I.- Tras la dificultosa aproximación al variado panorama de comportamientos reprochables, analizaremos las críticas efectuadas a lo actuado en la instancia instructora.

Se quejan los apelantes de la complejidad y confusión de las detalladas imputaciones de los hechos efectuadas en las indagatorias -las cuales habrían imposibilitado a los inculpados identificar el núcleo fáctico supuestamente acaecido-, y atacan la ausencia de motivación del procesamiento y por ello solicitan la nulidad de lo actuado. Alegan que pareciera achacarse a sus asistidos, no una actividad ilícita, sino llamativamente ejercer la noble profesión de abogado (demandar, representar una SA, patrocinar, presentar documentación, denunciar deudas, verificar créditos). Sostienen que no existe prueba suficiente para impulsar el progreso de esta causa.

II.- Ninguno de los reclamos puede tener acogida. Es cierta la minuciosa y prolongada descripción fáctica relevada por la Jueza en cada una de las indagatorias, pero la densidad y extensión enumerativa de esta primera acusación circunstanciada no genera invalidez alguna. Los cargos resultaron claramente inteligibles y pudieron ser replicados uno a uno en el momento de recibirse la declaración; o ser diferida su respuesta a posteriori, luego de llevarse el compareciente o su abogado una copia de la intimación correspondiente.

III.- Por otra parte no parece vergonzoso reconocer la ausencia de respaldo criminalístico para investigar adecuadamente estos ilícitos. Los delitos económicos, de cuello blanco, y de la inteligencia, caracterizados como “criminalidad de los poderosos al cometerse por personas con posiciones especiales y en una situación de poder fundada en esas posiciones” -entre los que quedan comprendidos los delitos concursales y los fraudes a los acreedores-, suelen ser de entramado complejo y difícil esclarecimiento; de allí “la necesidad de especialización de los órganos judiciales y de la acusación pública en esos delitos económicos (Cfr.,Enrique Bacigalupo, “Derecho Penal Económico”, pág. 35, 37 y 51). Sobre todo resulta indispensable la adscripción de peritos o unidades de Policía Judicial económica y Fiscalías especializadas que cuenten con la colaboración de expertos contables (ibidem p.52)

IV.- Por ello merece ponerse de relieve el denodado esfuerzo de la Jueza, Dra. Raquel Cosgaya, obligada a llevar adelante una instrucción con los medios precarios y elementales de nuestra infraestructura orgánica.

Es que a través del análisis de los expedientes civiles, integrados como prueba documental, de las pericias, testificales del síndico de la quiebra, del abogado S. y del empresario M., de las consideraciones expuestas por el Tribunal Fiscal de la Nación, declaraciones de los propios imputados, escritos y demás papeles relevados, se demuestra inequívocamente una maraña de maniobras fraudulentas dirigidas a burlar a la masa de acreedores, provocar el error de los jueces en causas civiles, procurar la desaparición subrepticia del cereal almacenado y perjudicar a terceros, configurando personas jurídicas inexistentes o exhumando sociedades extinguidas, dibujando créditos ficticios, formalizando falsos poderes y haciendo gala de una desaprensiva praxis profesional.

V.- Ejercer la profesión de abogado por cierto no es delito. Representar, comparecer, demandar, litigar, verificar créditos en una quiebra, son, normalmente, actos habituales del cabal ministerio del abogado, pero cuando esos actos están orientados a simular, engañar, defraudar y perjudicar al prójimo ya no se trata del ejercicio de su noble profesión sino de un incalificable abuso de su gestión que vulnera las normas éticas y el Código Penal.

Queda el interrogante de si los Escribanos intervinientes conocían o participaron de la maniobra defraudatoria, así como la intensidad del cuidado y previsión exigible a los notarios en su importante función verificadora. Y esa perplejidad ha descartado en este caso toda presunta responsabilidad. En cambio, pese al liderazgo indiscutible ejercido por F.M., los restantes profesionales no pueden excusar, al menos por el momento y con la salvedad que haremos a renglón seguido, su responsable participación: ellos son también abogados y deben ser concientes de los actos jurídicos que protagonizan y de las firmas que deliberadamente otorgan

No parece equitativo exigir a los pobres, excluidos y débiles mentales que se abstengan de transgredir la ley aún para paliar sus necesidades más elementales, si quienes tenemos cierta relevancia social aprovechamos semejante privilegio para burlarnos dañosamente de toda la comunidad

VI.- De la probable responsabilidad penal, aludida en el considerando precedente, resulta ajustado a derecho excluir a C. C. R. porque, además de las convincentes razones expuestas por su defensor en cuanto a las circunstancias que explican la relación preexistente con R. A. y L., se agrega el concluyente dictamen pericial caligráfico acompañado con los agravios que enerva la supuesta intervención del imputado en la maniobra.

En lo atinente a la asociación ilícita, verificándose prima facie las exigencias objetivas del tipo sin consecuencias cautelares personales específicas que irroguen mayor gravamen, es en el juicio, tras el eventual aporte probatorio donde deberá elucidarse definitivamente la probabilidad que en actual estado de la causa se confirma-.

Por todo lo expuesto, la Sala integrada de la Excma. Cámara de Apelación en lo Penal,