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DIARIO LA UNION – SUPLEMENTO DERECHO Y ACTUALIDAD
Miércoles 6 de marzo 2002 - AÑO 1 - Número: (24)
¿Sobre que bases se podrían renovar los lazos de la ciudadanía con la Justicia?
Dra. BEATRIZ WEHLE
Docente-Investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes.
La organización de la Justicia, sus procedimientos, las prácticas profesionales de los Magistrados son algunos de los aspectos que han sido puestos en cuestión en las protestas, los “cacerolazos” de los ciudadanos, durante el verano porteño de los primeros meses del año 2002. Las demandas iniciales de los ahorristas que reclamaban su dinero, se fueron ampliando con la llegada de otros actores (deudores, comerciantes, pequeños empresarios, acreedores perjudicados por pesificación de los préstamos) que extendieron sus reclamos a aspectos más abstractos como es la demanda de una Justicia al servicio de la ciudadanía.
Podemos observar que a los problemas económicos y sociales que afectan a los argentinos como el aumento de la pobreza, la fragilidad de los lazos familiares, los problemas de empleo, la desocupación y que se ven reflejados en el sistema judicial, se agregan las demandas de penalización de comportamientos que se originan en la falta de controles institucionales que incrementan la carga del sistema. Las manifestaciones por la falta de imparcialidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia frente al Palacio de Tribunales en la Capital Federal expresan esa preocupación popular y la demanda ciudadana por una institución judicial independiente que funcione en base a reglas comunes de Justicia para todos los ciudadanos.
En este contexto de crecientes demandas ciudadanas el debate acerca de la misión de la Justicia y de su funcionamiento toma otra dimensión. Por un lado, ha cobrado importancia la misión de servicio público de la Justicia, que se asocia a la concepción misma de Justicia. Por otro lado, se visualiza mejor la misión de Justicia como un eje clave de la acción y legitimación del Estado. Se exige que el Estado cumpla esta misión asegurando el funcionamiento de la Justicia en condiciones de igualdad para TODOS LOS CIUDADANOS.
Evidentemente, en una sociedad democrática todas las instituciones sociales requieren un cierto reconocimiento social. Por eso nos preocupa el progresivo divorcio entre los ciudadanos y las instituciones que erosiona la legitimidad de las mismas y el pacto social fundado en la igualdad ante la Ley, que constituye el eje central de una sociedad democrática. Sabemos que la democracia es un sistema que se regula por las normas del Derecho, pero si las demandas ciudadanos reclamando por la imparcialidad e independencia de los jueces y por la aplicación del derecho de todos a la igualdad de acceso a la Justicia y a ser juzgados en las mismas condiciones de defensa, continúan sin respuesta, entonces el reconocimiento de la Justicia como institución también podría verse cuestionado.
Las prerrogativas que ejercen los mandatarios públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se justifican mientras tengan como contrapartida el servir al interés general. La legitimidad del servicio público de Justica se apoya en la satisfacción de los derechos ciudadanos y en el Estado que asume cumplir el interés general. Vale la pena recordar que la teoría del servicio público está inserta en el principio de legitimación del Estado, y que la Justicia es un servicio público establecido en nuestra Constitución Nacional, por lo que el servicio de Justicia es un “servicio universal”, es decir, un servicio indispensable al tejido social y al respeto de las libertades fundamentales. Las protestas ciudadanas no son ajenas a ese sentido de “servicio universal” de la justica, por eso es de destacar tres aspectos presentes globalmente en las demandas ciudadanas respecto al servicio de la Justicia que nos parecen fundamentales: 1) la dificultad de acceso a la Justicia; 2) sus costos; 3) los tratamientos discriminatorios o la falta de imparcialidad.
Sin intentar introducirnos en el terreno específico del lenguaje jurídico, ni en el de los discursos codificados del Derecho, observamos que el ámbito judicial a lo largo de los años se ha vuelto muy complicado y que actualmente es el resultado de combinaciones de juegos muy complejos, separados y de dificil control.
En primer lugar, podemos constatar que el servicio público de Justicia se compone de diferentes jurisdiciones. Integrando dos administraciones el Poder Judicial y el Ministerio Público. A nivel del Poder Judicial está la Corte Suprema y sus dependencias, las Cámaras Nacional Electoral, Civil, Contencioso Administrativo, Criminal y Correccional Federal y los diferentes Fueros (Civil, Criminal, Trabajo, Penal económico). A nivel del Ministerio Público funcionan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa. En las diferentes instancias a su vez existen diversos niveles y direcciones.
Este sistema formalmente funciona con un gran número de reglamentaciones internas que según los agentes raramente se cumplen. La opinión de los empleados y funcionarios de diferentes juzgados es elocuente en ese sentido. Por otra parte, a la dificultad para procesar con coherencia la transmisión de informaciones y la afectación de medios financieros escasos, actualmente, la administración de la Justicia lleva la pesada carga de disfuncionamientos de larga data.
Si observamos desde el punto de vista sociológico, una realidad laboral-institucional como es la organización del trabajo en un servicio a los ciudadanos que constituye la administración de Justicia, vemos que se presentan diferentes situaciones entre un juzgado y otro, puede darse una fuerte concurrencia de un juzgado con otro, de una oficina contra otra, en un mismo fuero o en distintos fueros ... todo puede ocurrir.
La organización del trabajo en la administración de Justicia, no es ajena a la necesidad de mejorar el servicio que presta, para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos. Los funcionarios y empleados de la administración de Justicia preparan y ejecutan las decisiones de los magistrados. Los jueces son a la vez responsables de la acción propiamente judicial de cada juzgado y de la esfera administrativa del mismo. Esto equivale a la concentración en una sola persona de responsabilidades múltiples.
Parecería que en los juzgados todo depende muy frecuentemente de una sola persona, pero si sabe sacar partido del «juego» que comportan siempre las estructuras se puede observar que en la práctica la delegación de competencias forma parte de las rutinas tradicionales en la mayoría de los juzgados, sin embargo no parece normal que empleados de segunda y tercera línea se ocupen de competencias que corresponden a funcionarios de mayor jerarquía.
Un desdoblamiento de funciones entre las tareas judiciales propiamente dichas y la gestión administrativa y financiera de los juzgados sería más recomendable. Ello llevaría a una mayor transparencia en la delegación de competencias y responsabilidades entre magistrados, funcionarios y empleados.
Como surge del reclamo popular, el poder de los jueces se deslegitima y se hace inaceptable frente a la ciudadanía cuando el sistema se maneja con parcialidad y falta de competencia. Por eso la exigencia de la ciudadanía de contar con una justicia imparcial, con jueces que asuman sus prácticas con ética y responsabilidad es una demanda legítima. La legitimidad del sistema judicial se operará solo si se da una respuesta transparente a esas demandas.
Por otra parte, observamos la escasez de medios del sistema, sin embargo pensamos que los gastos que insuma este servicio serán legítimos mientras la Justicia opere de manera eficiente asegurando la igualdad de los ciudadanos ante la Ley a un costo abordable. Para ello la administración de Justicia debe trabajar en las mejores condiciones de rapidez y eficacia. Una evaluación transparente es necesaria para apoyar a los magistrados, funcionarios y empleados que mayoritariamente trabajan con ética y responsabilidad.
Pensamos que la legitimidad del sistema podrá recuperase si se renuevan los lazos con la ciudadanía a partir de un mejor servicio de Justicia con una mayor transparencia en su gestión. Esto implica normas claras de evaluación del sistema que permitan visualizar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
Dra. BEATRIZ WEHLE
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