1. Dado que el derecho laboral surge del conflicto y lo expresa 1, axiológicamente su estructura ha de servir para que los trabajadores y sus asociaciones logren sus objetivos.

La doctrina tradicional, comparando la huelga con la guerra, elabora un régimen jurídico de excepción descuidando la causa del conflicto laboral. Lo estudia desde el Estado, buscando encauzarlo de inmediato para lograr un "orden", ficticio, ya que la injusticia estructural subsiste. Las manifestaciones del conflicto tal vez hayan desaparecido del escenario societal y los buenos sujetos de la sociedad civil podrán estar tranquilos, sin advertir que las vivencias de frustación siguen activas en las grandes mayorías. La doctrina tradicional ha transmitido que la huelga ha perdido actualidad en los países modernos,siendo reemplazada por mecanismos de concertación o consenso, tesis rebatida por los trabajadores ya que los movimientos sociales generados recientemente en América Latina, Europa, Corea del Sur, Estados Unidos , Canadá, contra las políticas de ajuste demuestran que todavía resisten en defensa de sus derechos.

La Teoría Sistémica 2, en cambio, ubica el conflicto en su onticidad: es una manifestación del devenir humano, tan natural a la Especie en esta etapa de la evolución,como la búsqueda de alimento o la competencia generacional. Estudia el conflicto laboral desde sus actores. Analiza su raíz, procurando solucionar la causa y no meramente paliar sus efectos. En los países periféricos sometidos al ajuste, la vida es cada día más difícil por la contaminación ecológica, el costo de los servicios, la injerencia gubernamental, la ausencia de participación: tales motivos, unidos o separados, generan la protesta como mecanismo psicológico,que irá  en aumento, salvo que se erradique su causa: la injusticia estructural. Siendo así, el conflicto laboral busca un orden social justo.

I. Realidad del conflicto

2. Negar el trabajo o prestarlo en condiciones distintas ha sido desde siempre un mecanismo utilizado por los trabajadores para expresar su descontento con la situación laboral. Excavaciones en el Antiguo Egipto han demostrado la existencia de conflictos laborales programados para protestar y lograr mejores condiciones de trabajo y de vida, re/afirmando la historia bíblica del pueblo judío que, con Moisés a la cabeza, se auto/impuso el exilio antes de seguir sometido.

El abandono de Roma por los plebeyos y su asentamiento en el monte Aventino dejó a la ciudad sin recursos para la producción. Su retorno fue posible luego de una ardua negociación,con varias consecuencias, la Ley de las XII Tablas, la institución de los tribunos, la nupcialidad entre patricios y plebeyos.

Las primeras huelgas obreras no fueron decididas por asociación alguna sino resultaron de la eclosión social. Sus manifestaciones sistemáticas comienzan a mitad del siglo XIX. Desde su penalización como delito hasta su reconocimiento constitucional, la clase trabajadora recorrió un largo camino. La primera Constitución del mundo en reconocer la huelga como derecho fue la mexicana (1917).

La situación mundial muestra numerosos conflictos laborales, generados especialmente por los programas de ajuste estructural, desmintiéndose así el argumento neo/liberal de que la huelga es un recurso antiguo y obsoleto. 3

II.Componentes del conflicto laboral

A. Enumeración de los componentes

3. Obra es el siguiente esquema:

Cuadro. Componentes del conflicto laboral

Componente. COD. Descripción

a. Causa

1...................... In/justicia estructural

b. Elementos estructurales

2.........................Material

3 ....... ...............Formal

4 .......... ............ Eficiente

5......................... Final

c.Temas

6........................ Sujetos activos

6.1......................Conjunto de trabajadores

6.2..................... Asociación sindical

7....................... Extensión

8..................... Objetivos

9..................... Incidencia en la sociedad civil

10................... Servicios esenciales

d. Tipos según los sujetos

+ sujetos activos

11........................ Espontáneo

12........................ Sindical

+ sujetos pasivos

13 ........................ Empresa determinada

14......................... Actividad determinada

15 ........................ Programa gubernamental

e. Tipos según las figuras

16......................... Huelga

17......................... Manifestaciones efectivas

18......................... Manifestaciones simbólicas

19......................... Ocupación de establecimientos

f. Tipos según la finalidad

20........................ Conflicto de derechos

21........................ Conflicto de intereses

22........................ Conflicto político/social

23 ........................ Conflicto de solidaridad

g. Tipos según el alcance

24.......................... Conflicto local

25.......................... Conflicto regional

26.......................... Conflicto nacional

27........................ . Conflicto continental

28.......................... Conflicto mundial

h. Mecanismos de solución

29.........................Regulado por los sujetos en conflicto

30.........................Regulado por la Administración

i. Valor en juego

B. Descripción de los componentes del conflicto laboral

1. Causa del conflicto

4. La raíz del conflicto es la in/justicia estructural que los trabajadores buscan superar mediante la negociación y la participación en la toma de micro y macro decisiones. Si encuentran cerrados ambos caminos, la confrontación se les presenta como última posibilidad y como alternativa a la resignación conformista.

El conflicto minero en Rumania (enero 1999) es un claro ejemplo. La crisis hizo aflorar los graves problemas económicos del país que debe que pagar en junio de 1999 2.000 millones de dólares a sus acreedores internacionales sin que el Gobierno logre un plan de rescate con el Fondo Monetario Internacional que exige a Rumania reducir en un 30% las pérdidas de las empresas públicas. Por eso, el Primer Ministro Vasile ha ordenado el cierre o la venta de 49 de ellas y la clausura de varias explotaciones agrícolas públicas, condición previa para que el Banco Mundial autorice un préstamo de 500 millones de dólares. Ante el anunciado cierre de las minas del Jui, los mineros se movilizaron marchando hacia Bucarest para negociar con el Gobierno. Luego de 17 días de huelga y de caminar 4, en Cozia, a 200 kilómetros de la capital, Vasile anunció un acuerdo mediante el cual las minas no se cerrarán y las mejoras laborales quedan supeditadas a un plan negociado con el sindicato respecto de su rentabilidad . 4

2. Elemento material

5. La protesta consiste en la negativa de trabajo o en su prestación diferente, causando un daño al empleador. No se puede descuidar que la protesta de los trabajadores, en cualquiera de las figuras indicadas en el párrafo 10 (infra), causa un daño cierto al empleador. Los sujetos de la medida, sean protagonistas o actores secundarios imprescindibles, procuran generar el menor posible. Exigir que la medida consista sólo en la huelga, subterráneamente traba la protesta, porque difícilmente los trabajadores, en momentos críticos económicos, se lancen a aquélla si pueden lograr su objetivo con simples manifestaciones simbólicas o efectivas parciales. Si, al contrario, tales posibilidades se les cierran por entender que son anti/jurídicas, la situación injusta continuará.

3. Elemento formal

6. La protesta se manifiesta sectorialmente. Aunque un solo trabajador adhiera a la medida, el sector como tal se encuentra en situación conflictiva y no los trabajadores individual o pluri/individualmente.

4 Elemento eficiente

7. Surge de la decisión de los trabajadores, sin depender de una entidad que los represente o aglutine. Aquéllos son sujetos de la protesta.

5. Elemento final

8. Con las conductas de protesta, los trabajadores pretenden mejorar su situación en la empresa o en la sociedad civil. Ambos aspectos se encuentran dialécticamente unidos, dependiendo de las circunstancias del caso que uno u otro aparezca en primer plano.

6. Sujetos de la protesta

9. La misma es realizada por los trabajadores, quienes pueden ser apoyados o no por las asociaciones sindicales.La conducta descripta los constituye en auténtico sujeto de la medida.

En algunas circunstancias concretas las asociaciones sindicales deciden las medidas de fuerza, contando, obviamente, con el seguimiento de los trabajadores.

Se tienen, así, dos titulares de la medida: los trabajadores y las asociaciones sindicales. En ambas situaciones, los trabajadores son sujetos activos de la medida: en la primera se comportan como protagonistas del conflicto espontáneo, organizado y conducido por ellos mismos; en la segunda, actúan como actores secundarios pero imprescindibles en el conflicto sindical que, organizado y conducido por la asociación, se concreta en la conducta de los trabajadores.

Contrariando esta dualidad, ciertas asociaciones sindicales buscan potenciar su legitimidad como si fuese la única y a veces acuerdan con los empresarios que los conflictos liderados por los trabajadores sin su participación son valorados como anti/jurídicos. Interesan dos casos judiciales resueltos por la CNAT, Sala VI 5

7. Extensión de las medidas

10. La protesta de los trabajadores se concretiza en diversas conductas, denominadas en derecho argentino como medidas directas o medidas de fuerza.

Tales conductas son las siguientes:

. + Negativa de trabajo (huelga)

+ Manifestaciones efectivas:

- negar parcialmente el débito laboral (paro)

- acelerar el ritmo de producción

- disminuir el ritmo de producción (trabajo a reglamento)

+ Manifestaciones simbólicas

- trabajo con tristeza

- trabajo a desgano

+ Ocupación física del establecimiento, sin  ánimo de ejercer ningún derecho real

+ Daño causado.

8. Objetivos de las medidas

11. Los trabajadores buscan, conjunta o separadamente:

+ el cumplimiento de normas sectoriales o legales por parte del empleador o de los empleadores

+ mejorar la situación laboral

+ erradicar las injusticias sociales

+ expresar la solidaridad de clase.

8.1. Cumplimiento normativo

12. Se alcanza mediante el conflicto de derechos en el que los actores intentan vencer la resistencia del o de los empleadores in/cumplientes para satisfacer in/mediatamente las acreencias surgidas de normas legales o convencionales. Si bien pueden alcanzar el objetivo mediante de procesos judiciales o ejerciendo la exceptio non adimpleti contractus, la medida sectorial logra la meta en menor tiempo y con poco costo humano y económico.

8.2. Mejorar la situación laboral.

13. Es posible mediante el conflicto de intereses.

Es la figura más común, en cuanto los trabajadores ven agotado el camino de la negociación. Si no han podido satisfacer sus intereses ni tan siquiera parcialmente, después de haber estudiado el costo/beneficio de la confrontación, ésta se les presenta como última posibilidad.

8.3. Conflicto político social

14. Es el último medio a disposición de los trabajadores, ante el fracaso de la gestión política, la impunidad gubernamental o la superficialidad de la conducta de los gobernantes.En su estructura se relacionan equidad y orden constitucional, nivel de conciencia y fuerza de los trabajadores.

La Teoría Sistémica, en la misma medida que reconoce el derecho natural de resistencia ante los golpes de Estado, recepta la legitimidad de este conflicto. Dado que los trabajadores carecen del derecho concreto a vivir decentemente, por lo menos no han perdido el de morir con dignidad, aceptando la represión como destino si el sistema insiste en mantener las notas de exclusividad y exclusión.

Erradicar la in/justicia estructural es factible sólo cuando los trabajadores, organizadamente, expresan conciencia y compromiso.

Las condiciones de conciencia y compromiso de los trabajadores, dirigentes sindicales e intelectuales vinculados a las asociaciones suelen fluctuar de acuerdo a la coyuntura política porque se intensifican ante gobiernos conservadores exigiéndoles casi todo y disminuyen ante gobiernos sedicentes populares que aplican programas reaccionarios como si se les permitiera todo. La experiencia española bajo Felipe González lo señala. 6 Lo muestra la CGT argentina, combativa contra Raúl Alfonsín y complaciente con Carlos Menem, aunque el programa del primero, relacionado con el del segundo, debe calificarse como positivo. Ello hace presumir que ante un cambio de gobierno nacional en 1999 nuevamente endurecerá sus posiciones.

Importa el Caso 1777 (Argentina) resuelto por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. En el mismo se tramitó la queja contra el Gobierno de Argentina presentada por la Confederación Mundial del Trabajo, el Congreso de los Trabajadores Argentinos y la Unión Tranviarios Automotor, con motivo de que la huelga del 02.08.1994 resuelta por el Congreso de los Trabajadores Argentinos fuera declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo, aunque sin imponer sanción alguna, es paradigmático.. El Comité lo informó en la 264a. reunión del Consejo de Administración (noviembre 1995)

La defensa del Gobierno Argentino fue la siguiente:

29. Solución regulada por los sujetos en conflicto

36. Los convenios colectivos de trabajo pueden regular normas procedimentales para solucionar los conflictos laborales, en cuyo caso no funcionan los mecanismos gubernamentales (ley 14,786, art. 14).

. Los mecanismos de auto/composición son valiosos en la medida que los actores sociales ejercen su responsabilidad buscando soluciones en lugar de esperarlas del Estado. En la legislación argentina esa posibilidad siempre ha existido y desde su publicación (BO

09.01.1959) la ley 14.786 la reconoce expresamente.

30. Solución regulada por la Administración

37. La misma discurre mediante la conciliación y el arbitraje, voluntario u obligatorio. Si bien este último es posible en todos los conflictos (ley 20.638 art.1) sistémicamente sólo se justifica si es utilizado secuencialmente, ante el fracaso de los anteriores y teniedo en cuenta la dimensión negativa que haya tomado el conflicto.

31. Derecho humano a un orden social justo

38. El respeto y la promoción de los derechos humanos integran el conjunto valorativo de toda sociedad y condicionan su éxito ya que la in/satisfacción causada por el atropello o el menos/precio de los mismos alimenta el des/ánimo y la rebeldía.

39. Si el conflicto dura demasiado tiempo o se manifiesta con gran intensidad, puede incidir negativamente en la sociedad civil y en el mercado afectando intereses de terceros. La experiencia indica que, además de las normas sobre los servicios esenciales, conviene que la sociedad civil organice servicios de mediación para que los sujetos involucrados logren prontas soluciones. No se puede olvidar que el conflicto esconde o manifiesta la búsqueda de justicia, por lo que importa una solución rápida pero justa.

Notas

1 Doctrina judicial

Amparo

"...1.La reforma constitucional de 1994 legitima a las entidades sectoriales debidamente registradas a defender por amparo los derechos de incidencia colectiva (art. 43). 2. El demandado descuida que antes de suscribir el "Acuerdo Marco para el empleo, la productividad y la equidad social" suscripto el 25.07.94 entre representantes gubernamentales y sectoriales, ha aceptado que la Confederación General del Trabajo haya actuado sin poder alguno de los trabajadores argentinos ni tan siquiera decisión de Congreso Ordinario o Extraordinario al respecto. Dado que el decreto 770/76 (B.O. 16.07.96) se apoya en dicho Acuerdo Marco, por mera lógica formal cabe aceptar la legitimidad de los sindicatos actores para cuestionarlo ya que, sin poder alguno, se los aceptó como interlocutores para el mencionado Acuerdo.3. Quien ha aceptado que las entidades sindicales, en el caso la CGT, haya firmado el Acuerdo sin poder alguno de los trabajadores afectados por esa norma, no puede ahora cuestionar lo que en su momento ha silenciado porque el  árbol actual (el cuestionamiento sin poder expreso de los cientos de miles de trabajadores afectados) es el resultado de la raíz de entonces (la suscripción del Acuerdo sin poder expreso de los cientos de miles de trabajadores afectados). Como lo sabe cualquier jardinero, quien acepta la raíz acepta el  rbol futuro. De ahí que no sea serio cuestionar, ahora, a los sindicatos actores por no haber presentado poder de sus afiliados o de los trabajadores por ellos representados. Afirmar la necesidad de que cada uno de los trabajadores representados sindicalmente otorgase poder a los actores para accionar en su nombre no responde a la realidad, ya que la ley 23.551 no establece ese requisito para que las asociaciones sindicales gestionen el interés sectorial 4. La realidad rechaza la línea argumental del demandado porque todo interesado puede ratificar lo actuado por el gestor de negocios, compareciendo personalmente o actuando en consecuencia. En esa directriz, la huelga general del 8 de agosto de 1996 demostró que los trabajadores argentinos han rechazado en sus conductas los decretos cuestionados, por lo que sistémicamente, han avalado la actividad procesal. 5. Como se sabe, el derecho laboral ha surgido del conflicto y lo expresa: la Ley de las XII Tablas no fue una "iluminación" de los patricios romanos sino el modo cómo negociaron la solución de la primera huelga general de Occidente ya que la salida de los plebeyos de Roma y el campamento instalado en el Monte Aventino no fue un paseo campestre pintado al mejor estilo impresionista sino una manifestación de fuerza colectiva. La libertad de Juan Domingo Perón en 1945 no fue una concesión graciosa del poder político sino la única manera cómo la aristocracia lograra que los trabajadores en la calle volvieran a trabajar. De ahí que la huelga del 08.081996, cuya contundencia fuera reconocida por el señor Ministro de Trabajo, ha avalado la gestión de los sindicatos para impedir procesalmente que los recortes de sus ingresos se concreten.." (voto de Capón Filas. Fernández Madrid, por sus fundamentos, adhirió a la solución)

CNAT, Sala VI, "Unión Tranviarios Automotor c/Gobierno Nacional",15.08.1996

2. La teoría sistémica del Derecho (D) lo ve como un conjunto compuesto de dos entradas y dos salidas. Las entradas se componen de realidad (r) y valores (v), las salidas se expresan en las normas (n) y en la conducta transformadora (t).

Puede formularse: D = (r + v) + (n + t).

3 Datos de huelgas

Datos de huelgas

Alemania

1. Movilización (1996)

El 15.06.1996 350.000 trabajadores desfilaron en Bonn protestando contra el plan de ajuste del Canciller Kohl. Afirma Dieter Schulte, Secretario General de la Federación Alemana de Sindicatos: "no menosprecien nuestra fuerza y nuestra determinación. Si quieren el conflicto, lo tendrán".

El plan de ajuste reduce los ingresos por enfermedad del 100% al 80%, extiende la posibilidad de despido sin causa a las empresas de menos de 10 trabajadores y eleva la edad jubilatoria a 65 y 60 años en varones y mujeres respectivamente.

2. Exigencias del Sindicato Metal-Mecánico (1999)

El I G Metall exige un aumento salarial del 6,50% antes de final de febrero, bajo amenaza de huelgas masivas.

Fuente: IG Metall stellt Arbeitgebern Ultimatum, “ Die Welt”, 26.01.1999

Argentina

1. Situación general

Ha sido descripta por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS) en el Informe sobre violación de los derechos sindicales (1998): “El Presidente Menem no logró concretar la planeada reforma radical de la legislación laboral en 1997. Los sindicatos indicaron que el objetivo del paquete propuesto de flexibilidad, que hubiera terminado con muchos derechos sindicales y laborales, era posibilitar la contratación y despido baratos de los trabajadores/as.A fines de 1996 el Presidente había promulgado por decreto secciones del paquete, después que el Congreso aplazara su discusión debido a una extensa oposición.Las reformas laborales formaban parte de una "segunda reforma del Estado" presentada tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La CGT, la central sindical nacional y otros sectores del movimiento sindical, se habían opuesto a las reformas aduciendo que las políticas de austeridad y de reestructuración del Gobierno habían conducido a la recesión, la inseguridad en el empleo y a un desempleo sin precedentes.El paquete de flexibilidad dejó sin efecto todos los acuerdos de salario colectivos e implementó contratos a nivel de empresa que permitían que los empleadores alteraran los términos contractuales; daba a los empleadores el derecho de incrementar las jornadas de trabajo y de cambiar los períodos de vacaciones. Asimismo eliminaba las leyes vigentes sobre indemnización por despido y facilitaba la contratación y el despido de los trabajadores/as, así como la desregulación de las obras sociales gestionadas por los sindicatos Un tribunal declaró la inconstitucionalidad de los decretos el 2 de enero de 1997. El Gobierno interpuso una apelación y dijo que los decretos permanecerían en vigor hasta que un tribunal superior dilucidara el tema. El Presidente Menem amenazó con promulgar por decreto otras secciones del paquete de flexibilidad. Incluso algunos empleadores, a pesar de apoyar enérgicamente las medidas de flexibilidad, expresaron sus reservas respecto al modo en que el Gobierno había tratado de evitar el Congreso. Algunos días más tarde, un segundo tribunal se pronunció en contra de los decretos ordenando al Gobierno que no los aplicara hasta que no se hubiera finalizado el primer juicio.El Gobierno respondió que acataría el pronunciamiento del segundo tribunal y restableció el diálogo con la CGT, que se había interrumpido en 1996. El Gobierno propuso la negociación de un "pacto social" con los sindicatos y empleadores aunque dijo que no negociaría los pilares principales de su política económica o los elementos claves de la reforma. En mayo, la CGT y el Gobierno alcanzaron un acuerdo sobre los planes de flexibilidad y la CGT canceló una huelga general. El acuerdo incluía exigencias sindicales claves, como por ejemplo, que se protegería la negociación colectiva; el Gobierno cerraría la puerta a los contratos temporales de empleo y se tomarían medidas para evitar que las empresas privadas compitieran con las obras sociales. Los empleadores rechazaron el acuerdo y nuevamente el Presidente Menem trató de introducir las reformas por decreto. En julio, Menem trató una vez más de lanzar las reformas laborales tratando de reunir a sindicatos y empleadores. Los empleadores se negaron a participar en negociaciones que debilitarían las reformas. Asimismo, el Presidente amenazó con presentar un proyecto de ley al Congreso y que si no era aprobado, recurriría al decreto. Unos días más tarde presentó el proyecto de ley al que se opusieron los empleadores porque algunos aspectos del mismo reflejaban el acuerdo del gobierno con los sindicatos. Algunos sectores del movimiento sindical organizaron inmediatamente una manifestación de protesta en contra del proyecto de ley y anunciaron una huelga general para el 8 de agosto En el período anterior a las elecciones legislativas de octubre el Presidente Menem abandonó, hasta después de las elecciones, las reformas laborales. El triunfo de la oposición en las elecciones fue otro revés para sus planes aunque a comienzos de diciembre, Menem le escribió al FMI comprometiendo a la Argentina a varias metas económicas, entre las que figuraba la aprobación -a mediados de 1998- de la reforma de la legislación laboral. El Presidente ha utilizado los poderes presidenciales de emergencia para imponer la mayoría de las reformas económicas implementadas en los últimos siete años. La flexibilidad laboral y las medidas de desregulación ya incluyen muchos ataques legislativos a los derechos sindicales. Decretos sucesivos han socavado la negociación colectiva y el establecimiento de extensas listas de servicios esenciales en donde las huelgas están prohibidas han minado el derecho de huelga. Los decretos relacionados con las empresas públicas promulgados en 1990 fijaban un salario mínimo y permitían que las autoridades cancelaran cualquier cláusula en los convenios colectivos que, en su opinión, perjudicara la productividad y la eficiencia. Un decreto de 1991 condicionó las negociaciones salariales a los incrementos en la productividad. Un decreto de 1992 suspendió en los convenios colectivos y en la legislación las cláusulas que establecían condiciones de empleo perjudiciales a la productividad en los puertos y en la marina mercante. Esto fue enmendado por un decreto posterior de 1992 que suspendió los convenios colectivos en el transporte marítimo, fluvial y lacustre y en los puertos. En virtud de la legislación laboral algunos convenios colectivos concluidos a nivel de empresa deben ser aprobados por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio debe examinar si el acuerdo infringe el orden público así como los criterios de productividad, inversión, introducción de tecnología, formación profesional y otras disposiciones legales. La ley además estipula condiciones excesivas para otorgar personería jurídica a los sindicatos y establece que un sindicato de empresa sólo puede recibir personería jurídica si no hay otro sindicato que opere dentro de la zona geográfica o área de actividad. Sólo las asociaciones que tienen personería jurídica gozan de protección sindical y pueden defender los intereses individuales y colectivos de la clase trabajadora. Los intentos del Gobierno de forzar sus reformas en los estatutos tuvieron lugar en un creciente telón de fondo de violencia y de ataques a los derechos sindicales A fines de marzo, los trabajadores de la Editorial Atlántida fueron despedidos pese a la expansión de la empresa y sus numerosas publicaciones. La empresa quería deshacerse de los representantes sindicales y poner fin a los convenios colectivos.El alto desempleo causó protestas sociales violentas en abril y mayo que se extendieron a muchas partes del país, inclusive a Buenos Aires. Se perdieron miles de puestos de trabajo en el sector público. Los recortes en la seguridad social habían afectado a las familias de dos millones y medio de trabajadores/as más pobres y se gravaron los tickets canasta pagados a algunos trabajadores/as como parte de sus salarios. El 12 de abril Teresa Rodríguez, que participó en una manifestación organizada por CTERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación, murió cuando la policía atacó a los docentes, padres y alumnos en las provincias de Neuquén y de Jujuy que protestaban contra una política de educación discriminatoria y divisiva y solicitaban negociaciones serias con el gobierno. Otros varios manifestantes resultaron lesionados y arrestados. La CGT convocó una huelga de una hora el 17 de abril en protesta contra la violencia y los ataques a los derechos laborales, el alto desempleo y el ajuste estructural.El 15 de mayo a la madrugada se descubrió una bomba en las oficinas de CTA, la central sindical nacional en Cutral-Co, Neuquén, que aloja también a la Comisión de Derechos Humanos de Cutral-Co. Se cree que la bomba estaba destinada a la Comisión de Derechos Humanos que había estado estrechamente involucrada en la investigación de la muerte de Teresa Rodríguez. En mayo, el Gobierno dio personería jurídica a la central sindical nacional CTA, más de tres años después que el sindicato había presentado su solicitud. Entre el 20 y el 23 de mayo, en Jujuy, ochenta personas necesitaron tratamiento hospitalario a causa de que la policía había atacado a los trabajadores/as que protestaban en contra de la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en el ingenio azucarero local utilizando gas lacrimógeno y balas de caucho. Entre los heridos había varios niños. A fines de mayo, la policía atacó con granadas de gas lacrimógeno y balas de caucho a miembros del sindicatos local de trabajadores de la energía en la provincia de Mendoza, que protestaban contra la privatización de la usina provincial. Muchos resultaron heridos y más de treinta personas fueron arrestadas. Se desató más violencia durante el mismo período en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cuando la policía intentó desalojar las calles de vendedores ambulantes. Tras varios meses de atraso en 1997 se anunció para febrero de 1998 el juicio de Oscar Martínez, Secretario General del sindicato metalúrgico UOM en Río Grande. Oscar Martínez está acusado de incitar disturbios y si es condenado puede recibir dos años y medio de cárcel. Las acusaciones se relacionan con protestas en abril de 1995 en rechazo al cierre y reubicación de la fábrica La Continental Fueguina en Usuahia en Tierra del Fuego. Tres mil trabajadores metalúrgicos habían ocupado la fábrica en protesta contra el cierre y la falta de pagos de indemnización. El 12 de abril cuando los trabajadores/as habían decidido abandonar pacíficamente la fábrica, la policía y el ejército los atacaron matando a un trabajador, Víctor Choque Cuando los trabajadores y sus familias salieron a protestar frente a la residencia del gobernador provincial, catorce personas más resultaron lesionadas por la policía y otras fueron detenidas. Asimismo la policía atacó a una multitud que protestaba frente a los cuarteles de la policía, hiriendo a más de ochenta personas.En 1996, Martínez y otros tres dirigentes de la UOM recibieron penas de cárcel en suspenso y fueron sentenciados a hacer trabajo comunitario también en relación al mismo evento”

2 Esquema de los conflictos, desde el inicio de la convertibilidad

Cuadro. Conflictos laborales.

Año Número

1991 681

1992 697

1993 883

1994 1.039

1995 1.370

Causa de los conflictos

Materia Porcentual

atrasos salariales 65,40%

despidos 7,60%

defensa de la fuente de trabajo 6,90%

cesantías en el sector público 20,10%

Fuente: Informe 1995, "Clarín", 07.01.1995, pág. 15.

3. Huelga general del 08.08.1996

Presionó para que se dejaran sin efecto los decretos modificando perjuicialmente el régimen de asignaciones familiares.

4. Huelga general del 26.12.1996

Presionó en contra de los decretos flexibilizadores dictados en diciembre 1996.

Bélgica

Renault (privatizada pero con el 48% de las acciones en poder del Estado francés) cerró su planta de Vilvorde (Bélgica) en marzo 1997, provocando paros parciales en todas las plantas de la empresa y una movilización en París a la que acudieron sindicatos

de toda Europa. Las pancartas alertaban respecto del peligro de que "la Europa de las multinacionales domine la Europa social".

Dado que el cierre y despido colectivo se efectuó sin consulta previa ni presentación de plan social alguno, definidos en la Directiva sobre despidos colectivos, el Comisario Europeo de Asuntos Sociales, Pdraiig Flyn, afirmó que la decisión "pisotea el derecho de los trabajadores y sabotea la construcción de Europa". Por su parte, eurodiputados acusaron a la empresa de "terrorismo capitalista a sangre fría" y Jacques Santer, presidente de la Comisión Europea manifestó que la decisión "contraría la construcción europea, que no es un mercado a secas sino un mercado basado en la solidaridad y la cohesión social".

Fuente: Febrro, Eduardo, Overoles contra multinacionales, en "Página 12", 16.03.1997, pág. 24.

Bolivia

Un centenar de trabajadores despedidos del estatal Servicio Nacional de Caminos se declaró el 19 de enero de 1990 en huelga de hambre en protesta por la política de despidos del gobierno boliviano.Los ex trabajadores resisten un plan gubernamental de reducción de personal que afectó a unos 3.500 empleados camineros y que, según fuentes sindicales, amenaza a por los menos 30.000 empleados del Estado boliviano. Los huelguistas, apostados en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Fabriles, esperan además ser recibidos en audiencia por el Presidente de Bolivia, Hugo Banzer, para exponerle sus razones. El Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Pacheco, convocó a una reunión de urgencia con la dirigencia sindical, mientras su colega de Trabajo, Leopoldo López, consideró inaceptable la propuesta de los ex funcionarios de que el monto de sus indemnizaciones sea incrementado a través de un "bono extralegal".

Las prefecturas (gobernaciones) enviaron la notificación de despido a raíz de la transferencia del servicio de mantenimiento de caminos al sector privado.

Fuente: “Diario El Popular”, Toronto, 20.01.1998

Brasil

La huelga petrolera de marzo 1995 fue considerada abusiva por el Tribunal Superior del Trabajo de Brasilia. El 09.05.95 en la causa "Federación Unica dos Petroleiros y otros s/ dissidio colectivo" condena a cada uno de los 21 sindicatos huelguistas a satisfacer una indemnización a Petróleos de Brasil (PETROBRAS), empresa estatal sujeta a privatización, de dos millones cien mil Reales (R$ 2.100.000) (R$1 = USA 1,10) y traba embargo por esa suma en las cotizaciones sindicales de los trabajadores, a retener por la empresa, por un total de U$A 48.510.000 (R$ 2.100.000 x 21 = R$ 44.100.000 = U$A 48.510.000).

Respecto del proyecto de ley 195/95 mediante el que se amnistía dicha multa, Bernardette Laú Kurtz propicia que el Instituto de Abogados Brasileros se oponga al mismo en cuanto la sentencia es in/constitucional y la amnistía supone que la conducta de los sindicatos ha sido i/legítima.

Canadá

1. Huelga de enfermeras

El rechazo de las enfermeras sindicalizadas a trabajar tiempo extra podría ser considerado ilegal por el consejo de servicios esenciales de Quebec porque este podría situar el acceso a los servicios de la salud en peligro.

La Federación de Quebec de las enfermeras anunció la semana pasada que sus 47.500 miembros podrían cesar de trabajar tiempo extra, como táctica de presión para forzar a los empleadores a contratar más enfermeras.

'El concepto del trabajo extra es entendido que este debe ser usado en situaciones excepcionales. Pero administrar basado en el trabajo extra no es la forma propia de administrar los servicios de la salud," dijo Boisclair, secretaria general del sindicato de enfermeras."Ellos tendrán que probar que el trabajo extra es necesario."

Los empleadores admitieron que ellos están cortos de personal, pero que no están en condiciones financieras de contratar más personal.

El Hospital de Quebec hizo un llamado a finalizar con las acciones del sindicato. Este dijo que los hospitales todavía están sufriendo la escasez de 4.000 enfermeras que fueron puestas en el desempleo el año pasado a través de un programa popular llamado retiro temprano.

Fuente : “Diario El Popular”, Toronto, 24.06.98

2. Huelga en Air Canada

En septiembre de 1998 se solucionó en sesiones maratónicas el impasse entre los 2.100 pilotos de Air Canadá y la empresa, que mueve un promedio diario de 60 mil pasajeros con ingresos estimados en 13 millones de dólares, que pierden cada día de huelga. "Nosotros estamos por encontrar una luz al final del tunel", dijo Jean-Marc Belanger, jefe del grupo de pilotos de Air Canadá. Ante preguntas sobre una posible puesta de acuerdo y finalizar la huelga, la respuesta de Belanger fue: "Es probable, yo estoy seguro que lo lograremos". Los negociadores por parte de los pilotos han expresado un optimismo reservado para la solución pronta del diferendo con la empresa. Belange dijo que el asunto referente a los salarios de los pilotos está avanzando, pero además hay otras condiciones por abordar, entre ellas, seguridad, en los aviones y en sus trabajos, con el objeto de evitar posibles represalias futuras. Hay expectación por la pronta solución al paro laboral, percibiéndose el ambiente de una solución primera para vuelos domésticos y otras para los vuelos internacionales para poner en marcha la empresa, que pierde un aproximado de 13 millones diarios.

Fuente: “Diario El Popular”, Toronto, 13.09.1998

3. Huelga de maestros

En septiembre de 1998 surgió la huelga de los maestros de secundaria y los maestros de inglés de los centros de estudios católicos. Quedó solucionada luego de que algunas encuestas y la opinión pública daban un drámatico giro en favor de las demandas magisteriales y se palpaba un ambiente similar entre los miembros del Parlamento para atender los justos reclamos del magisterio.

Fuente: “Diario El Popular”, Toronto, 13.09.1998

4. Huelga de trabajadores federales

En enero 1999 los trabajadores federales en huelga bloquearon el tránsito en el aeropuerto internacional de Halifax, provocando un gigantesco atascamiento de por lo menos dos kilómetros Otros trabajadores continuaron bloqueando con sus piquetes la ciudad naval Dockyard. El sindicato sostienece que sus miembros en el Atlántico de Canadá ganan por lo menos $4 por hora, en relación a servicios similares en el otro lado del país. Dijo que no tuvo otra alternativa, después de 20 meses de infructuosas negociaciones sobre la paridad de pago.Varios cientos de piquetes bloquean la principal base naval Dockyard en Halifax, mientras otros lo hacen en St. John, Newfoundland. Los miembros del Sindicato participan en los paros rotativos en Montreal y Victoria. El sindicato dice que los paros afectarán otras ciudades durante el mes de enero.Entre los 14.000 miembros del sindicato hay bomberos de las bases militares, trabajadores de hospitales federales, penitenciarías y parques nacionales.

Fuente : “Diario El Popular”, Toronto, 20.01.1999

Corea del Sur

Durante enero 1997 las centrales sindicales coreanas activaron huelgas exigiendo que se deroguen las leyes flexibilizadoras sancionadas el 26.12.96 que permiten despedir sin indemnización y extender la semana laboral a 56 horas. Las huelgas masivas han paralizado totalmente las plantas automotrices.

Ecuador

1. Conflicto contra Bucaram

Ante el anuncio de un plan económico preparado por Domingo Cavallo, la población ecuatoriana, sobre todo los indígenas y los trabajadores se lanzaron a la calle exigiendo la renuncia del presidente Abdal  Bucaram. La huelga general del 5 y 6 de febrero de 1997 fue contundente, ante lo cual el Congreso Nacional destituyó al primer mandatario por "incapacidad mental" designando en su lugar a Fabián Alarcón, presidente del cuerpo, ordenándole no aplicar el plan de convertibilidad que, de acuerdo a la vicepresidente Rosalía Arteaga "genera pobreza, desempleo, ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres".

Fuente: “¡Que se vaya!, Crónica del bucaramato”, “Hoy”, Quito, 1997

2. Huelga general de febrero 1999

Una jornada nacional de protestas contra las medidas económicas del gobierno derivó el viernes 5 de febrero 1999 en disturbios en esta capital y otras ciudades, registrándose al menos cinco heridos, entre ellos un policía, según un informe policial.

El Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, permaneció con refuerzo policial durante todo el día. Las estaciones de gasolina y centrales eléctricas en esta capital y otras ciudades, fueron custodiadas por militares.

Grupos de manifestantes fueron dispersados con bombas lacrimógenas lanzadas por la policía en Quito; en el puerto de Guayaquil, y en las sureñas ciudades de Cuenca y Loja.

El Frente Popular, que agrupa a las principales centrales obreras, estudiantiles e indígenas, convocó a esta jornada de protestas con marchas y concentraciones para manifestar el rechazo a la política económica del presidente Jamil Mahuad, que asumió el poder hace menos de seis meses.

El efecto más notorio fue la ausencia casi total de vehículos de transporte público. Los choferes de autobuses decidieron abstenerse de circular por temor a ser atacados por los manifestantes.

La ministra de Gobierno, Ana Lucía Armijos, informó que ``no hubo un respaldo masivo de la ciudadanía''.

Sin embargo, las agencias de noticias EFE y AFP dijeron que algunos economistas y analistas financieros calculaban que cada día de paralización le cuesta a Ecuador $27 millones.

Luis Villacís, presidente del Frente Popular, afirmó que la protesta ``fue un éxito''.

También anunció que el próximo 20 de febrero el Frente Popular decidirá si efectúa o no una huelga nacional.

Esta fue la segunda jornada de protesta contra Mahuad en cinco meses. El primero de octubre enfrentó un paro nacional cuando retiró los subsidios a las tarifas de los combustibles y a la electricidad, que registraron alzas de hasta un 400 por ciento.

El mes pasado anunció una congelación de los salarios de los empleados públicos y puso en vigor un impuesto del uno por ciento a las transacciones bancarias.

Mahuad afirma que las medidas buscan hacer frente a una crisis económica heredada de los gobiernos anteriores, calificándola como ``la peor en 70 años'', reflejada en una inflación con una tasa anual del 43.4 por ciento, la más alta de América Latina, y un déficit fiscal de $1,500 millones.

Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 06.02.1999

España

1. Transportistas (1997)

El 5 de febrero comienza la huelga de los transportistas en protesta por el aumento del gasoil. El 80% de los transportistas españoles son propietarios de sus vehículos y se quejan porque rigen licencias que hacen bajar las tarifas. Pretenden que la jubilación se rebaje a los 60 y no a los 65 años como actualmente.El Ministro de Desarrollo accedió a estudiar una rebaja del combustible a condición de que los camioneros se agrupen en cooperativas porque "el sector está muy fragmentado".

Fuente: Un paro de camioneros paraliza España, "Clarín", 15.02.1997, pág.30.

2. Huelga ferroviaria (1998 – 1999)

En enero de 1999, los mineros del valle del Jiu, en huelga, emprendieron la marcha hacia Bucarest, después de que el Gobierno rechazase sus principales exigencias: un aumento salarial del 35% y la revisión de la orden de cierre de los pozos improductivos. Las autoridades rumanas han expresado su decisión de impedir a toda costa la llegada a la capital de los mineros.

Cerca de 10.000 mineros rumanos del valle del Jiu, a quienes se han sumado miles de trabajadores de otras cuencas mineras contiguas, marchan hacia la capital. Los líderes sindicales manifestaron que están dispuestos a dialogar con el Gobierno de centroderecha de Radu Vasile, pero únicamente si el primer ministro participa personalmente en las negociaciones.. Los prefectos de los departamentos de Valcea y Dolj, situados en la ruta de los mineros, declararon que darán órdenes a la policía de que intervenga para impedir las alteraciones del orden público. El prefecto de Valcea, Nicolae Curcaneanu, declaró a la emisora de televisión privada ProTV que está decidido a detener a los mineros en su avance y no permitir que entre en su departamento esa columna "ilegal".

Tropas del Ministerio del Interior han comenzado a instalar barreras en la carretera, unos 20 kilómetros antes de la ciudad de Horezu. La Administración de la Sociedad Nacional de la Hulla de Tirgu Jiu se negó a poner sus autobuses a disposición de grupos de mineros de la cuenca de Oltenia que deseaban unirse a sus compañeros y la policía les impidió apoderarse por la fuerza de los vehículos. "El Gobierno quiere instaurar la dictadura, pero todos tenemos el derecho a la libertad", dijo el líder de los mineros, Miron Cozma, de 44 años, antes de salir hacia Bucarest, donde ya sembró el pánico en dos ocasiones anteriores -1990 y 1991- al frente de sus hombres. Otro dirigente sindical, Romeo Beja, declaró que los mineros quieren pedir el diálogo y no la dimisión del Gobierno, como exigían anoche los manifestantes. El vicepresidente del sindicato, Dumitru Lois, dijo: "Estamos a favor de las negociaciones con la condición de que el primer ministro Vasile forme parte de la Comisión gubernamental. En caso contrario retomaremos nuestro camino hacia Bucarest".

Los mineros prosiguen su marcha hacia la capital, Bucarest, en medio de violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, que según las primeras informaciones se han saldado con un centenar de heridos. El Gobierno ordenó un impresionante despliegue policial y entiende que estos sucesos violentos se han desatado por la debilidad policial, por lo que ha forzado la dimisión del ministro de Interior, Gavril Dejeu.

Varios miles de mineros con piedras y palos, a los que se sumaron habitantes de la región, se lanzaron contra las barreras policiales a la salida de la ciudad de Horezu. La policía trató sin éxito de rechazarlos, con porras de goma y lanzando decenas de granadas lacrimógenas.

Incapaces de frenar a los mineros, las fuerzas del orden se retiraron dejando atrás decenas de camiones militares, escudos y máscaras de gas. Según fuentes médicas un centenar de personas -en su mayoría policías- resultaron heridas en los enfrentamientos. Por lo menos 67, tres de ellas en estado grave, fueron hospitalizadas en Rimnicu Vilcea y otras 23 en Horezu. Asimismo los mineros tomaron como rehén al gobernador del departamento de Vilcea, Nicolae Curcaneanu, y varios miembros de las fuerzas del orden, según el canal de televisión privado Pro-TV. Uno de los oficiales, el único armado, fue desarmado y golpeado violentamente por los manifestantes, según los periodistas. Los mineros, tras eludir las fuerzas del orden, despejaron la carretera para proseguir su marcha, en camiones y automóviles. El carismático líder de los mineros Miron Cozma, presente en el lugar, fue aclamado y llevado a hombros por los huelguistas. "Los manifestantes están muy bien organizados, atacan según criterios militares precisos", dijo en Bucarest el portavoz del Gobierno, Razvan Popescu. "Asistimos a una escalada de violencia y de brutalidad, lo que atenta contra la autoridad del Estado", declaró el presidente Consantinescu, al iniciar consultas con los principales responsables políticos, convocados poco antes del comienzo del Consejo de Defensa, organismo que incluye al priemr ministro Radu Vasile, el ministro de Defensa Victor Babiuc y los jefes de los servicos de inteligencia.

Los mineros rompieron las barreras policiales en las colinas de Costesti, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital del país, tras una batalla campal que se prolongó durante más de una hora y se saldó con un centenar de heridos. Los agentes, provistos de rudimentarios escudos, azuzaron a sus perros contra los trabajadores y lograron rechazarles en cinco ocasiones. Pero los mineros, que ya sembraron el terror en Bucarest en 1990 y 1991, se abrieron paso con piedras y palos entre las asfixiantes nubes de gases lacrimógenos. Al final, lograron llegar hasta la vecina localidad de Ramnicu Valcea, tras haber tomado como rehenes a varios agentes y al gobernador de la provincia, Nicolae Curcaneanu. Los trabajadores exigen un incremento salarial del 35% y la congelación de los planes del Gobierno para cerrar los pozos que no sean rentables.

El ministro del Interior, Gavril Dejeu, presentó inmediatamente su dimisión, mientras el presidente de Rumania, el centrista Emil Constantinescu, advertía de que la marcha de los mineros hacia la capital amenazaba la frágil estabilidad democrática del país. Por su parte el primer ministro, Radu Vasile anunció que viajaría hasta Ramnicu Valcea para negociar con los mineros.

Horas antes, el alcalde de Bucarest, Viorel Lis, alertó a los ciudadanos a que se prepararan para lo peor. Al menos siete personas murieron en septiembre de 1991 y decenas de edificios oficiales fueron saqueados en la segunda marcha de los mineros hasta la capital, que se cobró la dimisión del entonces primer ministro, Petre Roman.

Millares de policías habían levantado barricadas y barreras defensivas en un desfiladero entre las colinas de Costesti desde la tarde del miércoles, a la espera de que el líder de los mineros, el ultraderechista Miron Cozma, que ya dirigió las anteriores marchas contra Bucarest, estudiase la oferta del Gobierno para entablar negociaciones.

Pero los mineros, que salieron el lunes desde la zona minera del valle del Jiu, en el centro de Rumania, se lanzaron a primera hora de la tarde de ayer contra las líneas de la policía ayudados por centenares de campesinos de la región de Horezu. La batalla campal de las colinas de Costesti se saldó con un centenar de heridos, policías en su gran mayoría, según informaron fuentes hospitalarias. Al menos 67 heridos quedaron ingresados en el cercano hospital de Horezu y otros 28 en el hospital de Rimnicu Valea. Entre ellos había tres personas que presentaban heridas muy graves. Las heridas por pedradas o bastonazos y los síntomas de asfixia por inhalación de gases lacrimógenos eran los diagnósticos más habituales. "¡Ahora, a Bucarest!", gritó Miron Cozma desde lo alto de un vehículo policial destruido en medio de lo que fue una barricada policial, mientras miles de mineros coreaban su nombre antes de reagruparse en un heterogéneo convoy de coches, camiones y autobuses, al que sumaron desde ayer algunos vehículos policiales.

Fuente El País, 21.01,1999

El presidente Constantinescu dijo que la marcha de los mineros "ya no era una protesta laboral, sino un ataque contra las fuerzas de seguridad y la autoridad del Estado". "El Gobierno debe negociar", aseguró el presidente, "pero las reformas no pueden ser negociadas bajo la presión de la fuerza, ya que se demostraría que Rumania no tiene una democracia estable". En su avance hacia Bucarest, los mineros han desbordado ya varias barreras policiales. El martes rompieron las líneas de los servicios de seguridad en Tirgu- Jiu, a unos 250 kilómetros al oeste de la capital rumana, y fueron autorizados por el Gobierno a reagruparse en esa ciudad. El Ejército rumano advirtió entonces de que iba a intervenir si las fuerzas de seguridad eran incapaces de controlar la situación.

El Parlamento rumano ha sido convocado hoy en sesión extraordinaria para analizar la crisis desencadenada por los mineros, aunque otras fuentes del Legislativo aseguraron que la sesión podría aplazarse hasta el próximo lunes.

El alcalde de Bucarest, por su parte, lanzó un llamamiento a la calma entre la población ante la llegada de los mineros, que sobreviven con unas 30.000 pesetas de sueldo mensual en uno de los países más pobres del antiguo bloque del Este de Europa. El Gobierno de Bucarest tiene previsto cerrar un total de 140 minas en todo el país, entre ellas, dos en el valle hullero del Jiu.

Fuente: El País,Madrid, 22.01.1999

Los mineros rumanos que amenazaban con tomar Bucarest querían hablar con el primer ministro, Radu Vasile. Y lo hicieron. Después de tres horas de discusión en la localidad de Cozia, a 200 kilómetros de la capital, Vasile anunció que se había llegado a un acuerdo, que las minas del valle de Jiu no se cerrarán y que habrá mejoras laborales. Los mineros, perplejos por el repentino acuerdo, volvieron a casa, pero la crisis de los últimos cuatro días ha dejado huella en Rumania. Cuatro días de una amenazante marcha hacia Bucarest, 17 días de huelga, 10.000 mineros recorriendo la distancia entre el valle de Jiu y la capital rumana, duros enfrentamientos con la policía y daños calculados por el Gobierno en 100 millones de dólares (14.200 mllones de pesetas). El relato de la nueva crisis minera rumana

podría quedar en este punto, o puede ser el síntoma de una enfermedad mucho más grave.

El presidente de Rumania, Emil Constantinescu, tenía previsto decretar el estado de excepción por lo que consideraba "una rebelión política". No fue necesaria esa medida drástica, ya que Vasile arrancó un acuerdo con el carismático líder sindical de los mineros,

Mirón Cozma. Las minas del valle de Jiu no cerrarán, tal y como había anunciado previamente el Gobierno, y las reivindicaciones salariales -los mineros exigían un aumento del 35%- no se tratarán hasta que los sindicatos presenten un plan de rentabilidad para las

minas.

La Iglesia ortodoxa ha jugado un papel fundamental en la consecución del acuerdo. El regreso de los mineros a casa evita posibles enfrentamientos violentos en las calles de Bucarest entre los trabajadores y las miles de personas que ayer se concentraban en la plaza de la Universidad para mostrar su apoyo a la democracia.

En Bucarest no se tiene una imagen romántica de los mine ros. Menos aún de lo que se conoce como mineriadas , las marchas mineras sobre la capital. Los sucesos de 1990 -cuando los mineros hicieron de escuadrones de choque del presidente Iliescu contra los estudiantes- y la marcha de 1991, la que provocó la caída del primer ministro Petre Roman, dejaron tal marca que, incluso, existe la Asociación de Víctimas de las Mineriadas. Los gitanos de los suburbios de la capital se armaron con palos, sables y cuchillos. No olvidan las agresiones brutales que sufrieron en 1990. Varios grupos pidieron el arresto del líder

sindical de los mineros, el temido Mirón Cozma. La preparación para la llegada de esa marcha que ya no llegará incluía la retirada de los coches de las calles para evitar su quema, la concentración de unos 3.500 policías y la movilización de carros de combate del

Ejército. Esta vez no pasará nada, pero la crisis económica es demasiado incisiva y las formaciones nacionalistas y poscomunistas, como el Partido Rumania Grande, del que Cozma es miembro activo, son fuertes.. Los ciudadanos leían unos panfletos distribuidos masivamente con el mensaje: "Sois rumanos, no luchéis contra los obreros, vuestros

hermanos, víctimas de la política antinacional".

Fuente:El Gobierno rumano llega a un acuerdo con los mineros que marchaban

a Bucarest El País, Madrid, 23.01.1999

Uruguay

El PIT-CNT ha realizado una huelga general el 14.01.1997 en apoyo solidario con 33 trabajadores despedidos por la empresa privatizada de gas, Gaseba, de capitales franceses. También exige al gobierno que frene la desocupación y permita la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores.

4. Cr. El Gobierno rumano llega a un acuerdo con los mineros que marchaban a Bucarest, El País, Madrid, 23.01.1999

5 Doctrina judicial

Titularidad del derecho de huelga

“I. La apelación del demandado, que gira en torno a la titularidad del derecho de huelga y no en torno al motivo invocado para el despido del actor ("persistir en la actitud ilegal de paro con ocupación de planta"), debe resolverse:

1. La reseña jurisprudencial sobre la titularidad del derecho de huelga, restringiéndola a las asociaciones sindicales con personería gremial, carece de eficacia en la medida que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda (CN art.19): en el caso, el derecho de huelga receptado por el art.14 bis CN ha sido reconocido a los trabajadores sin restringirlo a los sindicatos. La mencionada reseña simplemente muestra que ciertas opiniones doctrinarias y especulativas, sin respaldo constitucional alguno, se multiplican y desparraman como virus en el cuerpo societal, mutá ndose en sentencias, esgrimidas como valiosas de acuerdo a los distintos intereses. Como he afirmado en "Fernández Gonz lez, Emilio c/Antonio Espósito SA s/despido" (sentencia del 19.03.1997, citada por el Juzgador) la tesis mencionada obligaría a los trabajadores que necesitan o quieren realizar su derecho de huelga a afiliarse a la entidad sindical y luego convencerla que la lleve adelante, lo que vulnera la libertad sindical, una de cuyas facetas es, precisamente, el derecho de no afiliarse.

2. El precedente de esta Sala, invocado por el apelante ("Caimi, Ramón c/Antonio Espósito SA s/despido"), en voto de Juan Carlos Morando y Juan Carlos Fernández Madrid, se refiere a los paros parciales y a la ocupación de la planta industrial pero no a la titularidad del derecho de huelga. Por ello, su colación carece de eficacia.

3. La sentencia de la Corte Suprema, afirmando que las asociaciones sindicales en forma exclusiva pueden decidir el cumplimiento de medidas de acción directa ("Riobo c/La Prensa SA", 16.02.1993), además de reproducir la opinión indicada en el punto 1, carece de eficacia porque dicho Tribunal no funciona como casación.

4. Sentado ello, la apelación debe rechazarse ya que no refiere a los motivos del despido, valorado como anti/jurídico por el Señor Juez y simplemente plantea una opinión o error doctrinario como si fuese norma imponible” (voto de Capón Filas, adhesión de Fernández Madrid) .

CNAT Sala VI, "Barragán Colman, Juan Luis c/Antonio Espósito SA s/despido"

Premio salarial y huelga auto/gestionada de los trabajadores

“I. La apelación del demandado debe resolverse:

a. Datos

1. Tal vez como cierre de un conflicto colectivo, el Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (Delegación Avellaneda) y ambos demandados celebran el 25.06.1993 un acuerdo salarial, homologado por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Delegación Avellaneda (fs. 101). El inciso a) establece nuevos valores horarios que incluyen hasta su concurrencia diversos rubros salariales. El inciso b) afirma que tales valores se incrementarán como corresponde legalmente si se realizan horas suplementarias.

El inciso c) norma:"El personal asimismo percibirá a la finalización de sus tareas como premio final de obra una gratificación extraordinaria por única vez, formada por $ 1 para el oficial y $ 0.80 para el ayudante por cada hora física trabajada efectivamente y sólo se reconocerá este premio especial para las horas de inasistencia en que el trabajador incurriera por casos de accidente de trabajo comprobables y derivados de sus tareas específicas. En concordancia con este acuerdo marco se deja establecido que aquellos trabajadores que inicien o participen en movimientos o toma de medidas de fuerza originadas en reclamos salariales o ejecute acciones directas paralizando las tareas por cualquier motivo sin dar previa intervención a las partes firmantes, perderán el derecho a la percepción de la totalidad del premio establecido en el apartado c), ratificando con ello una cláusula de paz social. Se deja constancia que no se perderá dicho derecho en casos de paros convocados por la Confederación General del Trabajo o la Comisión Directiva de la UOCRA".

2. La UOCRA demanda al apelante por aportes basados en ese premio. Sostiene que como el demandado los ha ido pagando mensualmente aunque luego los descontara de la liquidación final, no son gratificación por no haber sido satisfechos en una única vez. Siendo remuneratorios, sobre los mismos se deben aportes para la entidad sindical (2,50% sobre los salarios, de acuerdo al convenio colectivo 76/75).

3. El apelante, al contestar la demanda, sostiene que el premio final es una gratificación aunque hubiera sido adelantada mensualmente ya que los montos percibidos fueron descontados de la liquidación final. Por ello, sostiene que la pretensión debe rechazarse.

4. La Señora Jueza considera ese premio como remuneratorio, por lo que hace lugar al reclamo de la UOCRA.

5. El apelante sostiene que por tratarse de una suma vinculada con el cese de la relación laboral, no es remuneratoria, constituyendo una gratificación. Se apoya en la ley de jubilaciones 24.241, art.7.

Valoración

La actora sostiene que habiendo el demandado adelantado mensualmente el pago de la gratificación por cese, la ha desnaturalizado y convertido en remuneratoria. Dicho argumento debe ser desechado porque una suma que debiera percibirse al final, puede adelantarse y descontarse lo percibido sin por esto variar su estructura.

2. De acuerdo a los términos del dictamen de fs. 100, el acuerdo celebrado entre la actora y los demandados, obrante a fs.99 y homologado ministerialmente a fs.101., finaliza un tiempo conflictivo: mediante suyo, las partes han logrado un acuerdo salarial, como expresamente indica el primer párrafo in fine. Dentro de ese marco, sólo tendrán derecho al premio final los trabajadores que no hubieran recurrido a medidas de fuerza. Dado que el premio responde no solamente al trabajo realizado sino también a la dejación del derecho constitucional de huelga, denominarlo gratificación o beneficio es un exceso de lenguaje ya que el empleador al abonarlo (al final o en cuotas que luego se descuentan) no realiza liberalidad alguna sino paga la labor realizada y el silencio social guardado. Por ello, el premio final es remuneratorio, sin que interese la expresión utilizada en el acuerdo y sin que importe que hubiera sido adelantado y luego descontado.

3. Tanto el acuerdo como su homologación se inscriben en la tesis de que las medidas de fuerza sólo son leg¡timas si fuesen llevadas adelante sindicalmente (en el caso, por la UOCRA o por la CGT). Esta posición, claramente delineada en el inciso c) del acuerdo salarial logrado, restringe la libertad sindical, ya que obliga a los trabajadores que necesitan o quieren realizar su derecho de huelga a afiliarse a la entidad sindical y luego convencerla que la lleve adelante. Reitero así la posición expresada, entre otros casos, en "Barragán Colman, Juan Luis c/Antonio Espósito SA s/despido" En el caso, sujetar la percepción del premio final a la dejación práctica del derecho constitucional de huelga por parte de los trabajadores, vulnera la Constitución Nacional art.14 bis y el convenio 98 de la OIT que al ser ratificado el 24.09.1956 tiene jerarquía superior a las leyes (CN art.75, 22), por lo que cabe poner en conocimiento del Tribunal Penal de la Provincia de Buenos Aires, competente por razón del lugar de homologación (Avellaneda) o por la persona del funcionario actuante a fojas 101) que éste al homologar un acuerdo que atropella derechos constitucionales de los trabajadores estaría violando los deberes del funcionario público. Para ello, se debe remitirle copia certificada de la sentencia y del acuerdo obrante a fojas 99/101.Dado que la globalización es un "salto cualitativo de la Especie" (cr. Globalización de la solidaridad, en Equipo Federal del Trabajo, Empresas transnacionales y Mundo del Trabajo, edit. Trabajo y Utopía, Lavallol, 1998, pág.275), cabe informar al Comité de Libertad Sindical de la OIT que los sujetos firmantes del acuerdo, al sujetar la percepción del premio final a la dejación del derecho de huelga, vulneran la libertad sindical de los trabajadores interesados. Para ello, se librar  oficio a la Oficina de la OIT en Argentina remitiendo copia del acuerdo y de esta sentencia. Esta posición, sustentada en minoría en "Corti c/Ford Motor Argentina SA", es reiterada en este caso porque la OIT, como defensora del derecho laboral en el mundo, debe ser informada de las violaciones que se producen al respecto. Por otra parte, en una sociedad periférica como la argentina, tan influenciada por los Estados Unidos (a donde incluso se becan jueces en actividad para que conozcan el sistema judicial americano), no debiera lucir extraño o ajeno a la jurisdicción seguir el ejemplo reciente en que el Informe Starr sobre el Presidente Clinton fue comunicado por Internet (http://www.house.gov/icreport) a todo el mundo”(voto de Capón Filas).

CNAT Sala VI, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina UOCRA c/Benito Roggio e Hijos SA, Román Ingeniería SA UTE s/cobro de aportes o contribuciones", 12,09.1998

6 Nicolás Redondo, Secretario de la española Unión General del Trabajo (UGT), en su momento ha advertido:"Algunos compañeros, de agudo radicalismo en un pasado no muy lejano, actualmente defienden, con la furia del converso, las recetas tradicionales de la derecha y apoyan esquemas de ajuste económico duro y perentorio, aunque ello implique la miseria de los sectores menos favorecidos". (cr. La ideología socialista, en "El País", Madrid, 08.12. 1988.

El presidente Menem reconoce que cierta dirigencia sindical ha sido funcional a su proyecto neo/liberal: "Sin esa dirigencia sindical no hubiera sido posible transformar el país” (cr. De los mimos a la discordia, en "Clarín", 07.01.1994, pág. 3. Importa recordar que muchos de esos dirigentes avalaron la postura de la CGT liderada por Saúl Ubaldini quien dirigiera catorce huelgas generales durante la Administración Alfonsín, cuyo proyecto puede ser calificado como socialdemócrata.

7 Laborem exercens, edic.del CIAS, párrafo 37.

8 Ajuste estructural

"Se observa a nivel internacional que numerosas propuestas de reforma macroeconómica no toman en cuenta la dimensión humana, de manera que son siempre los más débiles quienes sufren los efectos nefastos de la fuerte disminución del gasto público. Conviene recordar: ningún modelo de crecimiento económico que descuide la justicia social podrá sostenerse al largo plazo ni tan siquiera desde el punto de vista estrictamente económico".

Juan Pablo II, Mensaje a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, 25.11.1994.

En la tercera reunión plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales (22.04.1997), que abordó el tema "El derecho del trabajo:hacia el pleno empleo", Juan Pablo II dijo:

"El primado de la persona.Entre nuestras investigaciones actuales, interesa profundizar el derecho al trabajo, especialmente si se considera la tendencia actual a la liberalización del mercado. Se trata de un tema sobre el que el Magisterio se ha expresado muchas veces. El año pasado os recordé‚ personalmente el principio moral según el cual las exigencias del mercado, caracterizadas fuertemente por la competitividad, no deben 'ir contra el derecho fundamental de todo hombre a tener un trabajo que le permita vivir con su familia' (22.03.1996). Reanudando hoy este tema, quiero subrayar que la Iglesia, cuando enuncia este principio, no pretende en absoluto condenar la liberalización del mercado en sí, sino que pide que se la considere y aplique respetando el primado de la persona humana, a la que deben someterse los sistemas económicos. La historia muestra ampliamente la caída de los regímenes caracterizados por la planificación, que atentan contra las libertades cívicas y económicas. Sin embargo, esto no avala a los modelos diametralmente opuestos, pues, por desgracia, la experiencia demuestra que una economía de mercado abandonada a una libertad incondicional no puede ofrecer los más beneficios posibles a las personas y a las sociedades. Es verdad que el asombroso impulso económico de algunos países recientemente industrializados parece confirmar el hecho de que el mercado puede proporcionar riqueza y bienestar, incluso en regiones pobres. Pero, en una perspectiva mas amplia, no se puede olvidar el precio humano de esos procesos. Sobre todo, no se puede olvidar el escándalo continuo de las graves desigualdades entre las diferentes naciones, y entre las personas y los grupos dentro de cada país, como habéis subrayado en vuestra primera asamblea plenaria (cf. El estudio de la tensión entre la igualdad humana y las desigualdades sociales desde la perspectiva de las diversas ciencias sociales, 1996).

Equilibrio del mercado.Todavía hay demasiadas personas pobres en el mundo, que ni siquiera tienen acceso a una mínima parte de la opulenta riqueza de una minoría. En el marco de la globalización de la economía, también llamada mundialización (cf. Centesimus annus, 58), la transferencia fácil de los recursos y de los sistemas de producción, realizada únicamente en virtud del criterio del mayor beneficio posible y en razón de una competitividad desenfrenada, aunque aumenta las posibilidades de trabajo y el bienestar de ciertas regiones, al mismo tiempo excluye otras regiones menos favorecidas y puede agravar el desempleo en países de antigua tradición industrial. La organización globalizada del trabajo, aprovechando la indigencia extrema de las poblaciones en vías de desarrollo, lleva frecuentemente a graves situaciones de explotación, que desprecian las exigencias elementales de la dignidad humana. Frente a esas orientaciones, es esencial que la acción política asegure un equilibrio del mercado en su forma clásica mediante principios de subsidiariedad y solidaridad según el modelo del Estado Social. Si este último funciona de manera moderada, evitará también un sistema de asistencia excesiva, que crea más problemas de los que soluciona. Con esta condición, será una manifestación de civilización auténtica y un instrumento indispensable para la defensa de las clases sociales más necesitadas, oprimidas frecuentemente por el poder exorbitante del mercado global. En efecto, hoy se aprovecha la posibilidad que dan las nuevas tecnologías de producir e intercambiar casi sin límite, en todos los lugares del mundo, para reducir la mano de obra no cualificada e imponerle numerosas obligaciones, apoyándose, después de la caída de los bloques y la desaparición progresiva de las fronteras, en una nueva disponibilidad de trabajadores escasamente retribuidos.

Exigencias de la ética.Por otra parte, ¿cómo subestimar los riesgos de esta situación, no sólo en función de las exigencias de la justicia social, sino también en función de las perspectivas más amplias de la civilización? De por sí, un mercado mundial organizado con equilibrio y buena regulación puede aportar, además del bienestar, el desarrollo de la cultura, la democracia, la solidaridad y la paz. Pero se pueden esperar efectos muy diferentes de un mercado salvaje que, con el pretexto de la competitividad, prospera explotando a ultranza al hombre y el ambiente. Este tipo de mercado, éticamente inaceptable, sólo puede tener consecuencias desastrosas, por lo menos a largo plazo. Tiende a homologar, generalmente en sentido materialista, las culturas y las tradiciones vivas de los pueblos; erradica los valores éticos y culturales fundamentales y comunes; amenaza con crear un gran vacío de valores humanos, un vacío antropológico, sin tener en cuenta que compromete de manera muy peligrosa el equilibrio ecológico. Así pues, ¿cómo no temer una explosión de comportamientos desviados y violentos, que generarían fuertes tensiones en el cuerpo social? La libertad misma se vería amenazada e incluso el mercado que hubiera aprovechado la ausencia de trabas. Así, pues la realidad de la 'globalización', considerada de una manera equilibrada tanto en sus potencialidades positivas como en sus aspectos preocupantes, invita a no dilatar una armonización entre las exigencias de la economía y las exigencias de la ética.

La cultura de la solidaridad. Sin embargo, es necesario reconocer que, en el marco de una economía mundializada la regulación ética y jurídica del mercado es objetivamente más difícil. En efecto, para lograrla eficazmente ya no bastan las iniciativas políticas internas de los diferentes países; son necesarias la concertación entre los grandes países y la consolidación de un orden democrático mundial con instituciones donde estén igualmente representados los intereses de toda la gran familia humana (Centesimus annus, 58). No faltan las instituciones a nivel regional o mundial. Pienso, en particular, en la Organización de las Naciones Unidas y en sus diversos organismos con vocación social. Pienso también en el papel que desempeñan instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Es urgente que, en el campo de la libertad, se afiance una cultura de las reglas, que no se limite a promover el simple funcionamiento comercial, sino que, gracias a instrumentos jurídicos seguros, se preocupe por la defensa de los derechos humanos en todos los lugares del mundo. Cuánto más global es el mercado, más fuerte debe ser la solidaridad, atenta a las necesidades de los más débiles. Desgraciadamente, a pesar de las grandes declaraciones de principios, esta referencia a los valores está cada vez más amenazada por el resurgimiento del egoísmo por parte de naciones o grupos, y también, en un nivel más profundo, por un relativismo ético y cultural bastante difundido, que pone en peligro la percepción del sentido mismo del hombre.