 |
doctrina y opiniones |
|
|
Aportes para una concertación social
vinculada a una reforma política de progreso
Julio Godio
noviembre 2001
El actual gobierno se encuentra en una situación muy complicada: ya no representa a la Alianza, sino a una coalición entre el delarruismo y la centro-derecha. Cuenta, sí, con el apoyo del poder financiero y de grandes empresas internacionales y locales. Los DNU 1382/01 y 1387/01 analizados anteriormente, indican la continuidad de una estrategia de modernización segmentaria con mayor dependencia de los EE.UU. Descansa en dos figuras políticas claves, pero debilitadas: el Presidente De la Rúa y el Ministro de Economía Domingo Cavallo. Es un gobierno apoyado por los EE.UU., pero desvalorizado a nivel nacional y subregional.
El Ministro Cavallo intenta actualmente superar la depresión a través de la canasta de medidas económicas analizadas, cuya estrategia descansa en separar y establecer lógicas diferentes para los dos subsistemas económicos existentes en el país. En efecto, a través del “déficit cero” y la refinanciación de la deuda con garantías del Presupuesto, intenta fundar una lógica específica para el sector capitalista concentrado (grandes bancos, empresas exportadoras, servicios privatizados, etc.). Este sector monopolizaría en el futuro el régimen de convertibilidad. Predomina en este sector económico el “capitalismo rentístico” (o capital financiero especulativo). Esta predominancia puede terminar por afectar a las grandes empresas de producción y servicios, que se guían más por la obtención de ganancias extraordinarias.
Por otro lado la emisión de bonos internos para pagar sueldos y proveedores ha dado lugar a la creación de cuasi monedas no convertibles. Estas monedas —llámense LECOP, Patacón, y otras— cumplen la función de estimular al mercado interno a través del consumo y actividades económicas de baja productividad. Así, dos subsistemas económicos, uno como componente de la mundialización de la economía, y otro de “reproducción simple del capital” (y por lo tanto secundario para la acumulación), podrían coexistir. Sería el final del período de reformas económicas que se inicia en 1991. Lógicamente, esta estrategia necesita controlar la relación entre uno y otro sector para impedir que la “monedas” no convertible penetre en el área de la moneda convertible, y al mismo tiempo no afecten a los niveles de recaudación fiscal. De consolidarse la “opción Cavallo”, la Argentina —que es la “Australia que no fue”— terminaría siendo una extraña mezcla entre California y el régimen de castas en la India.
El gobierno ha mostrado cierto desdén por las elecciones del 14 de octubre. Cree que el Congreso Nacional es inofensivo, y que los partidos políticos tradicionales y los nuevos no ofrecerán mayor resistencia al curso económico. Pero necesita reafirmar su autoridad, y por eso no es descartable que impulse una profunda reforma política. Esta es impulsada desde el diario La Nación y diversos tihink tanks del establishment desde hace más de un año.
La mayoría de la población adhiere a la democracia, pero también la mayoría piensa, con mezcla de razón e ingenuidad, que es necesaria una reforma que baje los “costos de la política”. Luego, ¿qué pasaría si el gobierno decide, apoyado en los medios de comunicación y el poder económico, asediar al Congreso Nacional y obligarlo a convocar a una Asamblea Constituyente que disminuya el número de diputados y senadores, instale el sistema de representación uninonimal y transforme el voto de obligatorio en voluntario? Seguramente logrará el apoyo de la mayoría de la población. Los partidos que se opongan serán aislados y derrotados como “expresiones de la corrupción y la ineficiencia”. El resultado sería no sólo una nueva institucionalidad sino una nueva hegemonía política de centro-derecha. Esta solución política puede, como hemos dicho anteriormente, incorporar a corrientes del peronismo y del radicalismo.
La reforma política es necesaria. Los partidos políticos deberían adelantarse a la propuesta de reforma del Poder Ejecutivo y proponer una reforma negociada con el gobierno que incluya la participación de las organizaciones empresarias, sindicales y sociales en el debate. Una reforma política progresista, para ser aceptada y movilizar a la población, debería ser debatida junto al tema de una política económica diferente de la actual, es decir, de reindustrialización integrada con promoción del trabajo y el empleo. Debería ir, por lo tanto, junto a una recomposición del Poder Ejecutivo (a través de un gabinete de ministros de “personalidades”) y una convocatoria del Presidente De la Rúa a un pacto de la Moncloa “a la argentina”, incluyendo organizaciones empresarias y sindicales. Este gabinete de personalidades debe expresar los intereses básicos de los partidos políticos y de las organizaciones empresarias y de trabajadores. Dado que hoy no es posible un gobierno de coalición clásico, la recomposición del Poder Ejecutivo según las pautas mencionadas debería servir para garantizar la gobernabilidad y abrir camino a un período político signado por una cultura común de negociaciones entre los partidos políticos argentinos.
Los ejes de tal reforma política podrían ser:
- Instituir un sistema semiparlamentario o semi-presidencialista, como se esboza en la Constitución Nacional reformada de 1994. Delimitación de las figuras del Jefe de Estado y Jefe de Gabinete
- Reglamentar los institutos de iniciativa y consulta popular previstos en la Constitución Nacional
- Establecer un sistema de representación mixto (por distritos uninominales y lista de partidos)
- Estimular la reforma de los partidos políticos para reducir el poder de los clanes, caudillismos y otras formas anacrónicas de control partidario
Algunas de estas propuestas, y otras adicionales, ya tienen estado parlamentario. Es discutible, pero no excluible, establecer el voto voluntario para las elecciones a nivel nacional.
Es necesario destacar que tanto en el PJ como en la UCR existen corrientes inmovilistas, partidarias de reformas progresistas y partidarias de reformas conservadoras. Es posible que en el 2002 la reforma política sea, durante el primer semestre, el tema político central. El año 2003 es todavía una fecha muy lejana en un país en el que conviven simultáneamente las tres crisis mencionadas. La reforma política podrá fortalecer al sistema de partidos o consumirlo.
En el contexto de inestabilidad política actual, asume una importancia central la concertación social. El gobierno ha convocado al sector bancario y al productivo, junto con las dos CGT, a discutir a fines de noviembre un acuerdo para reactivar la economía. Está claro que el gobierno pretende también que esta mesa de concertación apruebe sus negociaciones actuales para renegociar la deuda pública y la aprobación del Presupuesto 2002. Sin embargo, es necesario destacar que ninguna política de concertación será exitosa si elude los problemas económicos y sociales de fondo que tiene el país, y que hemos analizado en este documento. Al mismo tiempo, un enfoque de progreso de la reforma política debe estar vinculado con políticas económicas para la coyuntura dirigidas a modificar el curso actual de la economía argentina. Los ejes centrales de la política económica necesaria para salir de la depresión son los siguientes:
Según la conceptualización general del tema de deuda externa planteado precedentemente, es necesario dar un tratamiento operativo para su solución. Desde ya que debemos comenzar por bloquear los intentos actuales oficiales de negociación con el FMI, organismos multilaterales de crédito y banca privada, bajo la condicionalidad de la aprobación política del G7, que buscan definir una reestructuración de la forma de pago en el largo plazo (10 años).
En primer término con los organismos financieros multilaterales de crédito, a saber Banco Mundial, BID y las agencias de cooperación internacional multilaterales como PNUD, OMS, UNICEF, OEA, o bilaterales país a país. Se les reconoce la deuda y se busca en común generar un cofinanciamiento privado y estatal de terceros para la contraparte nacional de los programas con estos organismos. Dicha contraparte buscara en el caso de programas que afecten a estados subnacionales o municipios atar la coparticipación con una tasa de interés preferencial acorde con la tasa de referencia interna del mercado de títulos de largo plazo del tesoro de los EE.UU. (Tb. a 30 años).Esto da garantía al cofinanciamiento privado, con una inversión basada en el efecto precautorio para un país emergente, pero cuya rentabilidad asegurada acompaña el hecho de que la formulación y evaluación del proyecto se efectúa con organismos locales y las instituciones como el BID y el Banco Mundial.
En cuanto a estos organismos la propuesta es una injerencia directa en la formulación, evaluación, seguimiento y medición de impacto de los proyectos de inversión, de forma de dar mayor seguridad y efectividad a la ejecución de los mismos, mejor la eficiencia en la utilización de recursos y en el mediano plazo induce a la inversión productiva directa y a la reestructuración real del Estado.
En segundo término respecto a los tenedores privados de bonos y títulos públicos se les reconoce los mismos en el estado actual, pero se reclama la aceptación de una reducción de las tasas de interés durante cinco anos. La tasa pactada queda suspendida durante ese lapso, pasando a ser reconocida una tasa que sea el valor promedio entre la tasa LIBOR para bonos de característica similar y la Prime Rate de EE.UU. Es decir se propone la aceptación de una quita del spread producido por efectos de una especulación de rasgos usurarios en el ultimo periodo con nuestra deuda internacional.
En tercer término con inversores institucionales locales, como los bancos formadores de precio, de activa participación en el blindaje y el megacanje, al igual que en el endeudamiento de los estados subnacionales y municipios, y las AFJP, se propone el siguiente tratamiento:
- Una reducción de tasas como en el caso anterior.
- Una quita del 30% del capital si no se comprometen a la realización de proyectos de inversión productiva por un valor equivalente en el lapso de los próximos tres anos, a un promedio de 10% anual de reducción del capital si no se efectivizan los desembolsos de los proyectos. Dicha inversión queda a disposición para inversión directa con el empresariado local y sin condicionamientos específicos salvo el contemplar que montos adicionales que deban ser colocados por el empresariado local se realizaran con tasas preferenciales similares a las vigentes en los organismos multilaterales de crédito BID o Banco Mundial, vigentes al momento de efectuar la inversión.
En cuarto término con la deuda existente en forma bilateral con estados nacionales, se les pide un tratamiento propio de una situación de crisis y posibilidad concreta de default con la deuda interna e internacional, para lo cual se propone:
La dilación del cumplimiento de la deuda por un lapso de diez anos, para permitir el crecimiento productivo y la generación de excedentes genuinos que permitan el pago.
Al mismo tiempo obtener el compromiso de aquellos países acreedores que forman parte del G7 de realizar una inversión para el desarrollo equivalente a 5000 millones de u$s, en un crédito por única vez y con las características de repago similares a la que se propone para la deuda existente.
Esta inversión directa se realizara en proyectos de inversión que propongan dichos estados, para facilitar exportaciones de empresas representativas de capitales de origen, que permitirán una presencia competitiva en el mercado local, de carácter no puramente financiero especulativo, sino teniendo por objetivo el desarrollo de fuentes de producción.
Para remover el carácter precautorio del movimiento de capitales en el corto plazo y permitir una mayor liquidez es necesaria una modificación beneficiosa de los precios relativos internos. Dicha modificación de los precios relativos internos tiene que originarse por un incremento del ingreso de los sectores que no ahorran a través de una política monetaria activa que produzca una motivación a consumir. Esta inyección monetaria, tiene que ir acompañada de una presión a la baja de la tasa de interés, para lo cual es necesario resolver en lo inmediato el tema de la deuda externa y del flujo de capitales para inversión directa.
Este tema exige superar el síndrome que produjo el proceso hiperinflacionario, y aceptar un nivel bajo de inflación anual para adecuar los precios relativos a la competitividad con el mercado ampliado del MERCOSUR y terceros mercados, permitiendo reactivar el consumo y comenzar a agotar los stocks invendibles en la industria local.
El objetivo estratégico de los fondos patrióticos es acelerar la formación de un mercado ampliado (nacional y subregional, Mercosur). Dicho mercado ampliado tiene que tener reglas institucionales que establezcan un proteccionismo por industria y en algunos casos por firmas al interior del mercado respecto a la introducción de bienes de terceros. De igual forma subvenciones sectoriales para las ramas, industrias o firmas elegidas para conformar el núcleo del proceso de crecimiento industrial.
Al interior del mercado ampliado se debe desarrollar la competencia ínter firmas facilitando la libertad de movimientos y la transparencia de precios e incentivos que se produzcan tanto en lo relativo a innovación tecnológica, acceso a infraestructura, política monetaria y política fiscal. La vinculación de la política monetaria con el desarrollo de un proteccionismo de sesgo exportador obliga a un tipo de cambio concertado al interior del mercado ampliado y respecto a terceros países
Es imprescindible volver a colocar a la reivindicación del trabajo en un lugar relevante en el debate político. El deterioro de la estima del trabajador, acompaña la disminución del salario real y la precarización de su situación social. Una nación que no reconoce a sus ciudadanos en su labor cotidiana no puede constituir un imaginario colectivo convocante de una propuesta de acción positiva. Esto significa que los subsidios al desempleo y planes de ingreso básico para familias tienen que tener una referencia a actividades concretas: es necesario un programa nacional de capacitación dual (Estado + empresas) para incorporar al mercado de trabajo a jóvenes y mujeres.
Vuelve a tener vigencia la premisa keynesiana de hacer pozos de día y cerrarlos de noche para generar salarios y consumo. Este comportamiento económico genera procesos de trabajo improductivos, que tiene en lo inmediato el objetivo de inducir el consumo de bienes de primera necesidad y provocar un cambio de expectativa del inversor individual. Pero en sociedades en crisis, en donde el reconocimiento del individuo como persona deja de tener importancia, la validación de una tarea cotidiana permite recomponer el tejido social y tiene un efecto potenciador tanto del consumo en el mercado de transacciones, al mismo tiempo que incorpora al mercado a vastos sectores de la población excluidos del mismo.
Esto lleva a motivar, también, un impacto sobre el conjunto de la producción por la reactivación consecuente del gasto, aunque en un comienzo “improductivo” desde la perspectiva de la producción, como componente de la motivación al crecimiento de la inversión. Consecuente con esto, se incorporan nuevos sectores laborales a la producción, se disminuye el desempleo y se provoca un tratamiento mas digno del trabajador. Esto tiene como consecuencia positiva la posibilidad de una aceptación de los cambios de intensidad laboral en la producción, facilitando situaciones de modificación en la gestión de la mano de obra y disminuyendo finalmente el numero de horas perdidas en la producción.
Es necesaria una nueva política monetaria para el Mercosur + Chile: es la de obtener una paridad del tipo de cambio para las transacciones internas que contemple una banda monetaria que tiene como extremos el 1 x 1 del peso argentino con el dólar estadounidense y el 2.5 x 1 del real brasileño respecto al dólar estadounidense. Dicha banda tiene que tener internamente un respaldo de parte de un comportamiento unificado de las reservas en moneda clave internacional de los países miembros incluido el dólar estadounidense y el Euro.
La creación de una moneda MERCOSUR + Chile, con la función única de unidad de cuenta, similar a un derecho especial de giro que sea una moneda canasta de mercancías de intercambio mayoritario, La composición de dicha canasta monetaria de mercancías permite regular los diferenciales de precios relativos induciendo el comercio complementario para expandir el mercado con un respaldo y garantía de ultima instancia a las transacciones. De esta forma el volumen de transacciones impulsa la inversión y atrae el capital internacional y focalizar en la producción al excedente generado en el mercado interno al MERCOSUR + Chile. El compre MERCOSUR + Chile aparece entonces no por la denominación de origen del producto sino por la necesidad de un respaldo financiero para la nueva inversión.
Esto tiene significación también como moneda de creación de posibilidades de inversión publica, ya que permite contra unidades de cuenta, liberar reservas reales si son necesarias para importación de bienes de capital extra-zona, o bien de garantizar procesos bi o multinacionales intra MERCOSUR sin uso de dichas reservas en moneda clave.
Así, de aquí al 2003 las tensiones económicas, sociales y políticas serán permanentes. La incertidumbre es lo predominante. Es deseable encontrar una salida que permita elevar el nivel de legitimidad de la democracia, mejorar la calidad de la política y reestructurar la economía para incorporar definitivamente y en forma positiva a la Argentina a la globalización.
|
|