doctrina y opiniones

El 30 de noviembre el gobierno nacional produjo el Decreto 1570/01, que contiene un nuevo paquete de medidas destinadas a ratificar la convertibilidad, despejando la vía hacia la dolarización de un sistema económico que articula crecientemente al mercado interno con la proliferación de bonos emitidos por el gobierno nacional y algunos provinciales que funcionan como “tercera moneda”. La dualización del sistema económico se acentúa. No es descartable que este paquete, que pretende dolarizar sin devaluación, sea sometido a presiones desde sectores del FMI y países del G-7 para incluir también una devaluación del peso.

Sin embargo, sería extremadamente peligroso enchalecar las nuevas medidas económicas y financieras dentro de las tradicionales críticas a la “extranjerización” de la economía nacional, tanto por el contexto político-financiero en el que han sido adoptadas como por la relación entre esas medidas y la compleja trama de relaciones económicas que se han originado por la emergencia y expansión de la tercera moneda.

Comencemos por señalar que el paquete de medidas dirigido a frenar la corrida bancaria, la salida incesante del país de la moneda patrón de la convertibilidad —el dólar— y la bancarización acelerada del sistema económico, se inscriben en un cambio de estrategia en curso del FMI, dentro del cual la Argentina sería el primer caso testigo significativo o, como lo reconoció el Ministro de Economía Domingo Cavallo, al decir que el país era el “conejillo de indias” de una fuerte controversia entre el FMI y los fondos financieros de inversión. Esta controversia se ha instalado dentro del propio gobierno de EE.UU., y es previsible que se manifestará a corto plazo dentro del G-7.

En efecto, el 26 de noviembre Anne Krueger, vicedirectora del FMI, pronunció una conferencia en el club nacional de economistas de EE.UU. en Washington, en la que manifestó:

“Hay un enfoque que están debatiendo el directorio y el personal del FMI y que creemos que podría ser implementado. Nuestro objetivo sería crear un catalizador que aliente a deudores y acreedores a aunar esfuerzos para reestructurar deudas insostenibles de manera eficiente y oportuna. Este catalizador tomaría la forma de marco de referencia que le ofrecería al país deudor protección legal contra los acreedores que obstruyan el camino hacia una reestructuración necesaria, a cambio de una obligación por parte del deudor de negociar de buena fe con sus acreedores y adoptar políticas que eviten problemas similares en el futuro”

“Un mecanismo formal para la reestructuración de la deuda soberana le permitiría al país acercarse al Fondo y pedirle una suspensión temporaria del pago de sus deudas, período durante el cual negociaría una reprogramación o reestructuración con sus acreedores con el consentimiento del Fondo a esa línea de ataque” [por parte de las llamadas “empresas buitres”, tenedoras de bonos emitidos por los países emergentes]

Durante este período limitado, probablemente de algunos meses de duración, el país tendría que ofrecer garantías a sus acreedores de que el dinero no está huyendo del país, lo cual podría significar la imposición de controles de cambios por un cierto tiempo”*

El cambio es claro: el FMI marcha a redefinir su sol en la economía globalizada, ahora ya no como “bombero” de crisis proveyendo con fondos frescos, sino regulador y garante del éxito de los procesos en los países periféricos de conversión a economías de libre mercado, considerando el apoyo financiero del organismo internacional como herramienta auxiliar. Tomando cada país periférico por separado, la salida de la crisis según la nueva receta del FMI para las Américas podría ser la dolarización, precedida por devaluación. Ecuador ha sido el pionero en esta alternativa. El hecho de que el FMI no acceda hasta ahora a enviar el préstamo de U$S 1.260 millones previsto para el actual mes de diciembre, indicaría una decisión de acelerar el default en Argentina, sobre la base del cual podría funcionar luego la formula de Ann Krueger.

Es evidente que la estrategia de Cavallo de reestructuración de la deuda iniciado en noviembre se inscribe en esta nueva estrategia formulada por Anne Krueger, con el riesgo de no ser todavía la política oficial del FMI y debiendo apresurar los pasos por el incesante doble movimiento de las corridas bancarias y el envío al exterior de dólares a través de giros, transferencias de titularidad de los bonos, etc., y las amenazas de los “fondos buitres” por la reestructuración de la deuda pública en curso. Cavallo ha aceptado la dolarización, pretendiendo al mismo tiempo eludir la devaluación.

El 30 de noviembre el gobierno ha lanzado el nuevo decreto 1570/01. Lo ha hecho junto al logro de una reprogramación de la deuda pública en manos de tenedores locales (“tramo local”) por un monto de 50.000 millones, con una tasa de interés del 7% (aunque en el caso de los bancos la tasa efectiva es superior entre 1 y 1,5 puntos), tres años de gracia para la amortización y corrimiento de tres años de los vencimientos.

El gobierno ha lanzado el mencionado decreto en la segunda fase o “tramo” del proceso de reestructuración que se desarrollará principalmente en el exterior. El total de la deuda pública nacional y provincial es de 92.000 millones en bonos en dólares y otras divisas, 2.285 millones en títulos nominados en pesos y 33.7000 millones en créditos recibidos de organizaciones internacionales y organismos bilaterales. En bonos es imperativo negociar —y aquí están los fondos de inversión “buitres” norteamericanos y europeos— 30.000 millones de dólares y 20.000 millones en otras monedas. Al canjear bonos en el mercado local que pagaban entre el 9 y el 14% al 7%, el gobierno ahorra en intereses de aquí a diciembre 350 millones, y apara el año próximo el ahorro logrado en el primer tramo será de 3.591 millones (reduciéndose a 8.877 millones). En caso que las negociaciones del segundo tramo fuesen exitosas, el ahorro en pagos por intereses se duplicaría, sumados con eventualmente los plazos de vencimiento y los años de vencimiento.

Así las cosas, el país continuará altamente endeudado (en tanto los valores nominales de los bonos se han recuperado) pero disminuirá el impacto de los intereses sobre los presupuestos nacional y provinciales, siempre que se cumplan dos condiciones: déficit cero y recuperación de la recaudación impositiva y reactivación de la economía. El valor de la deuda era hace una semana del 40%, ahora, sin quitas de capital y establecido su valor nominal, sigue siendo muy superior al valor del mercado. Siguen planteadas las cuestiones de cómo se obtendrán los dólares para girar los pagos, como se recaudan impuestos para hacer frente a los intereses y, por último, cómo se crece para generar excedente y afrontar los compromisos externos.

· Sólo se pueden retirar en efectivo de cajas de ahorro un máximo de U$S 1000 por mes, por titular o conjunto de ellos. En el caso de cuentas corrientes, sólo podrán abonarse por ventanilla los cheques presentados por el titular con las restricciones del punto anterior. Debe señalarse que inicialmente el decreto fijaba el monto máximo de retiro en $250 semanales, medida que fue revocada.

· Se pueden operar renovaciones de depósitos, débitos en cuenta, libramientos o acreditaciones de cheques, tarjetas de débito y crédito, y en general cualquier tipo de operatoria que no implique reducción de depósitos en todo el sistema, permitiendo sólo transferencias entre entidades

· Los clientes podrán solicitar la emisión de cheques de las propias entidades para entregar a terceros. Es obligatorio entregarlos, aunque no es obligatorio que sea gratuito

El decreto pretende a través de las mencionadas medidas atacar en varios frentes, a saber:

- Bloquear los depósitos a plazo fijo y otras obligaciones para detener la “corrida bancaria” en curso. Se trata de proteger los activos de los bancos. Implica un modo de nacionalización d ellos depósitos, dado que el Estado actúa para preservar el nivel de los depósitos. Esta “nacionalización” será breve (90 días) o podrá extenderse en el tiempo

- Ampliar abruptamente el radio de la bancarización del sistema financiero, lo que acelerará el proceso de concentración y centralización de la economía, al desplazar del circuito dinerario a sectores de pequeñas empresas que no pueden armonizar la fase de circulación del capital dinerario con las operaciones de compra y venta al detail

- Estimular el paso de la “economía negra” a la “economía blanca” al limitar la capacidad de operación y obligar a las empresas y trabajadores a regularizar sus situaciones impositivas y con la Seguridad Social. Las empresas que no se incorporen rápidamente al nuevo circuito bancarizado deberán recurrir al financiamiento usurario. La medida, obviamente, al tiempo que blanquea empresas y el empleo, seguramente provocará cierres y despidos de trabajadores.

El régimen de convertibilidad habría sido fuertemente erosionado por la expansión de la “tercera moneda”. Entre agosto y noviembre se registraba una nueva presión para salir del sistema de paridad 1:1 a través de un shock de devaluación del peso + dolarización. El decreto se orienta a preservar la paridad cambiaria (que de todos modos podría ser abruptamente desarticulada si los precios relativos toman como valor de referencia sólo al dólar). La preservación de la paridad ya ha sido vulnerada por las siguientes medidas:

· No se pueden realizar operaciones activas en pesos, ni operar en el mercado de futuras opciones de monedas extranjeras ni realizar arbitrajes con activos a plazo en pesos. Las operaciones vigentes podrán convertirse a dólares (a la relación uno a uno) don el consentimiento del deudor. No se ha especificado la tasa de interés aplicable.

· No podrán ofrecerse tasas de interés superiores por los depósitos en pesos respecto a los que se ofrezcan por las denominados en dólares. Esto no significa necesariamente que bajan las tasas de interés.

· Se mantiene en vigencia el régimen de tasas de preferencia, aunque en la práctica sólo se aplicará a la tasa en dólares.

El gobierno ha decidido, a través de esas tres medidas, instaurar en el país un sistema monetario dualizado: por un lado, un subsistema hegemónico dirigente dolarizado y por otro un subsistema subordinado de “tercera moneda”. Apretujado entre ambos términos el peso argentino, al perder su atributo de convertibilidad automática, irá desapareciendo. El proceso de dolarización puede acelerarse si los precios relativos de bienes y servicios son “dolarizados” con el consiguiente impacto sobre los salarios, débitos en tarjetas de créditos, etc., pactados en pesos. Se elude la devaluación a través de la dolarización, proceso ya iniciado hace algunos años. Con la dolarización de todos los activos financieros desaparece la política cambiaria monetaria y el señoraje. La convertibilidad se hace más rígida y la única manera de cambiar los precios relativos en la depresión es acentuando la deflación en curso.

La decisión de dolarizar el sistema financiero no cuenta con los dólares necesarios para la sustitución de pesos por dólares de los depósitos y cuentas corrientes. La incapacidad de amplios sectores del empresariado local para acceder a créditos en dólares puede dar lugar a una extraña y fatídica oferta de dinero: la combinación entre notas o billetes bancarios (como nueva moneda) y el crédito clandestino usurario.

Por último, se establece el control de cambios, dado que podrán realizarse transferencias al exterior que correspondan a operaciones de comercio exterior, pago de gastos y retiros por tarjetas de débito y crédito y cancelación de operaciones financieras con autorización previa del BCRA. Sólo se podrán realizar exportaciones directas de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos por cifras inferiores a U$S 1000 (incluido el turismo per capita). Si bien esta pendiente una reglamentación de este punto, es previsible que se genere —como hasta 1991— un amplio mercado negro de divisas para eludir el control de cambios, mercado que se ampliará si el peso pasa a tener un valor residual.

En un contexto de depresión económica y default técnico, con una tasa de desempleo abierto que rondará en diciembre el 20% de la PEA, el gobierno de De la Rúa ha tomado las medidas analizadas contenidas en el decreto 1570/01. Estas medias son inherentes a la lógica instalada en las políticas económicas a partir del déficit cero. Las nuevas medidas han generado incertidumbre y no cuentan con el aval de la sociedad: por ejemplo, las dos CGT han convocado a un paro para el día 13 de diciembre en defensa de la “intangibilidad del salario”.

Se podría señalar que la bancarización y el control de cambios son positivas. Pero se han realizado tardíamente (luego de un drenaje de divisas del orden de los 3.000 millones de dólares en el mes de noviembre). Lo central del nuevo paquete es la dolarización con licuación progresiva del peso y ampliación del “dinero no convertible” o tercera moneda. Las restricciones para usar los depósitos en pesos y dólares agudizarán la depresión. La bancarización se verá limitada por la resistencia del sector de empresas en negro a operar en blanco, lo cual dará lugar a un doble proceso de ampliación de un mercado negro de capitales existente y nuevos despidos al personal.

La reprogramación de la deuda pública según menores tasas de interés, plazos y y años de gracia, debe ser considerada —en caso de tener éxito la fase II— como un auxilio importante al objetivo de equilibrar las cuentas públicas. Pero aunque se alcance a cumplir en el 2002 con la meta de déficit acordada con el FMI (6.500 millones de dólares) esto sólo será posible con mayor presión impositiva, en un contexto de estancamiento económico. Las altas tasas de interés en dólares, en un país que exporta el 8% del PBI y que ha sido excluido de los mercados financieros internacionales, inevitablemente augura el inicio de la fase final de dualización del sistema económico argentino.

Carece de seriedad el argumento de que Argentina está en crisis por la distorsión en los precios relativos y carencia de competitividad, porque si bien ambos fenómenos económicos negativos son ciertos, sólo podrán ser superados a través de una política económica de “reindustrialización integrada”. Paradójicamente, el discurso de Anne Krueger que hemos comentado facilita el reconocimiento de la verdad evidente: al aceptar que puede ser inevitable para algunos países periféricos el control de cambios como herramientas para reorganizar los mercados de capitales, está indirectamente aceptando que sólo un mercado de capitales regulado en función de la modernización “integrada” del aparato productivo puede sacar a la Argentina de la crisis e iniciar una nueva etapa histórica del crecimiento sostenido.

Lamentablemente las drásticas medidas financieras que hemos comentado han sido adoptadas por un gobierno que no parece estar en condiciones de utilizar la política de control de cambios para favorecer un proceso de “reindustrialización integrada”. La dolarización en curso ya invalida una nueva política económica progresista. El sistema no está en condiciones de dar respuestas a la encrucijada histórica del país porque es absurdo: coexisten un pseudo presidencialismo y un pseudo parlamentarismo. La Constitución Nacional establece un régimen semi-presidencialista, pero el Jefe de Gabinete real es el Ministro de Economía.* El régimen político absurdo puede provocar un fuerte deterioro de la democracia política, dado que el gobierno es débil y el control de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y los gobiernos de las principales provincias del país (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), están bajo control del Partido Justicialista, partido a su vez que carece de cohesión programática y de un liderazgo colectivo único. El desorden político se potencia por la escisión entre la política y las necesidades de la población, que en el pasado tenía un nivel de vida modesto pero aceptable. Hoy el 40% de la población vive por de bajo del umbral de la pobreza y el 40% de los trabajadores están “en negro”. El futuro de la Argentina es incierto.

* “Crisis de la deuda: el nuevo plan del FMI”, Clarín, Suplemento Económico, 2/12/01

* “El gran desafío de la democracia”, Juan Carlos Portantiero, Síntesis, n° 23, año 9, 2001.