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ESTOS CONCEPTOS FORMAN PARTE DE LOS FUNDAMENTOS
DE SU PROYECTO DE DECLARACIÓN POR EL CUAL LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RECHAZA TODO INTENTO DE PRIVATIZAR LA TAREA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Los
sistemas tributarios, tanto del gobierno nacional como de los provinciales,
se han venido deteriorando en los últimos años debido fundamentalmente
a dos motivos:
*menores
recursos inducidos por la recesión que atraviesa la Argentina desde
mediados
de 1998;
·mayores
registros de evasión impositiva, asociadas a dos factores: la falta
de estrategia y decisión política por parte de los gobernantes
de focalizar los esfuerzos de recaudación en los grandes contribuyentes
que son la principal fuente de evasión y, como consecuencia de dicha
actitud, la gran vulnerabilidad que presentan las agencias recaudadoras
al no poseer los recursos ni los incentivos necesarios para realizar las
tareas correctamente.
En
el caso específico de la Provincia de Buenos Aires, la recaudación
tributaria propia se redujo en el año 2000 un 4,2% respecto de 1999
y resulta incluso inferior a la recaudación de 1997. El impuesto
sobre los Ingresos Brutos (principal fuente de recaudación propia
de la Provincia) se redujo en 2000 un 4% respecto al año anterior
luego de haber caído el año pasado un 7% respecto de 1998.
Si
bien no se han dado a conocer informes oficiales respecto de la evasión
de los tributos bonaerenses, está claro que la evasión se
incrementó sustancialmente. Tomemos como caso el impuesto a los
Ingresos Brutos que grava en mayor porcentual a las actividades de servicios
(3,5%) y que el 50% de lo recaudado corresponde a grandes contribuyentes.
La actividad de los sectores ligados a los servicios (vinculados a las
privatizaciones), han crecido desde 1997 un 24% según datos del
Indice Sintético de Servicios Públicos que publica el INDEC.
Contra toda intuición, que indicaría un incremento importante
(aunque no de la misma magnitud) en el Impuesto a los Ingresos Brutos ya
que éste grava la facturación de estas empresas, desde 1997
la recaudación de este tributo se redujo un 3,9%, lo que proporciona
indicios de focos de evasión en el sector.
Los
magros resultados en la recaudación en todas las jurisdicciones
y los problemas financieros por los que atraviesan los estados provinciales,
han sido justificados haciendo fundamentalmente hincapié en la primera
de las razones esgrimidas (menores recursos por recesión económica)
pero muy poco en la segunda (falta de estrategia política). Además
la segunda razón no es interpretada por ciertas opiniones como mal
funcionamiento debido a falta de estrategia política sino como un
mal funcionamiento debido a la creencia que el estado es ineficiente per
se.
Como
consecuencia de esta doble interpretación de la baja performance
de la recaudación, se ha avivado una discusión acerca de
los canales por los cuales deben pasar las soluciones.
Por
un lado, se encuentran aquellas que pasan básicamente por el desprendimiento
de la tarea de recolección de impuestos por parte del Estado y el
traslado a la órbita privada, inclusive con la posibilidad de transferir
las acciones de apremio. Estas ideas están impulsadas por los ideólogos
y representantes de los grupos acreedores y son los mismos que han influido,
desafortunadamente, en los cambios estructurales vividos en la Argentina
durante los 90 que, lejos de solucionar los problemas a los que dieron
motivo (déficit público e ineficiencia del Estado), estos
se agravaron y mostraron la falsedad de los argumentos: hoy el déficit
público es mayor y el sector privado no resultó ser tan eficiente
(caso Aerolíneas Argentinas).
Por
otro lado, se insiste en que la recaudación constituye una herramienta
o instrumento del Estado con la cual puede hacer cumplir sus distintas
funciones y, como tal, debe preservarse dentro de la órbita estatal.
Para esta concepción, a la cual adherimos, ante el fracaso actual
de la recaudación las soluciones pasarían por un fortalecimiento
de las áreas vinculadas, capacitación del personal, implementación
de un sistema de premios al personal, informatización de los sistemas,
focalización de los esfuerzos de cobranza hacia los grandes contribuyentes
para combatir la evasión, etc. Pero por sobre todas las cosas que
dichas actividades queden dentro de la órbita del Estado porque
de las primeras depende el éxito del segundo: si en una de las etapas
de la recaudación el Estado no participa (justamente en la última
y más importante que es la cobranza), se pone en riesgo una de sus
principales funciones: la redistribución del ingreso.
Veamos
un ejemplo claro en el cuál quedarían tergiversados los objetivos
redistributivos si la cobranza la realizan los privados. Los grandes deudores
y contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires tendrán a partir
de la terciarización mayores posibilidades, respecto de los pequeños,
de constituir un pool y “recomprarse” sus deudas o contribuciones
(si son al mismo tiempo que contribuyentes, adjudicatarios del cobro de
impuestos) a un precio menor al de sus deudas o contribuciones originales,
ya que manejarán ellos mismos la cobranza (es como deberse a sí
mismo y autopagarse). En este sentido, el sistema tributario tendrá
mayores posibilidades de seguir distorsionándose en desmedro de
los pequeños contribuyentes que carecen en absoluto de esta posibilidad
mientras que la cobranza estaría a cargo de los mayores contribuyentes
(o sus “socios”) que al mismo tiempo tendrían menores inconvenientes
en evadir.
Asimismo
una terciarización implicaría otorgarle a los cobradores
las bases de información completas con la determinación de
los impuestos y la identificación de los contribuyentes.
Está
claro además que estas empresas cobradoras de los impuestos no participan
para perder. Según el tipo de contrato que se ponga en marcha, los
mismos pueden incluir la delegación del juicio de apremio (como
incluía originariamente el proyecto de ley del poder ejecutivo provincial
del FOFRAP) y la delegación de las etapas anteriores del proceso
de recaudación (determinación del impuesto e identificación
del contribuyente) con lo cual, en términos del ejemplo arriba citado,
un pool de grandes contribuyentes devenidos en cobradores no sólo
podría auto-cobrarse y auto-pagarse sus impuestos sino que auto-determina
el monto a pagar.
El
Estado ha sido desgranado en la década de los 90 so pretexto de
reducir el déficit del estado. Privatizaciones, desregulaciones,
desaparición de la banca pública, se han constituido en grandes
negocios para un grupo muy reducido de empresas. La propuesta de tercerización
de la recaudación proviene de los mismos sectores que otrora proponían
los cambios estructurales a comienzos de los 90, es decir, aquellos que
han “vivido” del Estado pero muy poco les interesa su rol estratégico.
Quienes
acompañan en nombre de la política las propuestas de tercerización,
o bien están pensando mutar en posibles adjudicatarios, o
bien su visión del Estado no va más allá de un período
electoral. Los promotores de estas ideas confunden a la gestión
con su instrumento: si la incapacidad de recaudar es por consecuencia
de la gestión, entonces hay que renunciar a esa gestión
pero no al instrumento que el Estado posee.
Por
todo lo antedicho, quienes queremos y pensamos en un Estado estratégico
al servicio de los intereses de los excluidos por el modelo, sostenemos
que la recaudación impositiva es una función indelegable
e irrenunciable en todas sus etapas porque constituye una
herramienta sustancial de una de sus funciones: la redistribución
de ingresos en la sociedad.
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