doctrina y opiniones

El día jueves 6 de diciembre de este año, el Ministro de Economía Domingo Cavallo viajó a Washington para destrabar el reembolso del FMI por $1.260 millones, monto decisivo para cubrir vencimientos de interés y preservar temporalmente la convertibilidad. En sus carpetas estaba la información sobre la reducción del gasto primario en 2001 por $7.000 millones (sin incluir los pagos por intereses de la deuda pública). De este modo, durante el 2001 el gasto primario había descendido casi el 10% ($7.000 millones). Además prometía rebajar en el 2002 otros $6.000 millones adicionales en gastos primarios. Pero el problema residía en que la recaudación impositiva seguía en “caída libre” desde la proclamación en julio 2001 del “déficit cero”: el déficit fiscal acumula entre julio y noviembre la suma de $3.400 millones, incluyendo $1.800 millones en bonos LECOP (que se usaron para cancelar la garantía de la coparticipación federal). En total, el déficit acumulado del presupuesto entre enero y noviembre del 2001 ha sido de $13.200 millones de pesos, casi el 5% del PBI, sobrepasando un desvío de $4.000 millones con lo acordado con el FMI. Dado que, pese a los falsos augurios de Cavallo, el PBI continuará descendiendo durante el primer semestre del 2002, el FMI no aceptó los argumentos del ministro.[1]

El FMI fue claro: Cavallo debía terminar con el galimatías del pseudo “neokeynesianismo” de rebajar impuestos y aportes patronales (a través de los planes de competitividad o subsidios a los exportadores, sustitución de impuestos a cuenta de otros tributos que facilitan la evasión fiscal, “confiscaciones” de los fondos de pensiones, etc.). Se debía cumplir a rajatabla con el “déficit cero”. Este era el mensaje del FMI. Como respuesta positiva, Cavallo anunció el 9/12 la eliminación parcial de la plena competitividad, la revisión del presupuesto 2002, anula el pago de impuestos futuro con bonos de la deuda y adelantó que en el presupuesto 2002 se eliminará el aguinaldo de jubilados y trabajadores estatales. El neokeynesianismo de Cavallo se volatilizó.

Como era previsible, los miembros del “Grupo Nacional” protestaron, dado que los planes de competitividad se habían acordado para compensar la sobrevaluación cambiaria (20%). El costo de esos planes, que cubrían a 31.000 empresas, sumaba $1.500 millones por eximición de impuestos y aportes patronales.

Durante su primera gestión, entre 1991 y 1996, Cavallo había logrado controlar el déficit fiscal por los extraordinarios recursos de las privatizaciones y el “boom crediticio” (que junto con la suba del IVA fue del 13 al 18%). Pero el déficit fiscal renació en 1994, durante la crisis del Tequila, agravado por la rebaja de los aportes patronales y el inicio de la jubilación privada. En 1996 su sucesor, Roque Fernández, lo acusó de haber dejado un “rojo” de $6.000 millones y trató de eliminarlo con un impuestazo y acelerando las privatizaciones. En 1998 se crean otros impuestos (ganancia mínima presunta y otros). Pero en 1999, al momento de dejar el gobierno el peronismo y ascender la Alianza, el déficit del presupuesto nacional era superior a los $7.000 millones, y el de las provincias de $3.200 millones. Durante toda la década del noventa los déficit habían sido pagados con aumento del endeudamiento externo y con el consiguiente aumento de los intereses.

En la línea de alcanzar el equilibrio presupuestario el primer ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, modificó el presupuesto con un recorte del gasto de $.1400 millones y un impuestazo de $2.500 millones. En pocos meses, el impuestazo que actuó como freno al consumo y a la inversión agravó la recesión. El gobierno De la Rúa no puedo aumentar la recaudación impositiva. En diciembre, ya sin financiamiento, el gobierno anunció un “blindaje financiero” y el FMI amplió a $6.5000 millones el déficit permitido para el 2001. Tampoco funcionó y Machinea debió renunciar en marzo de 2001. Luego del fugaz y tragicómico paso de Ricardo López Murphy como ministro, Cavallo volvió a su antiguo cargo. Se inicia un cambio profundo en la composición política del poder: de la Alianza originariamente de centro se pasa a nivel del Poder Ejecutivo a una alianza de centro derecha que retoma los lineamientos básicos del menemismo.

Cavallo se reflota ahora como “keynesiano”: anuncia rebajas de impuestos, mejora en 8% el tipo de cambio para los exportadores, anuncia rebajas de impuestos y aportes patronales, baja los encajes bancarios y sustituyó en parte los encajes por bonos, y logra $300 millones mensuales con el “impuesto al cheque”. Acepta un aumento del 15% para postergar para después del 2005 los vencimientos de la deuda ($30.000 millones). Cavallo anuncia que el “problema argentino” no es de endeudamiento sino de crecimiento, y anuncia que éste, a partir del 2002, será del 5% del PBI. Pero los datos reales indican que el PBI cae en picada: 5% para 2001 y la misma caída puede repetirse en el primero semestre del 2002, con la consiguiente caída de la recaudación impositiva.

El Congreso Nacional, desorientado y acorralado por su desprestigio en la opinión pública, rechaza verbalmente el discurso de Cavallo pero aprueba la Ley de Competitividad. El 6 de junio, luego del “megacanje” de la deuda, Cavallo anunció el fin de la “espada de Damocles” del endeudamiento. Pero en julio, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, proclama el “déficit cero”: se reducen sueldos, haberes adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones y pagos a proveedores. Todo ello acentuó la recesión que se transformó en depresión: se acelera la fuga de depósitos, se desploma la recaudación y el déficit sigue aumentando. Se intenta compensar la crisis financiera con la emisión de bonos provinciales y el LECOP (nacional), que asume el rol de “tercera moneda”. Con ésta toma forma financiera la dualización en la economía y la sociedad en dos subsistemas económicos, uno moderno (con acceso al dólar) y otro al estilo de los viejos sistemas coloniales (con una moneda local no convertible).

El “viernes negro” del 8 de noviembre los ahorristas retiraron en un día $1.300 millones, mientras se cerraba el tramo local de la deuda. Se origina entonces el decreto que limita a $250 por semana el retiro en efectivo (de pesos, porque desaparecen los dólares de la banca), se amplía la “bancarización” y se establece el control de cambios. Es la hora de la verdad: el país está en default técnico, la deuda pública consolidada equivale a 5 años de exportaciones anuales y representa el 60% del PBI. El 35% de la fuerza laboral está desocupada o subocupada, y el 40% de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza. El déficit fiscal es sólo uno de los síntomas de la “enfermedad argentina”. Se abren dos grandes alternativas: marchar a la dolarización con licuación del peso y los depósitos “congelados” o marchar a un default controlado con devaluación y flotación cambiaria.

Ninguna de las dos alternativas eludirá el triste final: caída del salario real y aumento del desempleo, contracción de la demanda efectiva y pérdida para los ahorristas en plazos fijos y depósitos en cajas de ahorro. La Argentina era, hasta unas décadas, la Australia que no fue; seguirá siendo una “rara avis” entre los países periféricos, una mezcla original entre un sector capitalista moderno de exportaciones y servicios y un gigantesco subsistema de economía semi-informal de baja productividad y alto desempleo y precariedad laboral. Este último subsistema es la forma que terminó por adoptar el viejo capitalismo industrial semi-autárquico desmontado paso a paso desde la década del setenta: el mercado informal alcanza hoy el 40% del PBI, con el incumplimiento crónico de las obligaciones fiscales y previsionales y el recurso del trabajo precario.

A partir de las medidas establecidas en el Decreto 1570/01, la convertibilidad del 1x1 ha terminado. De aquí en adelante es una pura ficción.[2] En efecto, en lo que hace a las transacciones con el resto del mundo, ha sido destruida por el control de cambios (lo que empuja a la ilegalidad a intereses empresarios que recurrirán a través de “autopréstamos” o a la sobre/sub facturación para enviar recursos al exterior). Una parcela importante de los argentinos ya ni siquiera dispone libremente de sus propios dineros y estos, probablemente, serán licuados a través de certificados, bonos o la devaluación del peso. Por último se ha recortado el consumo al restringir el uso de los depositantes hasta $1.000 mensuales.

¿Dolarización?: al 30 de noviembre las reservas bancarias totales ($10.000 millones) sólo alcanzan para cubrir el circulante o para cubrir el 145,9% de los depósitos totales ($67.547 millones). La realidad es que circulan varias monedas: dólar, peso y bonos como terceras monedas. Las reservas internaciones cayeron durante este año en $15.000 millones. La “fortaleza bancaria” de Cavallo no resistió, pese a las privatizaciones de bancos públicos y nacionales. Nunca se pudo, entre 1991 y 2001, sentar las bases de un mercado de capitales dinámico.

En síntesis, la economía argentina ha colapsado por la combinación explosiva de diez años de convertibilidad, cambio sobrevaluado y el creciente déficit fiscal adicto al endeudamiento constante. El FMI presionó para que el país salga del cambio fijo. Pero de ello se saldrá con default y por lo tanto con confiscaciones de salarios y del dinero de los ahorristas pequeños y medianos.

[1] Ismael Bermúdez, “Déficit cero vs. planes de competitividad”, Clarín Económico, 16/12/01.

[2] Héctor Valle, “La convertyibilidad ya fue. ¿Será la dolarización?”, Bancarios, Buenos Aires, n° 136, 2001.

Julio Godio