lagos, respectivamente).
 
 

De tal manera, sus creencias legitimaron el orden político y el orden social que dimanó de sus acciones (4).
 
 
 
 
 
 

I.2. Estructura socioeconómica. Con respecto a la composición de la sociedad local del '80, se destaca la indefinición de clases tal como hoy se entiende. De la pirámide social, la única que aparecía bien definida era la capa superior integrada por antiguas familias, “recién llegados” e integrantes de las elites provinciales.
 
 

Las “antiguas familias” constituían el vértice de la pirámide. Descendientes de los guerreros de la Independencia o familias de más arraigo aún (conquistadores), integraban una suerte de patriciado republicano. Liberales, unitarias fervientes o tibias federales (Anchorena, Pueyrredón), con cierto cosmopolitismo (y admiración por Inglaterra o Francia, las dos potencias de la época). Acostumbradas al ejercicio del dominio ilustrado, rechazaban en general, las tradiciones hispanas a las que atribuían atraso y oscurantismo. Se caracterizaban entre sí por una gran ligazón de vínculos personales y muy cerrados. Constituían una oligarquía ganadero-comercial-portuaria como ocupación esencial. Despreciaban al “medio pelo” (burguesía) y a la “chusma” (o “populacho”) como actitud social distintiva. Su núcleo no excedía de las 400 familias y su riqueza e influencia estaba determinada por su grado de asociación o integración con el mercado externo.
 
 

Los “recién llegados” eran extranjeros, en general de origen anglo franco germano, que habían prosperado en actividades comerciales (incluso algunas non sanctas como el contrabando en la época colonial, pecado que era perdonado socialmente por su contribución al librecambismo).
 
 

Las “elites provinciales” estaban constituídas por viejos pobladores con gran poder local, vinculados a la oligarquía portuaria por casamientos o negocios, aunque de menor capacidad económica y prestigio social, generalmente, que aquéllos.
 
 

La capa intermedia de la pirámide se formaba mayoritariamente tanto por argentinos de primera generación cuanto por los de origen inmigratorio. Las características esenciales de este estamento eran su poca coherencia interna, el predominio de grandes y pequeños comerciantes e integrados además por miembros de profesiones liberales, de familias antiguas venidas a menos (los “niños mal de familias bien”, al decir jauretcheano), medianos propietarios, pequeños chacareros y funcionarios públicos intermedios y menores.
 
 

En general, la clase media elegía ocupaciones predominantemente no manuales. Entre 1869 y 1895 agrupaba a sólo un 12% de la población. Hacia 1914 había trepado al 31% pero con un componente importante de empleados públicos. Su integración y actitudes tenía mucho que ver con la estructura y comportamiento de la clase dominante, como veremos.
 
 

En efecto, en términos de ingreso per cápita, la Argentina de comienzos del siglo XX se contaba entre los países más avanzados del mundo, pero a diferencia de otras sociedades con riqueza similar, el principal mecanismo de distribución del ingreso no era la industria, lo cual originaba ulteriores distorsiones en el sistema de clases urbano.
 
 

El factor fundamental de dicha distribución era la demanda generada por los ricos terratenientes y rentistas del litoral. El perfil de requerimientos materiales de este grupo, sumada a la estructura librecambista dominante, presentaba ciertos rasgos notables. La demanda de bienes de inversión y productos industriales por parte de la elite era satisfecha habitualmente desde el exterior; en el plano interno, su mayor necesidad era de mano de obra y servicios, y entre estos últimos, sobre todo los jurídicos, médicos, administrativos y, en menor medida, educacionales.
 
 

Todos éstos eran roles propios de los “trabajadores de cuello blanco” de la clase media y exigían cierto nivel intelectual y educativo, así como alguna pericia profesional. La satisfacción de tales servicios tuvo influencia decisiva en la formación de la clase media urbana. El grupo de mayor nivel dentro de esta última (y quizá también los miembros más jóvenes o subordinados de las familias de elite) se dedicaba en forma preferente a dichas actividades; su relación “clientelística” con la elite, gran fuente de su riqueza, les permitía gozar de un nivel de ingresos razonable y comparativamente alto.
 
 

A su vez, este grupo tendía a repetir el perfil de demanda de la oligarquía, multiplicando así el número total de grupos de clase media que, respecto de él, estaban en igual posición.
 
 

Resultado del panorama descripto fue la aparición de un importante estrato de clase media urbana y suburbana dotado, en vez del instintivo espíritu de iniciativa empresarial anglosajón o germano, por una actitud clientelística, dependiente, producto de su cooptación socioeconómica por parte del grupo dominante.
 
 

“En la Argentina la movilidad social tendió a producirse, no en virtud de la capacidad para experimentar o innovar -los que tenían esa capacidad, por lo común no llegaban más allá del almacén de la esquina o del pequeño taller- sino merced a la búsqueda de amigos y patrones mejor ubicados en la escala social, que permitieran acceder a la riqueza que circulaba por los canales de la elite. Se ha dicho que fenómenos como el personalismo y el caudillismo argentino son infortunadas rémoras del período colonial, pero resulta claro que ellos fueron intensamente reforzados por los aspectos peculiares y novedosos que adoptaron las pautas de crecimiento y el sistema social del país”(5).
 
 

En cuanto a sus rasgos diferenciales, la clase media de origen inmigratorio fue desarraigada, de llegada masiva y aluvional, sin facilidades económicas (o sea, préstamos del incipiente sistema bancario) o jurídicas (por su obvio desconocimiento del derecho local y por no resultar obligatoria la nacionalización tras un tiempo de residencia). Sus integrantes se vinculaban primordialmente entre ellos según sus respectivos orígenes nacionales o creencias religiosas. No eran socialmente conflictivos ni se interesaban por los avatares de la política criolla.
 
 

Los argentinos de primera generación, en cambio, resultaron conflictivos para el régimen imperante. Sufrían el mayor desarraigo pues no pertenecían a ninguno de ambos mundos (el de sus ascendientes o el del país). Sólo accedían a los cargos públicos vía titulos universitarios o por su incorporación a los cuadros de oficiales del ejército. Estuvieron en la base y fermento de todas las asonadas populares y revoluciones militares desde El Parque de 1890 en adelante.

Un párrafo aparte merece el Ejército, quien como institución de gravitación nacional se estructura a partir de la guerra con Paraguay. Sus cuadros se integraban desde la jerarquía de teniente coronel y superiores por miembros de las antiguas familias -generalmente provincianas- en base a un “cursus honorum” natural basado en la pertenencia al patriciado; sus suboficiales se nutrían en lo esencial en las capas populares nativas de origen indoamericano (mestizos o criollos más o menos puros), mientras que los oficiales medios son argentinos de primera generación que se “nacionalizan” en su paso por la Escuela Militar creada por Sarmiento y parecen imbuídos de una noción de patria idílica, sin pueblo, cuya expresión patológica será a la postre la hora de la espada lugoniana y uriburista de la revolución de 1930.
 
 

Hacia 1900 este estamento de oficiales de ascendencia “gringa” había alcanzado total preponderancia en el arma terrestre debido al aluvión inmigratorio. En el proyecto del Régimen, el Ejército tenía asignado los roles excluyentes del mantenimiento del orden y seguridad interna y de colonización de zonas fronterizas.
 
 

Fue un importante estrato ocupacional, aunque sin prestigio social debido al origen de la mayoría de sus integrantes. No obstante ejercía gran atractivo para las clases media-baja y baja por los beneficios que otorgaba: bonificaciones, pensiones y ascensos casi automáticos, inéditos para la época. Se transformó en un importante instrumento al servicio de la oligarquía, por la intervención activa y coerción que ejerció sobre los disidentes del proyecto político del Régimen. Unas décadas más tarde, el Ejército (acompañado según las ocasiones por la complicidad activa o pasiva de las restantes “fuerzas armadas y de seguridad” consideró normal este rol consuetudinario y tutelar de los “valores morales de la República” y se hizo cargo de la suma del poder público prescindiendo de las clases políticas, asumiendo de tal modo un rol mesiánico y trágico en sus consecuencias para la sociedad argentina (1930/32, 1943/46, 1955/58, 1962/3, 1966/73 y 1976/83).
 
 

En 1901 se sanciona la Ley Ricchieri, que establece el servicio militar obligatorio, lo que permitió al Ejército controlar e influir sobre un amplio sector de la población. Se tomaban conscriptos de zonas rurales, analfabetos o semianalfabetos, que eran entrenados en cuarteles urbanos, lo que les generaba hacia la institución un vínculo afectivo permanente. En cuanto a su táctica y organización, la milicia tuvo una gran influencia prusiana en sus cuadros de instructores y profesores.
 
 

En la base del esquema social, se ubican tres grupos de dispar significación: los trabajadores de origen inmigratorio, los nacionales mas o menos amestizados y los indígenas puros.
 
 

Los asalariados de origen foráneo eran dóciles, tanto social como políticamente (salvo como se dijera las minorías militantes ácratas y socialistas) y carecían, por lo general, de calificación profesional. Resultaban aptos para trabajos duros, temporarios y mal remunerados, como el levantamiento de cosechas, aunque los que se estableciesen en definitiva en el País (entre el 40 y 50% de los que ingresaban anualmente) terminaban radicándose en su mayoría en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Su masiva llegada entre 1880 y 1914 cambió en forma radical la composición étnica y cultural de la Argentina (Ver Cuadro Nº1 en el Apéndice). En las zonas alejadas de las pampas, como Catamarca y La Rioja, en cambio, los habitantes de origen nativo alcanzaban al 95% (6).
 
 

Los inmigrantes provenían, por la necesidad que el Régimen tenía de mano de obra barata, no calificada y sin mayores pretensiones y la deliberada ausencia de una política selectiva -salvo en situaciones minoritarias y excepcionales- de las regiones más atrasadas de Europa y Cercano Oriente y de sus capas sociales más bajas y de menor educación. Sus valores esenciales (“hacerse la América”, o sea ascender en la escala social a cualquier precio y a costa de cualquier sacrificio), se entroncaron con el mercantilismo y materialismo de las capas sociales superiores. Este sustrato humano contribuyó en buena medida a proyectar hacia el futuro algunas de las conductas esenciales del argentino actual: el éxito y la trascendencia social del individuo se mide por los bienes que éste exhibe; el desarrollo espiritual y la educación no garantizan de por sí dicho éxito, por lo que aparecen como válidos o justificables otros caminos alternativos (el golpe de suerte, la especulación, la corrupción política, el “amiguismo”, la “palanca”, entre otras muestras de la viveza criolla), como veremos más adelante.
 
 

Más de un millón de inmigrantes vinieron de Italia y algo menos de España; en 1914 había en el país casi 100.000 rusos, la mayoría de ellos de religión judía, y una cifra similar de provenientes del Imperio Otomano y de otros Estados de los Balcanes. El 60% del crecimiento demográfico habido en la Argentina entre 1869 y 1929 puede atribuirse a la inmigración.
 
 

La inmigración masiva tendía a hacer bajar los salarios por una oferta abundante de mano de obra y fue activamente alentada por el Estado en y con apoyo de la oligarquía terrateniente. Se organizaron campañas para el reclutamiento de inmigrantes en Europa y era corriente que se subsidiaran pasajes de vapor para pasajeros de tercera clase.
 
 

Entre 1890 y 1914 fue común el reclutamiento de “trabajadores golondrina” para el levantamiento de cosechas. Sin embargo, una gran cantidad de ellos, en vez de retornar a sus países de origen, se establecieron en la ciudad de Buenos Aires y otros centros urbanos de la zona pampeana , atraídos por la rápida expansión del transporte, el comercio y la industria. En las sociedades urbanas había comparativamente más oportunidades de movilidad social y de adquisición de propiedades y habilidades con el trabajo duro que en las zonas rurales donde la tierra y las posibilidades de trabajo eran controladas por la oligarquía.
 
 

Los asalariados de origen criollo estaban sumamente arraigados y eran muy patriotas (los empleaban tanto para las labores cuanto para las levas de frontera en el ejército de línea). No resultaban problemáticos para la clase dirigente acostumbrados como estaban a un ancestral sistema patriarcal (caudillo, patrón de estancia, juez de paz, puntero político). Formaban parte del paisaje humano aunque se les tenía por ausentes en lo político e institucional.
 
 

La inteligentzia en el poder los consideraba incapaces de progresar y aprender, aunque contradictoriamente se les idealizaba en algunas creaciones literarias (los gauchos Fierro y Cruz en José Hernández o el rastreador Calibán en el “Facundo” de Sarmiento). Aceptaban mansamente su lugar y pasan desapercibidos por la historia hasta su aparente irrupción intempestiva e inexplicable como aluvión zoológicoo cabecitas negras en 1946.
 
 

Los indígenas, considerados casi inútiles para todo tipo de aprendizaje laboral, eran sin embargo sometidos a intensa explotación en actividades productivas de zonas marginales (obrajes de yerba mate, ingenios azucareros o quebrachales tipo “La Forestal” -esta compañía llegó a controlar el 57% de la producción mundial de tanino y en 1935 fue denunciada por monopólica ante el Gran Jurado Federal de Estados Unidos no obstante la tolerancia de nuestros corruptos controles internos- o “Las Palmas del Chaco Austral” -quien supo tener moneda y puerto propios en el Chaco, Las Palmas, con 10.000 habitantes hacia 1940 [7]-), aunque quizá por ello se van extinguiendo paulatinamente y carecen de todo peso en nuestra historia social.
 
 

En el esquema descripto, todo pertenecía a estas compañías: las tierras, las casas, los transportes, las proveedurías, las escuelas, hasta el dinero que circulaba en moneda y billetes propios (amén de los vales). No permitían establecerse independientemente en sus dominios ni se toleraban comercios ni comerciantes ambulantes. Constituían en los hechos un Estado dentro del Estado ante la pasividad complaciente de las autoridades.
 
 

Juan BIALET MASSE, no obstante ser un hombre del Régimen, en su “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo” (1902), en lo referente al trabajo de indios y mestizos en los obrajes forestales, explica los motivos de su exterminio físico y social:
 
 

“A los cristianos se les pagan buenos jornales nominales; pero las proveedurías se encargan de reducirlos a las proporciones que les convienen... Se ha tomado una lista de nombres de indios que alguna vez trabajaron en el establecimiento y se ha hecho una emisión de vales, no al portador sino a favor de los tales nombres y a pagar en mercadería. Los indios y los que no lo son, que no saben leer, reciben en pago aquellos papeles... y sucede siempre... que en la proveeduría no se pagan con el pretexto que el portador no es la persona a cuyo favor están expedidos... La habitación del peón suele ser con frecuencia una cama hecha con cuatro estacas y bolsas de pasto, sin otro techo que un mosquitero. Su alimentación, “locro de charqui” y maíz. Nunca una jornada de trabajo es inferior a las 12 horas. Siempre cuenta el obraje con alguna policía complaciente, y si alguno se muestra remiso a trabajar o pagar sus miserables deudas, se lo arraiga. El “arraigo” se hace efectivo por el cepo y la barra... Cuando no con la vida misma del peón.”
 
 

En concreto y en contraste con lo que aconteció con la clase dirigente política e industrial estadounidense después de su Guerra Civil, la oligar-quía argentina no tuvo interés alguno en apoyar las aspiraciones económicas y la movilidad social de las clases obreras como medio de expandir el mercado interno de consumo (100 años después el sistema de la administración Menem repitió la receta reaccionaria con el aval explícito en su momento de las elites industriales y financieras nucleadas en la Unión Industrial Argentina, La Asociación de Bancos y otras cámaras empresariales).
 
 

De tal modo, el aluvión inmigratorio iniciado a partir de 1870, importó muchas de las ideas sociopolíticas imperantes en Europa, lugar de proveniencia mayoritaria de los recién llegados, en especial, el anarquismo –con su variante anarcosindicalista- y el socialismo. El fermento de estas ideas fue favorecido por varias circunstancias propias de los desajustes producidos por los procesos de industrialización y urbanización.
 
 

Las condiciones de vida que padecían: desocupación, inestabilidad laboral, el hacinamiento urbano y los bajos salarios, prontamente impulsaron a los proletarios (de “prole”: quienes contaban como único capital de trabajo sus brazos y los de sus numerosos hijos) a agruparse en organizaciones para su autodefensa, las que propiciaron huelgas y protestas reivindicativas contra las excesivas jornadas, el alto número de accidentes laborales y los magros salarios. Las jornadas laborales más comunes se extendían de 10 a 14 horas y algunos gremios trabajaban los 365 días del año (Ver Apéndice, Cuadros 3.1. a 3.6)
 
 

El anarquismo, por sus concepciones, era de carácter inorgánico, se nucleaba espontáneamente en círculos y grupos de acción y discusión y se oponía a la existencia del Estado, de toda organización burguesa (Parlamento, partidos políticos, fuerzas armadas, conscripción obligatoria, etc.) y a la participación electoral. Muchos de sus militantes propiciaban y ejecutaban la acción directa (atentados con bombas y magnicidios) para acabar con el “Estado burgués”.
 
 

El socialismo, en cambio, se organizó como partido político “reformista” dentro del Régimen aceptando sus reglas de juego y ya en 1896, aunque con escasa repercusión, participó desde un comienzo en los comicios porteños. En 1904 logró, sin embargo, incorporar su primer diputado al Congreso, el pintoresco abogado, dandy y duelista Alfredo Palacios, quien no obstante desempeñó una notable actuación a favor de la sanción de las primeras leyes laborales, como la del descanso dominical de 1905, la de reglamentación del trabajo femenino e infantil de 1907 y la de accidentes de trabajo de 1915, entre las más significativas.
 
 

Al margen de estas diferencias ideológicas y estratégicas, estas dos tendencias contribuyeron a organizar sindicalmente a los trabajadores y, aunque poco después se separaron, en 1901 anarquistas y socialistas confluyeron en la creación de la Federación Obrera Argentina. Ese año el malestar obrero se corporizó en una huega general con especial acatamiento entre los carreros, los obreros portuarios y los del Mercado Central de Frutos.
 
 

Las sociedades mutualistas fueron las primeras formas de organización obrera a mediados del siglo XIX. De su seno se fueron diferenciando las sociedades de resistencia, nombre adoptados por los primeros sindicatos en el sentido moderno que, a finales de ese siglo, se vincularon a los movimientos ideológicos de izquierda antisistema (anarquismo y comunismo) y sistémicos (socialistas). También estuvieron ligadas al mundo laboral otras instituciones como las “bolsas de trabajo”, cooperativas y ateneos culturales.
 
 

Los anarquistas, por su parte, fueron grandes creadores de hojas y periódicos de difusión de sus ideas: los de origen francés editaron ya en 1872 “Le Revolutionnaire” y desde 1883 “La Liberté” (autodefinida como “comunista anarquista kropotkiniana”); el teórico italiano Malatesta publicó en su idioma y en español “La questione sociale” (1885); entre 1890 y 1897 aparecieron “El oprimido”, “La anarquía”, “La voz de la mujer” y “La revolución social”. Desde 1987 nace el periódico anarquista más popular y duradero: “La protesta humana”, llamado sencillamente “La protesta” desde 1904, que se convirtió en matutino y llegó a tirar 100.000 ejemplares; por la tarde editaba otro diario, denominado “La batalla”.
 
 

En los grandes centros urbanos, aparte de la industria, la mano de obra femenina se insertaba preferentemente en el comercio, en las tareas domésticas y de servicio. En la industria, la presencia femenina se concentraba en los establecimientos dedicados a la confección y a fibras textiles. Los niños y jóvenes, entre 10 y 20 años, se congregaban en las mensajerías y en la venta callejera.
 
 

El trabajo infantil es de antigua data en la Argentina. En 1873 se instala la primera fábrica de camisas, que contaba con mayoría de obreros menores. Bialet Massé, en su informe precitado, escribió al respecto: “Los talleres de herrería y carpintería de Rosario, como los de Tucumán, presentan el abuso máximo de los niños. Hay un verdadero exceso de aprendices a los que se hace trabajar como hombres.”
 
 

Aunque no eran una novedad en el país, a partir de la crisis de 1890 comenzaron a registrarse protestas obreras en reclamo de mejoras de las condiciones de trabajo. En la primera década del siglo XX se asistió a un incremento significativo de la conflictividad laboral. La gran huelga de 1902 llevó al Gobierno a decretar el Estado de Sitio, lo cual no fue obstáculo para que el número de paros siguiera aumentando. Se llegó al punto máximo de conflictividad durante la llamada semana roja, entre el 3 y el 10 de mayo de 1909, y durante 1910, cuando alcanzó un máximo de 298 huelgas.
 
 

Entre 1902 y 1910 es Estado de Sitio fue establecido cinco veces: cuatro por los conflictos obreros y la restante por el levantamiento Radical de 1905. En el transcurso de estas luchas, Roca promulgó la Ley de Residencia que permitía expulsar del país a cualquier extranjero reputado indeseable o peligroso por las autoridades (7 bis).
 
 

Otra gran diferencia con los Estados Unidos radicó en que si bien la inmigración se convirtió cada vez mas en un fenómeno urbano en la Argentina, la oligarquía no controlaba (como la clase industrial norteamericana) la distribución de los empleos urbanos ni podía recurrir a éstos para imponer su liderazgo político a las clases inferiores. El resultado fue una tradición bien distinta en uno y otro caso.
 
 

A la oligarquía argentina le fue imposible crear los vastos aparatos políticos urbanos que en los Estados Unidos impulsaron “el crisol de razas”, los instrumentos básicos para el control de los movimientos de protesta y la creación de partidos políticos integradores.
 
 

Dado que no existía un nexo ocupacional entre la oligarquía y los residentes urbanos, el sistema político argentino se inclinó a la represión, la restricción y la hipocresía: instituciones formalmente legisladas pero no aplicadas o funcionando en mínima medida (representatividad popular, sufragio, estado de derecho, garantías constitucionales, etc.). Ello generó una perversa cultura de acción política que se ha mantenido sin variantes hasta nuestros días.
 
 

Puesto que no había manera de controlar a las clases inferiores dentro del sistema, se las trató de mantener fuera de él en la mayor medida posible (8).
 
 

Los resultados concretos de este proyecto se tradujeron en el largo y finalmente exitoso conflicto por la federalización de Buenos Aires, la Conquista del Desierto, la aparición de un aparato hegemónico ("P.A.N." o Partido Autonomista Nacional), que gobierna al país desde el puerto con el apoyo de delegados títeres o complacientes en el interior ("Liga de Gobernadores"), el fortalecimiento del ejército de línea como factor de orden y disuación de conflictos y, en lo económico, excelentes resultados en cuanto a productos de la tierra y generosos saldos exportables que hacia 1914 daban a los beneficiarios del régimen una prosperidad desconocida medio siglo atrás.
 
 

La Argentina del Centenario aparecía, en cuanto al crecimiento de su producto bruto interno, como una de las naciones de futuro más promisorio del orbe.
 
 

Entre 1890 y 1914 la economía y la sociedad argentina tuvieron como eje al sector exportador. Nuestras exportaciones consistían en productos agropecuarios (entre los más importantes: trigo, lino, maíz, cueros, lana y carne vacuna). Exceptuando períodos ocasionales de sequía o de graves depresiones económicas, el país exportó todos los años a partir de 1890 hasta 10 millones de toneladas de cereales. Luego de 1900 y con la introducción de los buques con cámaras congeladoras y los frigoríficos, las exportaciones de carne de distinto tipo alcanzaron un promedio de 350.000 toneladas. Entre 1872 y 1915 la superficie cultivada total pasó de 580.000 a 24.000.000 de hectáreas. Todo lo expuesto configuraba una expansión productiva inédita a nivel mundial (9).
 
 

En lo económico, reiteramos, se empleó un liberalismo y librecambismo a ultranza, sin el menor atisbo (por lo menos hasta los comienzos del agotamiento del modelo), de protección de los intereses del productor o capitalista nacional, no obstante la promoción de una Argentina de base agropecuaria y “granero del mundo”.
 
 

Se había propiciado y logrado una masiva e irrestricta afluencia de inmigrantes complementada con la atracción de capitales en especial alianza con los de origen británico (en particular ferrocarriles y frigoríficos) a quienes se aseguraron concesiones de rentabilidad mínima asegurada en desmedro de los intereses públicos (ferrocarriles por ejemplo) y en contradicción con la ideología libreempresista predominante -este esquema se repetirá de manera institucionalizada cien años más tarde a partir de 1989-.
 
 

La teoría económica del régimen en el gobierno se nutría con el aporte de dos corrientes que cohabitaban en los sucesivos gabinetes, alternando circunstancialmente las respectivas influencias: a) los teóricos del liberalismo económico, de raigambre portuaria, que buscaban acentuar la dependencia con el capital inglés, por entonces dominante (participaba éste del 25% del total del capital mundial en giro); b) los liberales “prácticos”, con sustento en las familias tradicionales del interior, que propiciaban la adopción de medidas ora proteccionistas, ora librecambistas, según lo indicase la coyuntura.
 
 

Se dió una industrialización incipiente, basada en pequeños talleres y artesanos, de origen extranjero en su mayoría. Si bien las únicas grandes unidades productivas eran las dedicadas al sector exportador, como los frigoríficos, hubo un mínimo desarrollo industrial en los contados casos en que los costos internos eran lo suficientemente bajos como para que los precios resultaren inferiores a los de los productos importados.
 
 

El motor de la economía se concentra así en tres factores: el campo, su producción agrícola ganadera y sus generosos saldos exportables; el ferrocarril en manos inglesas y los puertos de Buenos Aires (principalmente), Rosario y Bahía Blanca, como vías de salida de productos del país y de entrada de manufacturas foráneas. El condicionante para la monoproducción era la permanente necesidad de alimentos de una Europa con recurrentes conflictos armados (guerras austroalemana, francoprusiana, balcánicas, coloniales, del '14, etc.)
 
 

De tal manera resultaron privilegiadas las zonas de la Cuenca del Plata y pampa húmeda y postergados definitivamente el interior profundo y el cordón andino. El tercer censo nacional (1914) arrojó que para algo menos de 8 millones de habitantes de población total, el 70% de ella habitaba en un radio de hasta 450 km. de la Capital Federal, o sea en el 30% del territorio nacional. En el resto del virtualmente despoblado país se practicaba una economía de subsistencia (situación que se mantiene agravada entrado el Siglo XXI).
 
 

El auge de las exportaciones fue en buena medida el resultado de la expansión y necesidades del mercado inglés en en último cuarto del siglo XIX. A cambio de los alimentos sin mayor valor agregado adquiridos en Argentina, Gran Bretaña nos exportaba un gran número de productos industriales. Así pues la economía nacional estaba modelada, en líneas generales, de acuerdo a los preceptos clásicos del librecambio y de la especialización internacional, según el esquema de dominación aplicable entre una potencia colonial y un país periférico sin mayor trascendencia. Hacia 1910 las inversiones británicas en el país sumaban mas de 300 millones de libras esterlinas, suma fabulosa para la época (10).
 
 

La expansión de las exportaciones agropecuarias tuvo lugar en un momento en que la estructura básica de la propiedad de la tierra ya estaba configurada. La pauta de las grandes heredades (estancias y fincas), propia del período colonial y del siglo XIX, continuó en el siglo XX. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos y Australia, en la Argentina no hubo una gran subdivisión de la tierra; las únicas zonas significativas de pequeños colonos fueron el centro santafesino, Mendoza y San Juan, aunque de escasa gravitación en la producción general.
 
 

Uno de los efectos más señalados del auge de las exportaciones fue el aumento del valor de la tierra y de su renta, que junto con la creciente importancia de los productos cárneos luego de 1900, garantizaron la supervivencia de las grandes unidades productivas. La consecuencia directa fue la consolidación de la estructura latifundista y el surgimiento de una poderosa oligarquía.
 
 

El rasgo central de la sociedad argentina contrastaba así con el de otros países semejantes de clima templado, especializados en la producción de carne y alimentos. La estructura elitista fue entre nosotros muy distinta de la que privó en el patrón de asentamiento en pequeñas propiedades de las zonas originalmente colonizadas por los ingleses (Australia, Nueva Zelanda, Canadá).
 
 

La oligarquía terrateniente local surgió como consecuencia de las actividades mercantiles de Buenos Aires, que se remontaban al siglo XVIII. A medida que fue aumentando el comercio exterior -primero sobre la base de productos ganaderos primitivos como los cueros y saladeros, y luego, hacia fines del siglo XIX, con los productos agrícolas- la riqueza adquirida a través de aquél fue canalizada hacia la acumulación de tierras. Como al principio estas tierras poseían muy escaso valor, y pocos tenían los medios y la visión necesarios para adquirirlas, se distribuyeron divididas en extensiones muy amplias.
 
 

Un segundo rasgo destacado de esta situación consistía en que las mejores parcelas se hallaban ubicadas en el litoral marítimo de la zona pampeana. Esto contrasta con Estados Unidos, donde las más ricas regiones agropecuarias se hallan en el centro del país. En el caso de Argentina, el impulso para expandir las fronteras fue, por lo tanto, mucho mas débil; aunque existió, y durante el siglo XIX se incorporaron a la producción extensiones cada vez mayores, los principales núcleos demográficos y de poder siguieron estando en el centro-este del país.
 
 

Aún hoy la hipertrofia nacional hace concentrar en la ciudad y provincia de Buenos Aires alrededor del 40% de la población y más del 50% de la riqueza, quedando empobrecidas y deshabitadas, con un muy inferior nivel de desarrollo y condiciones de vida, la mayor parte de la superficie (Patagonia, Noroeste, Noreste y Cuyo).
 
 

Quien poseía tierras en la “pampa húmeda” era poderoso pues no sólo tenía la ventaja que sus fundos eran los más aptos y productivos, sino que contaba con los medios de comunicación más numerosos, eficientes y baratos. Esto proporcionaba al gran terrateniente una renta diferencial que multiplicaba su fortuna a un ritmo más veloz que el de cualquier otro. A consecuencia de ello y en muchos aspectos, la pauta básica de la política argentina durante el período primario-exportador anterior a 1930 estuvo dictada por el accionar de la oligarquía agropecuaria en sacar provecho de esta ventaja primero y conservarla después (11).
 
 

Los sectores más poderosos de esta oligarquía lograron el control del aparato estatal y lo emplearon para crear sistemas crediticios, impositivos y monetarios favorables a sus intereses. Los grandes hacendados tenían acceso preferencial a los bancos más importantes y podían así obtener abundantes fondos para capitalizar sus tierras y expandir sus posesiones gracias a la especulación.
 
 

Las recaudaciones fiscales no provenían de impuestos a la tierra o a los ingresos de ella derivados, sino de gravámenes internos al consumo de bienes nacionales e importados, sistema que castigaba fundamentalmente al consumo urbano y de las capas de menores recursos, esquema de iniquidad que se ha mantenido casi sin variantes hasta el presente (o sea que en la Argentina el permanente sistema tributario afecta las mayores proporciones de sus ingresos de los contribuyentes de menores recursos).
 
 

Como veremos en éste y otros numerosos ejemplos surgidos de nuestras investigaciones, el andamiaje jurídico preponderante entre nosotros confirma aquella categoría sociológica que afirma que el Derecho es la expresión normativa de las clases e intereses dominantes en una sociedad dada en unmomento dado.
 
 

A lo largo de casi todo el siglo XIX los terratenientes impusieron un esquema de depreciación del papel moneda que, en general, aseguró que sus precios internos y sus costos quedaran a la zaga de los precios de los bienes que ellos exportaban, y que cobraban en oro. Todos estos factores no hicieron más que alentar una concentración todavía mayor del ingreso en sus manos (12).
 
 

Tras el paseo militar que significó la llamada “Conquista del Desierto”, efectuada por Roca en 1879, con la honrosa excepción de la 4a. División comandada por Napoleón Uriburu (no ha habido un combate, ni siquiera una"espantada"..., tampoco ha encontrado indios "fuera de algunos que ambulaban hambrientos y a pie, enseguida aislados, o de dos o tres, que se entregaban ", dicen los partes de la expedición) (13), se sancionó una “Ley de Ventas de Tierras Nacionales” (1882) complementada en 1883 y 1885, que permitió la formación de grandes latifundios con los terrenos ganados al indio y la creación de muy pocas colonias y asentamientos reales. Hacia 1889, 234 concesiones de tierras acaparaban 15.560.000 hectáreas a razón de 66.500 has. o 665 km2. promedio cada una (o sea 3,36 veces la superficie de la Capital Federal). El régimen disponía de la tierra pública como propia, convalidando mediante Ley del 21-11-1891, llamada de “Circunstancias y Liquidación”, las apropiaciones ilegales de terrenos efectuadas por particulares ligados al sistema. De tal modo, sólo 88 personas se beneficiaron con 5.250.000 Has. de las cuales 1.940.000 se hallaban en las feraces zonas de Chaco y Formosa (14).
 
 

En la Patagonia, tras su ocupación por el ejército de Roca, tomando como pretexto premiar a los “Expedicionarios al desierto”, se efectuaron concesiones directas de tierra, en secciones de 40 km2 (4.000 Has. cada una!), que permitieron, después de efectuarse las mensuras, atribuir a 541 personas 4.750.741 Has. desde La Pampa a Tierra del Fuego (8.781 Has. y fracción por beneficiario, en violación al ya excesivo cupo “legal” de 40 km.2). El Congreso, a su vez, sancionó la Ley 3053 por la que 59 personas recibieron 2.517.274 Has. en Santa Cruz (esta vez a razón de 42.666 Has. per cápita).
 
 

Desde el comienzo de nuestra historia republicana, instituciones fundamentales del aparato estatal, como el Congreso o el Poder Ejecutivo se mostraron proclives en reiteradas situaciones y como costumbre de su accionar, a favorecer intereses particulares, espúreos, en detrimento del bien común o de las necesidades pùblicas.
 
 

Un caso curioso y palmario de violación constitucional se dió en la lejana Patagonia. De acuerdo al texto de 1853 el Estado sostiene y promueve con los impuestos de todos los residentes de cualquier confesión únicamente la religión católica, más allá de la retórica libertad de cultos que disfruten los disidentes. No obstante, se concedieron 40.000 Has. de tierras públicas estatales al pastor anglicano -protestante- Bridges en Tierra del Fuego para “evangelizar” a los yamanas. Obviamente, aquél utilizó a los indios como mano de obra esclava para explotar su estancia (Harberton), desapareciendo los indígenas en pocos años por enfermedades y mal trato (15). Aún hoy un organismo estatal, la Dirección de Turismo de Tierra del Fuego, promueve visitas de turistas nacionales y foráneos a la exitosa estancia, tomada como paradigma de colonización, y en manos de los descendientes del curioso pastor, como tuvo ocasión de comprobarlo el autor en un reciente viaje a la isla (Enero de 1998), al igual que la falsificación pública que se hace de la historia...
 
 

La clase política utilizaba los intereses y el patrimonio nacionales al servicio de los propios o de sus asociados, hecho que lamentablemente se repetirá en administraciones posteriores a manera de una constante de nuestro devenir nacional y fragua de desventuras institucionales.
 
 

A principios del siglo XX la composición social por tareas o funciones encontraba, en zonas rurales, la existencia de 75.000 hacendados, 100.000 propietarios dedicados a la agricultura, 70.000 arrendatarios y 152.000 propietarios de diversas explotaciones agropecuarias. Se agregaban 130.000 mensuales y 730.000 peones (arrieros, reseros, hacheros, etc.), quienes constituían el proletariado rural.
 
 

En el medio urbano residían los terratenientes, banqueros, grandes comerciantes, industriales, funcionarios, etc., que ascendían a 45.000; los sectores medios los formaban 300.000 pequeños comerciantes, profesionales, docentes, empleados de banca y comercio, etc.; 370.000 obreros se desempeñaban en la industria, quienes junto con 200.000 servidores domésticos, 100.000 jornaleros y 160.000 artesanos, componían los estratos humildes de las ciudades (16).
 
 

En lo institucional, el régimen proveyó a la organización del necesario aparato burocrático: Administración central, Corte Suprema y tribunales inferiores (la existencia de negocios permanentes hacían menester de la “seguridad jurídica” que proporcionan tribunales estables con interpretaciones contractuales conocidas de antemano por los potenciales inversores), establecimiento de la moneda y de los primeros grandes bancos (Nacional e Hipotecario), consolidación de la deuda pública, creación de los “territorios nacionales” en los espacios arrebatados al aborigen, Códigos Civil y de Comercio, Registro y matrimonio civil, instrucción pública, etc.
 
 
 
 

I.3. Crisis y agonía del Régimen. Hacia 1890 una oligarquía coherentemente estructurada controlaba todos los resortes económicos y funcionales del país, con lo cual su preponderancia era absoluta. El poder político se ligaba a la riqueza y el prestigio social; el oficio se gobernar se heredaba dentro de la misma familia y grupo de familias en cada distrito (Ver Cuadro Nº 2 en el Apéndice). Las grandes decisiones políticas solían tomarse fuera del marco legal (gabinete, Congreso), en las tertulias de los clubes selectos y el resto del país se asemejaba a un gran establecimiento agropecuario que debía producir mucho y barato para la Europa, que era cliente mayoritaria.
 
 

De tal modo se despolitizaba, hacia abajo de la sociedad, la “res pública”, difundiendo como panacea las tareas de “paz y administración, con correlativo desaliento de cualquier lucha por las ideas, lucha que dispersaba esfuerzos destinados al fortalecimiento económico del sistema.
 
 

Para abrochar la actividad política el instrumento elegido fué el P.A.N. ya citado, con una hegemonía que se dilató entre las dos presidencias de Roca (1880/1886 y 1898/1904) para luego declinar. Su motor resultó la llamada “Liga de Gobernadores”, integrada por los miembros de pocas familias tradicionales de las provincias quien designaba, como gran electora, a los presidentes, diputados y senadores que los comicios posteriores invariablemente iban a convalidar a través del fraude, la violencia y la compra de votos. En general el cargo de Senador se reservaba como trofeo al gobernador saliente de cada provincia, en la medida de su fidelidad al P.A.N.
 
 

Para perpetuarse en el poder, el régimen recurría en la práctica a la limitación de las libertades políticas ciudadanas; el derecho a voto estaba concedido a muy pocas personalidades de pro incluídos en las listas respec-tivas. No había escrutinio secreto ni obligatorio y la inclusión en las listas electorales dependía de la voluntad de las autoridades, quienes también anulaban los comicios según la índole de sus conveniencias y resultados. En las elecciones legislativas de 1886 en la Provincia de Buenos Aires, que contaba con alrededor de medio millón de habitantes (cerca del tercio del total del país), había un padrón electoral de sólo 18.000 inscriptos de los cuales 8.000 eran falsos, según denuncias de la oposición (17).
 
 

De tal modo, el sistema constitucional se aplicaba sólo relativamente en lo jurídico y a los conflictos de intereses económicos o a las relaciones de propiedad, omitiendo lo político-social.
 
 

Cualquier medio se consideraba apropiado para mantener el situacionismo. En el mismo 1886 el Gobernador catamarqueño Daza informaba al gobierno central que en su provincia y en ocasión del comicio hubieron 30 muertos y 80 heridos, no obstante lo cual “el resultado ha sido inmejorable” porque el triunfo electoral había correspondido a las fuerzas oficialistas (18).
 
 

Toda la superestructura jurídica vigente apuntaba a esos fines. La Cons-titución de 1853/60, cuyas características y defectos esenciales persisten hasta el presente, estableció un sistema fuertemente presidencialista con predominio del Estado federal, donde éste asumía las funciones más importantes y dejaba a las provincias las más indispensables, inocuas y residuales (régimen municipal, poder de policía, gobierno y justicia locales, leyes territoriales). La facultad concedida al Estado federal de intervenir a las provincias en casos de alteración del orden interno, obraba como fuerte disuasivo (bastaba que un gobernador demasiado “independiente” de los dictados del Ejecutivo nacional tuviese una chirinada policial inducida desde Buenos Aires, para que se le enviase la intervención).
 
 

Entre 1854 y 1880 el Poder Ejecutivo intervino directamente provincias 35 veces mientras el Congreso (según la preceptiva constitucional, el órgano competente) lo hizo sólo en 5. Entre 1880 y 1916 hubo 15 intervenciones por Decreto (P.E.) y 25 por ley (Congreso), o sea que en el lapso de 62 años se registraron 75 intervenciones a provincias, a razón de una cada diez meses y fracción (19), de las cuales los 2/3 lo fueron directamente por el Poder Ejecu-tivo en lugar de seguir el mecanismo constitucional.
 
 

Se objetiva, a través de este ejemplo y otros que surgirán a lo largo de nuestra investigación, una de las características nacionales que ya destacara Juan Agustín García en su clásica obra La Ciudad Indiana, como lo es el crónico desapego al cumplimiento de las leyes de que hace gala el político y el ciudadano argentino desde los albores de nuestra historia. La Constitución (declarada doctrinariamente como la máxima norma del ordenamiento jurídico) aparece como una virgen (adorada y ensalzada como una perfecta suma de fines o virtudes republicanas) aunque perpetuamente violada (no se cumplen en reiterados casos sus preceptos).
 
 

A nivel nacional existía una teórica separación de poderes que no era tal. El Poder Judicial, quien debía controlar el desempeño constitucional del Ejecutivo y la concordancia de las leyes aprobadas por el Congreso con la propia Constitución federal, era designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado.
 
 

Este origen partidario del Poder Judicial (era invariablemente estructurado por el situacionismo en funciones) y la posibilidad de su remoción por el Congreso a través del mecanismo del llamado juicio político (la destitución se pronuncia por el voto del Senado dominado por la mayoría del gobierno), explica su falta de independencia respecto de la clase política dominante, el generalmente bajo nivel técnico-ético y el irreversible desprestigio social que la judicatura arrastra hasta nuestros días.
 
 

Sus decisiones político-jurídicas más importantes han convalidado a lo largo de nuestra historia las conductas especialmente propicias para los gobiernos de turno, incluso las aberrantes, como las de los golpes de Estado de cualquier signo de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976; el terrorismo de Estado del lapso 1976-1983; la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que exculparon por delitos cometidos tanto a terroristas (Firmenich) como a genocidas (Videla, Massera, Agosti), etc.
 
 

En cuanto al Congreso, la Constitución satisfacía a las elites provinciales (dos senadores por cada provincia, cualesquiera fuese su importancia, riqueza y población relativa en el contexto nacional) y a las provincias más pobladas (Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba), al fijar diputados en relación al número de habitantes de cada una.
 
 

De tal manera, los constitucionalistas originales demostraron su descon-fianza respecto de la cesión de poderes a los gobiernos locales, eliminando toda posibilidad de amenaza al gobierno central. Se descreía asimismo de la participación popular mediante un régimen electoral muy limitado a los ciuda-danos calificados (enlistados), pues era necesario educar un pueblo ignorante, acostumbrado a las montoneras y anarquía, como paso previo a concederle la plena capacidad política.
 
 

Esta clase dirigente, cuyas características describiremos a renglón seguido, no consideró impropio entonces recurrir a cualquier medio (incluídos la violencia, el fraude y la ilegalidad electoral) para conservarse en el poder, pues su visión ilustrada e infalible del proyecto de país que susten-taba, todo lo justificaba (esta versión iluminada e intolerante de la política es otra constante de nuestra idiosincracia). No dejaron a los opositores, como veremos luego, otro camino que los alzamientos armados o la abstención electoral revolucionaria para modificar el sistema aplicado.
 
 

Los recién llegados (inmigrantes, artesanos y clase media en ascenso) no podían tener acceso al gobierno por su inexperiencia y potencial peligrosidad para el Régimen, porque la oligarquía se sentía la única intérprete ilustrada de las necesidades del país y para conducir la cosa pública.
 
 

La clase política entonces era definida por los buenos modales, el lenguaje siempre contenido y condescendiente aún ante los agravios, un rígido código de honor en las formas (que no excluía como vimos sus transgresiones por motivos finalistas), procedencia uniforme de núcleos cerrados, asistencia a instituciones arquetípicas (Club del Progreso, Jockey Club, Sociedad Rural). La coherencia grupal y a las entidades propias de la clase social resultaba a la postre más importante que los eventuales matices de opinión.
 
 

En ellos primaban los vínculos de pertenencia, de amistad y de familia y sobrevivían como grupo a todas las contingencias partidarias.
 
 

Hacia 1880, los dos tercios del Congreso eran compuestos por la clase alta y el resto, por la clase media acomodada. El 80% poseía educación universitaria y estaba vinculado a actividades agropecuarias. La mayoría tenía vínculos de amistad o conocimiento entre sí. El 40% de los miembros del gabinete pertenecían a la Sociedad Rural.
 
 

Las oligarquías provinciales aportaban al gobierno federal ministros del Ejecutivo y de las Cortes, jueces de tribunales federales y embajadores para las relaciones exteriores.
 
 

Los estratos medios e inferiores de la burocracia eran ocupados por la clase media urbana mientras la tecnocracia (puestos para los cuales era nece-sario poseer conocimientos científicos especializados) se nutría principal-mente de europeos emigrados o contratados ad hoc (alemanes, ingleses, franceses e italianos).
 
 

La alta burocracia necesaria para el funcionamiento del régimen era provista por las Universidades de Buenos Aires y Córdoba y, en especial, por sus facultades de Derecho. Egresar con el título de doctor en jurisprudencia o abogado otorgaba prestigio social e influencia política brindando asimismo la posibilidad de acumular riquezas al cabo de algunos años de ejercicio sin poseer capital inicial. Ello hacía también atractiva la carrera para miembros de la clase media acomodada. Hacia 1914, el 35% del total de graduados univer-sitarios eran abogados.
 
 

Las principales funciones de los abogados eran las de patrocinadores, acusadores y jueces. Manejan el Poder Judicial y muchos de los principales cargos estables de la burocracia, adecuándose a las necesidades operativas del régimen.
 
 

Con la sanción del Código Civil de Vélez Sarsfield (1869), aprobado a libro cerrado por el Congreso (es decir sin discusión artículo por artículo de su contenido –20-) se consagra, entre otras cosas, el estatuto jurídico de la propiedad privada y los abogados cuentan con la herramienta normativa para la consolidación del estatus de la oligarquía, su clientela mayoritaria.
 
 

El control se ejercía a través de los máximos tribunales nacional y provinciales, fiscalías penales y comisarías de policía. Se advierte entonces la importancia otorgada al control de la sucesión política que, en mayor o menor medida según zonas y coyunturas, impuso el régimen para los cargos ejecutivos más altos: presidente, gobernadores y senadores, sobre quienes pudiesen emprender una actitud opositora.
 
 

Tal sistema de control circuló por los vericuetos del sistema federal; se concentró, sobre todo, en la producción del sufragio mediante el fraude y re-sistió -todavía a pie firme- la impugnación revolucionaria de la década del '90.
 
 

Las características de este sistema anómalo eran tan públicas, notorias e insostenibles hacia el futuro que un epígono de los conservadores, hacia 1916, se sintió obligado a reconocerlas: “Somos los hombres del antiguo régimen, valedecir, losréprobos...Somos el pasado, lo conocido, lo gastado. Hemos desvirtuado la Carta, conculcado el sufragio e interrumpido la revolución de Mayo. Nos hemos interpuesto criminalmente entre la generación patriótica que dio la Constitución y la obra redentora iniciada hace veinticinco años (se refiere a la Revolución del '90) que todavía no ha logrado consumar la reparación nacional” (21).
 
 

El clima moral imperante hacia fines de siglo estaba constituído por una paradójica conjunción de optimismo alborozado con base en el progreso econó-mico y la confianza sin límites en el futuro material del país, con la mala conciencia que nacía de compartir una tradición de tartufismo, de violencia, intolerancia y fraude políticos.
 
 

En 1889 se crea la primera corriente de genuina oposición y de reformas al régimen: la Unión Cívica de la Juventud, a la que prontamente adhieren grupos mitristas, católicos y de seguidores del caudillo popular Leandro N. Alem.
 
 

En 1890 estalla la llamada “Revolución del Parque”, con amplio apoyo ciudadano, la que no obstante ser vencida por carencia de jefes capaces, logra la caída del Presidente Juárez Celman. Los derrotados forman el partido de la Unión Cívica, que elige como candidato a presidente a Bartolomé Mitre.
 
 

Roca, desprestigiada cabeza del régimen, acuerda con Mitre -en esencia un liberal más cercano a éste que a las peligrosas reformas revolucionarias propuestas por los hombres del '90- la fórmula presidencial del sexenio 1892/98 para Luis Sáenz Peña, un hombre de la oligarquía de bajo perfil y cierto prestigio. Ante la traición de Mitre se divide la Unión Cívica y su ala más opositora constituye la Unión Cívica Radical (U.C.R.), que queda bajo la conducción de Alem y lo mas granado de la juventud política del momento, entre los que estaban Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre.
 
 

En 1896 se suicida Alem y accede a la conducción de la UCR H. Yrigoyen. Los radicales se lanzan alternativamente a los levantamientos armados o a la “abstención revolucionaria”, frente a cada comicio convocado por el régimen, para evidenciar sus nulidades.
 
 

Ya desde 1892 debe ser ocupada militarmente Mendoza para desalojar a los radicales que se habían apoderado de su gobierno; los dirigentes nacionales radicales son apresados en varias oportunidades acusados de conspirar y luego liberados. En 1893 hubo también revoluciones locales en Santiago del Estero y Corrientes. La Convención partidaria de la UCR reunida a fines de ese año se declaró revolucionaria llamando “régimen de fuerza surgido del fraude y la violencia” al gobierno de Sáenz Peña (22).
 
 

El desgaste del régimen obedeció, además, a la acción de fuerzas sociales y movimientos ideológicos que se localizaron en diferentes puntos del espacio político. La oposición intransigente, que no aceptó incorporarse al juego viciado de los cambiantes acuerdos y coaliciones intentados para salvar el sistema, constituía una amenaza frente a la cual el oficialismo resultaba incapaz de vertebrar respuestas exitosas.
 
 

Las facciones que actuaron dentro de las fronteras del sistema se dividieron y enfrentaron en sucesivas querellas. Incluso, el propio régimen generó reformadores de la talla de Roque Sáenz Peña, Indalecio Gómez, Joaquín V. González y el mismo Pellegrini que ausente señalaba, testimonio de sus últimos días, aquello que, inexorablemente, debía hacerse para reconciliar la moral con la política (23).
 
 

En 1911 el Presidente Sáenz Peña, convencido de la necesidad de reforma electoral, propicia y logra la sanción de las Leyes Nº 8129 y 8130 de Enrola-miento general y de padrón electoral, aunque debe esperarse un año más, ante la previsible resistencia de la oligarquía, para que se apruebe el 28/02/12 la Ley 8871 que establece el sufragio universal obligatorio, secreto y mediante el sistema de listas incompletas (2/3 de los cargos para la primera minoría de la circunscripción y el tercio restante para quien le siguiere en orden de votos).
 
 

En las elecciones provinciales realizadas bajo el nuevo sistema triunfan los radicales en Santa Fé (31-03-1912) y Capital Federal (07-04-1912), en comicios sin impugnaciones fraudulentas. Los conservadores ganan en Salta, Córdoba y Tucumán (fines de 1912) y la Rioja y Jujuy (1913) en medio de groseras muestras de anomalías electorales y los socialistas triunfan a su vez en las elecciones complementarias de la Capital del 03-03-1913.
 
 

Finalmente, el 02-04-1916 hay elecciones generales donde triunfa la lista radical (Yrigoyen-Luna) por 370.000 votos contra 340.000 sufragios de los demás partidos reunidos. Comenzaba de tal modo una efímera etapa de afirmación política de la ciudadanía, que fenecería en 1930.
 
 
 
 
 
 

2.- PERIODO 1916-1930. ETAPA DE LA CIUDADANIA POLITICA.
 
 
 
 

El acceso formal del ciudadano varón al derecho político de elegir sus representantes (la mujer alcanzará tardíamente la plenitud cívica en la primera presidencia de Perón, por obra de su militante esposa, María Eva Duarte), no obstante, no desterró las prácticas viciosas profundamente arraigadas en el cuerpo social, como veremos.
 
 

2.1. Yrigoyen y Alvear, personalismos y antipersonalismos. Yrigoyen se consideraba imbuído de una actitud “apostólica” de la política, o sea predicar con su austera conducta y difundir las prácticas cívicas (principalmente electorales) más puras y modélicas. Creía que debía cumplir la reparación histórica de la Nación para restaurarla en la plenitud de sus fueros. En la plataforma electoral de 1916 afirmaba que su gobierno se realizará dentro de las finalidades superiores de la Constitución rectamente aplicada en su espíritu y en su texto (24).
 
 

Paradójicamente, se sintió obligado a violar la Constitución para asegurar lo que él entendía era su cumplimiento: efectuó numerosas intervenciones provinciales “reparadoras” por decreto, sin pasar por la decisión del Congreso, ya que éste y hasta 1918, estaba en manos de los conservadores (45 radicales y 70 conservadores en Diputados y 4 radicales y 26 opositores en el Senado). Tras alcanzar la mayoría de Diputados en 1918, Yrigoyen continuó no obstante actuando en las provincias por decreto y marginando el sistema constitucional, porque muchos de los diputados de su partido fueron renuentes a seguirlo (los “principistas”). En los cometidos de la vida parlamentaria los socialistas sumaron sus votos invariablemente a la oposición conservadora.
 
 

Así se intervino por Decreto en 1917 a Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Jujuy y Tucumán; en 1918 a Salta, La Rioja y Catamarca; en 1919 a San Luis, Santiago del Estero y San Juan. Se llamó por medio de interventores a elecciones libres y los gobiernos locales fueron entregados a sus legítimos triunfadores.
 
 

Estas actitudes “personalistas” del Presidente, disgustaron a muchos de los integrantes de su partido: congresistas, intelectuales, doctrinarios.
 
 

Se fueron delineando de tal modo dentro del Partido Radical dos corrientes, ambas basadas, en teoría, en los cuatro puntos del programa de Alem de 1891. Una, corporizada por Yrigoyen, que entendía al radicalismo como advenimiento del pueblo a la escena política y recuperación de la conciencia nacional perdida, de la cual él se consideraba sino el único, por lo menos el mejor intérprete (“radicalismo-sentimiento” o “personalismo”, esto último según sus detractores). La otra, que se encarnará en Alvear y los “doctores” de la U.C.R., que privilegiaba en las formas a la actividad política, la claridad administrativa y la impersonalidad en la acción de gobierno (“radicalismodoctrinario, antipersonalista” o “contubernista” según los seguidores de Yrigoyen).
 
 

Los antipersonalistas no percibían el pueblo real tras las formas doctrina-rias y normativas abstractas. Con Yrigoyen se alinearon unos pocos dirigentes (los “incondicionales o genuflexos”): Pueyrredón, Delfor del Valle, los Oyhanarte, Caballero, Cantilo, Elpidio González y alguno más. La inmensa mayoría fue “antipersonalista o contubernista”: Crotto, Lencinas, Pelagio Luna, Ramón Gómez, Laurencena, Saguier, Gallo, los Melo, Becú, Castellanos, Barroetaveña.
 
 

La totalidad de la prensa, con la salvedad de la oficialista “La Epoca”, los centros y círculos de alta y media sociedad, los intelectuales de izquierda o derecha, los claustros universitarios, en fin, toda la Argentina visible y audible desde el Jockey Club, el Congreso, las Academias, estuvieron contra el Presidente, llamado por ellos despectivamente “El Peludo”. Las mayorías de la clase media y populares, en cambio, más allá de la escasa efectividad de Yrigoyen en la satisfacción de sus necesidades sociales, le siguieron incondicionalmente.
 
 

En política internacional y ante la Gran Guerra de 1914/18, Yrigoyen se mantuvo neutralista con tozudez, en contra de las posturas aliadófilas de su canciller Pueyrredón y de sus embajadores Naón (Estados Unidos) y Alvear (Francia). Logró así que Alemania desagraviase la bandera argentina en las dos ocasiones en que a consecuencia del bloqueo marítimo generalizado que aplicaba hundió buques nacionales (1917).
 
 

Concluída la guerra con la derrota de Alemania y sus aliados, la Argentina no solamente fue respetada por los vencedores, sino buscada porque su gran producción de alimentos cubría las necesidades emergentes del conflicto. Se pagó a buen precio sus envíos, porque no se trató de un aliado sino de un neutral que no había enajenado su derecho de vender a quien y como quisiera. Ello permitió que en 1919 la Argentina lograse el ingreso per cápita más elevado del mundo (25) y los grandes terratenientes productores y empresas vinculadas a ellos (frigoríficos, acopiadores y exportadores de granos), obtuviesen beneficios extraordinarios sin que estos ingresos llegasen en igual medida a la población de los estratos inferiores. El yrigoyenismo se mostró incapaz o indiferente en actuar sobre el injusto esquema vigente de distribución de la riqueza.
 
 

En otra muestra de independencia meramente política yrigoyenista, Argentina se retira de la Liga de las Naciones (Diciembre 1920), pues no se aceptó su propuesta en el sentido que se incorporase a las naciones neutrales y vencidas en igualdad de derechos que a las vencedoras en la contienda.
 
 

Por otra parte, hacia 1918 se genera en los claustros universitarios el movimiento reformista cuyos postulados eran: solidaridad universitaria de la Hispanoamérica, llevar la cultura al pueblo (extensión universitaria), permitir el acceso a los estudios superiores de los menos pudientes quebrando el privilegio de los grupos oligárquicos y facilitar el magisterio de todas las ideas (libertad de cátedra). El instrumento elegido para ello fue el cogobierno de autoridades, graduados y estudiantes en las casas de Altos Estudios. El resultado más visible fue la creación de la Universidad Nacional del Litoral, que se sumó a las tres existentes (Buenos Aires, Córdoba y La Plata).
 
 

El inicio de la búsqueda de una identidad cultural nacional se da con el radicalismo en el poder. La cultura había vivido de espaldas a la realidad en el siglo XIX, porque esa realidad no se manifestaba plenamente audible o visible. Esta falta de visión se evidencia como una nostalgia al pasado y en la exaltación de un arquetipo gauchesco en extinción en la obra más “nacionalista” del período anterior: el “Martín Fierro” y en la más literaria de ese período: el “Segundo Sombra”.
 
 

En cambio, Manuel Gálvez (“El mal metafísico”, “La tragedia de un hombre fuerte” y “Hombres en Soledad”), Raúl Scalabrini Ortiz (“El hombre que está solo y espera”), Roberto Arlt (“Aguafuertes porteñas”), Ricardo Rojas (“Historia de la Literatura Argentina”), Leopoldo Lugones (“La guerra gaucha”), Benito Lynch (“Los caranchos de La Florida” y “El inglés de los huesos”), Alberto Gerchunoff (“Los gauchos judíos”), la poetisa Alfonsina Storni, los vanguardistas de la revista “Martín Fierro” (Marechal, Borges, Rojas Paz) y los críticos sociales del Grupo de Boedo (Castelnuovo, Stanchina, Olivari, González Tuñón, Alvaro Yunque, Barletta, el mismo Arlt), entre los más notorios, con obras de dispar contenido, mérito e ideología, sientan el basamento de la literatura argentina y de su comprensión sistemática. El Grupo de Boedo se destaca por su visión crítica y desesperanzada de la realidad nacional (yrigoyenismo incluído).
 
 

El ambiente socioeconómico, en cambio, no fue tan positivo. Una alta inflación hizo crecer el presupuesto mínimo para una familia entre 1916 y 1918 un 48% mientras que los salarios se incrementaron sólo el 9%; de tal modo un pater familias que en 1916 cubría con sus ingresos el 47% de dicho presupuesto (trabajaban muchos hijos de las familias proletarias desde corta edad para completar el ingreso del grupo), en 1918 sólo podía aportar el 35% del sustento del hogar (ver en Apéndice el cuadro 3.5). Hacia 1922 la situación había mejorado notoriamente y el padre subvenía un 69,5% de los ingresos familiares promedio.
 
 

La respuesta obrera acompañó en dicho período tales vaivenes. Entre 1916 y 1919 el número de conflictos se incrementó un 359% y los huelguistas un 1.170%, para decaer hacia 1922 de manera abrupta (ver Apéndice, cuadro 3.2.)
 
 

Yrigoyen, no obstante su origen y discurso aparentemente popular, tuvo actitudes muy duras o represivas con las clases obreras, en ocasiones.
 
 

En 1919 una huelga iniciada en los talleres metalúrgicos de Vasena, culminó con una cruenta represión tanto de la policía yrigoyenista como del Ejército, con decenas de muertos y heridos (la llamada Semana Trágica).
 
 

Entre octubre de 1920 a Diciembre de 1921 el coronel Benigno (?) Varela, enviado por Yrigoyen inicialmente a laudar en un conflicto entre peones y patrones de estancia de Río Gallegos, termina reprimiendo indiscriminadamente y asesinando a los primeros al mando del Regimiento 10º de Caballería, incluso después que muchos de ellos se rindiesen, en represalias por los desmanes cometidos por algunos activistas. Se calculan en 1.500 los fusilados sin juicio sobre una población total de 7.000 habitantes (26). Varela fue asesinado poco después a su regreso, en represalia, por el militante anarquista Kurt Wilckens, en las calles de Buenos Aires.
 
 

En 1918, en el marco de suma explotación laboral ya descripto en el Capítulo I.1.2., los obreros de Las Palmas del Chaco Austral se sindicali-zan lanzando una huelga al año siguiente en procura de mejoras laborales. En 1920 se repite el planteo con mayor gravedad y la empresa reprime los reclamos con ayuda de la policía territorial (Chaco) y elementos locales armados de la Liga Patriótica de Manuel Carlés (nacionalismo xenófobo y aristocrati-zante). Hubo numerosos muertos y heridos entre los indios, peones y obreros. Yrigoyen hace intervenir, en lugar de su responsable natural (el gobernador) al Regimiento 9 de Infantería de Corrientes, al mando de Gregorio Pomar. Este, con una ecuánime labor evita otra tragedia y logra se firme un convenio equilibrado entre el ingenio y los huelguistas que pone fin al conflicto sin derramamiento de sangre obrera. Como la empresa no cumplió lo pactado, las huelgas se reanudaron aunque con menor violencia y acabaron por diluirse, impotentes. Recién en 1923, gobernando Alvear, se logra suprimir la moneda “Palmas” (27).
 
 

Yrigoyen, antiguo comisario de policía de Balvanera, privilegió en estos casos el orden formal por sobre la cuestión social de fondo. En cambio tuvo una conducta más paternalista aunque declamatoria en lo legislativo, enviando al Congreso una serie de proyectos de leyes acompañados de progresistas mensajes de elevación sobre descanso dominical y trabajo a domicilio de la mujer (1918), de conciliación y arbitraje en conflictos obreros, de asocia-ciones profesionales y contrato colectivo, de creación de las juntas arbitrales de trabajo agrícola y de defensa de la población obrera de los territorios nacionales (1919) y de Código de Trabajo (1921), ninguno de los cuales mereció sanción parlamentaria, pese a lo cual el Ejecutivo omitió insistir con sus proyectos.
 
 

Resulta hasta impropio, entonces, hablar de política social yrigoyenista, pues su administración nada hizo para modificar la distribución regresiva de ingresos originada en el modelo conservador, que continuó sus efectos potenciada por los efectos beneficiosos de la guerra mundial.
 
 

En 1922 la Convención radical eligió para suceder a Yrigoyen la fórmula Marcelo T. de Alvear (embajador aliadófilo en París) y Elpidio González (jefe de policía durante la Semana Trágica e incondicional “personalista”). La elección arroja 450.000 votos para la fórmula de la U.C.R. contra 200.000 de los segundos, Concentración Nacional (conservadores).
 
 

El gabinete que designa Alvear es bien recibido por La Nación, La Prensa y la oposición conservadora y hacia 1924 la división del partido radical entre yrigoyenistas (personalistas) y alvearistas (antipersonalistas), era ya un hecho. Tras las elecciones de ese año, dos alvearistas (Melo en el Senado y Guido en Diputados), son elegidos para conducir ambas Cámaras del Congreso con el voto conservador.
 
 

La división de 1924 fue entre un “partido” con su programa liberal, procederes legalistas, dogma constitucional, hombres que creían en los “prin-cipios” y no aceptaban tutelas, y un “caudillo” que resumía en su fuerte per-sonalidad programa, ley y principios. Es cierto que, junto a los primeros, había caudillos locales (Cantoni en San Juan, el gauchito Lencinas en Mendo-za) porque fueron desplazados hacia allí por el jefe nacional, que en este juego no admitía pares. Así, por un lado estaba el partido y del otro el caudillo, necesariamente enfrentados.
 
 

La obra legislativa del alvearismo fue insignificante. La gestión adminis-trativa resultó mediocre aunque hubo orden, correción y decoro en la función pública, al punto tal que pudo volverse a la convertibilidad monetaria. Alvear dejó el gobierno casi totalmente en manos de sus ministros, un caso virtualmente único entre nuestros presidentes (28).
 
 

En 1926 el panorama político era: triunfos yrigoyenistas en Capital, Buenos Aires y Catamarca (3 gobernaciones); alvearistas en Santa Fé, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan y Jujuy (6) y conservadores en Córdoba, Corrientes, Tucumán y Salta (4). El yrigoyenismo evidenciaba de tal forma no tener mayores candidatos fuera de su jefe, no obstante ser los radicales en conjunto ampliamente triunfadores en el país (9 a 4 en gobernadores).
 
 

Quebrados los lazos con el yrigoyenismo, los antipersonalistas se preocupan por consolidar la unión con los conservadores y designar la fórmula presidencial. En 1927 los antipersonalistas siguen la preferencia de Alvear por Leopoldo Melo y su convención partidaria vota la fórmula Melo-Gallo, a la que apoya el conservadorismo (contubernio).
 
 

Pero, entre Diciembre de 1927 y Marzo de 1928, los yrigoyenistas ganan las gobernaciones de Salta, Tucumán, Santa Fé y Córdoba, que con los votos conven-cionales de Buenos Aires y Capital, proclaman la fórmula de Yrigoyen (para un segundo período), acompañado por Francisco Beiró.
 
 
 
 

II.2. Segunda Presidencia de Yrigoyen. A punto de finalizar el mandato de Alvear, se realizaron las elecciones presidenciales de 1928, que plebis-citaron, a través de una espontánea alianza de clases medias y populares, a la fórmula radical Yrigoyen-Beiró (reemplazado ante su fallecimiento prematuro por Enrique Martínez), con 838.600 votos; la fórmula antiper-sonalista Melo-Gallo reunió 414.000 y los socialistas Bravo-Repetto 65.000.
 
 

Las fuerzas conservadoras, herederas del régimen falaz y descreído como las llamaba Yrigoyen en contraposición a su causa, reaccionaron ante la derrota con una actitud de oposición y crítica feroces, buscando ampliar sus alianzas en campos afines, en especial ciertos cuadros militares.
 
 

Además, reiniciaron contactos ya esbozados en el Parlamento con los radicales antipersonalistas (contrarios a Yrigoyen) y alentaron la división del Partido Socialista, logrando que se creara el pequeño Partido Socialista Independiente, con Federico Pinedo, Antonio De Tomaso y Héctor González Iramain, entre sus principales dirigentes.
 
 

Esta fue la base de un acuerdo de cúpulas dirigenciales de diversos orígenes políticos, aunque unidas por similares intereses sociales, que en las sucesivas administraciones del lapso 1930-1943 gobernó al país a través de la autodenominada Concordancia, por sus integrantes, o Contubernio, por los detractores.
 
 

El Senado, controlado por la oposición, demoraba el proyecto de nacionalización del petróleo aprobado por Diputados en 1927; el Poder Judicial, abandonando una vez más su declarada “independencia” de las cuestiones políticas, prestó la sede de la Presidencia de la Primera Cámara Civil de Apelaciones de la Capital a grupos opositores para una reunión conspirativa el 05-09-30 en vísperas del golpe (29) y convalidó mediante una famosa y rápida "Acordada" del 10-09-30, la existencia del gobierno “de facto” y la validez de sus actos, en tanto no fuesen dejados sin efecto por acto expreso de un gobierno constitu-cional posterior.
 
 

Consagró de tal manera el máximo organismo judicial argentino el estatuto doctrinario del golpe de Estado, concebido paradójicamente para violar la Constitución.
 
 

En este estado de cosas, preanuncian el golpe por venir sendos manifiestos de conservadores y socialistas independientes –“La Nación” del 10/08/1930- y de seis senadores y todos los diputados antipersonalistas –“La Nación” del 21/08/30-, donde se denunciaban supuestos actos ilegales del Poder Ejecutivo y del oficialismo y se invitaba a crear un espíritu cívico de resistencia a los denunciados abusos y desmanes.
 
 

La campaña opositora no hubiera podido llevarse a cabo con tanta intensidad de no haber contado con la adhesión de la prensa responsable, quien le brindó difusión inusitada a la situación así creada. Al frente de los diarios que incitaban el cambio violento del régimen se ubicó Crítica, de Natalio Botana, que servía de enlace entre los sectores políticos y los grupos militares afines al golpe (30).
 
 

Por otra parte, la administración Yrigoyen, paralizada por la avanzada edad del caudillo, que todo lo quería controlar y no podía, y por las disensiones internas de sus ministros y seguidores cercanos, contribuía a generar una imagen de parálisis y caos que favorecía los propósitos golpistas. El movimiento obrero, dolido con Yrigoyen por los sucesos de la Semana Trágica y la represión de trabajadores en la Patagonia, se mantuvo indiferente respecto de la defensa de las instituciones constitucionales. A los pocos días del golpe, sin embargo, la C.G.T. envió una nota de apoyo a Uriburu (31).
 
 

De tal modo, un breve paseo militar por las calles de Buenos Aires con Uriburu al frente, determinó sin resistencias significativas la caída del Gobierno (06-09-30) y el fin de la primera experiencia democrático popular (imperfecta) de nuestro país desde su independencia. Comenzó también el período de intervenciones militares en la vida institucional argentina, por fuera o con abandono de sus funciones específicas, que culminaría recién sesenta años después con el cuartelazo fracasado de Seineldín (1990).
 
 
 
 

II.3.- Cambios socioeconómicos. La Gran Guerra trajo alteraciones en la estructura económica argentina. Si bien estos cambios no modificaron las características agroexportadoras, mostraron que el proceso de industriali-zación era factible. Por fuerza de la necesidad nacieron industrias para fabricar los productos manufacturados que no se podían importar; aumentó la producción de la industria textil, la de insumos alimenticios, tabaco, cuero y mineros (es decir, las actividades ligadas principalmente a materias primas nacionales).
 
 

Los establecimientos fundados durante la guerra son el 19% del total exis-tente en 1918; en montos, su capital se incrementa en un 21% y su producción en un 48%
 
 

Este fenómeno industrialista tuvo las siguientes modalidades: 1) Fue efímero y comenzó a decaer hacia 1937 cuando las potencias industriales europeas (Francia, Alemania, Inglaterra e Italia), lograron recuperar sus niveles de producción de preguerra; 2) No tuvo gran calidad porque faltaron técnicos para diseñarlo y supervisarlo, maquinarias y equipos y hasta, en ciertos casos, materia prima de calidad mínima; 3) Se repartió muy desigualmente (decrecieron los establecimientos en todo el país, salvo en la pampa húmeda donde su incremento fue notorio -ver Cuadros Núms. 4 y 5 en el Apéndice-); 4) Pero lo que es más grave, como un rasgo permanente en nuestra historia nacional, faltó entre los propios industriales y la clase política del momento, una clara percepción de los intereses sectoriales y del país al respecto.
 
 

Cambian las características del comercio exterior y éste adopta una forma “triangular”: como nuestra balanza comercial tiene superávit en el intercam-bio con Inglaterra, país que dominaba el sector, y éste no se encuentra en condiciones de satisfacer nuestra demanda de productos manufacturados, se busca el aprovisionamiento en los Estados Unidos de manera creciente.
 
 

En la posguera se viven breves años de euforia hasta el crac del '30. Por 1925, un año agrícola aceptable aunque no excepcional, la Argentina abasteció el 66% de la exportación mundial de maíz, el 72% de lino, 32% de avena, 20% de trigo y harina de trigo y más del 50% de carne. Inglaterra fue el comprador principal, adquiriendo el 50% de la cosecha. Comenzaba el auge de los productos lecheros (32).
 
 

Hacia los '20 la totalidad de la tierra apta para el cultivo estaba ocupada, por lo que el crecimiento de la agricultura se realiza en detrimento de la ganadería. Las exportaciones agrícolas que en 1920 representaban el 50% del total, trepan al 65% al final de la década. La guerra hace decaer las compras de insumos manufacturados en Inglaterra (su industria estaba totalmente dedicada al esfuerzo bélico), incrementando el intercambio comercial con Estados Unidos que alcanzaría un importante volumen para la época, de u$s 421 millones en 1920 (debe recordarse que los norteamericanos ingresaron tardíamente al conflicto en 1917, a poco más de un año de su finalización). Paralelamente las inversiones norteamericanas en el país pasan de u$s 40 millones en 1913 a u$s 100 millones en 1924 y a 355 a fines de la década.
 
 

La ganadería sufre una crisis pues la carne requerida por los ejércitos aliados no era la selecta chilled sino la congelada o los corned-beef de menor calidad y precio. Los mejores animales debieron destinarse al mercado interno, quien no pudo consumirlos. Ello trajo superpoblación de cabezas vacunas que pasaron de 26 millones en 1914 a 37 en 1922. Los frigoríficos redujeron sus compras de 3 millones para la exportación en 1918 a 1 millón en 1921. Los invernadores trasladaron sus pérdidas a los criadores que debieron vender vacunos a 10 pesos en 1920. La intervención del yrigoyenismo en favor de los criadores (precios mínimos para el ganado, intervención fiscal y frigorífico oficial para el abastecimiento porteño), fue derogada por Alvear por presión de los invernadores y frigoríficos.
 
 

Entre 1925 y 1927 se desata una “guerra de frigoríficos” donde los más grandes presionan por el aumento de sus cuotas de exportación que finaliza con la liquidación de las firmas más pequeñas. Tras un acuerdo en Octubre de 1927, el “libre mercado” queda así repartido: 54,9% para las sociedades norteameri-canas; 35,1% las inglesas y 10% las “argentinas” (la mayoría lo eran solamente de nombre).
 
 

Hacia 1930, con una agricultura preponderando en las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa el país, anteriormente pecuario, pasa a ser primordialmente agrícola.
 
 

En 1923, en la región cerealera y del lino, sobre un total de 119.999 chacras, el 35,7% son de propietarios; el 55,4% de arrendatarios y el 8,9% de medieros. Hacia 1929-30 las respectivas proporciones eran 39,5%; 56,6% y 3,9% Es decir habían aumentado levemente los propietarios y los arrendatarios a expensas de los medieros.
 
 

El crecimiento agrícola de los '20 se debió, sobre todo, a los inmigrantes que ingresaron en esa década, que superaron largamente el millón, radicándose definitivamente unos 900.000 (ver Apéndice, cuadro Nº 1). Estos, sin capital para invertir, se hicieron arrendatarios y, muy despaciosamente, se fueron transformando en propietarios.
 
 

En 1924 hay en Buenos Aires 35,2% de propietarios rurales; en 1929, 38,5% En Córdoba y para las mismas fechas 33,8% y 37,5% respectivamente. En 1929 en Tucumán y Mendoza el 78% son propietarios y en San Juan el 78,5%
 
 

Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes radicados se aposenta en las ciudades, favoreciendo el incipiente desarrollo industrial con mano de obra barata y en ciertos casos más calificada que la existente.
 
 

No obstante, el crecimiento demográfico entra en franca pendiente: del 2,06% en 1910 baja al 1,68% en 1929. Paradójicamente al incremento de los saldos exportables en alimentos, la dieta de la población de bajos recursos, sobre todo en las provincias del interior, era pobre. Las condiciones de trabajo y la relación entre el costo de vida y los salarios, tampoco favorecían el incremento demográfico.
 
 

La localización de talleres y establecimientos no seguía un plan racional: se instalaban en sitios donde los terrenos eran más baratos sin considerar las residencias de los trabajadores, con problemas de transportes y tiempo perdidos en traslados. A ello deben agregarse los frecuentes accidentes de trabajo por deficiente instrumentación y protección (Ver Cuadro 3.4. en el Apéndice). Hacia 1913 el 80% de las familias obreras de Buenos Aires viven en una sola habitación.
 
 

Dice un autor refiriéndose a aquel período: Los lugares más inhospitalarios ymenos adaptables a la vivienda humana eran fraccionados, realizándose desde luego un proficuo negocio, y entregados a la desesperación del trabajador por huir del conventillo y disponer de un sitio del cual la miseria y las dificultades habituales de la desocupación no consiguieran desalojarlo. Numerosos barrios situados en el cinturón de la ciudad en los que faltaba luz, agua, desagües y todo otro vestigio de civilización, eran testigos mudos pero elocuentes del proceso que se cumplía en el país y particularmente de la forma como se realizaba este proceso. Las clases dirigentes no favorecieron en lo más mínimo la creación y la posesión de la vivienda obrera (33).
 
 

La distribución de la población que según el censo general de 1869 era un 67% rural y 33% urbana, invierte sus guarismos en 1930: un 32% rural y un 68% urbana. Nacía una sociedad de masas de reacciones desconocidas hasta entonces.
 
 
 
 
 
 

III.- PERIODO 1930-1943. PRIMERA RESTAURACION CONSERVADORA.
 
 
 
 

III.1.- Un dilema a la Argentina: Nacionalistas oligárgicos o liberales intervencionistas. Entre los golpistas del '30, convivían dificultosamente, tal como sucediera luego en la Revolución del '55, dos tendencias:
 
 

a) La línea Uriburu (equivale a la de Lonardi en el '55), minoritaria dentro del conjunto, vinculada a la agitación nacionalista desde fines del '20. Los jefes militares y los civiles que los asesoran -Carlos Ibarguren, Juan E. Carulla, Juan P. Ramos, José María Rosa, Leopoldo Lugones, Alberto Viñas- son admiradores de Mussolini y Primo de Rivera y pretenden aplicar un programa de reformas de tinte corporativo a la Constitución Nacional, la derogación de la Ley Sáenz Peña y su reemplazo por un sistema de voto calificado (nacionalismosin pueblo), o sea la reorganización del país mediante un régimen dictatorial. Se limitan a un reducido núcleo de militares, poetas, intelectuales y sacerdotes; y
 
 

b) La línea Justo-Sarobe (corresponde a la de Rojas-Aramburu en el '55), que comprende a la mayoría de la oficialidad golpista, tiene vinculaciones personales e ideológicas con los partidos políticos de la derecha liberal (“liberales a la Argentina”: seguidores de la ortodoxia capitalista en lo económico y conservadores antipopulares en lo político), esto es la próxima Concordancia/Contubernio. Intenta reemplazar al personalismo de Yrigoyen, manifestando estar dispuesta a convocar de inmediato a elecciones, manteniendo la vigencia de la Constitución y de la Ley Sáenz Peña. Responde de preferencia a los intereses de la burguesía terrateniente y de varios estratos de la clase media urbana (universitarios y profesionales de éxito). Luego de la experiencia electoral de la Provincia de Buenos Aires en Abril del '31 (triunfó la fórmula radical de Honorio Pueyrredón-Mario Guido y el gobierno las anuló), al grupo le dejó de importar que las elecciones fuesen libres o no (34).
 
 

El golpe se funda en el cartabón que en el futuro habrán de invocar todos los cuartelazos que sobrevengan: 1) caos político y peligro de disolución nacional, como fundamentos en el pasado inmediato; 2) apoliticidad, necesidad de salvar a las instituciones e inmediato retorno a la normalidad constitucional, como propósitos rectores hacia el futuro (35).
 
 

Los autores intelectuales del golpe quedaron evidenciados de inmediato: tres de los ocho ministros designados por Uriburu estaban vinculados a las compañías extranjeras de petróleo y todos, salvo dos o tres, a diversas empresas capitalistas europeas o estadounidenses, lo que motiva la protesta de un escritor del sistema como Manuel Gálvez (“El 6 de Setiembre es una especie de Termidor denuestra historia” -36-).
 
 

La administración uriburista fue desordenada en lo económico: extrajo 170 millones de pesos-oro de la Caja de Conversión (aproximadamente el 40% de la existencia en oro de las reservas); aumentó la deuda flotante del Tesoro y fueron lanzados a la circulación 300 millones de pesos-papel; se establecie-ron nuevos impuestos por un valor superior al 15% del presupuesto nacional (37).
 
 

Para responder a conatos de rebelión generalizados (suboficiales de Córdoba, Nov. 1930; Severo Toranzo en Nov. 1931; Gregorio Pomar en Corrien-tes, Jul. 1931; intentona radical en Tucumán, Ago. 1931 y el levantamiento de civiles en La Paz, Entre Ríos, Ene. 1932), el gobierno implantó la ley marcial, legislándose por bando militar sobre delitos y penas y restableciendo la condena a muerte desterrada anteriormente por bárbara del Código Penal. Hubo, como en casi todos los golpes de Estado posteriores, fusilamientos, persecusiones, torturas y deportaciones. Anuló comicios y vetó candidaturas.
 
 

So pretexto de corregir la anarquía universitaria, se interviene a las casas de altos estudios, se dictan estatutos reaccionarios, se persigue y encarcela a dirigentes estudiantiles, quienes tardíamente ven enfriarse la euforia que el cuartelazo setembrino les causara.
 
 

Pero el régimen de facto distaba de ser monolítico. Desde el mismo momento de la asunción de Uriburu su efímero Ministro de Guerra, Agustín P. Justo, comenzó a gestar su propia postulación presidencial a través de la “Concor-dancia”. Frente a ésto, Uriburu ofrece la candidatura oficial al santafesino Lisandro de la Torre, liberal crítico y antiyrigoyenista acérrimo.
 
 

De la Torre desecha el envite aunque enfrentará a Justo con la opositora (dentro del sistema) “Alianza Civil” integrada con el Partido Socialista tradicional. De tal manera, De la Torre operó como la oposición de Su Majestad dándole un cariz democrático a la elección presidencial de 1932 y a la consiguiente proscripción desde el gobierno/abstención desde el llano de la U.C.R. para participar en ella, por evidente carencia de garantías electorales.
 
 

Las elecciones en cuestión (08-11-31), en opinión de uno de sus partícipes (38) “fueron de las más fraudulentas de cuantas se habían realizado en el país y sirvieron para dar una apariencia de legalidad a la usurpación del poder que se hacía en perjuicio del candidato radical. En estas elecciones, decididas por un general para favorecer a otro general, el oficialismo acentuó al máximo el régimen de fraude sistemático y la restricción de los derechos y libertad de los ciudadanos sufrió una seria agravación.”
 
 

Lo que vino después puede sintetizarse en la siguiente descripción de la década infame de 1930/1943 (expresión debida a José Luis Torres, en la obra precisamente de ese título publicada en Buenos Aires en 1945) que efectuara Ismael Viñas en la revista "Contorno", Nº 9-10, pág. 73:
 
 

“Los años duros del '30: la clase media lloraba sus ilusiones frustradas; no se había realizado ni el sueño radical ni el sueño liberal de la Alianza socialista-demócrata progresista; la clase media no era capaz de conquistar realmente el poder. Las clases altas exhibían su cinismo: el Vicepresidente de la República, el hijo del Conquistador del Desierto, iba a mendigar a Londres; los pistoleros hacían política; los descendientes de los próceres intervenían en negociados. Fraude: los radicales bramaban de rabia y de impotencia, pero también ellos participaban en negociados y en convenios. Años duros: en Puerto Nuevo se apretaban los ranchos de lata y cartones, y la gente iba a verlos como quien hace una visita a un planeta extraño. Se cantaba Yira Yira y Dónde hay un mango Viejo Gómez?. La juventud dorada de los dorados y grasos años alvearistas abandonaba los fuegos artificiales, el gauchismo de Güiraldes y los chistes en verso y se ponía metafísica; Martínez Estrada gemía sobre el hundimiento del mundo, Mallea enumeraba las lacras de su mundo, Marechal se convertía al catolicismo. Los hombres de Boedo insistían en su literatura de protesta, de descripción del mundo de los oprimidos. Arlt proponía levantar cadenas de prostíbulos para pagar la revolución. Pero en esos mismos momentos se multiplicaban las fábricas y los peones rurales comenzaban a abandonar sus pagos tristes y miserables para enrolarse como proletarios industriales” (Ver Apéndice, Cuadro 7.3.).
 
 

Fraude y privilegio fueron las características de este período, al decir de José Luis Romero (39). El gobierno de Justo se caracterizará en lo económico, fundamentalmente, por colocar al país en situación de dependencia colonial con Gran Bretaña, favoreciendo las oligarquías tradicionales. No se omitirá el Intervencionismo estatal (creación de Juntas Reguladoras de la producción en varios ramos), aunque orientadas a generar beneficios sectoriales en detrimento de los inasibles intereses nacionales.

Para regular el mercado de carnes angloargentino, el 01-05-1933 se firma en Londres el tratado Roca-Runciman, tenido por arquetipo de la renuncia de la dignidad argentina en favor de terceras potencias, al punto que Arturo Jauretche, desde F.O.R.J.A. le denominó el estatuto legal del coloniaje. En virtud de dicho tratado, el Reino Unido se reservaba el derecho de restringir cuando le conviniera la compra de nuestras carnes, el de distribuir en nuestro país el 85% de la exportación de ella, permitiendo solamente que el 15% restante fuese exportado por empresas argentinas que no persiguieran beneficio privado, siempre que dichos embarques fuesen colocados en el mercado por las vías normales (buques y comerciantes ingleses) y teniendo en cuenta la coordinación del comercio del Reino Unido.
 
 

Además la Argentina se comprometía a: 1) seguir manteniendo libres de dere-chos el carbón y todas las otras mercaderías que entonces se exportaban con dichas excepciones aduaneras; 2) respecto de las importaciones inglesas, sobre cuyos derechos aduaneros el Reino Unido gestionaba una reducción, volver a las tasas y aforos vigentes en 1930, comprometiéndose el gobierno argentino a no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes por concepto de tasas, aforos o por cualquier otro medio; 3) seguir una política de no reducción de tarifas ferroviarias; 4) obtener en favor del comercio británico la totalidad del tipo de cambio proveniente de compras inglesas y, en ningún caso, el tipo de cambio para las remesas a la Gran Bretaña sería menos favorable que para las remesas a otros países; 5) dispensar a las empresas británicas de servicios públicos y otros en la Argentina, sean éstos servicios nacionales, municipales o privados, un tratamiento benévolo y de protección de sus intereses.
 
 

En 1934 el senador Lisandro de la Torre promueve en el Senado la creación de una comisión investigadora del comercio de las carnes. Aunque hombre del sistema, fue un crítico profundo y honrado de sus desvíos: señaló el monopolio frigorífico y sus ganaderos cómplices, a los funcionarios venales y al gobierno que protegía dicho statu quo. Puso en evidencia que se trataba de una política integral destinada a limitar el desarrollo del país, mantenerlo como monoproductor, restringirle sus posibilidades de comerciar en el exterior con libre competencia e impedir el ascenso social de las masas, como consecuencia de todo ésto, para conservar un limitado mercado consumidor, que no consti-tuyese a la demanda interna como competidora en el precio de lo que llamaban nuestros saldos exportables(40).
 
 

Si bien logró evidenciar las lacras del sistema, no pudo obtener resulta-dos concretos, sufrió todo tipo de befas y presiones del oficialismo (incluído el asesinato de su dilecto discípulo el senador electo por Santa Fé, Enzo Bordabehere en el mismo recinto del Senado de la Nación de parte de un matón al servicio de la “Concordancia”, Valdez Cora) y terminó suicidándose, impotente, poco después.
 
 

La acción del Congreso, con mayoría concordancista de origen fraudulento, se dirigía a concretar un estatuto jurídico del privilegio en favor de los intereses dominantes. La Ley 12157, creadora del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, recibió una millonaria asignación que destinó a cubrir los déficits de los bancos por malos negocios presentes y futuros. De esta manera, la administración desviaba fondos de la comunidad en beneficio de determinados intereses sectoriales o particulares (41), circunstancia que hasta nuestros días constituye un patrón de conducta de la clase política vernácula.
 
 

Las Juntas estatales reguladoras de la producción, creadas por sucesivas leyes (en los ramos de las carnes, vinos, granos, leche, algodón, yerba mate...), cumplían doble función: centralizaban en la Capital Federal a la dirección y fiscalización de las industrias básicas del país, mientras contribuían a consolidar los monopolios productivos y comerciales existentes. Se llegó a volcar vinos en las acequias en Mendoza para mejorar los precios de las reservas en poder de los consorcios monopolistas.
 
 

El Estado, operando a través de una nueva categoría económica autocontra-dictoria -neoliberalismo intervencionista- apoyaba a los grandes conglomerados capitalistas en perjuicio de los pequeños productores. No sólo se autorizaba por ley la destrucción compulsiva de la materia prima (“promover la supresión en la medida indispensable, de la vid vinífera, mediante el pago de indemnizaciones”, Ley 12137, artículo 2º, inciso a.) sino que se permitía el establecimiento de límites a la producción (impuesto de $4 por cada nueva planta de yerba mate, Ley 12236 art.9; impuesto de $ 1.000 por cada hectárea de nueva plantación de vid vinífera, Ley 12.137, art. 6º, etc.), así como la fijación de precios mínimos y la regulación o prohibición de exportaciones e importaciones (42).
 
 

La Ley 12139, de unificación de impuestos internos, significó en la práctica una poderosa contribución al aniquilamiento del régimen federal y de las autonomías municipales. Así por ejemplo, la supresión de las facultades de los gobiernos de Mendoza y San Juan para gravar el vino y de los gobiernos de Tucumán, Salta y Jujuy para gravar el azúcar, suministraron las bases jurídicas permanentes para el perfeccionamiento de los trusts del comercio sobre dichos productos (43).
 
 

La venalidad y la corrupción puestas de manifiesto en la tramitación de la prórroga de las ordenanzas de las compañías eléctricas C.A.D.E. y C.I.A.D.E. en 1936, abarcaron por igual a conservadores y radicales contubernistas, de vuelta éstos de la abstención revolucionaria y de la prédica ética yrigoye-nista. Tan sólo el bloque socialista de concejales porteños (junto a algún demoprogresista y a José Penelón de Concentración Obrera), se mantendrían al margen del negociado (44).
 
 

Para las elecciones presidenciales de 1938 Justo, impedido de postularse nuevamente por impedirlo la Constitución por entonces vigente, elige como sucesor a su propio Ministro de Hacienda, Roberto M. Ortiz, un radical antipersonalista pero sin trascendencia ni enemigos en su propio partido, que debía retrasmitirle el cargo pasados seis años. Había sido abogado de los ferrocarriles y de otras empresas inglesas y su candidatura fue proclamada por la Cámara de Comercio británica antes que por los medios políticos argentinos (45). El candidato a vicepresidente fue el conservador y también ministro de Justo, Ramón S. Castillo. Los radicales tradicionales proclamaron la fórmula Marcelo T. Alvear-Enrique Mosca.
 
 

Realizadas las elecciones (05-09-37), el Correo abrió discretamente las urnas cambiando los votos radicales por oficialistas antes de entregarlas al tribunal escrutador. Como era de esperarse, el recuento dio amplia mayoría a la concordancia en casi todos los distritos (1.100.000 boletas y 248 electores a Ortiz-Castillo y 815.000 por Alvear-Mosca con 128 electores). Años después, un actor en ese fraude, Federico Pinedo, diría al respecto: “Los procedimientos que se usaron en esos comicios... hacen imposible catalogar esas elecciones entre las mejores ni entre las buenas ni entre las regulares que ha habido en el país” (46).
 
 

El 24 de Junio de 1942 Ortiz, enfermo irreversible de una diabetes muy grave renuncia a su cargo, falleciendo días después. Castillo asume el cargo y en los círculos militares se forma una logia secreta, el G.O.U. (Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación) que desde noviembre de 1942 con-trola el Ministerio de Guerra e impuso y mantuvo la neutralidad del gobierno en el conflicto armado. En virtud de ello se atribuyeron a Castillo ideas filo-nazis.
 
 

En febrero de 1944 terminaría la presidencia de Castillo y la elección de su reemplazante estaba prevista para setiembre de 1943. Justo, quien se consideraba el candidato natural fallece imprevistamente en Enero de 1943 dejando a la Concordancia sin candidato. Castillo, en consecuencia, sugiere como su sucesor al fuerte industrial salteño Robustiano Patrón Costas, presidente provisional del Senado y también presidente del partido Demócrata Nacional (conservador). Como candidato a la vicepresidencia fue sugerido el radical antipersonalista santafesino Manuel Iriondo.
 
 

Ambas postulaciones debían ser convalidadas por las convenciones de los respectivos partidos a reunirse el 4 de Junio. No obstante, la figura de Patrón Costas despertó grandes resistencias en numerosos círculos influyentes del país pues se le atribuía el propósito de inmediato abandono del neutra-lismo y compromisos de beligerancia en favor de los aliados apenas asumiera la presidencia.
 
 

El núcleo mayor de resistencia se concretó en el Ejército y su logia predo-minante, el G.O.U. Cuando los conspiradores logran que el general Arturo Rawson acepte encabezar la rebelión, el mismo 4 de junio abandonan sus cuarteles de Campo de Mayo y marchan hacia el centro de Buenos Aires.
 
 

El gobierno de Castillo cayó tras un breve paseo de las tropas, las que tuvieron sólo un enfrentamiento con efectivos de la Escuela de Mecánica de la Armada que provocó unas 70 bajas entre los militares y los civiles que les acompañaban. Tras ello, Castillo renunció a su cargo poniendo fin a la década infame.
 
 

Comenzaba entonces la segunda de las intervenciones militares del siglo XX en la conducción del país y, quizás, la menos cruenta y objetable de todas ellas.
 
 
 
 

III.2.- Los hechos que preanuncian la etapa de la ciudadanía social. Más allá de los vicios y desencantos que la situación institucional operada entre 1930 y 1943 creaba en el ciudadano del común, (los tangos discepoleanos son una gráfica descripción del estado de espíritu reinante: ...y la chiva hasta Cristo se l'han afeitao... cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor...), comienza a despertar la Argentina profunda. Tras el festival de corrupción, negociados y falta de representatividad de la clase política, se gestaban perdurables cambios bajo la superficie de las cosas.
 
 

El Congreso adquiere en los años de la presidencia de Ortiz y luego de Castillo, el perceptible tono de los cuerpos colegiados en decadencia. Conser-vadores y radicales se unían para apoyar dictámenes vergonzosos, como el relativo a los resultados de la investigación sobre las concesiones eléctricas de la Capital Federal (empresa belga SOFINA). De tal modo, los avatares del Parlamento eran tomados por la población con indiferencia o fastidio, en el mejor de los casos, porque estaba, como el régimen, absolutamente despres-tigiado.
 
 

El Congreso, en 1940, dedicará largas horas de sesión al negociado de las tierras de El Palomar el que, pese a sus proporciones reducidas frente a la inmoralidad reciente -representaba unos escasos centenares de miles de pesos- salpicó hasta alguna esfera allegada al Poder Ejecutivo (47). La importancia de la cuestión no es la magnitud del negociado, ni que resulten implicados legisladores (uno de ellos se suicida y el otro es excluído de la Cámara de Diputados), ni que el Ministro de Guerra (general Márquez) y el propio presidente Ortiz se alarmen. Lo significativo es que el sistema permitía irregularidades como ésa porque los mecanismos legislativos y judiciales toleraban fallas tan graves.
 
 

En las elecciones de 1940 los radicales consiguen 80 diputados para la Cámara, pero esa mayoría, con excepciones muy limitadas, de nada les servirá, y las cosas seguirán como antes. El desprestigio que envuelve al partido (salvo las tendencias como F.O.R.J.A. que intentaban un replanteo de la conducción), llevaran a su derrota en la Capital Federal para 1942, a manos de los socialistas.
 
 

También hacia 1940 y analizando otros campos del quehacer nacional, la mayor parte de la industria argentina es del tipo manufacturero, liviano, productora de artículos de consumo. Falta la industria pesada, que constituye la médula de la vida industrial en los países más adelantados (48). A esas industrias se volcarán preferentemente los contingentes migratorios internos, que se concentrarán en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y -en menor escala- el Litoral.
 
 

Para 1947 Gino Germani (49) detectaba con respecto al lugar de residencia actual de los argentinos nativos que han abandonado el distrito de su nacimiento, los siguientes datos: 50,4% se estableció en el Gran Buenos Aires; el 27,8% en el Litoral; 7,6% en el Noroeste; el 4,3% en el Centro y Oeste; el 5,6% en el Noreste y el 4,3% en el Sur. El proceso comentado se inicia a comienzos de la década del '30 y adquirirá gran magnitud entre 1943 y 1947. Según el mismo Germani entre esos años se radican en el Gran Buenos Aires (incluyendo extranjeros) 117.000 personas anuales.
 
 

Sin embargo, mientras el costo de la vida en la Capital Federal pasaba de un índice 100 en 1933 a 120 a mediados de 1940, el salario real caía en el mismo lapso a 90-92 (50).
 
 

Desde 1940 no hubo exportaciones inglesas hacia la Argentina y las norteamericanas, que podrían reemplazarlas, no bastaban para satisfacer las necesidades del mercado interno: de un total de 109 millones de dólares en 1941 pasaron a 72 en 1942 y 31 en 1943 (51). Por lo tanto debía producirse internamente lo que los países industrializados enfrentados por el conflicto bélico dejaron de enviarnos.
 
 

Se improvisaron de tal modo en muy breve lapso establecimientos industriales en el ramo textil, de maquinarias, de artefactos eléctricos, derivados del caucho y refinación del petróleo, con todas las carencias que suponía la notoria escasez de materias primas y con grandes déficits de calidad suplidos con ingenio y creatividad. Junto a las nuevas industrias se vieron favorecidas las actividades existentes en bebidas, alimentos, confecciones, cigarrillos, artículos de imprenta, mobiliario, construcción, etc.
 
 

En el lapso 1931-1943 en dólares el capital extranjero había descendido de 3.661 millones (29,9% del total) a 2.651 (15%) mientras que el nacional creció de 8.597 a 14.558; es decir que la guerra mundial había traído la espontánea nacionalización de la industria local.
 
 

Esto tuvo grandes consecuencias en la cuestión de las migraciones internas, pues mientras muchas provincias del interior profundo se estancaban o directa-mente descendían en su crecimiento demográfico (en general el noroeste, el litoral, Chaco y Santiago del Estero), el Gran Buenos Aires, o sea la franja de alrededor de 3.000 km2. que rodea a la Capital Federal, veía incrementar su población de 225.000 habitantes en 1869 a 5.173.000 en 1952. Dicho de otro modo, pasó a albergar del 12,9 al 28,7% de la población total del país en dicho lapso (ver Cuadro Nº 7.3. en el Apéndice).
 
 

Se constituyó así una masa de argentinos en su inmensa mayoría, desarraigados de sus tierras y costumbres ancestrales, que trasladados por una búsqueda de mejores condiciones de vida al hacinamiento suburbano, eran asimismo alejados de las costumbres patriarcales del caudillismo político provinciano, generalmente conservador y ajeno a sus intereses socioeconómicos. Por su condición mayoritaria, esto es clase obrera no calificada o media baja y de reciente radicación en la zona, por su número extraordinario para la población del país, cambiarían en muy corto plazo la composición ideológica de las mayorías políticas nacionales.
 
 

Llegarían virtualmente vírgenes a la prédica sindical y social de los partidos populares que nacerían a partir de 1943: laborismo y peronismo. La incomprensión de este fenómeno por los dirigentes de los partidos tradiciona-les, o sea conservadores, radicales, demócrata progresistas y socialistas, daría un matiz épico y demoledor al aparentemente mágico triunfo electoral del Coronel Perón y su movimiento de recién llegados apenas tres años después.
 
 

También, resulta perfectamente lógico suponer que la inmisión relativamente brusca de estos contingentes, dotados de características psicosociales propias y diferentes de los habitantes de larga radicación en la ciudad capital y sus suburbios, haya influído significativamente en las maneras de pensar y de obrar de las masas urbanas, especialmente en sus capas populares.
 
 

Esta ingente multitud, carente de medios genuinos de expresión político social hasta entonces, daría lugar a partir de 1946 a una experiencia inédita en nuestro medio, como lo fue el movimiento peronista, cuyo análisis escapa a los cometidos de nuestro estudio.
 
 
 
 

2.- CONCLUSIONES.
 
 

Del desarrollo efectuado, necesariamente escueto, de las nueve décadas de la vida nacional que van desde 1853 a 1943, podemos extraer conclusiones que son propias del período estudiado y otras que se proyectan hasta nuestros días.
 
 

Como conclusiones aplicables básicamente al período analizado, podemos afirmar que:
 
 

a) EN LO POLITICO:
 
 

a.1) En sus primeros noventa años de vida constitucional, la Argentina careció de una praxis democrática al estilo occidental, con excepción del breve término corrido entre 1916 y 1930 en que se practicó un sistema de representación imperfecta, con marginamiento -en mayor o menor medida según el caso y en todo el lapso estudiado- de la aplicación de las normas fundamentales en su letra y su espíritu (Constitución y leyes estructurales). O sea que hubo diferentes grados de anomia social, política e institucional.
 
 

a.2) Hubo un predominio notorio del Poder Ejecutivo sobre los restantes y teóricamente equilibrados o contrapesados poderes del Estado, esto es, el Congreso y la Judicatura, dando lugar a una modalidad vernácula de presiden-cialismo exacerbado cuyas expresiones paradigmáticas fueron a su hora Sarmiento, Roca e Yrigoyen.
 
 

a.3) Debido a lo anterior, el Congreso careció de peso virtual y prestigio en la vida política. Fue por momentos y por ende correlativamente fiel al Ejecutivo de turno; cuando estaba dominado por la oposición, era ignorado por el Presidente que gobernaba en base a decretos y, finalmente, con cada Golpe de Estado, era disuelto por innecesario.
 
 

a.4) A su vez el Poder Judicial, integrado según la Constitución por designación del Ejecutivo con el acuerdo del Senado (o sea por una composición de base política ajena a su independencia técnico-funcional), sólo fue eficaz en la tutela de los intereses privados y no trascendentes de los ciudadanos, que no interesasen a los factores de poder; en las demás cuestiones careció de independencia y conductas éticas a lo largo de todo el período estudiado, salvo muy contadas y no significativas excepciones.
 
 

a.5) El único “proyecto nacional”, por así llamarlo, advertido en esa época –el de la “Generación del '80”- resultó muy exitoso en los aspectos materiales y superestructurales (economía, implementación de instituciones básicas), aunque sumamente deficitario en lo político y ético-social (creación de costumbres democráticas, ejercicio de derechos sociales sobre bases iguali-tarias).
 
 

a.6) La marginación de las mayorías populares derivada de la situación anterior y la adopción de actitudes mesiánicas por parte de grupos, institu-ciones o personas (oligarquías, partidos políticos y fuerzas armadas o caudi-llos carismáticos), autoconsiderados como únicos intérpretes de las aspiracio-nes y necesidades de la sociedad, trajo una inestabilidad y debilidad del aparato estatal muy marcadas.
 
 

a.7) La clase política en el poder privilegió, a su turno, las necesi-dades sectoriales por ella representadas: oligárquicas (1853-1916 y 1939-1943) o de una reducida clase media nacional y urbana (1916-1930), omitiendo toda concepción global tendiente a la integración de los múltiples intereses del país. No produjo, salvo alguna puntual excepción, estadistas capaces y probos como para aprovechar las ventajas que la situación externa (guerras y otras catástrofes mundiales) e interna (riquezas naturales y territorio de privilegio) brindaban al país. Los cortos períodos de bonanza (1895-1925) fueron en general ajenos a la gestión oficial y productos de circunstancias ajenas a las decisiones gubernamentales. Demostró en líneas generales carencia de idoneidad y de valores éticos para los cargos desempeñados.
 
 

a.8) Los partidos políticos actuantes, incluído la U.C.R., no lograron una representatividad e inserción estable en la vida nacional, por obra de su legitimidad, obrando en cambio sólo como vehículos de intereses individuales o de los sectores dominantes. Recurrieron habitualmente al fraude, la violencia, la intolerancia, el contubernio o el mesianismo ideológico, según el caso, como una constante de su accionar. La ausencia de una fuerte corriente de opinión que representase de manera constante las necesidades populares contribuyó a mantener una sociedad con graves desigualdades internas, con fuerte predominio de los grupos de poder o de interés por sobre el bien común o general.
 
 

a.9) Los sectores populares (criollos, mestizos e indios del Interior; empleados, obreros y proletarios de las zonas urbanas y suburbanas; inmigrantes y otros grupos no asimilados de clase baja y media-baja) carecieron de efectiva representación política y social durante el período estudiado. El yrigoyenismo en el poder fue sólo un vehículo epidérmico y declamatorio de sus aspiraciones y el socialismo operó como aliado contubernista de la oligarquía y tibio opositor al “personalismo” en las cuestiones esenciales (“oposición de Su Majestad”).
 
 

a.10) Las fuerzas armadas (representadas por el Ejército como factor predominante) tuvieron un rol ambivalente: en lo político fueron inicialmente un instrumento al servicio de la oligarquía y luego, con la hipertrofia alcan-zada y la toma de conciencia que eran uno de los principales factores de poder, se sintieron llamadas a un rol mesiánico en carácter de “reservas morales de la Patria” (la hora de la espada), ante lo que reputaban como desbordes de la clase política y se alzaron recurrentemente con el poder; en lo social, realizaron en general una magna obra colonizadora y educativa, llevando la presencia del Estado a regiones apartadas para una efectiva -sino única en mucho tiempo- ocupación territorial, y la instrucción básica a muchos ciudadanos carentes de ella.
 
 

b) EN LO ECONOMICO:
 
 

b.1) Los principales actores sociales con ejercicio efectivo de poder (administración política, grupos económicos), no supieron encontrar la vía para desarrollar los potenciales recursos nacionales de manera integral, cayendo en un esquema agroexportador con dependencia virtualmente colonial de Gran Bretaña, que se morigeraría temporariamente por la incidencia de factores externos inmanejables (las dos grandes guerras). Tal dependencia hacia mediados de la década del '30 en adelante se debilitaría paulatinamente en favor de los Estados Unidos.
 
 

b.2) A resultas de lo anterior, fue muy desigual el crecimiento económico en cada zona geográfica: muy elevado y sostenido en las llanuras ligadas a la producción dominante (zona centro-este) e involución o estancamiento de las restantes regiones (norte, oeste y sur). Paralelo a ello, la organización política como país federal declamada en la Constitución se correspondió en la práctica a una marcada prevalencia del gobierno central sobre los estados provinciales en lo referente a coparticipación impositiva, inversiones de obras públicas, desarrollo de proyectos locales, vías de comunicación y otros emprendimientos infraestructurales (Centralismo o “unicato” de hecho).
 
 

b.3) Mientras el esquema oligárquico estuvo en su esplendor (1870-1916), el país vió crecer desmesuradamente sus ingresos tanto como las desigualdades internas en la distribución de los mismos. Con el desmejoramiento de los mercados agropecuarios internacionales, la débil y dependiente economía local sufrió sus avatares, sin que la dirigencia acertara con políticas de expansión permanente de la economía.
 
 

b.4) Las clases dirigentes no evidenciaron poseer concepciones o aplicar políticas dirigidas a la industrialización del país. El moderado desarrollo logrado en esos campos obedeció a factores ajenos a las decisiones locales (vgr. conflictos bélicos mundiales), y se agotó al cesar las coyunturas favorables.
 
 

b.5) Resultó evidente en todo el período la carencia de administradores públicos capacitados y en número suficiente. El Ejecutivo de turno, más allá de posturas de laissez faire, de intervencionismo económico o de capitalismo estatal que practicase en mayor o menor medida, continuó integrando los cuadros de la burocracia en base al caciquismo o devolución de favores políticos. El resultado de ello, en general, fue un aparato estatal inidóneo, ineficiente, corrupto y sobredimensionado. En definitiva, un contrapeso a la necesaria e inalienable acción pública.
 
 

b.6) Fue reiterado, cualesquiera resultase el signo político de la admi-nistración de turno, el empleo de las normas y recursos estatales para favo-recer a grupos particulares, en detrimento del bien común, vía concesiones, subvenciones, utilidades garantidas, remisión o reducción de impuestos, libre retorno de utilidades hacia los países centrales, creación de latifundios privados vía leyes nacionales, etc.
 
 

b.7) En poco más de treinta años (1880-1910), la oligarquía liquidó para sí misma y sus aliados clientelísticos las reservas de tierra pública, sin aplicar planes racionales de colonización y explotación, generando en cambio injustificados latifundios en las zonas de mayor producción y valor catastral.
 
 

b.8) Se estableció, con vigencia hasta nuestros días, un sistema impo-sitivo cuyas principales rentas provienen de gravámenes al consumo, que caen de manera inequitativa sobre los sectores de menores ingresos y potencian las rentas de las clases más altas de la pirámide social. En cambio, fueron escasos e ineficientes los impuestos sobre patrimonios y rentas de sociedades de capital y clases acomodadas. De tal modo, la estructura fijada resulta así regresiva y reaccionaria.
 
 
 
 

c) EN LO SOCIAL:
 
 

c.1) La masiva inmigración operada entre 1881 y 1930, tuvo profundas y perdurables consecuencias en la composición étnica, laboral y sociocultural del país y fue asimilada por la población preexistente sin mayores conflictos, contribuyendo al desarrollo y ocupación del territorio. Su distribución desi-gual en este último, en cambio, contribuyó a acentuar las particularidades de desarrollo regionales preexistentes.
 
 

c.2) Los valores socioculturales predominantes (individualismo, superfi-cialidad, mercantilismo, el éxito se mide por los logros materiales y éstos son, a su vez, el mejor vehículo de ascenso social; la validez de caminos alternativos como el “acomodo”, el golpe de suerte, la especulación, la corrupción política o el clientelismo; el prestigio poco o nada se vincula al desarrollo intelectual, el consiguiente prejuicio hacia lo popular, la preferencia de las oligarquías por lo europeo -franco inglés en lo esencial-), muy poco contribuyeron al desarrollo de contenidos éticos y solidarios para la convivencia e integración comunitaria y a elaborar arquetipos e identidad nacionales.
 
 

c.3) Consecuencia de sus hábitos laborales y de consumo, la oligarquía careció de interés en promover la movilidad social o en crear puestos de trabajo masivos para ampliar el mercado interno.
 
 

c.4) Resultante típica de una sociedad sin tradiciones científicas, tecnológicas o industriales, la actividad de los abogados y de los médicos en segundo lugar, fueron las profesiones más destacadas. Primaban los servicios y las actividades mercantiles y de especulación financiera por sobre la organi-zación productiva.
 
 

c.5) Las clases populares (antiguos federales, orilleros y montoneros del interior durante los siglos XIX y comienzos del XX, proletarios y obreros), fueron duramente reprimidas cuando cuestionaron el sistema vigente, con degollamientos, fusilamientos y deportaciones.
 
 
 
 

Como conclusiones permanentes, surgen las siguientes afirmaciones:
 
 

* Todo análisis sobre la República Argentina no puede dejar escapar un sesgo pesimista. Deben contraponerse, por un lado, las ventajas propias de un extenso y fértil territorio ubicado mayoritariamente en zonas templadas, las riquezas naturales que permitirían subsistir y desarrollarse con holgura una población varias veces superior a la existente, los brillantes ciclos económicos habidos (1880-1920; 1940-1950, 1991-1995) que lograron hacer superar con rapidez fuertes crisis como prueba de las inmensas potencialidades del país y, por otra parte, los graves problemas subsistentes a lo largo de su historia, referidos a: I) carencia de un desarrollo autosostenido, II) desigualdades en la distribución de la riqueza, III) pobreza, marginación y exclusión de grandes sectores de la población, IV) endeudamiento externo creciente e indetenible, V) corrupción e inestabilidad sociopolítica, que impiden el establecimiento en plenitud de un sistema democrático moderno, entre los más notorios. Este cuadro nos fuerza a concluir que en las escasas aptitudes generales de sus habitantes para constituir una nación mejor se halla la explicación más apropiada de los recurrentes males padecidos a lo largo de su historia y el incomprensible lugar que ocupa entre los estados del orbe en relación a sus recursos.
 
 

* Tomando como referencia el caso de países competidores del nuestro en cuanto a producción agropecuaria, ubicados en zonas geográficas también periféricas y con similares o aún peores condiciones generales, tal el caso de Canadá (más extenso aunque con la mitad del territorio ubicado en zonas frías, con menor población integrada por tres culturas no siempre confluyentes: indígena-esquimal, anglosajona y francolatina), Australia (poblado con penados originalmente y con una etnia maorí muy disímil a la mayoría anglosajona, de alrededor de la mitad de nuestros habitantes y de un territorio más extenso aunque con un desierto ocupando el centro del país en las 7/8 partes de su territorio) y Nueva Zelanda (superficie insular similar a la de la provincia de Buenos Aires, un décimo de nuestra población y dos etnias similares a las australianas), contrastan sin embargo estas naciones por su elevado nivel de vida, ingreso per cápita y solidez de sus instituciones y prácticas democráticas.
 
 

* El abandono efectuado por parte del Estado nacional en las últimas tres o cuatro décadas, de sus deberes legales indelegables e imprescriptibles respecto de la instrucción pública, la seguridad general, la salud y la administración de justicia, sumado al atraso general que se advierte en investigación pura, tecnología de desarrollo de industrias básicas, elevación del nivel cultural de la población y de idoneidad y moralidad de sus clases dirigentes, hacen extremadamente azaroso cualquier pronóstico sobre el particular.
 
 
 
 

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3.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
 
 
 
 

(1) LENCINA i PUJOL, Pascual. Síntesis tomadas de sus clases en el Doctorado de Sociología del Trabajo, “Historia Social Argentina”, Universidad Argentina de la Empresa 1997.

(2) BOTANA, Natalio R., “El orden conservador”, Hyspamérica, 1985, pág. 11.

(3) ROMERO, José Luis. “Las ideas políticas en Argentina”, Fondo de Cultura Económica, 1969, págs. 182 y 186.

(4) BOTANA, op.cit. pág. 14.

(5)ROCK, David. “El radicalismo argentino 1890-1930”, Amorrortu Editores,

Buenos Aires, 1992, pp. 30/31.

(6) DI TELLA, Torcuato S. y otros, “Argentina, sociedad de masas”, 1965, pp. 5/123.

(7) ROSA, José María, “Historia Argentina”, Ed. Oriente, Buenos Aires, 1981, Tº 10, pp. 150/51.

(7 bis) SURIANO, Juan, “El Mundo de los Trabajadores”, en “Historia Visual de la Argentina”, “Clarín”, Tº IV, Capítulo 86.

(8) ROCK, op. cit., pp. 22/29.

(9) ROCK, op. cit., p. 13.

(10) FERNS, H.S., “Gran Bretaña y la Argentina en el Siglo XIX”, 1960, p. 493.

(11) ROCK, op. cit. pp. 14/15.

(12) Ver al respecto FERRER, Aldo: “La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales”, 1963, pp. 91/154; DI TELLA, Torcuato S. y otros, op.cit., pp. 18/59.

(13) ROSA, op. cit., Tº 8, pp. 141/2.

(14) CARCANO, Miguel A. “Evolución histórica del régimen de la tierra pública”, Apéndice I. ODDONE, Jacinto. “La Burguesía Terrateniente Argentina”, en ROSA, op. cit., Tº 10, p. 144.

(15) ODDONE, op. cit., en ROSA, Tº 10, pp. 163/5.

(16) ROSA, op. cit., Tº 9, p. 258.

(17) ROSA, op.cit., Tº 8, pág. 226.

(18) ROSA, op.cit. Tº 8, p. 226.

(19) BOTANA, op. cit., pp. 126 y ss.

(20) ROSA, op. cit. Tº 7, p. 55.

(21) AMADEO, Octavio R., “Política”, Lib. Mendesky, Buenos Aires, p. 199.

(22) ROSA, op. cit. Tº 8, p. 352.

(23) PELLEGRINI, Carlos. “La Revolución de 1893”, en Obras Completas, Tº 3.

(24) ROSA, op.cit., Tº X, p. 16.

(25) PETERSON H.F., “La Argentina y los Estados Unidos 1810-1960”, en ROSA,

Tº10, p. 52, nota 33.

(26) ROSA, op.cit., Tº X, p. 110.

(27) TISSERA, Ramón. “Revolución social en la selva”, en revista “Todo es Historia”, según ROSA, op. cit., Tº 10, p. 152.

(28) ROSA, op. cit., Tº 10, p. 211.

(29) CIRIA, Alberto. “Partidos y Poder en la Argentina Moderna 1930 – 1946”, Ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1985, p. 18.

(30) CIRIA, op. cit., p. 17.

(31) BELLONI, Alberto. “Del Anarquismo al peronismo”, en ROSA, Tº 10, p. 117, nota 60.

(32) DI TELLA-ZIMELMANN. “Las etapas del desarrollo económico argentino”, en ROSA, op. cit., Tº 10, p. 263.

(33) ORTIZ, Ricardo M. “Historia económica de la Argentina”, en ROSA, op. cit., Tº 10, p. 295.

(34) CIRIA, op. cit., pp. 19/20.

(35) De un discurso del flamante Ministro del Interior de Uriburu, el naciona-lista Matías Sánchez Sorondo, recogido por Julio A. QUESADA, “Orígenes de la Revolución del 6-9-1930”, Buenos Aires, 1930, pp. 107/8.

(36) GALVEZ, Manuel. “Vida de Hipólito Yrigoyen (El hombre del misterio)”, Buenos Aires, 1939, p. 449.

(37) DEL MAZO, Gabriel. “El Radicalismo, ensayo sobre su historia y doctrina”, Ed. Gure, Buenos Aires, 1959, Tº II, p. 196.

(38) REPETTO, Nicolás. “Mi paso por la política (De Uriburu a Perón)", Ed. Santiago Rueda, Buenos Aires, 1957, p. 20.

(39) Op. cit., p. 237.

(40) JAURETCHE, A. “F.O.R.J.A. y la década infame”, Ed. Coyoacán, Buenos Aires, 1962, pp. 41/2.

(41) CIRIA, op. cit., p. 46.

(42) FRONDIZI, Arturo. “Régimen jurídico de la economía argentina”, 1941, citado por CIRIA, op. cit. p. 47.

(43) DEL MAZO, op. cit., TºII, p. 268.

(44) CIRIA, op. cit., p. 48.

(45) ROSA, op. cit., Tº XII, p. 172.

(46) “En tiempos de la República”, Ed. Mundo Forense, Buenos Aires, 1946, p.181.

(47) ABERG COBO, Martín; “La revolución de 1943”, en “Cuatro Revoluciones Argentinas”, Ed. Club N.Avellaneda, Buenos Aires 1960, p. 81.

(48) DORFMAN, “El desarrollo de la industria argentina” en “Cursos y Conferen-cias", Año X, Nº 1-3, p. 129.

(49) GERMANI, Gino; “Estructura social de la Argentina”, Ed. Raigal, Buenos

Aires 1955, p. 63.

(50) DORFMAN, op. cit., p. 144.

(51) PETERSON H.F., op. cit., Hyspamérica, 1985, TºII-467.
 
 

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4.- APENDICE.
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 1: SALDOS INMIGRATORIOS ARGENTINOS 1857/1954.
 
 

(Tomado de CIRIA, Alberto. “Partidos y Poder en la Argentina Moderna, Ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1985, p. 53; quien a su vez cita a GERMANI, Gino, “Estructura social de la Argentina”, Ed. Raigal, Buenos Aires, 1955, p. 82. No incluye al total de ingresados sino a quienes se radicaron definitivamente).
 
 
 
 
 
 
 
 

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| | Saldos inmigratorios |

| Años |------------------------|

| | Parcial | Acumulado |

---------------------------------------

| 1857-1860 | 11.100 | 11.100 |

---------------------------------------

| 1861-1870 | 76.600 | 87.700 |

---------------------------------------

| 1871-1880 | 85.100 | 172.800 |

---------------------------------------

| 1881-1890 | 637.700 | 810.500 |

---------------------------------------

| 1891-1900 | 319.900 | 1.130.400 |

---------------------------------------

| 1901-1910 | 1.120.200 | 2.250.600 |

---------------------------------------

| 1911-1920 | 269.100 | 2.519.700 |

---------------------------------------

| 1921-1930 | 878.000 | 3.497.700 |

---------------------------------------

| 1931-1940 | 72.200 | 3.569.900 |

---------------------------------------

| 1941-1946 | 33.000 | 3.602.900 |

---------------------------------------

| 1947-1954 | 747.000 | 4.349.900 |

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CUADRO Nº2. FAMILIAS PREDOMINANTES EN SEIS PROVINCIAS NORTEÑAS 1880-1916
 
 

(Tomado de Botana, op. cit. pp. 158/60)
 
 

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PROVINCIA FAMILIA MIEMBROS CARGOS DESEMPEÑADOS

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Catamarca | Herrera Julio Gobernador, Senador, Diputado

| Mauricio Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Figueroa Marcos Senador, Diputado

| Francisco Senador, Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Castellanos Flavio Gobernador

| Francisco Diputado

| Adolfo Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Acuña Pedro I. Diputado

| Joaquín Gobernador

|------------------------------------------------------------------

| Castro Fidel Diputado

| Javier Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Ibáñez Juan José Diputado

| José Diputado

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Jujuy | Alvarez Prado José María Gobernador, Diputado

| Pedro Gobernador

|------------------------------------------------------------------

| Sánchez de Bus- Plácido Gobernador

| tamante José Diputado

| Teófilo Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Claros Ernesto Diputado

| Armando Diputado

-----------------------------------------------------------------------------

La Rioja | González Joaquín V. Gobernador, Senador, Ministro,

| Diputado

| Emilio Gobernador

| Nicolás Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Dávila Adolfo Senador, Diputado

| Domingo Senador

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Salta | Ortiz Miguel Gobernador, Senador, Ministro

| Francisco Senador, Ministro

| Abel Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Uriburu Francisco Senador, Ministro

| Pío Gobernador, Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Ovejero David Gobernador, Senador

| Sixto Gobernador

| Angel M. Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Güemes Martín Gobernador, Senador

| Luis Senador

| Domingo Diputado

-----------------------------------------------------------------------------

Santiago | Ruiz Maximio Gobernador, Senador, Diputado

del | Adolfo Gobernador, Diputado

Estero | Cristóforo Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Barraza Pedro Gobernador, Senador, Diputado

| Napoleón Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Pinto Luis Gobernador, Senador, Diputado

| Juan A. Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Palacio Dámaso Gobernador, Senador, Diputado

| Benjamín Diputado

|------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

|------------------------------------------------------------------

Santiago | Santillán José D. Gobernador, Senador

del | Gregorio Senador

Estero |------------------------------------------------------------------

| Beltrán Dámaso Diputado

| Víctor Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Vieyra Jaime Diputado

| Pedro Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Zavalía Napoleón Diputado

| Benjamín Senador

-----------------------------------------------------------------------------

Tucumán | García Francisco L. Senador, Ministro, Diputado

| Próspero Gobernador

| José A. Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Paz Benjamín Gobernador, Senador, Ministro

| Manuel Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Nougués Miguel M. Gobernador, Senador

| Ambrosio Gobernador

| Luis F. Gobernador

|------------------------------------------------------------------

| Terán Brígido Senador

| Juan Manuel Diputado

| Julio Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Padilla Ernesto Gobernador, Diputado

| Tiburcio Senador

| Vicente Diputado

| Miguel Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Posse Juan Gobernador, Diputado

| Filemón Ministro

| Benjamín Diputado

| Emilio Diputado

| Martín Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Avellaneda Marco Diputado, Ministro

| Nicolás Senador (Presidente 1874/80)

| Eudoro Diputado

|------------------------------------------------------------------

| Gallo Santiago Gobernador

| Delfín Diputado

| Exequiel Diputado

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SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES
 
 

CUADRO Nº 3.1.: SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS EN LA CAPITAL FEDERAL.
 
 

(Fuente: Ver nota 7 bis en Capítulo 3, “Referencias Bibliográficas”)
 
 
 
 
 
 

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| Años | 1.906 | 1.909 | 1.911 |

|--------------------|-------------|-------------|-------------|

| Nº de sociedades | 30 | 79 | 108 |

|--------------------|-------------|-------------|-------------|

| Nº de afiliados | 25.258 | 189.061 | 247.272 |

|--------------------|-------------|-------------|-------------|

| C/personería juríd.| 22 | 43 | 64 |

|--------------------|-------------|-------------|-------------|

| Capital (m$n) | 1.024.777 | 4.081.331 | 11.208.010 |

|--------------------|-------------|-------------|-------------|

| Socorros brindados | 330.636 | 564.772 | 1.936.105 |

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CUADRO 3.2.: LA CLASE OBRERA EN BUENOS AIRES EN 1898.
 
 

(Fuente: Idem cuadro anterior)
 
 

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| Oficios | Totales por | Jornal $ | Días trabaj. | Jornada |

| | gremio | diario | por año | diaria |

|---------------|-------------|----------|--------------|-----------|

| Albañiles | 20.500 | 2,50 | 216 | 10 horas |

| Carpinteros | 6.000 | 3,00 | 288 | 10 “” |

| Curtidores | 3.470 | 3,15 | 216 | 10 “” |

| Carruajeros | 1.800 | 3,78 | 288 | 8 “” |

| Cigarreros | 2.000 | 2,50 | 260 | 10 “” |

| Dep.de Almacén| 10.000 | 1,25 | 365 | 16 “” |

| Dep.de Tiendas| 10.000 | 3,50 | 365 | 14 “” |

| Dep.Restaurant| 4.000 | 3,00 | 240 | 14 “” |

| Eban.y lustr. | 3.500 | 3,00 | 260 | 9 “” |

| Hojalateros | 1.500 | 2,80 | 288 | 10 “” |

| Herreros | 1.500 | 4,00 | 288 | 11 “” |

| Ladrilleros | 4.000 | 2,50 | 288 | 10 “” |

| Licoristas | 2.000 | 2,00 | 216 | 14 “” |

| Mecánicos | 3.090 | 3,35 | 238 | 10 “” |

| Mayor/cocheros| 6.000 | 2,70 | 288 | 11 “” |

| Municipales | 2.516 | 2,00 | 288 | 10 “” |

| Pintores | 2.500 | 3,70 | 175 | 8 “” |

| Panaderos | 6.000 | 3,00 | 310 | 14 “” |

| Pavimentadores| 2.000 | 2,25 | 216 | 10 “” |

| Peluqueros | 1.800 | 3,00 | 315 | 14 “” |

| Sastres | 13.000 | 3,00 | 234 | 10 “” |

| Tipógrafos | 3.000 | 3,50 | 288 | 9 “” |

| Vigilantes | 3.376 | 2,00 | 365 | 10 “” |

| Zapateros | 20.000 | 3,00 | 216 | 10 “” |

| Otros | 8.980 | ---- | --- | --- |

|---------------|-------------|----------|--------------|-----------|

| Total de población de la Ciudad de Buenos Aires: 821.293 |

| Total de obreros de los distintos oficios: 145.032 |

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CUADRO 3.3.: ALGUNOS GREMIOS EN LA HUELGA GENERAL DE 1907

(Fuente: Idem Cuadros 3.1. y 3.2.)
 
 

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| Gremio | Obreros | Sindicalizados | Huelguistas |

|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

| Estibadores | 18.000 | 15.000 | 18.000 |

| Cond.de vehíc.| 8.000 | 4.000 | 8.000 |

| Ebanistas | 3.000 | 1.500 | 1.500 |

| Gráficos | 18.000 | 1.500 | 15.500 |

| Herreros | 3.000 | 400 | 2.500 |

| Carpinteros | 2.500 | 400 | 1.000 |

| Metalmecánicos| 8.000 | 1.000 | 5.000 |

| Tranviarios | 5.000 | 1.000 | 2.000 |

| Panaderos | 6.000 | 1.000 | 4.500 |

| Navales | 15.000 | 1.000 | 8.000 |

| Albañiles | 25.000 | 800 | 10.000 |

| Sastres | 6.000 | 400 | 1.300 |

| Pintores | 3.500 | 600 | 2.000 |

|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

| TOTALES | 170.500 | 28.600 | 79.300 |

| TOTALES (%) | 100 | 16,8 | 46,5 |

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Este cuadro demuestra el alto grado de acatamiento o de ascendiente que las organizaciones sindicales tenían sobre los trabajadores: 1) Si bien sólo 1 de cada seis trabajadores estaba afiliado al sindicato, 2) Respondieron al llamado huelguístico uno de cada dos, 3) El número de huelguistas triplicó al de obreros sindicalizados.
 
 

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CUADRO 3.4.: ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA (CAPITAL FEDERAL; 1907/12)
 
 

(Fuente: Idem Cuadros 3.1., 3.2 y 3.3.)
 
 

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| Ramo | Mortales | Graves | Leves | Total | % |

|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|

| Alimentación | 5 | 35 | 379 | 419 | 3,58 |

| Gráficas | 1 | 17 | 65 | 83 | 0,71 |

| Transportes | 129 | 328 | 1.742 | 2.199 | 18,79 |

| Comercios vs. | 6 | 10 | 157 | 173 | 1,48 |

| Construcciones| 132 | 313 | 2.036 | 2.036 | 21,20 |

| Metalúrgicas | 24 | 84 | 477 | 585 | 5,00 |

| Madereras | 5 | 23 | 156 | 184 | 1,57 |

| Vestido | 3 | 16 | 89 | 108 | 0,92 |

| Cuero | 1 | -- | 3 | 4 | 0,04 |

| Otras | 277 | 801 | 4.388 | 5.466 | 46,71 |

|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|

| TOTALES | 583 | 1.627 | 9.492 | 11.702 | 100,00 |

----------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

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CUADRO 3.5.: PRESUPUESTO FAMILIAR Y SALARIOS INDUSTRIALES 1916-1922
 
 

(Fuente: Departamento Nacional del Trabajo, Estadísticas Año 1940 y elaboración propia)
 
 

---------------------------------------------------------------

| |Valor promedio del |Salario mensual promedio| Porcentaje|

|Año |presupuesto famil. | del obrero industrial | Salarios/ |

| |-------------------|------------------------| presupues.|

| | Monto | Indice | Monto | Indice | familiar |

---------------------------------------------------------------

|1916|$ 138,36 | 100,00 | $ 65,25 | 100,00 | 47,16 |

|1917| 161,94 | 117,04 | 65,65 | 100,61 | 40,54 |

|1918| 204,39 | 147,72 | 71,03 | 108,86 | 34,75 |

|1919| 191,81 | 138,63 | 90,46 | 138,64 | 47,34 |

|1920| 224,83 | 162,50 | 109,75 | 168,20 | 48,81 |

|1921| 199,67 | 144,31 | 120,60 | 184,83 | 60,40 |

|1922| 168,23 | 121,59 | 116,92 | 179,19 | 69,50 |

---------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 3.6: HUELGAS LAPSO 1916-1922
 
 

(Fuente: Idem anterior)
 
 
 
 

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| | Huelgas | Huelguistas | Salarios perdidos |Pérdidas económ. |

| Año |--------------|----------------|-------------------|-----------------|

| | Nº | Indice | Nº |Indice| M$N |Indice| M$N |Indice|

-----------------------------------------------------------------------------

|1916 | 80 | 1,00 | 24.321 | 1,00 | 783.001 | 1,00 | 4134248 | 1,00 |

|1917 | 138 | 1,72 | 136.062 | 5,59 | 8.152.631 |10,41 | 43045894 |10,41 |

|1918 | 196 | 2,45 | 133.042 | 5,47 | 9.907.336 |12,65 | 52310734 |12,65 |

|1919 | 367 | 4,59 | 308.967 |12,70 | 16.737.676 |21,38 | 88374929 |21,38 |

|1920 | 206 | 2,57 | 134.015 | 5,51 | 21.754.462 |27,78 |114863559 |27,78 |

|1921 | 86 | 1,07 | 139.751 | 5,75 | 6.707.803 | 8,57 | 35417199 | 8,57 |

|1922 | 116 | 1,45 | 4.737 | 0,19 | 1.003.403 | 1,28 | 5297967 | 1,28 |

-----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

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CUADRO Nº 4: RETROCESO INDUSTRIAL EN PROVINCIAS NORTEÑAS 1914/1935
 
 

(Tomado de DORFMAN, Adolfo. “La industria argentina a través del último censo industrial”, Revista de Ciencias Económicas, Buenos Aires, Abril 1939).
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------

| | Nº de establecimientos | Personal (obreros y empleados) |

| |------------------------|--------------------------------|

| Provincia | 1914 | 1939 |Diferencia| 1914 | 1939 | Diferencia |

------------------------------------------------------------------------

| S.d.Estero | 624| 301 | -323 | 7.919 | 3.303 | -4.616 |

| La Rioja | 1.101| 156 | -945 | 3.916 | 1.401 | -2.505 |

| Tucumán | 789| 693 | - 96 | 15.159 | 11.070 | -4.089 |

| Salta | 2.297| 241 | -2.056 | 6.312 | 4.501 | -1.811 |

------------------------------------------------------------------------

| TOTALES Establecimientos: -3.420 Puestos de trabajo: -13.021 |

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CUADRO Nº 5 : TOTALES INDUSTRIALIZACION NACIONAL 1914/1937
 
 

(Fuente: Idem Cuadro Nº 4)
 
 
 
 

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| | Años | Variación | Variación |

| Rubros | 1914 | 1935 | 1937 | 1935/37 | 1914/37 |

-----------------------------------------------------------------------------

| Establecimientos | 39.200| 40.600| 49.300| + 8.700 | + 1.400 |

| Personal | 383.000| 590.000| 734.000| + 144.000 | + 207.000 |

| Motores eléctricos HP | 86.000| 517.000| 630.000| + 113.000 | + 432.000 |

| Otros motores HP | 202.000| 483.000| 555.000| + 72.000 | + 261.000 |

| Mat. prima en mill. $ | 1.082| 1.964| 2.881| + 917 | + 382 |

| Producción en mill. $ | 1.823| 3.458| 4.708| + 1.200 | + 1.635 |

| Valor agregado mill.$ | 741| 1.496| 1.927| + 431 | + 755 |

-----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 6: ACTIVIDAD INDUSTRIAL LAPSO 1935-1943
 
 

(Fuente: “Revista de Economía Argentina”, Año XXVI, Nº 315, Set.1944, p. 266)
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------

| | | |Sueldos y sa-| Materia pri-| Valor de | |

|Años |Nº de es-|Ocupación |larios paga -| ma empleada | la prod. |Potencia |

| |tableci -| |dos (millones| (millones de| (millo - |consumi- |

| | mientos | | de m$n) (1) | m$n) | nes m$n) | da (HP) |

-----------------------------------------------------------------------------

|1935 | 46.606 | 590.000 | 782 | 1.964 | 3.458 |2.750.000|

|1936 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |

|1937 | 49.375 | 730.000 | 1.001 | 2.881 | 4.709 |3.048.000|

|1938 | s/d |760.000(2)| 1.046 (3)| 2.997* | 4.900(4)| s/d |

|1939 | 53.927 | 785.000 | 1.123 | 3.002 | 5.127 | s/d |

|1940 | s/d |813.000(2)| 1.150 (3)| 3.100(4)| 5.327(4)| s/d |

|1941 | 57.978 | 918.000 | 1.285 | 3.858 | 6.341 |3.603.000|

|1942 | 60.500 |955.000(2)| 1.450 (3)| 4.550(4)| 7.300(4)| s/d |

|1943 | 65.000* |980.000(2)| 1.575 (3)| 5.100(4)| 8.100(4)| s/d |

-----------------------------------------------------------------------------
 
 

Cifras absolutas correspondientes a obreros, empleados, directores, gerentes y familiares de los propietarios ocupados en las industrias. Excluye a los artesanos y a los que trabajan en pequeños establecimientos no censados.

(3) Cifras calculadas en base a los índices de salarios.

(4) Cifras calculadas en base a las publicaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Nación.

(*) Estimación.

s/d: Sin datos.
 
 
 
 

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CUADRO Nº 7.1 : EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA EN LA ARGENTINA 1869-1939
 
 

(Fuente: Dorfman, “Evolución Industrial Argentina", p. 359)
 
 

-----------------------------------------------------------------------------

| | Primeras diez ciudades | Resto del país |

| |------------------------------|----------------------------|

| Años | Número | % | Número | % |

-----------------------------------------------------------------------------

| 1869 | 300.000 | 16 | 1.450.000 | 84 |

| 1895 | 1.000.000 | 25 | 3.000.000 | 75 |

| 1914 | 2.500.000 | 31 | 5.400.000 | 69 |

| 1939 | 4.400.000 | 34 | 8.600.000 | 66 |

-----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

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CUADRO 7.2.: DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA ARGENTINA 1914-1938
 
 

(Fuente: idem cuadro 7.1.)
 
 

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| Años | Industrial | Agrícola |

-------------------------------------

| 1914 | 1.246.000 | 880.000 |

| 1930 | 2.156.000 | 1.137.000 |

| 1938 | 2.600.000 | 1.050.000 |

-------------------------------------
 
 
 
 

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CUADRO Nº 7.3.: POBLACION DEL GRAN BUENOS AIRES 1869-1952
 
 

(Fuente: Germani, Gino. “Estructura Social de la Argentina”, Ed. Raigal, Buenos Aires, 1955, p. 74).
 
 
 
 

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| | | Porcentaje | | |

| | | sobre el | Crecimiento | Crecimiento |

| Años | Población |total del país | total | anual |

---------------------------------------------------------------------

| 1869 | 225.000 | 12,9 | ***** | ***** |

| 1895 | 767.000 | 19,4 | 542.000 | 21.000 |

| 1914 |1.999.000 | 25,4 | 1.232.000 | 65.000 |

| 1936 |3.457.000 | 26,7 | 1.458.000 | 66.000 |

| 1943 |4.050.000 | 27,0 | 593.000 | 85.000 |

| 1947 |4.618.000 | 28,7 | 568.000 | 142.000 |

| 1952 |5.173.000 | 28,7 | 555.000 | 111.000 |

---------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

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Rev.Nº 1- Mar.2001
 
 

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